Hay frutas de verano que se ablandan igual dentro que fuera del frigorífico: solucionarlo es más fácil de lo que parece

calendar_today 12.07.2026 - person  - timer ~3 Minutos

Cada verano se repite la misma escena en muchas cocinas: se compran melocotones firmes y perfumados, se meten en la nevera para que aguanten unos días y, al sacarlos, la pulpa ha perdido consistencia, el sabor se ha apagado y la textura recuerda más al algodón que a la fruta jugosa que se llevó a casa. La tentación es pensar que el frigorífico está fallando o que la fruta ya venía mal. En realidad, el problema suele estar en la temperatura.

Frutas como el melocotón, la nectarina, la ciruela o el mango proceden de climas cálidos y sus células están preparadas para funcionar bien por encima de un determinado umbral térmico. 

Cuando bajan de ese punto, sufren lo que se conoce como daño por frío, algo muy relacionado con lo que ya explicamos al hablar de cómo colocar los alimentos en el frigorífico para que aguanten más tiempo sin perder calidad: las membranas celulares se deterioran, aparece esa textura harinosa o acuosa y el sabor pierde intensidad, aunque a simple vista la pieza siga pareciendo comestible.

Por qué el frigorífico normal no es el sitio adecuado

La zona inferior del frigorífico suele ser la más fría, precisamente porque el aire frío tiende a bajar y el caliente a subir, así que colocar fruta delicada justo ahí o pegada a la salida de aire es de las formas más rápidas de arruinarla.

El compartimento principal de un frigorífico Samsung se mueve normalmente entre 1 y 7 grados, con 3 grados como punto recomendado de fábrica, y ese rango está pensado sobre todo para lácteos, carnes o platos ya cocinados, no para fruta que todavía necesita cierto calor para no perder su punto.

Qué cajón usar y a qué temperatura

La solución no pasa por subir la temperatura general de la nevera, algo que además pondría en riesgo el resto de alimentos. Como ya apuntábamos al explicar por qué el frigorífico acaba quemando las verduras.

Cuando el frigorífico incluye zonas o cajones con control de humedad, lo recomendable es usar el modo pensado para frutas y verduras y no el más frío, ya que estos cajones suelen mantenerse algo más templados que el resto del compartimento y regulan la humedad para evitar tanto el marchitamiento como el exceso de condensación. Ahí, la fruta sensible al frío aguanta bastante mejor sin llegar a sufrir ese deterioro celular.

Conviene además no llenar el cajón hasta el tope, porque el aire necesita circular para repartir bien la humedad, y separar las piezas más maduras de las que todavía están verdes: el etileno que desprenden unas acelera el proceso de las demás, con o sin frío de por medio.

Al final, no hace falta ningún truco complicado ni cambiar de electrodoméstico para dejar de tirar fruta de verano a la basura. Basta con entender que no todos los rincones del frigorífico están pensados para lo mismo y con prestar atención a si el modelo cuenta con alguna función concreta para regular la humedad según el tipo de alimento que se guarde en cada cajón.

Ese pequeño gesto es lo que marca la diferencia entre un melocotón que sigue sabiendo a melocotón y otro que se ha quedado por el camino.

Imágenes | Samsung con edición

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Walter Spurrier Baquerizo: Giro en precios de combustibles | Columnistas | Opinión

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12 de julio, 2026 - 06h00

De manera imprevista, el pasado jueves el presidente decreta una complicadísima reforma a la metodología para señalar los precios de los combustibles, a aplicarse, con la que hoy bajan los precios. ¿Qué está pasando?

Desde mayo 20 hay una declinación sostenida en el precio del WTI, el crudo marcador. En junio, en relación a mayo, el precio del WTI bajó 16 % y los datos a julio insinúan que bajará otro 16 % con relación a junio. Todo apunta a que el mundo está buscando modos para compensar el cierre recurrente del estrecho de Ormuz y que la tendencia del precio del petróleo continuará a la baja.

La hipótesis es que el presidente y su equipo detectaban que el descontento por el alza mensual de los combustibles se iba a agudizar cuando los usuarios se pregunten por qué los precios en el país de los combustibles suben si el petróleo baja.

Ayer la extra/ecopaís costaba $ 3,31 el galón y si se aplicaba la fórmula vigente, hoy subía a $ 3,48. En Houston (donde no hay ni impuesto ni subsidio al combustible), la gasolina regular se expende a $ 3,36 el galón. Por lo que el Gobierno cambia la metodología para que cuando haya una caída sostenida de los precios internacionales, el precio de los combustibles subsidiados no suba sino que baje un valor simbólico, de 1,5 % ($ 0,05 el galón de extra a $ 3,26).

A los precios actuales ya no hay subsidio a la gasolina en relación con los precios internacionales, lo hay en función a que nuestras refinerías son chatarra y compramos combustibles a precios altos a la vez que vendemos petróleo a precios bajos. O sea, por ineficiencia. En abril vendimos petróleo a $ 89 el barril y compramos diésel a $ 180. En abril exportamos hidrocarburos por $ 898 millones e importamos combustibles por $ 1.072 millones, o sea, fuimos importadores netos. La tentación del Gobierno es de recuperarse vendiendo los combustibles no subsidiados a precios particularmente elevados. La gasolina súper se vendió hasta ayer a $ 5,90 el galón, habiendo subido $ 0,89 en un mes. En Houston está a $ 4,14.

La solución es una nueva refinería o una unidad de alta conversión frente a la de Esmeraldas. Hasta ahora solo hay anuncios, pero no se concreta ningún proyecto. Lo que se requiere es que haya una refinería privada, construida bajo concesión, en la que se pacte cuánto Petroecuador pagará a la concesionaria por cada barril que refine y que le entregue combustibles de calidad internacional, los que Petroecuador debe vender a precio internacional, sin subsidios generalizados y sin recargos.

En el Gobierno de Moreno hubo una propuesta de empresas de primer orden lideradas por Hyundai; ese es el tipo de empresas con las que hay que contratar, no con advenedizas tipo Progen. Petroecuador, como otras empresas públicas, no tiene ni balances auditados, por lo que todo contrato requiere garantía del Estado, algo que el Ministerio de Economía ha sido renuente a dar, y por eso no hay inversión privada en áreas reservadas con exclusividad a empresas públicas.

Le quedan al presidente Noboa menos de tres años de gobierno para dejar en marcha una solución definitiva a la falta de infraestructura petrolera y eléctrica. (O)

La tormenta perfecta: asfixia económica, asedio estatal y el desafío de la IA acorralan al periodismo en las Américas

calendar_today 12.07.2026 - person  - timer ~23 Minutos

El periodismo en América Latina y el Caribe atraviesa una de las etapas más críticas e inciertas de su historia contemporánea. Lejos de ser una crisis unidimensional, la prensa se encuentra atrapada en una convergencia de amenazas. Como sintetiza Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa): “La industria periodística a nivel global atraviesa una tormenta perfecta. Desde hace 25 años corre una carrera de vallas para desarrollar nuevos ingresos, ingresos que provienen del ámbito digital, que compensen o intenten reducir la brecha con la caída de ingresos tradicionales. Pero los primeros suben lentamente por una escalera y los segundos bajan rápidamente en un ascensor. Con la irrupción de la inteligencia artificial, los ingresos digitales también caen. Y a esto se suma la expansión de un discurso extraordinariamente agresivo que intenta deslegitimar al periodismo”.

Esta cruda radiografía es respaldada y cuantificada por cuatro de los estudios más prestigiosos a nivel global sobre la industria: el Digital News Report 2026 del Reuters Institute, el informe sobre el Estado del Desarrollo de los Medios 2025 de la DW Akademie, el reciente y alarmante Informe Sombra sobre la Libertad de Prensa en América Latina 2025, elaborado por la Red Voces del Sur (Red VDS), y la información recientemente actualizada a través del Índice de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras (RSF). El Reuters Institute advierte que la industria atraviesa una nueva fase de “plataformización” del consumo informativo: por primera vez las redes sociales y plataformas de video (54%) superan a los sitios y aplicaciones de noticias (51%) como principal puerta de acceso a la información.

El diagnóstico de RSF para 2026 es el más sombrío desde su creación. El informe afirma textualmente: “Por primera vez en la historia de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), más de la mitad de los países del mundo se encuentran en una situación ‘difícil’ o ‘muy grave’. En los 25 años de historia del ranking, la puntuación media del conjunto de los países analizados nunca ha sido tan baja”. Esta realidad global se complementa con las cifras lapidarias del Informe Sombra, que confirman que el deterioro regional no se detiene, sino que se transforma: en 2025 se documentaron 2.484 alertas que afectaron a 3.230 víctimas en 17 países de la región.

El asedio del poder político y el Estado como agresor central

En todo el continente, la libertad de prensa enfrenta un retroceso estructural donde los gobiernos de turno han dejado de ser garantes para convertirse en victimarios. El Informe Sombra lo confirma con un dato inapelable: uno de cada dos agresores identificados en la región (50,5%) fue estatal. El deterioro no se limita a los ataques verbales. También se expresa mediante obstáculos crecientes para acceder a información pública, litigios intimidatorios, intentos de endurecer leyes de difamación y normativas ambiguas vinculadas con desinformación, ciberseguridad o contenidos digitales. La organización documentó 279 alertas relacionadas con restricciones al acceso a la información y 190 vinculadas con hostigamiento judicial.

En sintonía con esto, RSF 2026 subraya que “A nivel regional, las Américas experimentan un cambio significativo a peor, con el descenso de siete puestos de Estados Unidos, y el desplome de varios países latinoamericanos, sumidos en una espiral de violencia y represión”.

Dessein alerta sobre la magnitud de este clima: “La intolerancia y los ataques de prensa se repiten en regímenes y países muy diversos, desde dictaduras como Cuba y Nicaragua, a presidencias con características ideológicas muy distintas, surgidas de elecciones libres, como El Salvador o Colombia. En muchos casos aparece una conexión entre la hostilidad de los gobiernos y el uso de un aparato comunicacional digital que promueve la difamación y ataques coordinados contra todo aquel que se atreva a formular alguna discrepancia o a analizar críticamente la gestión de los diversos gobiernos”.

En Colombia, el ambiente de polarización impulsado desde el poder se ha vuelto insostenible. Red VDS documentó el desplazamiento forzado de 22 periodistas debido a la asfixia del entorno y la estigmatización. Werner Zitzmann, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), expone la gravedad de esta crisis: “El deterioro en todos los indicadores de libertad de prensa en Colombia, es verdaderamente lamentable y uno de los más significativos en la región en los últimos años.

La situación se desprende, principalmente, de la muy articulada, implementación de una narrativa oficial liderada por el actual presidente, para denigrar el oficio periodístico de los medios privados que supervisan y denuncian, señalándolos de servir a intereses particulares de los ricos y no al cambio social propuesto por su modelo político”.

El periodista también advierte sobre una realidad que llega hasta la violencia extrema: “La estigmatización y los ataques permanentes han sido muy efectivos, han generado no solamente un ideario de rechazo al periodismo y a los medios, sino violencia hacia ellos, lo cual usufructúan muy especialmente los grupos criminales en las zonas rurales del país, y que ahora, en una coyuntura política electoral, resulta de inmensa utilidad para servir al discurso del candidato en la línea de sucesión. Tristemente, hoy es la izquierda, pero por el lado de la extrema derecha, las prácticas son muy similares. Desde la Asociación Colombiana de Medios de Información hemos venido documentando y visibilizando esta situación, para llamar sobre todo la atención de la comunidad internacional, sobre la importancia de atajar oportunamente este fenómeno, cuyos alcances y consecuencias son bien ya conocidas en otros países. La CIDH y la SIP han recogido estos llamados y se han pronunciado. Sin embargo, la realidad sigue inalterada y resulta inmensamente preocupante”.

