
En Junín, la Justicia civil condenó al conductor de un remis y a la empresa que explotaba la agencia de transporte a pagar $46.742.000 más intereses por las lesiones que sufrió un cliente tras una discusión ocurrida en Chacabuco en junio de 2010.
La sentencia atribuyó responsabilidad directa al chofer por una herida cortante en la muñeca izquierda del cliente, causada con un cuchillo, y extendió la condena a la firma que explotaba la remisería. La magistrada entendió que el vínculo entre el conductor y la agencia permitió la prestación del servicio que derivó en el episodio.
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El reclamo judicial fue iniciado por un hombre de 53 años que había solicitado un vehículo de la agencia de remises cuando cerraba un restaurante ubicado en el centro de Chacabuco. El hecho ocurrió cerca de la medianoche del 26 de junio de 2010.

Según la demanda, al lugar llegó un Fiat Duna rojo enviado por la agencia. La madre del reclamante y una empleada del comercio subieron al asiento trasero del automóvil, mientras el hombre intentó ocupar el lugar del acompañante.
El demandante sostuvo que surgió una discusión luego de que el conductor respondiera de forma hostil ante una consulta. Frente a ese intercambio, pidió a sus acompañantes que descendieran del vehículo para solicitar otro remis.
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La situación se agravó cuando el hombre se acercó a la ventanilla del chofer. De acuerdo con la presentación judicial, el conductor extrajo un cuchillo que tenía debajo de su asiento y le provocó una herida profunda en la muñeca izquierda.

Tras el episodio, el automóvil se retiró del lugar y el herido recibió asistencia de un patrullero que circulaba por la zona. Los policías le realizaron un torniquete de urgencia y lo trasladaron al hospital municipal.
La resolución, del Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 4 de Junín, valoró el testimonio de una empleada del restaurante, quien relató que el remis había sido pedido como ocurría de forma habitual. La mujer declaró que vio sangre en una de las muñecas del demandante luego de la discusión.
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El fallo también tomó en cuenta el acta policial elaborada esa madrugada. Los agentes indicaron que encontraron al hombre con una hemorragia considerable en uno de sus brazos, frente al local gastronómico ya cerrado.

Según esa constancia, el lesionado manifestó de inmediato que había discutido con un remisero y que este lo había cortado con un cuchillo. Poco después, el conductor se presentó en la comisaría con sangre en sus manos y su ropa.
El chofer afirmó ante la Policía que había existido un forcejeo y que el hombre se había lastimado con la ventanilla del vehículo. La jueza señaló que no surgieron pruebas que respaldaran esa versión ni constancias sobre un vidrio roto.
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El informe médico policial describió una lesión en la muñeca y la mano izquierda, con compromiso de nervios y vasos. El profesional concluyó que la herida había sido causada por un elemento punzocortante y la calificó como grave, salvo complicaciones.

El demandante requirió atención de urgencia, una intervención quirúrgica y posteriores estudios médicos. La causa consignó que también recibió atención en un hospital de La Plata y tratamientos de rehabilitación.
La pericia médica estableció una incapacidad parcial, permanente y definitiva vinculada con la lesión del nervio cubital. El experto agregó que la herida afectó la sensibilidad, la fuerza y la movilidad de la mano izquierda.
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La jueza excluyó del cálculo patrimonial el porcentaje asignado a una cicatriz de siete centímetros. Consideró que esa marca no demostró un perjuicio económico específico, aunque sí la tuvo en cuenta al fijar la reparación por el padecimiento extrapatrimonial.

Para la incapacidad sobreviniente, el juzgado estableció una indemnización de $35.742.000. La cifra incluyó el daño económico que el demandante sufrió desde el hecho hasta la sentencia y el perjuicio estimado para los años posteriores.
La sentencia fijó otros $1.000.000 por gastos médicos, medicamentos, estudios, traslados y tratamientos. El tribunal sostuvo que esos desembolsos resultaban previsibles ante la gravedad de las lesiones, aun con atención en un hospital público.
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Por el daño moral, la magistrada otorgó $10.000.000. Tuvo en cuenta la agresión, la atención médica, la recuperación, la secuela física y las consecuencias que esos hechos pudieron tener en la vida personal, social y laboral del reclamante.

La agencia de remises rechazó la existencia de una relación laboral con el chofer. Alegó que el automóvil pertenecía al conductor, que prestaba servicios de forma autónoma y que podía aceptar o rechazar viajes.
El juzgado descartó ese planteo. La sentencia destacó que la agencia recibió el pedido de traslado, asignó el móvil al servicio y reconoció que el vehículo acudió al restaurante, aunque señaló que el viaje no llegó a realizarse.
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La jueza explicó en términos jurídicos que la responsabilidad de una empresa por los hechos de quien presta servicios para ella no exige siempre un contrato laboral formal. Alcanzó con que la relación con la agencia hubiera dado ocasión al episodio.

También rechazó el argumento de que una agresión con arma blanca resultaba ajena a la tarea de transportar pasajeros. Para el tribunal, el vínculo con la agencia permitió que el conductor llegara al lugar como respuesta a un pedido del cliente.
La causa incluyó además a una persona vinculada con la sociedad que explotaba la remisería. El demandante aceptó la excepción presentada por ese codemandado, por lo cual el juzgado lo excluyó del proceso y le impuso las costas al reclamante por ese tramo.
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La condena ordenó el pago dentro de los diez días posteriores a que la decisión quede firme. Sobre el monto deberán aplicarse intereses del 6% anual desde el 26 de junio de 2010 hasta la sentencia, más la tasa pasiva más alta del Banco Provincia hasta el pago total.

Un juzgado civil y comercial de Morón rechazó una demanda por daños y perjuicios presentada contra una cadena de home center tras el presunto robo de una camioneta en el estacionamiento de uno de sus locales, en zona oeste del Gran Buenos Aires. El fallo concluyó que el reclamante no logró probar que el vehículo hubiera sido sustraído en ese lugar.
El reclamo judicial se inició el 4 de agosto de 2022. El demandante, de 54 años de edad, solicitó una indemnización de $3.155.720, más una suma que debía definirse por daño punitivo.
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Según su planteo, el episodio ocurrió el 5 de septiembre de 2021, cerca de las 11, en el estacionamiento de un local de la cadena comercial demandada. El hombre sostuvo que había llegado al establecimiento a bordo de una camioneta Ford Ranger, modelo 4x2 XLS, junto con sus acompañantes. Luego ingresó al comercio para realizar compras.

