Todo lo que sabemos sobre la adaptación de ‘La campana de cristal’, de Sylvia Plath: la película con la que debutará en el cine la cantante Billie Eilish
calendar_today 09.09.2026 - person - timer ~4 Minutos
Billie Eilish se pondrá al frente de la nueva adaptación cinematográfica de La campana de cristal, la única novela escrita por Sylvia Plath, en un proyecto escrito y dirigido por Sarah Polley que llegará con distribución de Focus Features y que convierte a la cantante en protagonista de su debut en el cine.
La producción ya ha terminado su rodaje y Variety ha precisado que Danielle Deadwyler, Ike Barinholtz y Connor Storrie se han incorporado al reparto, junto a Carey Mulligan, en una película en la que Eilish interpreta a Esther Greenwood, la joven de 19 años que vertebra la novela publicada en 1963.
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La campana de cristal es un texto clave en la obra de Sylvia Plath, aparecido por primera vez en Inglaterra bajo el seudónimo de Victoria Lucas y reeditado con el nombre de la autora en 1967, cuatro años después de su muerte. En Estados Unidos, la obra se publicó en 1971.
Variety ha concretado que Focus Features distribuirá la película y que Polley firma tanto la dirección como la adaptación del guion. La producción corre a cargo de Joy Gorman Wettels, Plan B Entertainment y StudioCanal.
La publicación también señaló que Gorman Wettels impulsó el proyecto desde su compañía Joy Coalition, donde lo armó con Eilish y Polley antes de asociarlo con Plan B y StudioCanal. El desarrollo, además, llevaba tiempo en marcha con la cantante vinculada a la película.
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La intérprete llega al proyecto con dos premios Oscar por las canciones originales de Barbie y Sin tiempo para morir, ambas escritas junto a su hermano Finneas. Además, Eilish era desde hace tiempo admiradora de la novela de Plath.
Antes de este papel, la artista solo había actuado en la serie Enjambre, de Prime Video, creada por Donald Glover y Janine Nabers. Esa aparición le valió el People’s Choice Award a la interpretación televisiva del año y una nominación a los Independent Spirit Awards como mejor actriz de reparto en una nueva serie de ficción.
Ese reparto se completa con Dylan Hawco como Buddy Willard, Lili Taylor como Jay Cee, Ella Beatty como Joan y Maggie Kuntz como Doreen.
La novela en la que se basa la película sigue a Esther Greenwood, una estudiante universitaria de las afueras de Boston que obtiene unas prácticas de verano en una revista femenina de Nueva York. A partir de esa estancia, el libro narra su progresivo deterioro psíquico entre la ansiedad, la desorientación y la presión de los papeles sociales reservados a las mujeres en los años cincuenta.
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La obra suele leerse como novela en clave y conserva rasgos de ‘autoficción’. Plath se suicidó un mes después de su primera publicación en Inglaterra, y ese hecho ha marcado desde entonces la recepción de un libro centrado en el descenso hacia la enfermedad mental.
En el relato, Esther regresa a Massachusetts tras sus prácticas y entra en una depresión cada vez más profunda cuando fracasan sus expectativas académicas. Después de varias tentativas de suicidio, es internada en distintos hospitales psiquiátricos, recibe terapia ‘electroconvulsiva’ y acaba bajo el cuidado de la doctora Nolan, una figura decisiva en su mejoría.
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La imagen que da título al libro aparece cuando Esther describe su depresión como si estuviera atrapada bajo una campana de cristal, sin poder respirar. El final la sitúa ante una reunión con sus médicos, que deben decidir si puede abandonar el hospital y volver a la universidad.
La nueva adaptación no será la primera tentativa de llevar la obra a la pantalla. El texto ya una versión cinematográfica en 1979 dirigida por Larry Peerce y que, en distintas etapas, Julia Stiles, Rose McGowan, Kirsten Dunst y Dakota Fanning estuvieron vinculadas a proyectos que nunca llegaron a salir adelante.