En Perú, la situación es igualmente dramática. El país se desplomó 53 puestos en el ranking de RSF desde 2022, y el Informe Sombra señala que las coberturas sobre minería ilegal y corrupción elevaron en un 83% el número de periodistas víctimas. Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, ofrece un testimonio literal contundente: “Aquí hay constantes intentos legislativos para aumentar la pena en cárcel por difamación, un promedio de dos al año. El año pasado hubo 458 ataques a periodistas contabilizados. Fueron cuatro asesinatos. Una gran parte de los ataques proviene del Estado o sus funcionarios. Es más, todo el aparato del Estado ojeriza y está contra el ejercicio libre del periodismo, desde la presidencia hasta gobiernos locales, pasando por el Congreso, la Fiscalía, la Policía, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial y demás”.

En Uruguay, el panorama de los medios de comunicación es un poco especial en el contexto regional: “Padece los mismos problemas económicos que está afectando al resto de los medios del mundo, agravados por la escala de un país de apenas 3 millones y medio de habitantes. Y donde hay un monopolio estatal de las principales empresas de servicios públicos, que afecta la competencia y por ello la necesidad de invertir en publicidad de muchas de ellas”, dice Martín Aguirre, director del diario El País y vicepresidente regional para Uruguay de la SIP.

El ejecutivo sostiene que “existe un clima general de tolerancia y buen diálogo en el plano político, que es el mismo que se ha tenido siempre con distintos gobiernos, por más que el ranking de Reporteros Sin Fronteras haya registrado un derrumbe en el gobierno anterior, que nunca tuvo ningún vínculo con la realidad en el terreno. Algo que cuestiona seriamente la credibilidad de esta institución y sus mediciones”. Por otro lado, Aguirre dice que “el mayor acoso a los medios hoy viene de parte de las redes y plataformas que apelan a estrategias y herramientas muy sofisticadas, para mantener a la atención de las audiencias lejos de los temas relevantes de la vida en común, y polarizando sus puntos de vista a niveles de extremismo sin precedentes en muchas décadas”.

Por su parte, Argentina y El Salvador han institucionalizado el hostigamiento estatal y el “discurso estigmatizante”. El informe RSF 2026 es lapidario en su evaluación sobre ambos países: “Los fervientes defensores de Donald Trump en América Latina, Javier Milei y Nayib Bukele, reproducen el manual del inquilino de la Casa Blanca contra los medios de comunicación y, como era de esperar, siguen la misma línea en el ranking. Argentina (98; -11) y El Salvador (143; -8) registran un retroceso significativo, debido, entre otros factores, al declive de los indicadores del clima político y social, confirmando el aumento de la hostilidad y de las presiones gubernamentales hacia la prensa”.

La sangre derramada, censura y hostigamiento judicial

A nivel legal y judicial, el diagnóstico de RSF 2026 marca una regresión planetaria: “De los cinco indicadores analizados en la clasificación, el legal es el que más ha bajado este año... La criminalización del periodismo mediante la vulneración del derecho de prensa y el uso indebido de leyes de excepción o de derecho común se afianza como un fenómeno mundial”. En la región, el Informe Sombra sumó 190 alertas orientadas a intimidar a reporteros mediante demandas civiles o penales abusivas, con México, Argentina, Colombia y Brasil liderando esta práctica represiva.

La violencia letal en 2025 se cobró la vida de 23 periodistas en América Latina, nueve más que en 2024, lo que equivale a un periodista asesinado cada 16 días. En el Índice 2026, México (122) se consolida de manera trágica como el país más peligroso para la prensa del orbe, “por encima de Ucrania y Siria”. RSF describe textualmente cómo este derramamiento de sangre hunde a otras naciones: “Allí donde el crimen organizado mata, la clasificación de los países cae en picado. Es el caso de Ecuador (125), que pierde 31 puestos tras los asesinatos de Darwin Baque y Patricio Aguilar”. A nivel regional se registraron 296 agresiones físicas, a menudo con uso desproporcionado de la fuerza estatal.

En países bajo regímenes cerrados o dictaduras consolidadas, la asfixia mutó a un control total y devastador. RSF 2026 sentencia la situación de estos territorios: “Venezuela (159) sigue sumida en una gran incertidumbre en cuanto a las garantías de la libertad de información [...] Mientras que Cuba (160) atraviesa una profunda crisis que obliga a los escasos periodistas independientes a operar cada vez más en la clandestinidad, en Nicaragua (168) el panorama mediático está sencillamente en ruinas, víctima de una represión sistemática y un deterioro permanente de las condiciones de ejercicio de la profesión”.

Según otro indicador, el Índice Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), México continúa siendo uno de los países más peligrosos de América para ejercer el periodismo, con nueve periodistas asesinados por el crimen organizado durante el último año y mecanismos de protección que siguen mostrando serias falencias. Sin embargo, el problema no se limita a la violencia física, ampliamente documentada desde hace años. El informe advierte también sobre la persistente impunidad frente a los ataques contra la prensa, la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de los comunicadores y un fenómeno que se ha intensificado en los últimos años: el uso de demandas judiciales por parte de funcionarios y dirigentes políticos para intimidar o silenciar a periodistas críticos. Entre las estrategias más recientes aparece la invocación de presuntos casos de violencia de género contra comunicadores que publican investigaciones sobre mujeres con cargos políticos. México obtuvo apenas 34,9 puntos sobre 100, su peor desempeño desde la creación del índice en 2020, y cayó cinco posiciones en el ranking regional. La SIP también alertó sobre mayores restricciones al acceso a la información pública, decisiones judiciales que afectan a medios de comunicación y un clima de creciente estigmatización de la prensa, factores que ubican al país entre los países de “alta restricción” para la libertad de expresión y el ejercicio independiente del periodismo.

Aunque República Dominicana encabezó el Índice en 2023 y 2026, Miguel Franjul, director de Listín Diario y vicepresidente regional para la República Dominicana de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, advierte que el ejercicio del periodismo independiente no está exento de amenazas. Como ejemplos menciona la Ley 1-24, que creó el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) y fue posteriormente declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, así como un proyecto oficialista de ciberseguridad retirado en 2022 tras el rechazo de amplios sectores sociales por contener disposiciones consideradas lesivas para la libertad de expresión.

Franjul también señala que persisten problemas estructurales vinculados al acceso a la información pública. Según afirma, numerosos organismos estatales incumplen o dilatan la aplicación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, en un contexto de creciente hermetismo gubernamental. A ello suma la preocupación expresada por la Sociedad Dominicana de Diarios por el uso de medios y plataformas digitales para prácticas de extorsión, chantaje e intimidación contra periodistas profesionales.

Esta radiografía continental encuentra en Centroamérica uno de sus focos más críticos. Giselle Boza S., coordinadora del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la Universidad de Costa Rica -que publica anualmente un informe regional en alianza con la Fundación Böll de Alemania-, describe este deterioro como un fenómeno de fronteras porosas.

“En los últimos años, hemos visto cómo Centroamérica muestra un deterioro constante en las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa. Los periodistas señalan diversas formas de presión y restricción, entre ellas la persecución estatal, la criminalización, la estigmatización pública, la violencia digital y otros mecanismos indirectos de censura. Por ejemplo, en el caso costarricense, el uso de la pauta de publicidad estatal para premiar o castigar a medios de comunicación”, detalla.

Al analizar el modus operandi de las agresiones, Boza S. advierte el rol de los nuevos actores digitales: “Si bien hay matices distintos en cada uno de los países que analizamos, cada vez se acercan más a dinámicas comunes, en donde los actores político-institucionales siguen siendo la principal fuente de esos ataques (...). El espacio público digital se caracteriza además por las campañas de desprestigio contra periodistas en toda la región. Esos ataques son producidos deliberadamente en un ecosistema mediático caracterizado por una variedad de seudomedios, espacios oficiales, influencers o cuentas anónimas que deslegitiman el papel de la prensa en una democracia”.

Frente a este asedio multiforme, la salida suele ser trágica. “El exilio de periodistas se ha convertido también en un fenómeno regional en aumento. Nicaragua sigue siendo el país con la situación más extrema, pero El Salvador y Guatemala se muestran también como naciones con desplazamiento forzado. Hoy la violencia se caracteriza por formas más complejas: las restricciones legales y el hostigamiento directo en El Salvador, una mayor persecución judicial en Guatemala, o el uso del aparato del Estado para presionar a medios en Costa Rica son algunas de las características de este deterioro”, concluye la experta.

El colapso del modelo económico

A la par de la hostilidad política, la prensa de la región padece una crisis financiera estructural. En mediciones previas y actuales, una inmensa mayoría de los países americanos sufren caídas de su indicador económico, empujando a redacciones raquíticas a doblegar su independencia editorial. La presión económica coincide con una transformación profunda de los hábitos de consumo. Según el Digital News Report 2026, las plataformas sociales y de video ya son la vía dominante de acceso a las noticias a nivel global, mientras que los sitios y aplicaciones propios de los medios continúan perdiendo centralidad. Esta migración complica aún más los esfuerzos de monetización directa y aumenta la dependencia de intermediarios tecnológicos para alcanzar audiencias.

El fenómeno también afecta el vínculo entre los ciudadanos y la información. Reuters detectó que el interés intenso por las noticias cayó 13 puntos porcentuales desde 2021 y que uno de cada cuatro usuarios ya consume información de manera ocasional o pasiva, un cambio que reduce el tamaño potencial de las audiencias más comprometidas.

José Tomás Santa María -presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP)- advirtió que, aunque Chile mantiene una posición relativamente favorable en materia de libertad de expresión dentro de la región, las democracias enfrentan presiones crecientes derivadas de la violencia contra periodistas, el control de medios y el deterioro en el acceso a información de calidad. Señaló además que persisten desafíos vinculados a la protección efectiva de los periodistas, al secreto profesional y a la necesidad de resguardar la independencia editorial frente a presiones políticas y judiciales.

El presidente de la ANP sostuvo que el principal reto para el periodismo en la región es la sustentabilidad económica de los medios, ya que “sin medios viables no hay periodismo independiente, y sin periodismo independiente no hay democracia que funcione”. En ese marco, identificó como una amenaza estructural el uso de contenidos periodísticos por parte de plataformas y empresas de inteligencia artificial sin autorización ni compensación, así como la reproducción ilegal de contenidos por servicios de clipping. También rechazó que el Estado asuma el rol de definir qué constituye desinformación, al considerar que ello representa un riesgo para la libertad de expresión, y defendió una respuesta basada en la autorregulación, la verificación de hechos y el fortalecimiento del periodismo profesional.

En esta fragilidad, los medios de interés público pasaron a depender fuertemente de los fondos de la cooperación internacional. Sin embargo, la DW Akademie advirtió severas deficiencias: ninguno de los principios de la OCDE para un apoyo eficaz se cumple plenamente en la región. Los fondos internacionales son a corto plazo, rígidos, y excluyen los altísimos costos operativos centrales (salarios e infraestructura tecnológica) imprescindibles para sobrevivir. Los medios denuncian un “paracaidismo” burocrático que ignora realidades locales e indígenas, situación agravada en 2025 por crisis sorpresivas como la cancelación de programas de Meta y fondos de USAID.

Influencers, polarización y el periodismo militante

La transformación tecnológica ha migrado masivamente la violencia hacia el ecosistema en línea. El Informe Sombra registró 182 alertas de violencia digital (hackeos, doxxing, inteligencia artificial para campañas difamatorias), pero el cambio más profundo se da en la relación con la audiencia y la proliferación de creadores de contenido parcializados.