De acuerdo con su versión, al salir del local cerca de las 12.40 advirtió que la camioneta ya no estaba en el sitio donde la había dejado. El demandante afirmó que un empleado dio aviso al personal de seguridad y que, tras revisar cámaras del lugar, le comunicaron que el vehículo había salido del predio cerca de las 11.30. También sostuvo que detrás de la camioneta circuló un Ford Focus.
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El escrito inicial señaló que una de las acompañantes llamó al 911. El demandante dijo que dos policías acudieron al comercio y luego lo trasladaron a una comisaría, donde formalizó una denuncia. A partir de aquella presentación, se abrió una investigación penal por el supuesto robo. La resolución judicial civil no informó avances ni resultados de ese expediente.
El reclamante también expresó que, tras el hecho, debió realizar trámites ante su compañía de seguros, el registro automotor y la municipalidad de su ciudad. Informó que solicitó la baja del vehículo ante el Registro de la Propiedad Automotor el 30 de septiembre de 2021 y ante el municipio el 6 de octubre de ese año.
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En su demanda, calculó que la camioneta tenía un valor aproximado de $2.500.000. También reclamó por angustia, estrés, tiempo perdido y gastos de traslado. El hombre sostuvo que él y tres de sus acompañantes eran de una localidad ubicada a unos 179 kilómetros del comercio. Afirmó que, luego de las denuncias, contrataron un remís para regresar a sus domicilios.
La empresa demandada negó responsabilidad y cuestionó que hubiera quedado acreditado que el demandante asistió al comercio con la camioneta mencionada. También objetó la autenticidad de los tickets de compra presentados junto con la demanda. La firma planteó que, aun si el hecho hubiera ocurrido, se trataba de una conducta de terceros ajena a su responsabilidad. Añadió que contaba con una empresa de seguridad para tareas de vigilancia.
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La aseguradora citada al expediente reconoció que existía una póliza de responsabilidad civil para el comercio durante la fecha denunciada. De todos modos, sostuvo que el contrato excluía los casos de hurto.

El Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 1 de Morón señaló que no se produjo prueba que confirmara la autenticidad de los tickets de compra. Por ese motivo, entendió que tampoco quedó acreditada la relación de consumo alegada por el demandante.
El juez aclaró que ese punto no definía por sí solo el resultado. La razón central del rechazo fue la falta de prueba sobre la presencia de la camioneta en el estacionamiento y sobre su presunta sustracción dentro del predio.
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La sentencia examinó los testimonios de tres personas que acompañaban al reclamante aquel día. Para el tribunal, sus declaraciones presentaron inconsistencias frente al relato incluido en la demanda.

Uno de los testigos no pudo recordar qué le dijeron al demandante tras la desaparición del vehículo. Las otras dos personas tampoco hicieron referencia a la supuesta revisión de cámaras ni a la salida de la camioneta seguida por otro auto.
La empresa de seguridad informó que sus vigiladores trabajaban en el edificio principal del comercio y no en la playa de estacionamiento. También indicó que no tenía registros fílmicos, que no prestaba ese servicio y que no había constancia del hecho en el libro de novedades.
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El juzgado también valoró la falta de una prueba oficial sobre el llamado al 911 y sobre la presencia policial en el lugar. Según el fallo, esos registros podían haberse solicitado para corroborar la versión del demandante.

La resolución puso el foco en otra contradicción. Mientras el reclamo sostuvo que el grupo contrató un remís para volver a su ciudad, los tres testigos indicaron que el traslado lo realizó un cuñado de una de las acompañantes. Para el juez, esas diferencias impidieron tener por probado el hecho central de la causa. El fallo entendió que las declaraciones no ofrecieron una base suficiente para atribuir responsabilidad al comercio.
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Con ese criterio, el tribunal rechazó la demanda contra la cadena comercial y declaró abstracto el análisis de la defensa de la aseguradora. También rechazó la citación en garantía contra esa compañía.
Las costas del proceso quedaron a cargo del demandante, por haber resultado vencido. La regulación de los honorarios profesionales quedó pendiente hasta que la sentencia adquiera firmeza y se defina la base económica para ese cálculo.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil declaró inadmisibles los recursos de apelación planteados contra una sentencia que condenó a un creador de contenido a pagar una indemnización por una campaña de desprestigio. La resolución confirmó el fallo de primera instancia que fijó un resarcimiento de $1.000.000, más intereses y costas procesales.
La decisión fue firmada por la Sala K. Las magistradas desestimaron las presentaciones de ambas partes porque la suma reconocida en el juicio resultó inferior al monto mínimo que exige la legislación procesal para habilitar la revisión en la segunda instancia.
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El conflicto se originó a partir de una demanda por daños y perjuicios iniciada por el socio gerente de una cervecería ubicada en Villa Crespo, en la Ciudad de Buenos Aires. El accionante, de 59 años de edad, reclamó una compensación por la lesión a su honor, el perjuicio moral y el daño psicológico.

Según la presentación judicial, el hecho ocurrió en julio de 2022, cuando el demandado, de 30 años, acudió junto a un grupo numeroso de personas a celebrar un cumpleaños en el local. La reserva previa contemplaba la ubicación de los asistentes en el sector del patio exterior del establecimiento comercial.
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Horas después del ingreso del grupo, el demandante relató que el cliente se acercó al mostrador del local para solicitar que trasladaran a todos sus acompañantes al sector cubierto. La cervecería funcionaba a capacidad completa en esa jornada, por lo que el responsable del negocio rechazó la reubicación solicitada por el cliente.
Ante la negativa de la administración, el demandado reaccionó de manera agresiva y manifestó que iniciaría una campaña pública de desprestigio en plataformas digitales. La demanda señala que el cliente invocó su condición de figura pública en redes sociales para amedrentar al responsable del local.
De acuerdo con las pruebas aportadas en el expediente civil, el joven grabó varios videos desde el establecimiento y los difundió en su perfil personal de redes sociales. En esos contenidos instó a sus seguidores a calificar al comercio con la puntuación más baja posible en buscadores de internet.
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El cliente profirió además insultos dirigidos a la apariencia física del dueño del comercio y comparó su aspecto de forma despectiva. Esas publicaciones provocaron una catarata de comentarios negativos y una caída veloz en la calificación digital que registraba el establecimiento gastronómico en los buscadores.
Frente a la merma en la reputación digital del negocio y las agresiones personales, el perjudicado inició la acción civil con un pedido de indemnización por $7.968.000. El reclamo incluyó los rubros de daño al honor, perjuicio moral y los costos de tratamiento psicológico para reparar las secuelas espirituales.

La demanda incluyó la petición para que el tribunal ordenara la publicación del texto de la sentencia en un diario de circulación local. El accionante buscó esa medida para restaurar el prestigio del negocio y reparar el agravio público infringido por las publicaciones en redes sociales.
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Al responder los reclamos epistolares previos a la demanda, el influencer rechazó la acusación y atribuyó el episodio a una mala atención en el servicio. El demandado argumentó que los consumidores tienen derecho a volcar sus críticas en internet y encuadró su conducta dentro de la libertad de expresión.
El juzgado de primera instancia analizó las pruebas de la causa y dictó sentencia el 25 de septiembre de 2025. El magistrado consideró acreditada la existencia de un acto ilícito y la afectación directa a la dignidad personal del titular del negocio gastronómico.