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Sea Lion equivale a apenas el 1% de Vaca Muerta: el factor energético que la Argentina suma en la disputa por Malvinas
calendar_today 09.09.2026 - person - timer ~6 Minutos
En el último tiempo, impulsada por el conflicto en Medio Oriente y la necesidad de los países de diversificar sus proveedores, la seguridad energética volvió a ocupar un lugar central en la disputa geopolítica global. La Argentina atraviesa, en paralelo, el punto más alto del desarrollo de Vaca Muerta: la formación neuquina es la segunda reserva no convencional de gas y la cuarta de petróleo más grande del mundo, una dimensión -y ubicación- que despierta el interés de las principales compañías de la industria energética internacional.
Esa combinación generó, para especialistas del sector, una nueva herramienta de presión para la Argentina en su histórica disputa por la soberanía de las Islas Malvinas. El terreno de prueba es Sea Lion, el proyecto petrolero offshore que la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration desarrollan frente al archipiélago. Ya son cuatro las empresas de servicios petroleros que confirmaron que no participarán del desarrollo.
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Sea Lion cuenta con 300 millones de barriles de reservas certificadas, USD 1.000 millones de financiamiento ya obtenido y una valuación de mercado cercana a los 3.000 millones de dólares. El proyecto contempla más de 60 pozos submarinos en dos áreas, la Norte y la Central, con una inversión combinada proyectada de USD 3.900 millones hasta completar todas las fases. La primera etapa demandará USD 1.800 millones y apunta a una producción máxima de entre 50.000 y 55.000 barriles diarios, con el primer barril previsto para marzo de 2028.
Se trata de cifras que, en el contexto de la industria petrolera global, ubican al proyecto en una escala acotada. Según el ingeniero Daniel Dreizzen, director de la consultora Aleph Energy y ex secretario de Planeamiento Energético, Sea Lion equivale a cerca del 1% de Vaca Muerta. Esa desproporción es, para el experto, la clave que explica el cambio en la correlación de fuerzas entre ambos proyectos.
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“Sea Lion necesita tecnología, financiamiento y grandes empresas internacionales de servicios petroleros para avanzar, y muchas de esas mismas compañías ya operan o buscan crecer en Vaca Muerta, donde el negocio disponible es 100 veces mayor”, dijo el analista. Esa asimetría, sostuvo Dreizzen, vuelve a las restricciones argentinas contra empresas que participen en actividades hidrocarburíferas en las islas una herramienta de presión con un peso que antes no tenía.
El segundo factor que identificó el especialista tiene que ver con el reacomodamiento geopolítico global. Estados Unidos y China compiten por influencia, recursos estratégicos y seguridad energética en un escenario mundial cada vez más fragmentado, y Washington reforzó su atención sobre el continente americano en busca de socios confiables que reduzcan su dependencia de proveedores rivales. En ese contexto, la Argentina cuenta con dos activos que antes no tenían el mismo valor combinado, su vínculo político con Estados Unidos y su creciente peso como productor de hidrocarburos gracias a Vaca Muerta. Esa combinación, según Dreizzen, es lo que le da a la Argentina una posición negociadora inédita frente a un reclamo diplomático que, desde 1833, no había mostrado avances sustanciales.
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En los últimos días, cuatro empresas globales de servicios y equipamiento petrolero comunicaron que no participarán en proyectos vinculados a las islas. SLB, antes conocida como Schlumberger y con una capitalización de mercado superior a los USD 85.000 millones, fue la primera en confirmarlo el sábado. Horas más tarde se sumaron Baker Hughes, con una valuación que supera los USD 63.000 millones, y Halliburton, cuya capitalización orilla los USD 33.000 millones. Este lunes se agregó DLS Archer, filial local de la noruega Archer con 45 años de presencia en el país, que en un comunicado de prensa confirmó que “no tiene participación alguna en el Proyecto Sea Lion” y que “no participa en actividades de exploración, producción ni en ninguna otra actividad relacionada con hidrocarburos que se lleve a cabo en las Islas Malvinas o en sus áreas circundantes”.
Ninguna de las cuatro compañías tenía vinculación previa con Sea Lion. Sus comunicados llegaron después de que el presidente Javier Milei firmara el decreto 868/2026, que reglamenta la ley 26.659 y amplía su alcance a accionistas, directores y proveedores de las empresas sancionadas. El texto habilitó un proceso sancionatorio contra 45 personas y empresas por actividades petroleras en las islas, y la notificación a otras 180 firmas.