Dessein advierte sobre esta degradación del debate: “Con respecto al periodismo militante, el rol que jugaba durante el kirchnerismo, que fue fomentado, alimentado económicamente por las gestiones de esos años, hoy en la Argentina esa función ha sido reemplazada por los influencers militantes, algo que se extiende. En distintos países del mundo, y en ambos casos impulsan un falso debate, una impugnación de todo pensamiento que no concuerde con el propio, y eso se traduce en una agresividad que amenaza la convivencia ciudadana y deteriora gravemente el clima para intercambiar ideas”.

Al abordar el papel de la objetividad y de estos nuevos actores en un entorno polarizado, Salazar Zimmermann de Perú ofrece una reflexión literal muy aguda: “¿Objetividad versus ser tibios? No creo que ser objetivo implique ser tibio. Creo que la objetividad, por más que muchos ya no hablen de ella, por más que pueda ser imposible, debe seguir siendo deseable. Esto implica buscar varios lados de una historia, no comprometerse con un extremo. Eso hoy día es visto como ser tibio, sobre todo porque los algoritmos y las plataformas de redes sociales nos han acostumbrado a que quien más grita y quien más exagera tiene más posibilidades de ser escuchado...”. Y el ejecutivo agrega que el periodismo no debe ser activista: “El activismo tiene una agenda determinada, como sabemos, y el activista busca favorecer esa agenda determinada. O sea, la búsqueda de una agenda está reñida con la búsqueda de la verdad. Los streamers, como sabemos en muchos casos, no respetan necesariamente el método periodístico deseable de neutralidad. En el Perú, por ejemplo, la actual campaña presidencial está dejando pendiente a las autoridades regular la contratación de estas figuras como difusores de propaganda. Y consideremos también que los influencers políticos o militantes pueden luego postular a congresos que tienen mucha llegada”.

La expansión de estos nuevos actores ocurre en paralelo con un debate creciente sobre el papel del periodismo profesional en sociedades polarizadas. Sin embargo, los datos muestran que las audiencias todavía valoran ciertos principios tradicionales. El Digital News Report 2026 concluye que quienes prefieren noticias imparciales siguen siendo más del doble que quienes buscan contenidos alineados con sus propias posiciones ideológicas.

La preocupación por la expansión de actores que se presentan como medios sin respetar estándares periodísticos también aparece en Brasil. Marcelo Rech, presidente de la Associação Nacional de Jornais (ANJ), advierte que la creciente confusión entre activismo y periodismo constituye una amenaza para la calidad de la información y para la confianza pública en los medios. Según el ejecutivo, numerosas organizaciones ideológicas utilizan redes sociales, YouTube y otras plataformas digitales para presentarse como vehículos independientes de comunicación, erosionando la relevancia de los medios profesionales.

Dice Rech que “esta mezcla de activismo con pseudoperiodismo es una grave amenaza para la calidad de la información, para la confianza y para todo lo que el periodismo representa, incluida la pluralidad”. Y distingue entre el método periodístico y las anomalías en el campo de la comunicación: “Tenemos que distanciarnos cada vez más, los vehículos profesionales de periodismo, de aquellos que muchas veces son mercenarios de la información”.

La irrupción de influencers y streamers no representa únicamente un cambio tecnológico. También modifica las formas de construcción de legitimidad pública.

Según el informe Journalism and Technology Trends and Predictions 2026, siete de cada diez ejecutivos de medios consideran que los creadores de contenido están capturando tiempo y atención que antes pertenecían a los medios tradicionales.

Y el Reuters Institute detectó que el 27% de los usuarios obtiene noticias de creadores especializados en información y que el 46% recibe información de algún tipo de creador digital. Los encuestados valoran especialmente su cercanía, autenticidad y capacidad para explicar temas complejos de manera sencilla, aunque siguen considerando a estos actores menos confiables y menos imparciales que los medios tradicionales.

A diferencia de los medios periodísticos, los influencers construyen vínculos basados en la cercanía personal, la identificación emocional y la percepción de autenticidad. Su relación con las audiencias suele ser más directa y menos mediada por estructuras editoriales. El fenómeno adquiere especial relevancia en la comunicación política. Cada vez más dirigentes optan por conceder entrevistas a streamers, podcasters o creadores afines antes que enfrentar formatos periodísticos tradicionales caracterizados por la repregunta y la verificación independiente.

El Reuters Institute advierte que numerosos líderes políticos buscan comunicarse directamente con sus seguidores mediante plataformas digitales, reduciendo la intermediación periodística y debilitando el papel tradicional de los medios como fiscalizadores del poder.

Evasión de noticias y el factor de la IA

Atrapados en medio de la crispación política, los ataques de trolls, la sobreabundancia informativa y la creciente fragmentación del consumo de noticias, muchos ciudadanos optan por desconectarse. En Argentina, tras años de polarización extrema, el interés por las noticias cayó del 77% en 2017 a apenas el 42% en los últimos años, mientras que la confianza general en los medios se desplomó al 26%, el nivel más bajo de la última década.

La tendencia se replica en otros países de la región. En Colombia, la confianza en las noticias cayó al 32%, su nivel más bajo desde que el país integra el relevamiento del Reuters Institute, mientras que el 59% de los ciudadanos manifiesta preocupación por la circulación de información falsa en internet. En Brasil, donde la polarización política continúa condicionando el debate público, la evasión informativa alcanza al 46% de la población, por encima del promedio global y entre los niveles más altos de América Latina.

El fenómeno forma parte de una dinámica global más amplia detectada por el Digital News Report 2026: desde 2021, el interés intenso por las noticias cayó 13 puntos porcentuales en los 48 mercados analizados, los usuarios ocasionales o pasivos crecieron del 16% al 25%, y la confianza promedio en las noticias descendió hasta el 37%, el nivel más bajo desde que comenzó la medición. Paralelamente, la preocupación por la desinformación aumentó hasta alcanzar al 62% de los encuestados a nivel global.

Como telón de fondo de este ecosistema fracturado se alza la inteligencia artificial generativa. A pesar de los temores respecto a la pérdida de fiabilidad humana o la generación de desinformación profunda (deepfakes), los medios intentan incorporarla, en algunos casos a regañadientes, ante la escasez de recursos. El informe proyecta caídas significativas del tráfico proveniente de buscadores a medida que los motores de búsqueda evolucionan hacia sistemas capaces de responder preguntas directamente mediante IA.

A este escenario se suma el pánico financiero frente a lo que en la industria ya bautizaron como el “Google Zero” o “Zero clic”. Según el informe Journalism and Technology Trends and Predictions 2026 del Reuters Institute, los editores esperan que el tráfico proveniente de los motores de búsqueda se desplome en promedio un 43 por ciento en los próximos tres años debido a la expansión de los resúmenes automáticos creados por inteligencia artificial (los llamados Answer Engines).

La crisis de visibilidad se agrava con la proliferación de lo que los expertos denominan “AI Slop” (basura de IA): un volumen inabarcable de contenido sintético y granjas de noticias falsas automatizadas. El fenómeno ha escalado a tal punto que, en Estados Unidos, los portales locales “zombies” generados por IA ya superan en número a los sitios web de noticias locales reales.

En el Congreso de la Asociación Mundial de Medios y Editores de Noticias (WAN-IFRA), el presidente y editor ejecutivo de The New York Times, A.G. Sulzberger, advirtió que las empresas de inteligencia artificial están violando leyes consolidadas y exhortó a las organizaciones de noticias a defender sus derechos para garantizar un futuro sostenible para el periodismo: “Su apropiación del debate público es posible gracias al pecado original que da vida a sus productos de IA: un descarado robo de propiedad intelectual que se ha producido a una escala sin precedentes”. Es una realidad que sufren medios de diferentes países y escalas.

El periodismo en América Latina asiste a una cruda reconfiguración donde la asfixia económica, la judicialización del oficio, la violencia letal amparada en la impunidad y la estigmatización constante patrocinada desde los Estados convergen para erosionar el derecho básico a la información.

La estrategia de supervivencia frente a la automatización parece estar en volver a las raíces humanas del oficio. Según las predicciones del Reuters Institute para 2026, la respuesta de los medios ante la amenaza de la IA es apostar por la “distinción”: priorizarán fuertemente las investigaciones originales y la reportería en el lugar de los hechos, el análisis contextual y las historias profundamente humanas, reduciendo drásticamente la producción de noticias generales que un chatbot puede replicar fácilmente. Al mismo tiempo, el 79% de los editores planea una mayor inversión en video y el 71% en formatos de audio y podcast, al considerar que son narrativas mucho más difíciles de mercantilizar por los agregadores artificiales.

Enfrentar esta “tormenta perfecta”, como bien lo indican los informes de 2025 y 2026 y las alarmantes caídas de todos los indicadores de calidad y confianza en los medios, exigirá replantear de raíz tanto los modelos de resiliencia financiera a largo plazo como la defensa inclaudicable de las trincheras democráticas en el ámbito digital.

La historia del periodismo latinoamericano siempre estuvo atravesada por conflictos con el poder político, crisis económicas y transformaciones tecnológicas. Lo novedoso del escenario actual es la simultaneidad de todas esas amenazas: los gobiernos cuestionan la legitimidad de los medios, las plataformas digitales redefinen la distribución de la información, influencers y streamers capturan audiencias cada vez más amplias y la inteligencia artificial altera las reglas de producción y circulación de contenidos.

La supervivencia del periodismo ya no dependerá únicamente de encontrar nuevos modelos de negocio. También exigirá recuperar algo más difícil: la capacidad de convencer a las sociedades de que la información verificada sigue siendo un bien público indispensable en medio del ruido digital.

La niña que fue vendida por amor

calendar_today 12.07.2026 - person  - timer ~7 Minutos

Minutos antes de salir al aire en mi programa de televisión, recibí un correo de mi hija mayor:

—Mercedes se está muriendo. Si quieres, escríbele unas palabras para despedirte de ella y se las leeré en el hospital.

Mercedes era la señora que, desde que nacieron mis hijas mayores, hace más de treinta años, cuidó de ellas como si fueran sus propias hijas, al mismo tiempo que cuidaba de su hija biológica Rocío, una niña encantadora.

Con lágrimas en los ojos, le escribí a Mercedes unas palabras de despedida, agradeciéndole por todo el amor que les dio a mis hijas, asegurándole que los dioses la premiarán por haber sido tan bondadosa, prometiéndole que nos veremos pronto en el más allá, rogándole que no tenga miedo de emprender el viaje a la eternidad. Me hubiera gustado decírselo al pie de su cama, en el hospital, pero estoy a seis horas en avión de la ciudad donde ella vive, dónde está por expirar, y, aunque quisiera, ya no llegaría a tiempo para besarla y abrazarla.