El juez de primera instancia hizo lugar de modo parcial a la demanda y condenó al demandado a pagar $1.000.000 en concepto de daño moral y daño al honor. La resolución impuso el pago de los intereses legales y ordenó que las costas del juicio quedaran a cargo del vencido.
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El fallo de grado desestimó la pretensión de difundir la sentencia en un medio gráfico de prensa. El juez fundamentó esa negativa en que la reparación económica fijada constituía un resarcimiento adecuado frente a los agravios analizados en el marco del Código Civil y Comercial de la Nación.
Ambas partes expresaron su disconformidad con el fallo e interpusieron recursos de apelación para lograr una modificación en la alzada. La parte accionante consideró que la suma otorgada resultaba insuficiente y arbitraria, al tiempo que objetó la fecha fijada para el cálculo de los intereses.

En tanto, la representación del demandado apeló la sentencia para cuestionar la procedencia de los daños atribuidos y la imposición de las costas. La defensa sostuvo que no existió dolo ni intención de provocar un perjuicio injustificado en la reputación del comerciante demandante.
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Al recibir las actuaciones, la Cámara Civil se enfocó en analizar la admisibilidad de los recursos. Las juezas examinaron las pautas del artículo 242 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para determinar si correspondía tratar el fondo.
La norma establece un monto mínimo para habilitar la apelación de las sentencias definitivas en los juicios civiles. La Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó ese piso de inapelabilidad en la suma de $3.200.000 mediante la aplicación de la Acordada 20/2025.

El tribunal verificó que la sentencia de primera instancia reconoció un capital de un millón de pesos, el cual resultó inferior en más de un veinte por ciento al monto reclamado en la demanda. Ante esa diferencia, la ley procesal exige medir la apelabilidad sobre la suma otorgada en el fallo.
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Como el importe concedido de un millón de pesos no superó el umbral de tres millones doscientos mil pesos, la Cámara concluyó que el caso no reunía las condiciones económicas requeridas para revisar la sentencia. El tribunal recordó que los intereses y las costas no se suman al capital principal.
Las integrantes del tribunal declararon mal concedidos los recursos de apelación interpuestos por ambas partes e impusieron las costas de la alzada en el orden causado. Con este pronunciamiento, la condena de primera instancia quedó firme y el expediente retornó al juzgado de origen.

La causa que investiga el asesinato de Julián Álvarez Guardia, el joven de 29 años que fue asesinado por su novia en Chaco, incorporará un nuevo elemento. Se trata de una pericia que le realizarán a la Toyota SW4 que utilizaba la víctima, en donde buscarán rastros genéticos que determinen si Victoria Cantero habría sufrido violencia de género.
El examen fue fijado para el miércoles 23 de septiembre a las 9 en la Sala de Armas y Efectos Secuestrados del Poder Judicial, en la Ruta Nacional 11, kilómetro 1008, de Resistencia. La medida fue ordenada por los fiscales Juan Martín Bogado y Ana González de Pacce, a partir de un pedido de los defensores Celeste Segovia y Luis Rodrigo Maidana Ladu.
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En este sentido, los abogados de Cantero, la joven de 25 años que fue imputada por homicidio agravado por el vínculo, pretenden que se realicen estudios sobre el interior de la camioneta. Según plantearon, la acusada se habría defendido de un presunto ataque ocurrido durante la mañana del domingo 2 de agosto.
Bajo esta presunción, la defensa indicó que Álvarez Guardia habría agredido a la joven cinco días antes del crimen. Por este motivo, sostuvieron que, si se detectaran restos de sangre de la acusada, ese resultado podría respaldar su planteo sobre un presunto episodio de violencia ocurrido el 28 de julio dentro del vehículo.
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De acuerdo con la información obtenida por Diario Norte, una familiar de Cantero declaró sobre situaciones de violencia que la imputada habría atravesado en más de una oportunidad. Con esos elementos, los abogados de la acusada buscarían que el hecho sea analizado bajo una perspectiva de violencia de género.
Por este motivo, la camioneta deberá ser llevada por la familia de Álvarez Guardia a la dependencia judicial el mismo 23 de septiembre, a las 8, una hora antes del inicio previsto para la pericia. Allí, el rodado quedará resguardado en el galpón cerrado de la Sala de Armas hasta que concluyan las tareas. Luego, la querella estará autorizada a retirarlo.
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Aunque los defensores señalaron que la medida se dispuso de forma tardía, consideraron que aún resulta pertinente. También advirtieron sobre una eventual alteración del vehículo, en referencia a lo que habría ocurrido con la escena donde se produjo el homicidio.
En paralelo, este jueves se realizó la extracción forense de la información contenida en el teléfono celular de Cantero. De acuerdo con la defensa, el dispositivo contiene registros en los que la joven expresó temor ante presuntas situaciones de violencia atribuidas a Álvarez Guardia. Ese material será incorporado al expediente como prueba complementaria junto con los resultados que arroje el análisis de la camioneta.
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Mientras tanto, la jueza de garantías subrogante María Belén Chapresto autorizó que Cantero reciba asistencia en salud mental y tratamiento farmacológico, luego de que la joven fue evaluada en el Hospital Julio C. Perrando, donde profesionales detectaron síntomas compatibles con un cuadro de ansiedad.
La medida fue dispuesta tras un hábeas corpus presentado por la defensa de la joven, aunque continuará bajo prisión preventiva en la comisaría Undécima mientras avanza la causa por homicidio agravado por el vínculo.
Cantero fue trasladada al área de Salud Mental del Hospital Julio C. Perrando el viernes 12 de septiembre. Durante la entrevista, los especialistas señalaron que se encontraba vigil, tranquila y orientada, sin alteraciones sensoperceptivas ni ideas delirantes.
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No obstante, el informe consignó angustia y llanto manifiesto, además de episodios de falta de aire, temblores, cefalea intensa, insomnio, pérdida de apetito y vómitos. La contención verbal permitió que el cuadro cediera durante la evaluación.