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El canciller Pablo Quirno destacó los anuncios en la red social X, en particular el de Baker Hughes, a la que describió como “la segunda empresa de servicios petroleros más grande del mundo”. Todas las compañías que se bajaron del proyecto sostienen, en sus respectivos comunicados, un compromiso de cumplimiento con la legislación argentina vigente.
Además, en ese contexto el Gobierno anunció la apertura de un “proceso sancionatorio” contra 60 sujetos, tanto jurídicos como personas físicas, que habrían violado las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley N° 26.659. En simultáneo, la Cancillería denunció penalmente a otras cinco empresas, entre las que se encuentra Navitas, por la exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas sin autorización del gobierno argentino.
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Que las restricciones argentinas funcionen como herramienta de presión depende, en última instancia, de que Sea Lion siga siendo un proyecto rentable para sus operadores y sus inversores. Si los costos y la volatilidad del mercado erosionan esa rentabilidad, el interés de Navitas y Rockhopper en sostener el desarrollo -y por lo tanto el margen de maniobra de la Argentina para presionar sobre él- también se debilita.
Perforar un pozo offshore como los que requiere Sea Lion cuesta entre USD 70 y USD 140 millones, frente a un rango de entre USD 10 y USD 20 millones en Vaca Muerta, una diferencia que llega a ser 14 veces mayor. El economista Daniel Montamat, ex secretario de Energía y ex presidente de YPF, explicó a Infobae que esa brecha, sumada a la volatilidad del precio internacional del crudo, puede volver no rentable la explotación en una zona alejada y en conflicto territorial. Previamente, el propio Dreizzen había estimado que “a USD 80 por barril, Vaca Muerta mantiene su atractivo para el capital”, aunque advirtió que si el precio se acerca a los USD 65, “ese valor roza el breakeven”.
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La retirada de SLB, Halliburton, Baker Hughes y DLS Archer no impide que Navitas continúe con su cronograma. La compañía y su socia Rockhopper informaron el viernes que las sanciones argentinas no modificarán los plazos previstos, y que el primer barril seguirá proyectado para marzo de 2028. De los cuatro contratos comerciales que Navitas firmó para poner en marcha la primera etapa del proyecto, solo uno tiene contraparte pública identificada, el que la vincula con la neerlandesa Bluewater Energy Services, proveedora del buque de producción que operará en el yacimiento.
La conclusión que propone Dreizzen se resume en una idea: los hechos económicos también pueden generar hechos políticos. La combinación entre el avance de Sea Lion, la magnitud de Vaca Muerta y el reacomodamiento geopolítico global en torno a la energía compone, para el especialista, un escenario inédito para un reclamo diplomático que atraviesa más de un siglo y medio sin resolución. Resta observar si esa ventana se traduce en resultados concretos o si permanece como una lectura de coyuntura frente a un proyecto que, más allá de la salida de sus principales proveedores potenciales, sigue en marcha.
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Hay 135.000 autos sin vender: por qué en el mercado local se acumula un stock equivalente a tres meses de patentamientos
calendar_today 09.09.2026 - person - timer ~5 Minutos
El mercado automotor argentino cerró agosto con 135.260 autos sin vender, un stock equivalente a tres meses de patentamientos. Que más de 100.000 de esas unidades sean importadas pareciera ir en contra de la idea de que el boom de vehículos del exterior desacomodó a la industria local.
Sin embargo, al comparar ese dato con la composición actual del mercado, en la que dos tercios de las ventas corresponden a autos importados, la acumulación del stock muestra un freno bastante parejo de la demanda.
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Ese desajuste entre el ritmo de producción o importación y el de las ventas no se explica por un único factor. El stock cumple desde hace años la función de amortiguar interrupciones en la oferta, sostener la presencia de producto en concesionarios y acompañar proyecciones de demanda que no siempre se cumplen. El problema aparece cuando esa previsión queda por encima de la capacidad real de absorción del mercado.