Por suerte pude besar y abrazar a Mercedes hace apenas dos meses, allá lejos, en la ciudad del polvo y la niebla, con ocasión de la boda de una de mis hijas. Llevaba más de quince años sin verla. Dejé de verla cuando su jefe o patrón, mi exsuegro, un señor circunspecto y envarado, de apellido suizo, me echó de su casa, entre amenazas y vulgaridades, alegando que le había disgustado cómo él aparecía en una de mis novelas, “El huracán lleva tu nombre”. Al reencontrarme con Mercedes, tanto tiempo después, le dije cuánto la quería, cuánto le debía por toda la felicidad que les regaló a mis hijas. Besé sus mejillas, su frente, sus manos. Abrí mi billetera y le dejé todo el dinero que llevaba. Le dije: Siempre estaré en deuda contigo. Presentí que no volvería a verla. Estaba algo avejentada, pero seguía siendo la señora ancha, canosa, de mirada limpia, sin malicia, y sonrisa inocente y bondadosa que yo recordaba, una mujer que había nacido para cumplir el arduo destino de servir y sufrir, despojada de todo egoísmo, volcando sus mejores energías a complacer a los demás. Ese destino aciago, el de servir y sufrir, se le impuso bien pronto, cuando era una niña de doce años, pues su madre, para escapar de la pobreza, la ofreció y entregó como empleada doméstica, a cambio de un dinero, a la familia en la que Mercedes trabajó el resto de su vida, desde los doce años hasta estos días postreros de palidez y agonía, una anciana ya sin fuerzas para seguir atendiendo a los patrones, el señor circunspecto y envarado, de apellido suizo, y la señora rubia que parecía una modelo, quien murió hace poco, sometiéndose a una cirugía para embellecerse.

Yo escribí una novela inspirada en Mercedes. La titulé “Mi padre y la mucama”. Conté la historia de mi padre, enfermo de cáncer, próximo a morir, de quien yo no quería o no podía despedirme, visitándolo en el hospital, y la de Mercedes, una mujer que, siendo casi una adolescente, fue vendida por su madre para que trabajara como empleada doméstica. En esa novela, que mis editores titularon “Y de repente, un ángel”, un título que nunca acabó de gustarme, y que recibió un premio que no merecía, yo me inventaba que, tras conocer a Mercedes, y enterarme de que su madre la había entregado a cambio de una recompensa pecuniaria para darle un mejor futuro, Mercedes y yo nos proponíamos encontrar a su madre, a quien ella no había visto desde que la vendieron por amor, y emprendíamos un viaje en auto por pistas polvorientas rumbo a las montañas, hasta dar con una anciana solitaria, ensimismada, medio loca, rodeada de animales que ella misma mataba para alimentarse, una vieja que al parecer era su madre, pero que podía no serlo, pues no reconoció a Mercedes como su hija, y menos me reconoció a mí. También contaba en aquella novela que Mercedes nunca le guardó rencor a su madre, pues era incapaz de quejarse por la vida áspera que le tocó en suerte, y que, antes bien, le agradecía por haberle conseguido trabajo a tan temprana edad, un empleo que ella nunca perdió, un oficio, el de criada sumisa y servicial de sus patrones, que le duró más de seis décadas. Al final de aquella novela de título cambiado y premio envenenado, Mercedes me educaba en el amor, el perdón y la compasión, y me convencía de perdonar a mi padre por los abusos que me había infligido cuando era niño, y visitarlo en el hospital y despedirme de él, besándolo en la frente y diciéndole:

—Qué pena que no aprendimos a querernos, pero te perdono y te deseo un buen viaje.

Por supuesto, esa novela se la dediqué a Mercedes, pero ella no alcanzó a leerla, pues no sabía leer, y fue su hija Rocío quien se la leyó, entre risas y lágrimas. El gran personaje de esa trama es ella, Mercedes, la mujer que nació para servir y sufrir, la mujer que nunca se quejó por la vida contrariada que le tocó en suerte, la mujer que encontraba siempre una sonrisa bondadosa en su corazón. Recordé lo que dijo Saramago cuando le dieron el Nobel:

—El hombre más sabio que conocí era mi abuelo materno Jerónimo, que era analfabeto.

Por eso siento que le debo mucho a Mercedes, no solo porque cuidó de mis hijas como si fueran las suyas, sino porque, desde su sabiduría más profunda e incorruptible, y su infinita bondad, me ayudó a despedirme de mi padre, algo de lo que no me sentía capaz. Ahora Mercedes está por partir, si no ha partido ya, y le he escrito un correo asegurándole que se ha ganado el cielo, el descanso, la gloria eterna, la protección de los ángeles, la bendición de los dioses y las vírgenes, y prometiéndole que pronto iré yo mismo para buscarla entre las nubes y darle un abrazo transparente, sin que nos vigilen, celosos, los patrones. Mi deseo más ardiente es que Mercedes sea recompensada porque ha sido un alma buena, noble, pura, generosa, y que, en el más allá, liberada por fin del destino que le tocó en suerte, el de servir y sufrir, pueda encontrar a su madre, espléndidas ambas, nunca más pobres, y darse el abrazo que en vida les resultó esquivo y que por eso tuve que imaginar en una novela para que la ficción corrigiese las injusticias de la vida misma.

Mis hijas mayores han viajado desde lejos para despedirse de Mercedes, la señora que fue su madre porque así lo quiso. Yo quería viajar también, pero mi hija mayor me ha sugerido que no lo haga, pues prefiere evitar que me encuentre con mi exesposa y mi exsuegro, quienes, al parecer, siguen sin perdonarme tal o cual novela. Ahora mismo podría estar en un vuelo al sur, a la ciudad del polvo y la niebla, pero estoy en mi casa en la isla, recordando a Mercedes, secándome las lágrimas, a la espera de manejar hasta un estadio para ver un partido del mundial de fútbol entre los ingleses y los noruegos.

Hace más de veinte años, ya divorciado, compré un piso para mi exesposa y otro para mí en el mismo edificio, en la ciudad del polvo y la niebla, con la cándida esperanza de que ella y yo pudiéramos ser buenos vecinos. En aquellos tiempos que ahora parecen tan lejanos, le pedí a mi exesposa que Mercedes y su hija Rocío viniesen a vivir en mi apartamento, que estaría desocupado la mayor parte del tiempo, pues yo vivía ya lejos, a seis horas en avión, pero no pude convencerla. Hice un apasionado alegato en favor de rescatar a Mercedes de la casa de sus patrones, y ofrecerle una vida menos dura, menos sufrida, en nuestro edificio, pero mi exesposa, por lealtad a sus padres, no quiso contratarla, alejándola de ellos, que tantos trabajos extenuantes le imponían. Yo hubiera querido jubilar entonces a Mercedes y ofrecerle un descanso en mi propiedad. Fracasé, así como naufragué en ser un buen vecino de mi exesposa. Mercedes siguió trabajando en una villa campestre de amplios jardines y flores exóticas, bajo las órdenes de la señora tan guapa que parecía una modelo y del señor circunspecto y envarado, de apellido suizo. Ese era, por lo visto, su destino: servir y sufrir la vida entera en aquella casona en los suburbios, y llorar noblemente, sin rencores, cuando murió su patrona.

Perdóname, Victoria Mercedes Méndez Valenzuela, porque no pude concederte la jubilación que merecías. Te prometo que cuidaré de tu hija Rocío. Por fin estarás con tu madre.

Horóscopo de HOY, domingo 12 de julio: predicciones de amor y trabajo según tu signo zodiacal

calendar_today 12.07.2026 - person  - timer ~2 Minutos

01:40

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: tomará una iniciativa amorosa que sorprenderá a la persona que más le interesa; hermoso momento.  

Salud: una consulta aliviará. 

Sorpresa: alguien volverá.

01:39

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: una pequeña atención encenderá la calidez y un encuentro se convertirá en inicio de un romance.  

Salud: una molestia se disipará. 

Sorpresa: anhelo cumplido.

01:39

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: los reproches continuos afectarán la relación pero dejará una enseñanza y al final mejorará. 

Salud: cierta fatiga será superada. 

Sorpresa: propuesta increíble.

01:39

CANCER (junio 22-julio 22) 

Amor: una confidencia creará dudas pero una aclaración permitirá la armonía en la pareja. 

Salud: un chequeo será oportuno. 

Sorpresa: gesto audaz.

01:38

LEO (julio 23-agosto 22) 

Amor: una circunstancia provocará que un encuentro derive en romance con vivencias inolvidables.  

Salud: con equilibrio, buena. 

Sorpresa: viaje imprevisto.

01:38

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

Amor: un desencuentro podría provocar momentos difíciles pero la pareja lo superará.  

Salud: iniciará plan de ejercicios. 

Sorpresa: confusión reiterada.

01:38

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)  

Amor: momentos agradables revivirán el inicio romántico de la pareja y crecerá la calidez. 

Salud: los nervios se calmarán. 

Sorpresa: regalo deslumbrante.

01:38

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: algunos roces provocarán tirantez en la pareja pero no insistirán en discutir.  

Salud: descansará mejor cada día. 

Sorpresa: elogio inesperado.

01:37

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: la pareja crece y las confusiones se aclaran pero la calidez aun no aparece.  

Salud: una dolencia será superada. 

Sorpresa: alguien será indiscreto.

01:37

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: una persona se acercará y le aceptará así como es y una relación comenzará. 

Salud: una consulta dará alivio. 

Sorpresa: acuerdo rápido.

01:37

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: algún gesto encenderá una llama que cree extinguida y su encanto brillará en lo íntimo. 

Salud: un control estará oportuno. 

Sorpresa: un amigo viajará.

01:36

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 

Amor: ciertos problemas serán un obstáculo que la pareja deberá superar y lo logrará con afecto.  

Salud: momento para comer sano. 

Sorpresa: encuentro divertido.

01:36

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: VALIENTE. NO LE TEME A NADA NI A NADIE. SIEMPRE SE EMBARCA EN AVENTURAS.

01:36

Tomás Rau: “Hay una crisis autoinferida de empleo que viene desde hace 41 meses, pero llegó el momento de no echarle la culpa al empedrado” - La Tercera

calendar_today 12.07.2026 - person  - timer ~11 Minutos

Han sido semanas intensas para Tomás Rau. El ministro del Trabajo ha intensificado sus viajes al Congreso en Valparaíso, a La Moneda y a otros ministerios en medio de la preocupación política en el oficialismo por la rápida alza del desempleo, cuya tasa llegó a 9,4% para el trimestre marzo-mayo pasado.

En una semana marcada por nuevos anuncios del gobierno (20 mil subsidios adicionales al empleo vía Sence) para intentar evitar que la desocupación se empine sobre el 10% en los meses de invierno, el ministro Rau desmenuza todos los proyectos y medidas que tiene en carpeta para enfrentar la crisis laboral y llama a dejar de culpar a administraciones anteriores por la escalada de la desocupación.

“Reconocemos que en materia de empleo hay una crisis autoinferida que viene desde hace 41 meses, pero llegó el momento de no echarle la culpa al empedrado”, recalca el ministro. “Nos estamos haciendo cargo”, añade inmediatamente el también economista.

Usted es un técnico y académico de toda la vida. ¿Qué es lo más complejo de entrar a la arena política siendo ministro del Trabajo?

-Me he dedicado toda mi vida a estudiar temas de mercado laboral, llevo 20 años estudiando distintas políticas. No le voy a mentir, es un cargo que tiene muchas aristas, muchos interlocutores; desde los gremios empresariales, centrales sindicales, asociaciones de funcionarios públicos. El Congreso, su vez, no es solo la elaboración de proyectos de ley; hay que ir tres días a la semana. Es un trabajo muy exigente, pero muy interesante y relevante.

Imagino que ha tenido que aprender los códigos políticos que demanda el cargo…

-Es mi primera experiencia en política, no se lo voy a negar. Pero al final también son códigos humanos. Fui director del Instituto de Economía de la Universidad Católica por más de cuatro años y me tocó dirigir un grupo humano muy interesante (…) y eso no es tan distinto. Obviamente, hay códigos políticos y uno tiene que aprender rápido. Es muy importante ser una persona dialogante, entender la legitimidad y la diferencia de opinión que pueda tener un político. Como me dijo un senador, podemos no estar de acuerdo, pero no significa que no podamos construir un acuerdo, y eso es importante aprenderlo desde un principio.