Los médicos indicaron clonazepam e inicio de psicoterapia, además de programar una consulta de seguimiento con el equipo de admisión del hospital para el 18 de septiembre a las 9.30. Además, el informe también registró antecedentes de atención en salud mental desde los 18 años, período en el que habría recibido divalproato de sodio y terapia psicológica.
La muerte de Álvarez Guardia ocurrió el 2 de agosto en una vivienda del barrio 120 Viviendas CGT, en Resistencia. Frente a esto, la defensa sostiene que la joven era víctima de violencia de género y que actuó para defenderse.
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Una pericia médica practicada el 14 de agosto determinó que la imputada presentaba lesiones traumáticas con una antigüedad estimada de entre 10 y 14 días. El estudio describió equimosis y excoriaciones en rodillas, piernas, brazos y espalda.
Los peritos aclararon que las lesiones no respondían al patrón habitual de heridas defensivas y que no habían puesto en riesgo la vida de Cantero. Tampoco detectaron signos de lesión nasal durante la revisión, pese a que allegados de la acusada habían referido sangrado en esa zona el día del hecho.
Los abogados de Cantero consideran que las conclusiones médicas no descartan una agresión anterior y entienden que las lesiones podrían ser compatibles con el episodio que plantean en su hipótesis defensiva.
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También aguardan una evaluación psicológica para determinar si la acusada atravesaba un estado de conmoción emocional. Según el planteo de la defensa, la joven presentaría posibles episodios de amnesia lacunar y tendría vacíos de memoria sobre momentos del día del crimen, entre ellos el eventual uso de un cuchillo.
Los videos del departamento allanado de Cristina Kirchner en la esquina de Juncal y Uruguay, en CABA, marcaron esta semana el juicio por los “cuadernos de la corrupción” porque, por primera vez, se exhibieron de manera pública. Pero, a casi un año del inicio del debate, el Tribunal Oral Federal 7 tiene en agenda otros temas a resolver: se aguarda una definición sobre reclamos de careos y la situación de testigos considerados relevantes que aún no declararon. La discusión ganó intensidad con dos planteos para confrontar versiones contrapuestas dentro del juicio.
Por un lado, la fiscalía solicitó un careo entre Juan Carlos Barrales, el comisario que dirigió el allanamiento al departamento de Cristina Kirchner el 23 de agosto de 2018, y el encargado del edificio, Jorge Silva.
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“Solo uno puede estar diciendo la verdad”, sostuvo la fiscal Fabiana León. Es que el portero declaró en mayo que la tarde del allanamiento a la casa de CFK escuchó al policía hablar con el entonces juez del caso, Claudio Bonadio, y recibir órdenes de quedarse en el lugar hasta encontrar algo.
El segundo pedido fue formulado por la defensa de Roberto Baratta. El ex número dos del Ministerio de Planificación Federal, pretende enfrentar a los exdirectivos de Techint Luis Betnaza y Héctor Zabaleta. Ambos declararon como testigos que entregaron un millón de dólares en coimas a Baratta, quien negó esos hechos y los acusó de mentir.
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El planteo para carear al encargado y al policía se produjo durante la declaración de Barrales, quien era jefe de la División Operaciones Federales el 23 de agosto de 2018, cuando se realizó el allanamiento al domicilio que entonces ocupaba Fernández de Kirchner en Recoleta.
La audiencia incluyó una discusión previa entre la fiscal y Carlos Beraldi, abogado defensor de la ex presidenta, a raíz de la exhibición de la filmación del procedimiento. Beraldi objetó la proyección de imágenes del interior del departamento —entre ellas, sectores como la cocina, el baño, vestidor con puerta blindada y el escritorio— y reclamó que se preservara la intimidad de su defendida.
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León respondió que el video había sido ofrecido como prueba y admitido antes del comienzo del debate. Tras un cuarto intermedio, los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero autorizaron por mayoría la continuidad de la exhibición.
Según la acusación, en el inmueble de Juncal y Uruguay se habrían concretado 87 entregas por cerca de 70 millones de dólares. En ese contexto, Barrales recordó que durante el allanamiento se detectó una puerta blindada detrás de la habitación principal, que comunicaba con un vestidor o placard.

La fiscalía busca confrontar al policía y al encargado histórico del edificio de Uruguay y Juncal, quien declaró ante el tribunal que mintió durante la instrucción y que nunca vio movimientos de bolsos vinculados al matrimonio presidencial, como sí declaró en 2018 en el juzgado de Bonadio. Sostuvo que faltó a la verdad porque fue amenazado.
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La fiscalía remarcó que Silva brindó ante el TOF 7 una reconstrucción detallada de episodios ocurridos años atrás, mientras que Barrales no ratificó varios aspectos de esa versión. Entre otros puntos, el comisario negó haber recibido gritos del entonces juez federal Claudio Bonadio y no recordó que el encargado hubiera presenciado un contacto suyo con el tribunal para pedir instrucciones.
La fiscal entiende que esas divergencias justifican el careo. La medida, si es autorizada por los jueces, permitiría que ambos testigos expongan sus versiones frente a frente sobre aspectos centrales de la investigación inicial.
La defensora de Baratta, Elizabeth Gómez Alcorta, solicitó un careo entre su cliente y Betnaza y Zabaleta. El pedido se apoya en las contradicciones que la defensa dice haber detectado entre las declaraciones de los exejecutivos de Techint y la ampliación indagatoria que el exfuncionario acusado concretó el 10 de septiembre para salirles al cruce.
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Zabaleta declaró que entregó a Baratta paquetes con pesos equivalentes a cerca de un millón de dólares, una suma que, según dijo, respondía a instrucciones de Betnaza. El exdirectivo afirmó que los pagos se realizaron en moneda local porque no podía acceder al mercado de cambios.

Betnaza, por su parte, confirmó que dio la orden para esos desembolsos. Según su declaración, el objetivo era conseguir ayuda para sacar de Venezuela a empleados de Techint durante el proceso de nacionalización de la siderúrgica Sidor.
Baratta rechazó los dichos de ambos y pidió confrontarlos directamente. La defensa sostuvo que existen diferencias sobre la modalidad, las circunstancias y la mecánica de las supuestas entregas de dinero.
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A los dos pedidos de careo se suma la situación de testigos que todavía no declararon y cuya comparecencia permanece bajo análisis. Entre ellos se encuentran Miriam Quiroga, exsecretaria de Néstor Kirchner, y Paolo Rocca, director ejecutivo de Techint, quienes alegaron problemas de salud.
Baratta, exjefe del remisero autor de los cuadernos Oscar Centeno, salió al cruce de Zabaleta y Betnaza porque “repitieron mentiras del año 2018″, cuando se abrió la causa por los cuadernos. Además reclamó que declare como testigo Rocca, quien presentó un certificado médico para -por ahora- no concurrir a tribunales. Al igual que sus entonces ejecutivos, el CEO de Techint estuvo procesado en la investigación pero luego fue sobreseído.
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En cuanto a Miriam Quiroga, presentó un certificado médico para justificar la presunta imposibilidad por razones de salud de asistir a declarar como testigo. La mujer reside en Córdoba, no asistió a una primera convocatoria y fue sometida a un amplio examen por orden de los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, quienes quedaron en condiciones de decidir. El informe psiquiátrico y psicológico concluyó que puede ser interrogada como testigo de manera remota aunque otro elaborado por el Cuerpo Médico Forense lo desaconsejó.