Ese papel de “buffer” quedó en evidencia el año pasado, cuando en septiembre se destruyó la planta de motores de Toyota en Brasil y la producción quedó afectada durante tres meses. Sin embargo, la falta de autos recién empezó a sentirse en diciembre, porque hasta entonces el mercado se abasteció con el stock disponible. Esa lógica ayuda a entender por qué terminales e importadores suelen trabajar con inventarios elevados, aunque después deban corregirlos.
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Con una demanda más débil que la esperada y costos financieros cada vez más pesados, ese colchón empezó a transformarse en un problema. Ahí comenzaron los ajustes de producción, los recortes de turnos y la necesidad de acelerar ventas con descuentos para evitar que la acumulación siguiera creciendo.
“Los concesionarios tienen objetivos y premios por cumplirlos. En muchos casos se compran ellos mismos los autos, es decir que los autopatentan, para alcanzar ese cupo mínimo. Pero después los tienen que vender porque la fábrica se los factura y hay un plazo para pagarlos. A partir de esa fecha, los intereses son tan altos que es más conveniente vender a menor precio que seguir ofreciéndolo y pagar esos punitorios. Por eso se ven ofertas de más del 20% de descuento”, explicaron a Infobae desde una automotriz argentina.
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Cuando ese objetivo de ventas mínimas queda muy lejos de la realidad, se dejan de pedir autos a la fábrica y aparece el ajuste del otro lado de la cadena. Algunas marcas redujeron turnos, acortaron horas o ralentizaron la velocidad de línea para no seguir fabricando por encima de la demanda.
“No tiene sentido fabricar más autos de los que se van a vender”, dijo un directivo de una fábrica. “Pero tampoco se puede ir y venir, porque hay proveedores y parar una planta implica un impacto en toda la cadena productiva. Cuando una fábrica para o rediseña su esquema de producción, antes pasaron muchos meses de estudio del escenario y de proyecciones”, finalizó.
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Un reciente informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara) refleja el estado actual del mercado y la cantidad de unidades que todavía no se patentaron. El relevamiento incluye tanto autos fabricados en el país como importados, y muestra que la baja de ventas obligó a recalibrar previsiones en todo el sector.
Con los números de agosto cerrados, el promedio de autos sin vender en el último año fue de 139.203 unidades. El pico se registró en diciembre pasado, con 159.624 unidades, mientras que el piso fue de 117.643 en septiembre. Los 135.260 actuales están por debajo del promedio del último año, una señal positiva para el mercado, que espera una reactivación en el segundo semestre de 2026.
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Este año, tras un enero de menor stock por el receso de verano de las plantas argentinas, que suelen detenerse unas tres semanas, el inventario volvió a subir en febrero y marzo, justo cuando empezó a percibirse que 2026 no podría superar, e incluso tal vez igualar, los resultados del año pasado.
Fue entonces cuando comenzaron los programas de ajuste de producción para acomodar la oferta a una demanda más débil, en un contexto en el que el mercado acumulaba un stock equivalente a unos tres meses de ventas.
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Desde el pico de marzo, con 146.340 unidades, ese volumen bajó de manera gradual, en torno al 1% mensual, salvo en junio, cuando descendió de 144.000 a 138.000 autos, una caída de 3,9%. En agosto, última medición, el stock se ubicó en 135.260 unidades, todavía equivalente a tres meses de ventas.
En el análisis por marca, Jeep aparece como la automotriz con menor stock, con apenas un mes de unidades acumuladas. En el otro extremo se ubican Chery y BMW, con cinco meses de inventario.
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Entre las marcas tradicionales del mercado, Fiat y Peugeot tienen 1,8 y 1,9 meses de unidades sin vender; Citroën y Mercedes-Benz, 2,5 meses; Toyota y Nissan, 3,1; Renault, 3,2; Volkswagen, 3,3; Baic, 3,5; Ford, 3,6; BYD, 3,8 —después de haberse quedado sin autos en julio—; y Chevrolet, 4,4 meses.
Más allá de esas diferencias, la conclusión de fondo es que el stock no se concentra solo en la producción local. De las 135.260 unidades acumuladas en agosto, poco más de 100.000 son importadas —incluidos los vehículos llegados desde Brasil— y 33.700 corresponden a fabricación nacional.