¿Cómo ha sido su relación con el resto del gabinete y, específicamente, con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz?

-En general, la relación con mis colegas del gabinete es muy buena, muy cordial, y es de mucho aprendizaje también. Me apoyo mucho en ministros que tienen mucho expertise, como los ministros Claudio Alvarado (Interior) y José García Ruminot (Segpres). También con el ministro Jaime Campos (Agricultura), quien tiene experiencias y anécdotas notables.

Con el ministro Quiroz tenemos una relación profesional muy buena; nos conocemos. Él es un técnico como yo y hablamos un mismo lenguaje, al ser los dos economistas. Obviamente, él tiene una tarea muy complicada, que es la billetera fiscal. Ninguno de los ministros va a sonreir cuando asume y le dicen hay que hacer un ajuste, pero todos entendimos que era muy necesario cuando se hereda un déficit estructural de 3,7% del PIB.

¿Usted considera a Jorge Quiroz el jefe del equipo económico?

-Por arquitectura del gobierno el ministro Quiroz es el coordinador del gabinete económico que sesiona cada dos semanas, en que participamos distintos ministros.

Muchas de las vocerías por empleo han sido hechas en estos cuatro meses por el ministro Quiroz y, ahora, el biministro Daniel Mas ha adquirido mayor preponderancia en la vocería económica. ¿Cree que su rol comunicacional en materia de empleo debe ser un poco más relevante en el diseño del gobierno?

-El empleo es transversal a todos los ministerios. Estamos viviendo una situación muy compleja de 9,4% de tasa de desempleo, lo que es bastante alto. Esto no es algo que surgió ahora con nuestro gobierno. Llevamos 41 meses con esta crisis autoinferida, con alzas los costos laborales… salario mínimo, reducción de la jornada, reforma previsional. Como gobierno nos estamos haciendo cargo y esto no es resorte de un ministro en particular.

El principal motor generador de empleo es el crecimiento económico. Entonces, no es de extrañar que tanto el ministro Hacienda como el ministro Economía estén preocupados. Cuando entendemos al final que el crecimiento económico es igual a empleo, a todos nos debe importar. En lo relativo al tema comunicacional, eso es debatible. He pasado estas últimas tres semanas sumergido en el Congreso, aprobando el proyecto Sala Cuna Universal.

Crisis laboral

¿Les sorprendió que el desempleo haya escalado al 9,4% y que ya sea más alto que el año pasado?

-No es una sorpresa, toda vez que se conocen los datos de actividad económica. Antes de asumir se empezaron a conocer los datos de Imacec negativo, los que se han prolongado incluso en mayo. Entonces, si se tiene una economía decreciendo, no es sorpresa que aumente la tasa de desempleo y menos en estos meses de otoño-invierno. Lo que sí nos sorprendieron fueron las cifras del Informe de Finanzas Públicas de febrero pasado en que se actualizó el déficit estructural, el que quedó en US$13 mil millones. Esa fue una gran sorpresa (…) Sabíamos que el desempleo se iba a ver afectado. El desempleo subió bastante rápido en los últimos trimestres móviles, pero esto se está incubando desde hace tiempo.

Tenemos que mirar adelante. Vienen los meses de invierno. Estamos avanzando en distintas medidas y redoblando esfuerzos para que este periodo de transición, en que la economía va a tener este punto de inflexión, probablemente el mes de junio, logre aumentar el crecimiento y el empleo, de manera que podamos sortear esta crisis de la mejor manera, junto a las medidas que estamos tomando.

Estamos viviendo un “valle” complejo en materia de empleo. ¿Hay que prepararse para un desempleo de 10% en los meses de invierno?

-Uno puede tener distintas estimaciones. Un 9,9% o un 10% no hace una gran diferencia. ¿En qué sentido? Son tasas muy altas. Está barrera psicológica de los dos dígitos, pero no hay que perderse. Detrás de cada décima en la tasa de desempleo hay más de 10.000 personas que buscan empleo y no lo encuentran. Eso no lo tenemos que perder nunca de vista, más allá de si llega a 10%. Nosotros esperamos que no, pero es una posibilidad.

¿Cuál va a ser el impacto de las medidas anunciadas por el Presidente Kast esta semana? ¿Qué tan rápido impactará en el mercado laboral?

-Estas medidas inyectarán $50.000 millones y buscan generar 50 mil empleos en los próximos meses. Además, tenemos el mecanismo 1+1 donde algunos gobiernos regionales pondrán recursos equivalentes a lo comprometido por el gobierno en cada región. Esperamos que estas medidas empiecen a surtir efectos a fines de agosto.

¿Las medidas anunciadas el gobierno podrían estar llegando tarde a enfrentar el ciclo invernal del desempleo?

-No estoy de acuerdo con eso. Las alzas que vimos en los últimos dos trimestres móviles no las habíamos visto en el último tiempo. Fueron alzas bastante rápidas y significativas.

Tenemos una arquitectura en el Sence armada para pagar subsidios; se usó para la pandemia también. No es que vamos a tener que esperar 8 ó 9 meses para implementarla. La Ley de Reconstrucción Nacional se ha demorado un poquito más en el trámite legislativo, pero esas son variables que a veces uno no controla.

Hacienda han transmitido que los subsidios clásicos no tienen mucho efecto en el empleo…

-Como académico me tocó analizar el subsidio del empleo joven del 2009 y la evaluación que hicimos es que fue muy efectivo en esos 12 meses. Sin embargo, si la economía está creciendo fuertemente, el subsidio pierde relevancia, porque las empresas no van a contratar solo porque se les está ayudando, sino porque hay mucha actividad, más demanda, más clientes, más producción. Es cierto que un subsidio no nos va a solucionar todo. La mejor política generadora de empleo es el crecimiento económico. Vamos a tener un segundo semestre mucho más dinámico.

¿El desempleo actual tiene fundamentos estructurales?

-Hay temas coyunturales y estructurales. Pero las estructuras no son hegemónicas, no significa que lleguen para quedarse. Cuando hablamos de temas estructurales, por ejemplo, hablamos de costo laboral. Si seguimos aumentando los costos laborales, hacemos un flaco favor a la creación de empleo. Hemos sido bastante responsables desde que asumimos en intentar controlar alzas desmedidas en los costos laborales. Hemos sido responsables en intentar que estas estructuras no sigan generando más desempleo. Como he dicho, hay una crisis autoinferida de empleo que viene desde hace 41 meses, pero llegó el momento de no echarle la culpa al empedrado.

Acaba de decir que “basta de echarle la culpa al empedrado”. ¿Eso significa que se debe terminar con culpar a gobiernos anteriores por el problema del desempleo hoy?

-Antes de esa frase dije que reconocemos que hay una crisis autoinferida que se está incubando hace 41 meses y hay consenso técnico respecto a eso. Pero es importante mirar hacia adelante, porque no sacamos nada con echarnos las culpas unos a otros. Todos vivimos en el mismo país: gobierno, oficialismo y oposición. Tuvimos un acto republicano esta semana que reunió a los presidentes Kast, Frei y Boric. El Presidente Boric le dijo a el Presidente Kast ‘somos rivales en las ideas, pero nos une el amor por Chile, el buen interés por Chile’. A eso me refiero cuando digo que hay que mirar hacia adelante.

Basta de echarle la culpa al empedrado, nos estamos haciendo cargo del desempleo por distintos frentes: la ley de Reconstrucción, adaptabilidad laboral, las medidas que anunció el Presidente para paliar estos meses de invierno. También están los cambios más estructurales: Sala Cuna Universal, estatuto laboral del turismo, las 40 horas, el contrato por horas, indemnización por años de servicios.

En Sala Cuna Universal el miércoles pasado logramos un hito histórico. Logramos aprobar y despachar de la Comisión de Educación del Senado a Hacienda.

Estamos también hemos patrocinado una moción que es el contrato por horas. La idea es que en esta bolsa de horas vaya respondiendo también a las demandas de si hay días de la semana que se requieren más horas que otras. Esto, por ejemplo, puede beneficiar a estudiantes que quieran conciliar estudio con trabajo; también a mujeres que quieran conciliar vida familiar y trabajo.

Estamos presentando la próxima semana, además, el Estatuto Laboral del Turismo, que fue anunciado por el Presidente en la Cuenta Pública, que es un proyecto que contempla medidas de adaptabilidad laboral en el sector turismo y gastronómico.

Asimismo, estamos presentando una flexibilización de cómo se promedian las 40 horas (hoy 42 horas). La ley quedó que en régimen se pueden promediar las 40 horas en un ciclo de cuatro semanas. Si uno mira los países del OCDE esos ciclos son más amplios.

¿A cuánto se va a ampliar?

-Estamos viendo la evidencia comparada. Probablemente en el régimen general estará en torno al promedio del OCDE: 16 semanas en el régimen general. En el sector turismo estamos viendo quizá ampliarlo un poco más, como es en otros países del OCDE; incluso, a 52 semanas.

¿Qué le parece que el crédito al empleo, tal como lo conocimos en el proyecto de Reconstrucción, se haya casi eliminado según lo evidenció el informe financiero de las indicaciones?

-El crédito anterior buscaba abaratar la contratación formal de trabajadores con rentas entre 7,8 y 12 UTM, mientras que el nuevo es una política de fomento a la exportación de servicios del conocimiento, que beneficia principalmente empleo calificado. Me parece que se debe apoyar el empleo formal de menores ingresos y lo estamos abordando en el corto plazo desde la Mesa Interministerial por el Empleo con la Línea de Activación Laboral a través del Sence.

¿Hay piso político para cambiar el sistema de la actual indemnización por años de servicios en caso de despido por un mecanismo a todo evento?

-Una gran proporción de los técnicos está de acuerdo en que tenemos un costo del despido muy caro en Chile. Recordemos que un trabajador que está 10 años en un empleo, por ejemplo, si es despedido solo por necesidades de la empresa, solo en ese caso hay una indemnización por año de servicio, lo que es en torno al 20% de los términos de relaciones laborales. Entonces, redondeando, hay un 80% de los trabajadores que no tienen indemnización por año de servicio.

Estamos trabajando en una propuesta. El piso político depende también del cómo lo implementas. Si, por ejemplo, se hace para contratos nuevos, no para los antiguos… los antiguos ya tienen su sistema. También tenemos que evaluar cómo va a ocurrir la transición, porque van a coexistir dos sistemas por mucho tiempo. Entonces, ahí la duda que estamos analizando es que puedan coexistir los dos sistemas o que finalmente se migre de uno al otro. Pensamos que ampliar los beneficios del 20% al 100% es muy importante.

Nueve ideas de liderazgo para la nueva presidenta

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“Recuerde siempre que el liderazgo es servicio. No se lidera para el ego ni para fines personales o materiales; se lidera para el bien común y para servir a los demás”, escribe la presidente de LHH DBM Perú y LHH Chile.

Por Ines Temple12/07/2026, 06:00 a.m.

Imagino que pocos retos pueden dar más satisfacción –y gran angustia y preocupación– que el encargo de liderar un país. Y con todos los ojos puestos en usted, aquí comparto, con humildad, algunas ideas de lo aprendido que quizá pueden servirle.

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Martín Mujica, de AFP Cuprum, y nuevo régimen de inversiones: “Es una propuesta estructuralmente correcta, pero se quedó estrecha respecto a maximizar las pensiones” - La Tercera

calendar_today 12.07.2026 - person  - timer ~11 Minutos

La Superintendencia de Pensiones puso en consulta pública, el viernes 3 de julio, su propuesta de régimen de inversión para pasar desde los actuales multifondos (A, B, C, D, y E) a un nuevo esquema de diez fondos generacionales que comenzarán a operar en abril de 2027, según estableció la reforma previsional.