En caso de declarar, será interrogada por las acusaciones que realizó años atrás sobre presuntos movimientos de dinero y bolsos vinculados al kirchnerismo. Su figura cobró notoriedad años atrás, cuando en 2013 apareció en televisión denunciando supuestos traslados de dinero durante el gobierno de Néstor Kirchner. Se presentó como ex secretaria del entonces presidente y relató viajes a la Patagonia con bolsos que, según dijo, contenían dinero. En lo formal estaba asignada al área de Ceremonial de Presidencia.
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Publicó un libro, “Mis años con Néstor y todo lo que vi”. En lo relativo al caso Cuadernos, declaró como testigo durante la investigación del fallecido juez federal Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli. Apuntó entonces al fallecido ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.
“En una ocasión, Daniel Muñoz salió del despacho del presidente Néstor Kirchner a mediados de su mandato aproximadamente. En horas de la tarde, entró a mi despacho con un bolso, que yo reconocí porque era un bolso que le había regalado una ciudadana al presidente. Era de cuero de color marrón, muy bonito, de categoría. Me dijo ‘toma, pesalo’. Yo le pregunté qué había dentro y me dijo ‘hay muchos verdes’. Yo le respondí en broma ´dame unos para mí´, a lo cual él me respondió: ‘No, estás loca, los tiene todos bien contados’“, contó en ese momento. También habló de viajes al Sur en aviones oficiales.
Mohamed Sanhadji, actual responsable de logística y seguridad de la selección francesa, fue imputado el miércoles -entre otros cargos, por corrupción de una persona que ejerce autoridad pública- en el caso conocido como el de la donación de Kylian Mbappé, según informó ayer la Fiscalía de París.
Tal como reveló 'L'Équipe', las medidas de control judicial impuestas a este ex policía le prohíben cualquier contacto con "los jugadores de las selecciones nacionales actuales y pasadas, el cuerpo técnico actual de la selección francesa, los seleccionadores actuales y pasados del equipo nacional, los presidentes y el personal actual y pasado de la Federación Francesa de Fútbol, así como los directores y subdirectores de la DCCRS (Dirección Central de las Compañías Republicanas de Seguridad) desde 2011".
Este es el primer revés importante que sufre Zinedine Zidane desde que asumió el cargo de seleccionador de Francia. Sanhadji fue nombrado jefe de logística y seguridad del cuerpo técnico del técnico marsellés, pero no estará presente cuando el equipo comience a entrenar en Clairefontaine este mismo lunes. Sanhadji, oficial de policía a cargo de la seguridad de la selección gala desde 2004 hasta diciembre de 2025, tuvo que jubilarse anticipadamente de la policía nacional tras recibir un regalo de 60.300 euros de Kylian Mbappé después del Mundial de 2022, sin informar a sus superiores.
En junio de 2023, poco después del Mundial de Qatar, recibió un cheque de 60.300 euros de Mbappé, correspondiente a su prima por el Mundial de 2022. Este 'regalo habitual' fue denunciado por un banquero a Tracfin, la unidad de inteligencia financiera del Ministerio de Hacienda francés, en julio de 2024, lo que dio lugar a una investigación judicial por trabajo no declarado y blanqueo de capitales relacionado con fraude fiscal. En enero de 2026 se abrió una investigación judicial formal.
Muy apreciado tanto por los jugadores como por la Federación Francesa de Fútbol (FFF), posteriormente fue contratado directamente por la FFF para acompañar al equipo al Mundial de 2026 y actualmente forma parte del cuerpo técnico, a cargo de la logística y la seguridad.
Alejandro Navarro Ríos tenía 25 años cuando desapareció en Ronda (Málaga) en mayo de 2024. Dos años después, cuatro personas han sido detenidas por su presunta relación con el caso: un hermano y una hermana del padrastro del joven, junto a sus respectivas parejas. Entre los arrestados figura el matrimonio con el que convivía antes de que se le perdiera la pista.
Las circunstancias de la desaparición llamaron la atención desde el principio porque Alejandro habría salido sin su móvil, el DNI y las llaves en casa. Durante los primeros meses se recibieron numerosos avisos de avistamientos en diferentes lugares, entre ellos municipios de la Costa del Sol, pero ninguno permitió localizarlo. En diciembre de 2024 incluso se inspeccionó un pozo tras recibirse una pista.
La búsqueda del joven se reactivó en marzo de este año, pero días más tarde efectivos de diferentes especialidades desplazados desde Madrid, apoyados por agentes de Ronda y de la Comisaría Provincial de Málaga, dieron por concluido el trabajo en el municipio malagueño. En aquel momento, las pesquisas se centraron en tres zonas ubicadas cerca del Punto Limpio de Ronda, en la barriada de la Dehesa y en una zona de pinar situada en el mismo entorno.
Alejandro no residía con su madre biológica cuando desapareció. Desde la adolescencia vivió con un matrimonio al que llamaba "titos", aunque no eran sus tíos biológicos. La pareja lo había acogido a los 16 años tras abandonar la vivienda de su madre por desavenencias familiares. No obstante, residían en el mismo bloque que su progenitora, en la barriada de La Dehesa.
La mujer con la que vivía, cuyas iniciales son N. B., sostuvo que el 3 de mayo de 2024 Alejandro salió con lo puesto a trabajar en el campo, donde realizaba trabajos esporádicos, pero nunca volvió. La denuncia por su desaparición la pusieron dos días después, el día 5, porque, según su versión, les habían aconsejado esperar y confiaban en que el joven regresara o se pusiera en contacto con ellos.
La investigación dio este miércoles un giro con la detención de cuatro personas y un registro en la casa en la que Alejandro vivía. Agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) inspeccionaron durante horas el inmueble y, con una miniexcavadora, centraron parte de los trabajos en el patio, donde se encontraban un trastero y la habitación en la que dormía el joven.
Durante el registro se intervinieron objetos y pertenencias que ahora deberán ser analizados. Los agentes encontraron ropa, un bate de béisbol, el maletín de la flauta y otros efectos personales del desaparecido. También recogieron muestras, aunque según medios locales no han hallado ningún resto biológico.
De hecho, uno de los elementos que han llamado la atención son unas obras realizadas en el patio de la vivienda después de la desaparición. Según publicó Diario Sur, vecinos y allegados recuerdan que el matrimonio explicó entonces que pretendía enterrar allí a un perro.
Las dudas sobre lo ocurrido se extienden también a la relación que Alejandro mantenía con las personas con las que vivía. N. B. participó durante estos dos años en su búsqueda, concedió entrevistas y difundió mensajes en redes sociales pidiendo ayuda para encontrarlo. "Alex, por favor, si ves esto llama o ven. Son ocho meses sin ti, no sabemos nada. Danos una pista de que estás bien", escribió en Facebook el 6 de enero.