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Leído en relación con la composición actual de los patentamientos, el dato no confirma por sí solo un desbalance extraordinario contra la industria argentina, sino un freno de la demanda que se reparte de manera bastante pareja entre nacionales e importados.
Elección caliente en la Sociedad Rural: hoy se define el nuevo presidente, luego de la interna más dura de su historia
calendar_today 09.09.2026 - person - timer ~6 Minutos
La Sociedad Rural Argentina (SRA), la entidad ruralista que forma parte del círculo rojo, cerrará este miércoles 9 de septiembre una de las elecciones más disputadas de sus 160 años de historia. Los comicios tendrán al actual presidente, Nicolás Pino, y a su vicepresidente, Marcos Pereda, como únicos protagonistas, luego de una interna que combina denuncias cruzadas por supuestas irregularidades administrativas, un desacuerdo sobre la reelección y una campaña que se extendió durante más de dos meses.
Fuentes cercanas a Pino calculan un resultado favorable de aproximadamente 70 a 30 puntos porcentuales. Del lado de Pereda, en cambio, se muestran igual de confiados y aseguran que “se están contando los últimos porotos” antes del cierre de la votación. La asamblea general ordinaria del miércoles definirá no solo la conducción de la entidad para el próximo período, sino también el modelo de relación que la SRA mantendrá con el Gobierno de Milei y el grado de autonomía con que la institución representará a sus socios ante la Casa Rosada.
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Pino y Pereda ganaron juntos la conducción de la SRA en las elecciones de 2020, aunque por la pandemia de coronavirus recién asumieron el 1 de junio de 2021, con un discurso de renovación frente al statu quo ruralista tradicional. Reformaron el estatuto, ganaron una reelección conjunta en 2022 y, según la versión de Pereda, acordaron de palabra un esquema de alternancia en el poder que nunca se cumplió. La ruptura entre ambos se consolidó en los últimos dos años y derivó en la conformación de dos espacios enfrentados dentro de la misma entidad, que representa a la aristocracia agraria histórica del país y agrupa a cerca de 3.900 socios.
Pino, de 62 años, estudió Producción Agropecuaria en la Universidad Católica Argentina (UCA) y lleva más de tres décadas de militancia dentro de la entidad. No posee campos propios, un dato que sus críticos remarcan con frecuencia en un ámbito donde la propiedad de la tierra suele ser condición de peso simbólico. Su rival lo acusa de buscar un cuarto mandato pese a la reforma estatutaria de 2023 que fijó un límite de tres períodos consecutivos.
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El propio dirigente defendió su candidatura en diálogo con Infobae: “En 2023, en asamblea y con aprobación de una amplia mayoría de los socios, se decidió terminar con las reelecciones indefinidas y establecimos un límite de tres mandatos. Las normas rigen desde su sanción, no retroactivamente. Carlos Odriozola y yo estamos plenamente habilitados”, sostuvo.
Pereda, también de 62 años, es descendiente de la familia Bunge y Born —su bisabuelo cofundó el histórico holding agroindustrial— y preside el Grupo Bermejo, un conglomerado con campos en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. En declaraciones a Infobae, calificó la postulación de Pino como “la burla más flagrante” a los acuerdos internos y llegó a compararlo con el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, al advertir que la SRA corre el riesgo de convertirse en un espacio sin alternancia. “Al romperse ese compromiso surgió el conflicto. Nuestro acuerdo era que iba a haber alternancia y otras reformas, como redactar un código de ética para el directorio”, explicó el vicepresidente.
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El cronograma de cierre previsto para este miércoles marca el inicio de la acreditación a las 12.30, la votación presencial electrónica de autoridades y, a las 16.30, el segundo llamado a la asamblea general ordinaria en la sede social de Juncal 4450, en pleno barrio de Palermo. El resultado de la elección se conocería alrededor de las 18 horas.