El diseño planteado por el regulador, que es el mayor cambio al régimen de inversiones de las AFP en más de dos décadas, crea diez fondos generacionales (cohortes), y asigna a cada afiliado según su año de nacimiento. El primer fondo corresponde a los afiliados de hasta 35 años, luego hay ocho fondos según cohortes de cinco años; y un décimo fondo para mayores de 75 años.

También introduce un esquema de premios y castigos. El régimen define, para cada fondo generacional, una cartera de referencia (benchmark) y una banda de desviación en torno a ella. Si la rentabilidad supera esa referencia y el margen superior de la banda, las AFP recibirán una compensación con cargo al fondo; pero si caen bajo el margen inferior, tendrán que aportar de sus propios recursos al fondo generacional en cuestión. El premio o castigo nunca podrá superar el 15% de las comisiones promedio cobradas por todas las AFP.

Martín Mujica, gerente general de AFP Cuprum -filial del grupo estadounidense Principal Financial Group, que ya administra fondos generacionales en México, Estados Unidos, y algunos mercados de Asia-, respalda la propuesta, pero plantea algunos reparos.

Mujica valora la transición a fondos generacionales y estima que la estructura propuesta por el regulador en general es “correcta”. Pero advierte que las bandas de premios y castigos son demasiado angostas y están desbalanceadas hacia el castigo, lo que, a su juicio, empujaría a las AFP hacia la gestión pasiva y hacia el centro de las bandas, dejando poco espacio para diferenciarse, lo que podría terminar poniendo la estrategia de inversión en manos del regulador.

¿Quedó bien el régimen de inversión que puso en consulta la Superintendencia de Pensiones?

-El sistema de pensiones tiene el gran objetivo y desafío de lograr las mejores pensiones para los afiliados. En esa línea, esta es una propuesta que estructuralmente es correcta, pero se quedó estrecha respecto a maximizar las pensiones. Creo que necesitamos hacerle mejoras, o correcciones, para lograr ese objetivo.

¿En qué sentido?

-Estructuralmente, el diseño es correcto, recoge buenas prácticas, es parte de lo que hemos visto en otros lugares del mundo. Nosotros hemos apoyado esta transición hacia fondos generacionales, porque creemos que son una muy buena solución para las inversiones de largo plazo, para los sistemas de pensiones y para los ahorros de los chilenos. Es una buena solución.

Y la estructura general de la propuesta es correcta. Pero, como suele pasar en estos desafíos tan grandes, hay que mirar la propuesta completa, incluyendo todos los detalles. Y ahí es donde uno observa que, tal como están algunos parámetros definidos, está estrecha y limitada la capacidad de las administradoras de poder lograr el máximo potencial de las estrategias de inversión de largo plazo.

¿En qué se observa eso en particular?

-Las bandas de premios y castigos son muy estrechas. Y eso, unido a que hay un desbalance muy fuerte en los incentivos hacia castigos por sobre los premios, hace que haya una tendencia muy fuerte a ir al centro de las bandas. Eso implica que hay poca diferenciación, poca competencia por retorno, y una marcada tendencia hacia estrategias pasivas, que al final, en el largo plazo, limitan el lograr el máximo potencial que se podría conseguir con la estructura general de los fondos generacionales.

¿Por qué dice que hay un desbalance hacia el castigo?

-Tal como está propuesta la estructura de los premios y castigos, para tener un castigo hay un gatillante, que es tener un retorno por debajo de la banda. Pero para ganar el premio, hay cuatro gatillantes. El primero es ganarle a la banda. El segundo es tener rentabilidad absoluta positiva. El tercero es que hay un tope de un tracking error máximo, y hay un information ratio que también tiene que estar por sobre un mínimo. Es decir, son dos medidas de riesgo y dos medidas de desempeño.

Eso hace que la probabilidad de obtener un premio es casi imposible, porque para poder tener un performance por sobre la banda, hay que tomar más riesgo, pero el riesgo está limitado a través de la estructura misma de los premios. Por lo tanto, la probabilidad de ganar un premio es muy baja. En cambio, la probabilidad de tener un castigo es bastante mayor.

La Superintendencia dice que las AFP van a poder definir su propio benchmark. Pero bajo este escenario que plantea, entonces, ¿es la autoridad la que está fijando el benchmark?

-El espíritu principal de la estructura es que cada AFP puede definir su propio benchmark. Pero en la práctica, dada la estructura de premios y castigos y lo ancho de las bandas, lo que podría terminar pasando, con una alta probabilidad, es que haya poco espacio para que las AFP se separen del centro de la banda que está definida por la autoridad, y que las AFP se diferencien entre ellas. En otras palabras, el que, principalmente, está definiendo la estructura es el regulador y no las AFP.

Ahora, la buena noticia es que tenemos un mes para revisar y para hacer propuestas. Y la verdad es que necesitamos como país, y pensando en los afiliados, que se hagan estas correcciones, y que se consideren estos aspectos. Aquí no hay que hacer cambios estructurales a la propuesta. Pero revisando algunos parámetros, podríamos dar a esta estructura el espacio para que las AFP, que son los reales administradores de los fondos de pensiones, tengan ese espacio para poder desplegarse y lograr el máximo potencial, la búsqueda del mayor retorno para los afiliados y que se traduzca en mejores pensiones.

Una de las dudas en el mercado era si las AFP iban a ser compradoras o vendedoras netas de bonos o acciones. ¿El régimen que dictó el regulador resguardó adecuadamente que no se generen impactos en el mercado de capitales?

-Lo primero a mencionar es que esto es una propuesta, así que hay que considerarla en esa dimensión. Esto todavía puede cambiar y pequeños ajustes en parámetros pueden generar cambios.

Nosotros no tenemos todavía una opinión acabada sobre cuáles son los movimientos que podría haber en el mercado. Eso es algo que vamos a tener que seguir estudiando, y además es información bastante sensible. Pero vemos que el regulador sí tuvo en consideración las posiciones actuales del sistema de pensiones, es algo que sí estuvo considerado probablemente en el diseño de los indicadores de referencia, de las bandas, y de los activos que se consideran.

¿Eso podría explicar el hecho de que las bandas sean tan estrechas inicialmente?

-Yo no puedo interpretar cuál es la intención del regulador con las bandas tan estrechas, pero la verdad es que las bandas estrechas lo que hacen es reducir la posibilidad de moverse.

Es importante hablar de los plazos de transición: creo que lo que debiera buscar el regulador, es que, sobre todo al inicio, debiera haber bastante más espacio de moverse para cada uno de los administradores. Porque eso es lo que hace que no sea predecible lo que cada administradora va a hacer. Y eso elimina un montón de ruido e interferencia en el mercado. Así que es algo que hay que tener en cuenta y que hay que considerar, sobre todo al inicio, porque hay un periodo de adaptación de las carteras de la AFP.

Pero si bien esa propuesta podría hacer más impredecible lo que harán las AFP, también puede generar movimientos bruscos en el mercado.

-Lo que pasa es que los movimientos más bruscos de mercado, ocurren cuando la regulación impone movimientos conocidos por todos y que tienen un plazo para ejecutarse. Eso es lo que mete más ruido. Por lo tanto, si lo que hace la regulación es que cada AFP tenga un plazo para adaptarse y pueda definir la forma y los plazos en los que se va a ir adaptando, es decir, el cómo va a manejar ese plazo de transición, yo diría que mete mucho menos ruido eventual en el mercado versus hacer algo en que hay menos posibilidades y menos espacio para poder tomar decisiones distintas.

¿Cómo quedó el riesgo para cada una de las etapas de los fondos generacionales, quedó más conservador para los jóvenes versus el fondo A actual?

-Si uno considera el centro de las bandas, a una primera vista, está algo más conservador que, por ejemplo, tomar el fondo A. Pero hay algún espacio para moverse y, por lo tanto, algún administrador podría ir con propuestas que sean algo más arriesgadas, o con algo más de renta variable.

La gracia de la nueva estructura es que uno tiene fondos adecuados para cada uno de los afiliados de acuerdo a su edad. Y eso hace que la propuesta y la solución de cada una de las alternativas de inversión, se adecúan mucho mejor al perfil de los afiliados que lo que lo hacían los multifondos. La solución creo que es bastante más positiva que el sistema que teníamos antes.

¿Y el glidepath quedó bien, el hecho de que el riesgo empiece a caer antes de los 40 años es adecuado?

-La estructura completa del glidepath, comparada con lo que hemos visto en algunos otros países, efectivamente quedó más conservadora, pero eso es algo que como país podemos ir trabajando en el tiempo. Creo que como punto de inicio, estamos en un nivel que es bastante adecuado.

¿Los índices que definió la autoridad a su juicio son los indicados?

-En esta propuesta la autoridad divide los activos como en 10 tipos. Creo que eso es algo que también hay que revisar. La idea y la estructura general es correcta. Pero hay que revisar algunas de las asignaciones que están dentro de esa familia. Y también creo que hay que hacer un trabajo bien relevante en seleccionar los índices contra los cuales cada una de esas familias se va a medir.

Los índices, como concepto general, tienen que ser súper transparentes y tienen que ser replicables. Es decir, tenemos que saber cómo se miden, y tenemos que, todos los administradores, poder replicarlos. Esos son dos conceptos que es muy relevante que estén sobre la mesa.

¿Entre los temas estructurales a perfeccionar, las bandas de premios y castigos es lo más relevante?

-Sí, esos son los temas principales, y después, creo que hay bastante trabajo que hacer con la selección de los índices, con abordar la manera en que se van a considerar los activos alternativos. Creemos que la estructura y los parámetros debieran facilitar y dar espacio para que los distintos alternativos tengan un rol relevante en los portafolios de los fondos. Mucho capital privado para los fondos jóvenes; y probablemente mucho más fondos alternativos de deuda, de infraestructura, para los fondos de las personas mayores.

Pero tienen un rol relevante, y tenemos que asegurarnos de que toda la estructura que se defina, incluyendo los benchmarks, los premios y castigos, puedan facilitar y darle espacio a que los alternativos tengan el rol que deben tener, porque es la manera de conseguir un retorno extra en los fondos de pensiones.

¿Y con este régimen no quedaron con un rol relevante suficiente?

-Tienen un rol relevante, pero hay bastantes dificultades. Por ejemplo, la definición de los benchmarks, de los índices de referencia para los alternativos.

Es endógeno. ¿Por qué es un problema?

-Los alternativos tienen un desafío. Los alternativos no son iguales a los activos que se transan en los mercados formales. Por lo tanto, toda la definición sobre cómo medir los alternativos es un problema difícil de resolver. Y creo que hay que evaluar muy bien qué tipo de índice se va a usar.

El que sea un índice endógeno, efectivamente, es una dificultad, porque no es un índice que se pueda replicar. Y ese es un problema para las actuales AFP, y para las AFP entrantes. Para todos. Pero también es un problema muy grande a la luz de la licitación del stock, que podría venir un poquito más de un año después de que partan los fondos generacionales.

Por lo tanto, se suman las dificultades de definir los benchmarks, de medir el desempeño de los alternativos, que suelen tener desempeños diferentes entre cada tipo de activo alternativo, por lo que es muy difícil agruparlos y medirlos contra un benchmark único. Y además, por esencia las carteras son difíciles de replicar, porque son mercados ilíquidos.

Yo creo que la dificultad de fondo es que estamos tratando de asimilar los activos alternativos a los activos formales. Y eso no es correcto, y es una dificultad.