La mujer también había explicado que no había detectado ningún comportamiento extraño en Alejandro antes de su desaparición que hiciera pensar que planeaba marcharse. Según relató entonces, el joven tenía planes para los días siguientes e incluso quería reunir dinero para comprarse unas zapatillas.
Frente a esa imagen pública, la familia biológica sostiene que la convivencia con el matrimonio era conflictiva. Rocío Ríos, tía biológica de Alejandro, ha asegurado a Telecinco que el joven sufría agresiones cuando no llevaba dinero a casa y que los propios convivientes llegaron a reconocerle que le pegaban. Este hecho no está confirmado por la Policía, ya que la causa continúa bajo secreto de sumario.
La investigación se centra ahora en la hipótesis de que Alejandro pueda no estar con vida. Según ha informado este viernes Canal Sur, citando fuentes próximas al caso, los agentes de la UDEV tratan de localizar el cuerpo del joven.
Más allá de evidenciar el descalabro educativo de España, el último informe PISA puso en relieve otro de los puntos débiles del sistema español: la tasa de repetición. El 22% del alumnado de 15 años ha repetido al menos un curso, una tasa que casi triplica la media de la OCDE y que evidencia las dificultades para reducir la aplicación de esta medida en los institutos. Son varios los expertos y organismos que señalan el fracaso educativo que supone obligar a un alumno a que vuelva a estudiar el mismo curso y defienden que la clave está en llegar a tiempo antes de que el alumnado con dificultades "descarrile", para lo cual hacen falta muchos más recursos en las aulas.
La propia OCDE lo advierte en su análisis educativo, donde deja claro que la evidencia de las últimas décadas ha demostrado que "esta práctica se asocia, en muchos casos, con resultados educativos menos favorables, mayores desigualdades y un incremento del riesgo de abandono escolar temprano". "La repetición de curso es la antesala del fracaso escolar", coincide Alonso Gutiérrez, adjunto a la secretaría de políticas educativas de la Federación de enseñanza de CCOO. Según explica a 20minutos, se trata de un problema "complicado", pues proviene de una tradición académica de décadas y de un sistema educativo que, pese a las reformas que se han ido impulsando, no es capaz de brindar un apoyo personalizado que detecte las dificultades de cada alumno antes de que sea demasiado tarde.
Solo hay que observar los datos del resto de países para ver que es una realidad muy enquistada en España. En el conjunto de la OCDE, el 7,9% del alumnado de 15 años ha repetido al menos un curso y en el total de la Unión Europea (UE) la repetición alcanza al 12,9% del alumnado, casi la mitad de la tasa española, que se situó en 2025 en el 22%. España está todavía muy lejos de alcanzar los niveles de repetición de otros países como Reino Unido (2,7%), Finlandia (3,3%), Suecia (3,9%), Irlanda (4,6%), Francia (9,4%), Italia (10,1%) o Portugal (15%).
"Esto es un mal endémico de nuestro sistema educativo en comparación con los países de nuestro entorno. Y la solución no pasa tampoco porque haya una promoción automática y que todo el mundo apruebe y se pueda titular con suspensos. Hay que prevenir, como hacen los países nórdicos desde hace años", defiende a este periódico Ramón Izquierdo, secretario de acción sindical de ANPE. Que España siga ocupando los primeros puestos en alumnado repetidor es, para Izquierdo, "un síntoma de que el sistema educativo no está respondiendo adecuadamente a las necesidades del alumnado". Porque el fracaso, dice, no aparece "de la noche a la mañana": "Cuando un alumno llega a repetir es porque seguramente tiene un historial de fracaso escolar de más de un curso".
Izquierdo defiende abordarlo con un menor número de escolares por aula que sea capaz de atender a las particularidades de un alumnado cada vez más diverso. El representante de ANPE reivindica una educación inclusiva "real", con más medios y recursos. "Hay que usar la codocencia, que haya más de un docente impartiendo a cada alumno según su nivel, que haya apoyos y desdobles en determinadas áreas y materias…", subraya. Y ese apoyo, añade, tiene que estar "antes de que aparezca el problema" para detectarlo lo antes posible. "Es como un árbol que si se tuerce al principio, lo podemos enderezar, pero cuando ya ha crecido y es mayor, cuesta mucho enderezarlo", ilustra.
La solución, insiste, no es eliminar la repetición, pues eso tampoco acabaría con el fracaso, sino que lo arrastraría a los cursos posteriores al seguir promocionando sin los conocimientos mínimos exigidos para la titulación. "Si queremos que nuestros alumnos sean competentes, tenemos que ver en qué falla nuestro sistema. Por eso pedimos también la reducción del horario lectivo del profesorado, porque si atiende a menos grupos, podrá adaptar los contenidos a cada ritmo y ayudar a los alumnos a superar sus barreras de aprendizaje para sacar su máximo potencial".
El problema, según coincide también el representante de CCOO, es que el profesorado cada vez tiene más dificultades para atender a un alumnado muy diverso. En las aulas hay, año a año, más niños con necesidades educativas, con alguna discapacidad, y más población inmigrante, pero ese aumento de la complejidad no ha ido de la mano de un aumento de medios para los docentes o de un refuerzo de plantillas. "La diversidad del alumnado ha crecido entre un 60 y un 70%, pero los recursos que van a la atención de ese alumnado no han aumentado más de un 26-27%. Existe una asimetría enorme entre las nuevas necesidades del sistema educativo y la respuesta que dan las administraciones. Es una decisión política", subraya Gutiérrez.
En esa línea argumenta también Fernando Villalba portavoz del sindicato STEs-I, que recuerda que, de los ocho millones de escolares que hay en España en la educación pública no universitaria, en torno a 200.000 son alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE), es decir, el 15,6%, que en algunas comunidades como Cataluña, con mucha más inmigración, se dispara al 30%. El problema no es que haya más alumnado diverso, sino, como señalan ambos, que no se hayan dado herramientas a los profesores para que garanticen que nadie, o al menos casi nadie, se quede atrás.
Izquierdo, de ANPE, recuerda que el Gobierno tiene pendiente impulsar un plan de inclusión educativa, que según la LOMLOE, debe desplegarse a los diez años de su entrada en vigor. "Hemos visto algún borrador, pero tampoco terminan de concretar con los medios adecuados. Sí es cierto que se habla de codocencia, de mayor profesorado de pedagogía terapéutica, de apoyo, ocio y lenguaje, orientación educativa... pero ya hace cinco años que entró en vigor la ley, vamos tarde".