El otro eje central de la campaña giró en torno a un proyecto de modernización tecnológica de los registros genealógicos, el sistema que permite inscribir animales de pedigrí. La actualización, contratada a la empresa Mobile Computing SA —luego rebautizada Grid Dynamics Holdings—, debía completarse en nueve meses a partir de junio de 2023, pero se extendió durante dos años y su costo se cuadruplicó respecto de lo previsto. Según el balance difundido en la recta final de la campaña, la SRA destinó 7.410 millones de pesos al desarrollo del software y otros 1.613 millones de pesos en previsión por reclamos de facturas impagas, un total cercano a los 6 millones de dólares.
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La empresa proveedora se negó a someterse a la auditoría externa ordenada por la entidad. El sector de Pereda exige una auditoría forense independiente y responsabiliza a la conducción de Pino por la gestión del proyecto, mientras que desde el oficialismo remarcan que Pereda participó activamente del proceso como vicepresidente y de la designación de los equipos técnicos a cargo. Pino debió referirse públicamente al tema en su discurso durante la última Exposición Rural de Palermo, con el presidente Javier Milei a pocos metros del estrado.
El oficialismo defiende el último balance de la gestión, que calificó como “uno de los mejores de la historia de la institución” y que será sometido a votación en la asamblea del 9 de septiembre. Sectores críticos de la conducción advirtieron, sin embargo, que por primera vez en varios años el resultado operativo neto resulta negativo si se descuenta el canon que ingresa por la explotación comercial del predio ferial de Palermo, sede tradicional de la Exposición Rural.
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A esa controversia se sumó el reclamo de Pereda por la extensión del cronograma electoral. La votación electrónica, abierta desde el 22 de julio, se prolongó durante 58 días, casi el cuádruple de los 15 días que rigieron en la elección anterior. El vicepresidente sostuvo que ese plazo amplió la ventana de exposición de la conducción actual durante la Exposición Rural de Palermo, cuando miles de productores visitan el predio. “Son inclinadas de cancha que evidentemente no son del todo equitativas”, afirmó en una entrevista con Infobae.
La relación de cada candidato con el Gobierno nacional también atravesó la campaña. Pino sostiene un vínculo fluido con la administración de Milei y reclama públicamente la eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias. “Es necesario llegar a retenciones cero”, afirmó en declaraciones a este medio, en las que también remarcó que el diálogo actual con el Ejecutivo es “inédito”.
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Este martes, en la antesala del cierre de la votación, Pino visitó el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo en la Casa Rosada, según confirmaron a Infobae fuentes de Balcarce 50. Pereda, en cambio, cuestionó la injerencia oficial en la interna gremial y advirtió sobre el riesgo de que la entidad pierda autonomía frente al Gobierno. “Si la cercanía con el gobierno limita los reclamos, no es conveniente. Pino empezó a hablar de retenciones en campaña, antes no lo hacía”, sostuvo el vicepresidente en la entrevista con este medio.
Fuentes cercanas a Pino calculan un resultado favorable de aproximadamente 70 a 30 puntos porcentuales. Del lado de Pereda, en cambio, se muestran igual de confiados y aseguran que “se están contando los últimos porotos” antes del cierre de la votación. La asamblea general ordinaria del miércoles definirá no solo la conducción de la entidad para el próximo período, sino también el modelo de relación que la SRA mantendrá con el Gobierno de Milei y el grado de autonomía con que la institución representará a sus socios ante la Casa Rosada.
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La Argentina resistió la turbulencia global, pero el mercado espera dos datos clave que definirán el ánimo de los inversores
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Si el inversor observara solo el mercado interno, diría, y con razón, que la de ayer fue una rueda regular. Pero si posa su mirada sobre el escenario internacional, la opinión cambiaría y sentenciaría que “la Argentina sobrevivió al derrumbe”.
Las cifras más temidas llegaron. La tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se aproximaron a 4,80% y el petróleo está a centavos de alcanzar los USD 100 dólares por barril. Los analistas, indecisos, definieron una opinión: es casi inminente una suba de las tasas de interés en la reunión de la semana próxima de la Reserva Federal.