Las siete propuestas del CEP para las empresas públicas chilenas - La Tercera

calendar_today 12.07.2026 - person  - timer ~10 Minutos

El estrés fiscal por el que atraviesa la economía chilena y la necesidad de generar más ingresos púbicos ha obligado al gobierno a mirar más allá de lo presumible. El propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, planteó hace un mes la necesidad modernizar la gestión de las empresas públicas como un eje clave para sanear las finanzas estatales y conseguir las metas de balance y deuda pública para el cierre de su gobierno. De hecho, a principios de mes Hacienda ofició a todas las compañías estatales para que remitan antecedentes sobre su situación financiera y metas para los siguientes años, entre otras peticiones, lo que refuerza las exigencias a dichas empresas hechas a inicios del gobierno.

Una investigación del Centro de Estudios Públicos (CEP), cuyo diseño se venía preparando hace meses, entra de lleno en el análisis de este tema que hoy genera gran interés en Hacienda. Liderado por los investigadores Sebastián izquierdo, Jorge Rodríguez, Andrés Araya y Xiomara Kuwae, el estudio del centro de pensamiento aterriza siete propuestas para mejorar institucionalidad, transparencia, evaluación y rendimiento de empresas públicas en el país.

“En un contexto de estrés fiscal prolongado como el que vivimos, no basta con mirar solo al gobierno central para buscar opciones de mejora. Un sector muy relevante, que pesa hasta 10 puntos del PIB, son las empresas públicas, por lo que debieran tener un mayor nivel de escrutinio. Este estudio busca ser un insumo concreto para eso: entrega una metodología para identificar dónde la propiedad estatal está bien justificada, dónde existen riesgos fiscales que hoy no se monitorean de forma sistemática pero que forman parte de los desafíos de sostenibilidad fiscal, y entrega recomendaciones para medir el desempeño financiero y no financiero de las empresas públicas. Coincidentemente, el Ministerio de Hacienda ha anunciado una línea de trabajo para mejorar la gestión de las empresas y activos públicos, por lo que vemos que se abre una oportunidad para esto”, resume economista del CEP y exdirector del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Jorge Rodríguez.

El coordinador académico del CEP, Sebastián Izquierdo, también cree que una empresa pública no debería evaluarse solo por “si gana o pierde plata” y destaca que el estudio permite preguntarse si existe coherencia entre la razón que justifica que el Estado sea dueño, los resultados que la empresa obtiene y los riesgos fiscales que genera. “El universo de empresas públicas chilenas es mucho más heterogéneo de lo que parece. De las 28 empresas analizadas, solo tres -BancoEstado, Codelco y Enap- concentran cerca del 90% de los ingresos. Eso significa que cualquier diagnóstico agregado esconde realidades financieras y fiscales completamente distintas”, precisa el también integrante del CFA.

El documento propone una forma de evaluar las empresas públicas chilenas a partir de tres dimensiones: la justificación de la propiedad estatal, el desempeño financiero y no financiero, y la exposición fiscal. “La idea central es simple: una empresa pública no debiera evaluarse solo por cuánto gana o pierde, pero tampoco basta con invocar una misión pública para justificar cualquier resultado. Lo relevante es observar si existe coherencia entre la razón por la cual el Estado mantiene la propiedad, los resultados que la empresa obtiene y los riesgos que eventualmente genera para las finanzas públicas”, sostiene el estudio.

El primer mensaje que el documento quiere entregar es que la justificación de la propiedad estatal no es uniforme. Precisa que algunas empresas presentan fundamentos económicos o de política pública relativamente robustos, ya sea porque generan rentas relevantes para el Estado, operan en condiciones de monopolio natural, preservan capacidades estratégicas o proveen servicios cuyos beneficios sociales pueden exceder sus ingresos comerciales. Pero añade que otras, por contrapartida, enfrentan una carga de justificación más exigente, especialmente cuando operan en mercados competitivos, tienen baja contribución fiscal o no muestran con suficiente claridad un mandato público diferenciado. “Esta distinción no equivale a una recomendación automática de mantener, cerrar, fusionar o privatizar empresas; más bien, permite ordenar dónde debiera concentrarse el escrutinio”, precisa el estudio.

El documento también quiere dejar en claro que el desempeño de las empresas públicas debe evaluarse a la luz de sus mandatos específicos. “Las utilidades, pérdidas, aportes fiscales y traspasos al Fisco son indicadores importantes, pero no suficientes. En empresas con obligaciones públicas, esos indicadores deben complementarse con métricas de cobertura, calidad, continuidad, acceso, eficiencia, costo del mandato o preservación de capacidades estratégicas”, señala.

“Para que esas métricas resulten interpretables, conviene apoyarlas en ejercicios de benchmarking que comparen a la empresa con pares sectoriales -tanto privados como empresas similares en otros países, cuando los haya-, de modo de distinguir si una pérdida o un mayor costo refleja el cumplimiento del mandato o, en cambio, brechas de eficiencia respecto de estándares comparables. En sentido inverso, cuando una empresa no tiene un mandato público claro, medible y vigente, las pérdidas persistentes, la dependencia fiscal o el deterioro patrimonial deben interpretarse como señales de alerta. En esos casos, el problema no es solo financiero, es también de diseño institucional”, reflexiona el mismo el estudio del CEP.

Un tercer mensaje apunta a cómo la exposición fiscal de las empresas públicas influye en el desempeño del Estado como un todo. Según el estudio, las empresas públicas pueden generar ingresos para el Fisco, pero también pueden acumular compromisos mediante pasivos contingentes por deuda garantizada, deterioro patrimonial, pasivos por mandatos públicos no financiados o expectativas de apoyo futuro. “Por eso, una mirada integral de sostenibilidad fiscal no debiera limitarse solo al gobierno central. Debe incorporar, al menos de manera agregada, las exposiciones actuales y potenciales asociadas al portafolio de empresas públicas”, complementa.

Las recomendaciones

A partir de este diagnóstico, el think tank de corte liberal recomienda fortalecer la definición de los mandatos de propiedad estatal de las empresas. “Cada empresa debiera tener una justificación clara, verificable y públicamente disponible. Esa justificación puede estar asociada a la generación de rentas para el Estado, provisión de bienes o servicios públicos, resguardo de capacidades estratégicas, propiedad nacional, operación en condiciones de monopolio natural o participación en un monopolio estatal definido por razones regulatorias. Lo importante es que el mandato sea claro y los objetivos de política sean medibles. Mientras más general sea la justificación -por ejemplo, ‘interés estratégico’ o ‘rol público’- más difícil será evaluar si la empresa efectivamente la cumple. Además, esos mandatos debieran revisarse periódicamente”, explica el CEP.

También el centro de pensamiento propone vincular cada mandato con indicadores de desempeño y acuerdos de gestión. “Si una empresa existe principalmente para generar rentas al Estado, debe evaluarse por resultados financieros, traspasos netos, sostenibilidad financiera y capacidad futura de generar excedentes. Si existe para proveer un servicio público, debe medirse de acuerdo con indicadores no financieros acordes a su mandato -por ejemplo, cobertura, calidad, continuidad, acceso, costo unitario y costo fiscal-, idealmente contrastados mediante benchmarking con pares sectoriales”, añade.

El reporte del CEP sostiene que si la empresa existe por razones estratégicas, se deben definir indicadores que permitan verificar la preservación efectiva de capacidades críticas. Si opera en un mercado competitivo, a su vez, debe justificar por qué la propiedad estatal es preferible a alternativas regulatorias, contractuales, concesionales o de supervisión pública.

Asimismo, recomienda transparentar y separar las obligaciones de servicio público de cada empresa. “Cuando el Estado impone a una empresa pública una obligación no comercial, dicha obligación debiera estar claramente definida, costeada y financiada. Esto permitiría distinguir entre pérdidas asociadas al cumplimiento de una política pública y pérdidas derivadas de problemas de gestión, costos excesivos o modelos de negocio debilitados”, precisa el CEP, que añade que una separación contable o funcional entre actividades comerciales y obligaciones públicas ayudaría a evitar subsidios cruzados y a proteger la neutralidad competitiva cuando la empresa opera en mercados donde también participan privados.

Otra propuesta levantada por el CEP es mejorar la calidad y clasificación de los flujos financieros entre el gobierno central y las empresas públicas. “Aportes de capital, capitalizaciones de utilidades, dividendos extraordinarios, anticipos de utilidades, préstamos, devoluciones, subvenciones y garantías tienen naturaleza económica distinta. Por ello, debieran registrarse y explicarse de forma diferenciada. Cualquier operación extraordinaria entre una empresa pública y el Fisco debiera venir acompañada de una explicación sobre su fundamento, tratamiento contable, efecto fiscal esperado y eventual reversibilidad. Esta precisión es importante para evitar que operaciones de naturaleza híbrida dificulten la interpretación del resultado fiscal efectivo o de la exposición del Estado”, añade.

Por otro lado, aconseja avanzar hacia un informe anual consolidado de empresas públicas, elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres). “Un informe de este tipo debiera reunir información financiera, no financiera y fiscal: resultados, traspasos netos, aportes de capital, capitalización de utilidades propias, endeudamiento, pasivos contingentes por deuda garantizada, evolución patrimonial, indicadores de mandato y principales riesgos por empresa o grupo de empresas”, sostiene.

A su vez, el centro de pensamiento recomienda incorporar de manera más explícita a las empresas públicas en el análisis institucional de riesgos y sostenibilidad fiscal. De hecho, propone que el CFA puede cumplir un rol complementario, en el entendido que hoy las empresas están fuera de su radar.

Otra clave propuesta apunta a fortalecer el gobierno corporativo de las empresas públicas y recomienda revisar los estándares de gobernanza OCDE al respecto. “Ello incluye fortalecer la independencia de los directorios mediante criterios de independencia explícitos y verificables; incorporar comités especializados que apoyen técnicamente la labor del directorio; y establecer mecanismos sistemáticos de evaluación de su desempeño. Estas medidas contribuirían a profesionalizar el ejercicio de la función directiva, fortalecer la supervisión de la administración y mejorar el seguimiento del cumplimiento de los mandatos públicos y de los riesgos financieros y fiscales de cada empresa”, concluye el CEP.

Sintonía fina

Pero el CEP también intenta aterrizar sus recomendaciones en cada una de las mayores empresas estatales. Estima que en las empresas de gran escala y aportantes netas como Codelco, Enap, BancoEstado y las empresas portuarias, el foco debiera estar en la sostenibilidad de largo plazo.

“En Codelco, la evaluación no debiera limitarse a sus traspasos al Fisco, sino incorporar escenarios de inversión, ca­pitalización, productividad, endeudamiento y capacidad futura de generar excedentes. En Enap, el monitoreo debiera considerar su exposición a precios internacionales, márgenes de refinación, tipo de cambio y eventuales necesidades de capitalización. En BancoEstado, los requerimientos de capital asociados a estándares prudenciales deben analizarse junto con su rol público, distinguiendo entre solvencia bancaria, inclusión financiera, competencia y aportes fiscales. En las empresas portuarias, por su parte, los resultados financieros debieran complementarse con indicadores de inversión, eficiencia logística, capacidad de expansión y calidad de servicio”, explica el CEP.

A su vez, en empresas de transporte e infraestructura con alta dependencia fiscal, como Metro y EFE, el CEP recomienda avanzar hacia marcos plurianuales de financiamiento y desempeño. “En estos casos, los aportes fiscales pueden estar justificados por beneficios sociales que exceden los ingresos tarifarios, pero deben estar vinculados a metas explícitas de cobertura, calidad, eficiencia operacio­nal, mantenimiento, inversión y sostenibilidad financiera”, añade.