La LOMLOE, aprobada en 2020, estableció que la repetición debía ser una medida "excepcional" que, en cualquier caso, debería decidir el claustro de docentes. Pero las cifras demuestran un impacto todavía escaso de esa reforma: se ha pasado de un 28,7% de repetidores de 15 años en 2018 a un 21,7% en 2022 (ya con la nueva ley) y al 22% de esta última edición. "Yo creo que no ha dado todavía tiempo para que esto vaya permeando en el sistema educativo. Es verdad que la repetición de curso a veces se ve como una solución quizás más inmediata, pero sí que ha bajado respecto al año 2000, que estaba en torno al 40%", explica Gutiérrez, de CCOO, que sí que es partidario de imponer con menos frecuencia la repetición.
A su parecer, esta medida sería efectiva en casos determinados en los que haya necesidades de adaptaciones curriculares importantes, o en los cuales se sepa que si repite, el alumno podrá conseguir llegar a los niveles de competencia que se exigen para terminar la enseñanza obligatoria. "Además, creo que tendría que ser una medida flexible. No siempre tiene sentido repetir el curso completo y volver a repetir todas las materias cuando quizás ha aprobado la mayoría", defiende.
Más allá del elevado coste económico que implica la repetición escolar —unos 3.000 millones de euros al año, según el Consejo Escolar—, hay también un coste emocional en los alumnos a los que se les impone la medida. "Sacas a ese chico de su entorno social, que para un adolescente es fundamental, y ya le estás señalando y le estás diciendo que se queda atrás. Eso influye mucho psicológicamente, y desmotiva académicamente también", asegura.
La propia OCDE demuestra en el informe PISA que el alumnado que no ha repetido obtiene mejores resultados. El organismo habla incluso de una "clara desventaja académica del alumnado que ha repetido" con brechas en las tres competencias que se analizan. El alumnado que no ha repetido obtiene, en promedio, 100 puntos más en ciencias, 95 puntos más en lectura y 96 puntos más en matemáticas que el alumnado repetidor.
El estudio dibuja también una brecha muy significativa entre los centros públicos y los privados, que alcanza los 13,6 puntos porcentuales: la tasa de repetición en institutos públicos está en el 26,3%, mientras la de los privados se sitúa en el 12,7%. Esa diferencia entre ambas titularidades es, además, mucho mayor que la que presenta la OCDE de media (2,3 puntos) y la Unión Europea (1,1).
El análisis territorial revela una elevada heterogeneidad entre comunidades y ciudades autónomas. Las mayores tasas globales de repetición corresponden a Ceuta y Melilla, donde más de cuatro de cada diez estudiantes de 15 años han repetido al menos un curso. También presentan porcentajes muy elevados Andalucía (28,8%), La Rioja (28,6%), la Comunidad Valenciana (28,6%), Aragón (27,8%) y Canarias (27%). En el extremo opuesto se sitúan el País Vasco (14,1%), Cantabria (18,2%), Principado de Asturias (19,1%) y la Comunidad de Madrid (19,6%).
Carlo Baroni (Corriere della Sera)
Actualizado Sábado, 19 septiembre 2026 - 09:29
Sandro Mazzola , ícono del Inter de Milán y leyenda de la selección italiana, ha fallecido a los 83 años tras una larga enfermedad. "Fue uno de los mejores futbolistas de la historia, y no solo para el Inter", ha dicho el club en su mensaje de despedida, enumerando sus logros: "Cuatro Scudetti, dos Copas de Europa, dos Copas Intercontinentales y el título de máximo goleador de la Serie A (en 1965 con 17 goles) y de la Copa de Europa (7 goles en 1964). Segundo en el Balón de Oro de 1971, por detrás de Johan Cruyff".
La gente como él no necesitaba un nombre en la camiseta. Bastaba con reconocerle por una cinta y un bigote. Como aquella noche de diciembre en Budapest, en la Copa de Europa contra el Vasas, cuando enloqueció a media defensa húngara y, de paso, regateó al portero. Luego se quedó allí, bailando frente a la línea blanca, antes de decidirse a marcar. O aquella otra vez en Berna, cuando, con la camiseta azul, regateó dentro del área seis veces de forma espectacular sin que el balón tocara el césped. Cifras que solo él podía lograr.
Tenía 83 años. Nos dejó como soñó: con su Inter de Milán en lo más alto de la liga. Y un futuro lleno de esperanza y gloria por delante.
Sandro llevaba tiempo luchando contra una enfermedad. Pero siempre que podía, no se perdía los encuentros con sus antiguos compañeros y seguidores de toda la vida. Como el pasado mayo en el restaurante Zanetti para celebrar el 60 aniversario de la segunda Champions League. Ahora, en el vestuario celestial, se encontrará con Luisito Suárez, Franz Beckenbauer, Gigi Riva y Franco Baresi. Para jugar un partido eterno.
Como todos los grandes del deporte, Baffo nació para generar controversia. Era él o Rivera. Inter o Milan. En un juego interminable donde todos ganaban, incluso cuando el marcador mostraba un resultado adverso. En un Milan que nunca volvería a ser el mismo.
El destino de Mazzola ya estaba escrito en su nombre. Fue un privilegio, pero también una carga. Tenía el deber de demostrar que nadie, ni siquiera la Madre Naturaleza, le había regalado nada. La gente esperaba el primer error, un mal pase, para gritar: "Claro, tu padre Valentino era diferente". Hasta el punto de que un día Sandro decidió cambiar de deporte y pasarse al baloncesto. Tenía las habilidades, pero el gran Simmenthal de Cesare Rubini lo quería. "Tu padre se revolvería en su tumba", le advirtió su madre Emilia.
Así que se quedó en el Inter porque vivía en Milán y ya jugaba con Adriano Celentano y Tony Renis. Fue entonces cuando encontró un nuevo "padre" que lo llevaba de la mano a él y a su hermano pequeño Ferruccio hasta el campo de San Siro antes de los partidos. Su nombre era Benito Lorenzi, el delantero centro de un Inter que sabía ganar. Esos momentos le recordaban a los domingos en los que su padre Valentino lo acompañaba al estadio Filadelfia de Turín. Y el portero Bacigalupo dejaba que el pequeño Mazzola marcara solo para verlo sonreír.
Mazzola vistió de negro y azul durante toda su vida (teniendo en cuenta también el azul de la selección nacional), aunque tuvo más oportunidades. El presidente Angelo Moratti vetó su cesión al Como, que lo quería, y años después fue Sandro quien rechazó a Boniperti y Agnelli, que lo querían en la Juve, hacia el final de su carrera. Pero, ¿cómo podía el hijo del capitán del equipo del Torino jugar para sus rivales?
Sus cromos no solo terminaron pegados en un álbum. Sus pequeños fans las guardaban en sus cuadernos escolares. O en sus pupitres, para contemplarlas como si de un familiar querido se tratase. Sandro tenía mil historias que contar. Como la de aquella vez que fue a Brescia a ver jugar a un jugador prometedor y regresó con otro chico llamado Andrea Pirlo. O como cuando llevó a Ronaldo (el verdadero, decía él) a la sede del Inter para que firmara su contrato.