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Matías Togni, experto de la consultora petrolera NextBarrel, aportó un dato clave. “El petróleo en 100 dólares tiene un responsable: China. Así como en lo más complicado de la crisis salvó al mundo recortando la importación de crudo a casi la mitad, desde julio se vio un proceso de normalización y de a poco va incrementando sus compras. El mercado estaba balanceado con China importando 7 millones de barriles diarios, con 9 millones como está proyectado ya se empieza a tensionar.
“Tanto China como India están empezando a comprar por todo el mundo, incluido la Argentina que va a despachar 3 barcos al gigante asiático por primera vez. Si bien los flujos que salen por el estrecho mejoraron, en el mercado faltan barriles rusos y sobre todo iraníes y esto es lo que está empujando a China a ser más proactivo”, explicó el especialista.
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El dato que acrecentó los temores en los mercados fue la decisión de Canadá de imponer, en represalia, aranceles del 50% a productos lácteos, acero y madera de Estados Unidos, que representan importaciones por 20.000 millones de dólares.
Entre tanto, Irán y Omán negocian qué tarifa cobrarán y a quiénes permitirán atravesar el estrecho de Ormuz. La medida refuerza la percepción de que la guerra en Medio Oriente continúa y podría escalar.
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En ese contexto, los inversores se desprendieron de acciones y los tres principales índices de Wall Street cayeron hasta 1,17%, en línea con las bajas de las bolsas europeas.
Más pronunciada fue la caída de los bonos soberanos. La baja de sus precios elevó los rendimientos, una señal de que los inversores redujeron su demanda de activos tradicionalmente considerados refugio en períodos de crisis. Los bonos alemanes y españoles rindieron más de 3,3%; los franceses, 4,23%; los italianos, 4,28%, y los japoneses, 2,90 por ciento.
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Que los bonos argentinos rindan entre 8% y 10% no desentona con el escenario global, aun con un riesgo país cercano a los 490 puntos básicos. Ayer mostraron variaciones neutras, un desempeño que en el mercado se interpretó como favorable frente a la evolución de los bonos de la región y del resto del mundo. Llama la atención que, en medio del debate económico por la caída del consumo y la falta de reactivación en la Argentina, el Gobierno no mencione el contexto internacional entre los factores que dificultan una mayor desaceleración de la inflación.
La adversidad estuvo en los datos de la construcción que cayó 4,6% mensual y 4,9% interanual. La obra pública sigue ausente y se refleja en los indicadores. Por caso, el asfalto bajó 23,1 por ciento.
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Por el contrario, la inflación de agosto en CABA fue una buena noticia al arrojar 1,7%, una desaceleración relevante respecto al 2,9% de julio. Sin embargo, la inflación subyacente o core, que no tiene en cuenta a los precios estacionales ni regulados, se ubicó en 2,1%, lo que puede ser un mal augurio para septiembre.
Según el informe de la consultora F2 que dirige Andrés Reschini, “los datos del Indec para la industria y construcción pueden generar que el mercado se mantenga cauteloso. Brasil sigue en modo electoral y por estos días acompaña positivamente con el real apreciándose. El mercado no muestra preocupaciones por el tipo de cambio de momento, pero sigue de cerca el pulso de la actividad y apoyo social”.
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Volviendo al mundo, el dólar cayó frente a las seis principales monedas, pero no influyó en la plaza local. En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se negociaron 393 millones de dólares. El Banco Central, que estuvo ausente el lunes por el feriado de Estados Unidos, compró 20 millones de dólares.
A la vez, el dólar mayorista subió 50 centavos a 1.512 pesos. En la plaza financiera, el MEP se mantuvo en $1.527 y el contado con liquidación (CCL), tras no haber operado la rueda previa por el feriado norteamericano, subió $22 (+1,4%) a 1.591 pesos. El “blue” cerró en $1.545, sin cambios.
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Según F2 “en BYMA los soberanos dollar linked (t+1) registraron un volumen negociado de USD 124 millones (VN) creciendo por segunda rueda consecutiva, pero sin saltos de magnitud lo que junto con un avance relativamente lento en el interés abierto en futuros respaldan la hipótesis de un mercado que no tiene entre sus mayores preocupaciones el riesgo del tipo de cambio”.