Para empresas de provisión territorial o servicios con mandato social -Sasipa (Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua), Correos y TVN- la recomendación del CEP es explicitar el mandato y cuantificar y transparentar su costo. “En Correos, la obligación del Servicio Postal Universal debiera acompañarse de indicadores de cobertura, calidad, tiempos de entrega, costo de provisión y alternativas frente a cambios tecnológicos en el mercado postal. En TVN, la discusión debiera centrarse en definir con precisión qué se espera de una televisión pública, cómo se mide ese mandato y qué modelo de financiamiento permitiría cumplirlo sin erosionar sostenidamente su patrimonio”, especifica el documento.

Mientras en empresas de apoyo productivo (Cotrisa y Enami) la recomendación del CEP es separar la eva­luación de la política pública de la evaluación empresarial, en compañías estratégicas de defensa (Asmar, Famae y Enaer) el foco debiera estar en ve­rificar capacidades críticas, más que solo resultados financieros, consigna el documento.

“En empresas que operan en mercados competitivos o cuya justificación aparece más discutible -como Casa de Moneda y Zofri y, en parte, Polla Chilena de Beneficencia- se recomienda aplicar revisio­nes periódicas de necesidad de propiedad estatal. Estas revisiones debieran comparar explícitamente la empresa pública con alternativas regulatorias, concesionales, contractuales o de supervisión pública sin propiedad estatal”, finaliza el CEP.

La declaración del vicepresidente de Azul Azul ante la fiscalía: “Michael Clark nunca me dio una orden” - La Tercera

calendar_today 12.07.2026 - person  - timer ~9 Minutos

El miércoles 1 de julio, el abogado y vicepresidente de Azul Azul, sociedad concesionaria del Club Universidad de Chile, José Ramón Correa Díaz (49), acudió hasta la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente para prestar declaración en el marco de la investigación del denominado caso Sartor. Estuvo dos horas y ahí, frente al fiscal Juan Pablo Araya, detalló su relación con el ex presidente de Azul Azul, Michael Clark, y la compra que le permitió tramsformarse en el segundo accionista de la empresa, tras gastar más de US$ 7 millones que le prestó un fondo al que no le pagó la primera cuota.

El abogado de la Universidad de Los Andes es hijo del agricultor José Ramón Correa Devés y es socio del estudio jurídico EC Abogados. El 12 de enero de 2025 compró 21,44% de la sociedad Azul Azul, en un remate en Bolsa.

En su declaración ante la Fiscalía, Correa estuvo acompañado por su abogado defensor, Claudio Fierro. Y comenzó agradeciendo al fiscal Araya, porque, dijo, en los alegatos por un recurso de amparo que interpuso Correa, el persecutor dejó en evidencia que la investigación en su contra “no era la causa Sartor sino que la no realización de la OPA en la compraventa de acciones de Azul Azul en el año 2024″, dijo en relación a la operación que permitió a Michael Clark transformarse en el dueño de las cuotas de Tactical Sport, que tiene a su vez el 63,07% de la S.A.

En su relato, Correa comenzó diciendo que ingresó a Azul Azul en la junta de accionistas de 2023. El fiscal le preguntó quién votó a favor de su postulación como director de Azul Azul. “Quien votó fue el Banco BCI, que es quien tiene los derechos políticos sobre el 63% de las cuotas de Tactical Sport, lo que otorgaba el derecho de elegir siete directores”, respondió.

“Yo le había manifestado mi deseo de ser director a mucha gente. El año 2021 yo a Michael Clark lo felicito cuando lo eligen presidente de la Universidad de Chile, le manifesté a él, conocí a ex directores, a hinchas, y en un momento le dije a Michael Clark y a otras personas que yo estaba disponible para ser parte del directorio en caso de que hubiere una vacante”, acotó.

“Todo esto fue informal completo, porque yo no tenía ningún cargo en el club, salvo ver los partidos, ir al estadio y compartir con gente de la U”, complementó.

Según Correa, tras la junta de accionistas del 2023 se eligió presidente y vicepresidente y, con la abstención de la casa de estudios, la unanimidad de la Serie B eligió a Michael Clark como presidente y a Cecilia Pérez, ex Ministra Secretaria General de Gobierno del expresidente Sebastián Piñera, como viceprtesidente.

“El término escudero es una equivocación”

En su declaración el vicepresidente de Azul Azul defendió su independencia al interior del directorio, aunque reconoció que votó por Clark y Pérez en 2025, cuando se renovó el directorio tras la renuncia de dos directores tras el caso Sartor, Carlos Larraín Mery y Andrés Segú, y entraron nuevos directores como Daniel Schapira, Eduardo Schapira y Aldo Marín. El directorio se dividió y Clark y Pérez obtuvieron seis votos, contra cinco que optaron por otros candidatos.

Según Correa, su rol en el directorio de Azul Azul era el mismo que el de los 10 directores restantes, por lo que le llamó la atención que el ex director Andrés Segú lo haya definido “como ‘escudero’ de Michael Clark ante la Conmebol y la ANFP, connotación a la cual se la han dado diversas interpretaciones”. Pero más allá de esto -explicó- “mis actuaciones ante la ANFP y la Conmebol se limitaron a defender 3 puntos del torneo nacional y 3 puntos a raíz de los incidentes en Avellaneda, Argentina, en copa Sudamericana”. Por lo mismo, dijo, que “el término de escudero de Michael Clark es una equivocación, pues lo que hice fue defender los intereses de la Universidad de Chile”.

Con Michael Clark “nunca hemos sido amigos sociales, tenemos la misma edad y nos hemos topado en 49 años en distintas circunstancias sociales de la vida y, por cierto, los últimos tres años en el directorio de Azul Azul S.A”.

Correa insistió en su declaración que el directorio operaba sin imposiciones. “En el directorio cada uno tenía opiniones, había diferencias. A mí Michael Clark nunca me dio una orden”, dijo.

El abogado dijo que leyó algunos documentos en el marco de la batalla legal que llevaba adelante el Clark contra la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por la realización o no de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) sobre Azul Azul y que por ello lo asesoró.

“Yo con Clark tenemos la misma edad, nos conocemos, nos hemos topado muchas veces, nos llevamos bien, pero comenzamos a conversar un poco más cuando pasó lo de Avellaneda, pues teníamos que viajar a Argentina, ir al hospital, las comisarias, etc. En ese minuto, que debe haber sido agosto de 2025, me comentó con más detalle el reclamo de ilegalidad que tenía, yo en ese momento me ofrecí a leer los papeles y en un minuto dado, mientras el buscaba abogado (...) yo mismo me ofrecí a alegarle la causa, pues yo ya me había formado una opinión respecto de la causa”, explicó. Correa dice que le entregaron el poder, pero finalmente no alegó el caso. “Esto fue ad honorem, no le cobré nada, yo nunca he tenido relación de ningún tipo comercial con Clark, no hay boletas, no hay nada”.

“Presunción de inocencia”

José Ramón Correa, como al inicio de su declaración, intentó alejarse del caso Sartor en todo su testimonio. El fiscal Araya, que lo interrogó, pidió esta semana al Cuarto Juzgado de Garantía fijar una audiencia para formalizar a 11 personas, ex socios y ex directores de Sartor, por estafa, administración desleal, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado. La audiencia se realizará el 30 de julio y entre los formalizados estará Michael Clark.

“A su pregunta, respecto de si llamaba la atención que ciertas personas estuvieran vinculadas con Sartor y Azul Azul, puedo señalar que desde el momento en que se mezclaba la situación de Sartor, y con el presidente del Club señalando que era inocente, yo creo en la presunción de inocencia, a mí no me correspondía emitir algún pronunciamiento”, concluyó.

“La decisión de comprar fue mía”

En la segunda parte de su declaración, Correa abordó en detalle la adquisición del 21,44% de Azul Azul a los Schapira, en enero de este año. “Para todos los que estábamos en el directorio no era un secreto que los Schapira no estaban cómodos en el club. Era un tema sabido y en un minuto dado cuando yo hablo con los Schapira y se llega al acuerdo respecto de precios y formas, ellos establecen una condición que a mí me parece bastante lógica y aceptada, era hacer pública la intención de comprar y vender, para que cualquier otro pudiera ofertar”, declaró.

Según Correa, el 22 de diciembre, el último directorio de Azul Azul del año, los Schapira anunciaron su decisión de vender. El 8 de enero de 2026 publican el remate público, con LarrainVial. Correa trabajó con Credicorp.

El abogado afirma que su decisión de compra no tuvo relación con la compra que hizo en diciembre de 2024 Michael Clark de las cuotas de Tactical Sport que le permitieron hacerse del control del 63,07% de Azul Azul.

“La decisión de comprar las acciones a la familia Schapira es una decisión particular mía que, por lo demás ocurre 13 meses después de la NO OPA y la sociedad que compra las acciones es una sociedad constituida 11 meses después de la NO OPA, y respecto de un paquete accionarlo que no tiene nada que ver con el 63% del FIP Tactical Sport”, argumentó.

Para financiar la compra del 21,44% de Azul Azul, porcentaje por el que pagó $ 6.716 millones, Correa recurrió a Sportscap Credit Fund LLC, de Patrick Kiblisky.

Durante el segundo semestre de 2025, cuando se entera que la familia Schapira tenía intenciones de vender, “tomé la decisión de explorar la posibilidad de comprar parte de sus acciones y empiezo a buscar financiamiento. Sabido es que la banca no financia este tipo de operaciones”, declaró. Por ello Correa dijo que investigó, preguntó a abogados, periodistas, gente ligada al medio. “Sportcap era un actor conocido en el medio chileno y que financiaba a clubes deportivos”, dijo al fiscal. Sporcaps ya había estado tras la fallida OPA de 2025 de Michael Clark, a la que fue forzado por la CMF y que detuvieron los tribunales, y le prestó US$ 18 millones que el expresidente de Azul Azul devolvió a fines de año.

“A su pregunta, no le pregunté a Michael Clark. Luego, tomé contacto con Sportscap, con Patrick Kiblisky, a quien le manifiesto la intención de buscar financiamiento, él me dice que hay que analizar el tema, que hay que esperar los resultados de la Azul Azul y que en el evento de que se lleve a cabo necesariamente debe ser a través de una sociedad que se cree para esos efectos”, añadió. Así, Correa creó Romántico Viajero SpA., la empresa que elige dos directores en Azul Azul y que en abril votó por Correa y al ex senador José Miguel Insulza.

“En las conversaciones con Patrick Kibliskly sólo participamos Patrick y yo”, destacó.

“Si me quieren preguntar si Michael Clark tuvo algo que ver o no en la compra de Romántico Viajero o alguna participación, puedo señalar que nada”, aseguró. Correa negó, además, acuerdos con otros accionistas. “A su pregunta, respecto de si tengo algún pacto de actuación conjunta o similar con Michael Clark y/o Inversiones Antumalal, puedo señalar que con ninguna de las personas que me pregunta, ni con nadie, tengo o he tenido pacto de actuación conjunta”.

Correa debía pagar la primera cuota del préstamo de Sportcaps el 15 de junio: eran US$ 436 mil, cifra por la que preguntó el fiscal. El accionista admitió que no ha pagado ese monto. “No he tenido tiempo para hacer lo que tenía pensaba hacer que era refinanciar para pagar la primera cuota”, dijo. Correa dijo que tras la diligencia del 4 de mayo, cuando la Fiscalía allanó su oficina, pidió a Sportcaps reestructurar el financiamiento y que la cuota pendiente deberá pagarla en diciembre. “Ahora estoy consiguiendo el financiamiento para ello”, dijo.