El armario de trofeos del Inter rebosaba en aquellos locos años sesenta. Estaba lleno de copas que él había ayudado a traer a casa. Con él llegó la primera estrella, la primera Copa de Europa y la Copa Intercontinental. Todavía se recuerda el doblete que marcó en el Prater de Viena en 1964, frente al gran Alfredo Di Stéfano. Al final del partido, otra leyenda, Ferenc Puskás, se le acercó con la camiseta en la mano y le dijo: "Chico, jugué contra tu padre Valentino y eres digno de él: quédate con la camiseta ".
También se recuerdan aquellas noches en que San Siro era el centro del mundo del fútbol. Las remontadas contra el Liverpool y los derbis que se ganaban y se repartían. Mazzola, que era delantero centro, pero también creador de juego, y si lo ponías en la banda, encajaba a la perfección.
La segunda vida deportiva de Sandro Mazzola fue la de entrenador. Primero con Ivanhoe Fraizzoli, luego con Massimo Moratti. Y la de comentarista televisivo, donde nunca aburría a sus seguidores.
Adiós Sandro, capitán, cumpliste los sueños de los chicos que realmente creían en el futuro del Inter porque les diste un regalo digno de enmarcar.
La realidad actual es que, en los últimos tiempos, tradicionales aliados de Estados Unidos tratan de completar su acercamiento a Europa mientras se busca en Bruselas darles un estatus especial para mandar un mensaje a Trump. Pero de la teoría a la práctica hay un salto muy grande; "¿qué somos?", se han preguntado en Ottawa esta semana con la visita de Mark Carney, primer ministro canadiense, como invitado de lujo al pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Y es que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso que el país se convierta "en el primer miembro asociado" de la UE.
"Vemos el mundo con los mismos ojos: desde la inteligencia artificial hasta el cambio climático, desde el Ártico hasta la geopolítica. Y nos hemos mantenido unidos: en lo relativo a Ucrania, a la defensa, a las materias primas y a las cadenas de suministro. Pero, sobre todo, querido Mark, Europa y Canadá creen en la democracia", dijo la dirigente alemana desde la tribuna para evidenciar que la Unión ha cambiado de aliado al otro lado del Atlántico: adiós a Washington, bienvenido Mr. Carney.
El primer ministro recogió el guante al día siguiente... a medias. Quiere forjar con Europa "la alianza del futuro", pero se centró más bien en temas concretos como la autonomía estratégica, la seguridad, el intercambio comercial, la tecnología o la energía. "Nuestro compromiso con el Estado de derecho y nuestra defensa inquebrantable de la dignidad humana, la libertad individual y la democracia comparten las mismas raíces profundas, la misma dedicación inquebrantable. Compartimos valores por los que siempre hemos luchado y en cuya defensa debemos permanecer siempre vigilantes", añadió Carney.
Ahora, ¿qué significa eso de "miembro asociado" de la UE? De momento, nada. Es una categoría vacía y que no se contempla en los Tratados. Lo único que se le puede acercar es la idea que se recoge en el artículo 217 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE). "La Unión podrá celebrar con uno o varios terceros países o con organizaciones internacionales acuerdos que establezcan una asociación que entrañe derechos y obligaciones recíprocos, acciones comunes y procedimientos particulares", dice literalmente esa parte.
Los expertos consultados por 20minutos son muy cautos con el nuevo plan de Bruselas porque, dicen, "tiene difícil encaje" y exigiría "una reforma" de los Tratados. Aseguran que parece tratarse más de un mensaje político que de algo literal, sobre todo con los ojos puestos en Trump. La realidad es que esa idea ya la tuvo hace meses el canciller alemán, Friedrich Merz, para acercar a Ucrania a la UE sin necesidad de que entrase en ella: su plan pasaba porque Kiev se incluyera en programas, iniciativas, temas concretos o repartos de fondos de la Unión pero sin tener derecho a voto en las cumbres. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, no aceptó ese formato.
"Les diré que las encuestas muestran que una abrumadora mayoría de los canadienses apoya vínculos mucho más estrechos con Europa. Una alianza para el futuro es un enfoque único y positivo que definiremos juntos", sostuvo el primer ministro en Estrasburgo, pero los mismos expertos creen que la alianza UE-Canadá empezará a consolidarse desde lo comercial. Algo parecido a lo que podrá pasar con Australia o Nueva Zelanda, dos países, otrora socios cercanos a EEUU, que ahora quieren estrechar lazos con la UE y que, según la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, podría entrar también pronto en esa categoría de "miembros asociados".
Las relaciones comerciales entre la UE y Canadá se basan en el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA), en vigor desde 2017, y que permitió entonces eliminar el 98% de las barreras arancelarias. Asimismo, ambas partes representan una población total de unos 490 millones de personas. Constituyen conjuntamente casi una quinta parte del PIB mundial y aproximadamente el 19 % del comercio mundial de bienes y servicios.
En 2025, el comercio de bienes entre el bloque comunitario y Canadá ascendió a casi 82.000 millones de euros. La UE fue el segundo socio comercial de Canadá y representó el 8,7% de sus intercambios. En sentido contrario, Canadá fue el duodécimo socio comercial de la Unión. Canadá y Europa "son fuertes por sí mismas", pero "son mucho más fuertes juntas", espetó también Carney.
Las fuentes consultadas, además, concluyen que generar una nueva categoría de miembros o de aliados podría tener efectos contraproducentes: se generarían distintas escalas de membresía, algo que ahora no se da en la teoría, aunque sí en la práctica. Véase el caso de Noruega o Islandia, que forman parte del Espacio Económico Europeo y del espacio Schengen de libre circulación, pero no son miembros de la UE. En esos diferentes capítulos se podría dar una mala gestión de expectativas con los países candidatos como Montenegro, Albania o Ucrania entre otros, que esperan su entrada al bloque mientras Bruselas acelera las alianzas con otros Estados pero no avanza en la ampliación.
En conclusión, el concepto de "miembro asociado" de la UE es solo eso, una idea. Por ahora solo es un mensaje que, además, a Trump no le gusta mucho; ha amenazado con aranceles a Europa si la alianza con Canadá, dijo, va en contra de los intereses de Washington. La propuesta de Von der Leyen, abrazada por Carney, es un aviso a la Casa Blanca. "Esto tiene que ver con la soberanía. Nuestra capacidad de vivir como deseamos. Se trata de las libertades por las que debemos luchar cada día", en palabras del primer ministro canadiense. Nada más, y nada menos.