La Bolsa tuvo una rueda positiva y el Merval de las acciones líderes aumentó 1,4 por ciento. YPF respondió con una suba de 1,1% al avance del petróleo.
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En el overnite, las bolsas de Nueva York mostraban anoche una leve recuperación, aunque sin una tendencia definida: las subas no superaban el 0,05 por ciento. El oro extendía su caída, con una baja superior al 1%, mientras que el petróleo avanzaba hasta USD 99,50 y se acercaba al umbral de 100 dólares.
Esta semana habrá datos clave. El informe de Federico Filippini, jefe de Research de Adcap Grupo Financiero, advirtió que “estará marcada principalmente por la inflación y la licitación del Tesoro. El REM de agosto reforzó la visión de que la inflación se está estabilizando más cerca del 1,7% que del 2%, un escenario que también se refleja en los breakevens y en indicadores de alta frecuencia más favorables. Luego, la atención se trasladará a la licitación del Tesoro del viernes, con vencimientos por $8,1 billones”.
“Con las curvas en pesos todavía frágiles, el Tesoro enfrenta un delicado equilibrio entre mantener los niveles de rollover y evitar una nueva presión sobre la liquidez y los bonos de mayor duración. Mientras tanto, las condiciones de financiamiento se estabilizaron, con la caución a un día entrando en un régimen de menor volatilidad, mientras el BCRA parece cada vez más dispuesto a tolerar una mayor flexibilidad cambiaria a cambio de una liquidez en pesos más estable”, concluyó Filippini.
Su auto se incendió en la ruta, la aseguradora puso excusas y la Justicia la obligó a pagar el valor del vehículo más $11,5 millones
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Una sentencia judicial dictada en La Plata ordenó a una compañía aseguradora pagar una indemnización millonaria por incumplimiento de contrato tras el incendio total de un vehículo asegurado. El fallo, emitido por el Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 12, resolvió a favor de la demandante, quien reclamó que la aseguradora no cumplió con las obligaciones pactadas luego de un siniestro ocurrido en mayo de 2024.
La causa se originó cuando la dueña de un Chrysler Town & Country, actualmente de 75 años, denunció que el automóvil resultó completamente destruido tras incendiarse en la Ruta Nacional N° 5, en jurisdicción del partido de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Según consta en la resolución, el hecho ocurrió durante la madrugada, cuando el hijo de la reclamante y un acompañante viajaban desde Catamarca hacia la ciudad de Pehuajó. Al percibir humo proveniente del capot, detuvieron el vehículo sobre la banquina y lograron descender antes de que las llamas consumieran la unidad.
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De acuerdo con el expediente, la póliza vigente al momento del incidente cubría el riesgo de incendio total y destrucción total del vehículo, estableciendo una suma asegurada de 28.175.000 pesos para ambos supuestos. La reclamante denunció el siniestro ante la aseguradora dos días después del hecho e inició gestiones administrativas que, según su relato, no obtuvieron respuesta favorable.
La aseguradora comunicó su rechazo al pago de la indemnización casi dos meses después del siniestro, argumentando cuestiones vinculadas a la radicación y uso habitual del automóvil en una zona distinta a la declarada al contratar la póliza. Además, planteó que la prima abonada era inferior a la correspondiente por tratarse, presuntamente, de una zona de riesgo diferente.
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En el proceso judicial, la defensa de la compañía indicó que solicitó documentación adicional a la asegurada dentro del plazo legal y que posteriormente rechazó la cobertura, alegando reticencia. No obstante, el tribunal consideró, en base a la prueba incorporada, que la notificación de requerimiento de información se recibió fuera del plazo legal previsto para que la aseguradora se expida sobre el derecho a indemnización.
La sentencia sostuvo que, según la legislación vigente, el contrato de seguro constituye una relación de consumo y debe regirse por los principios de la Ley de Seguros y la Ley de Defensa del Consumidor. El tribunal enfatizó que cualquier duda debe resolverse en favor de la parte más vulnerable, en este caso la persona que contrató el seguro.
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El juzgado valoró la prueba documental y pericial, que acreditó la existencia del contrato, la vigencia de la póliza y la destrucción total del vehículo a causa del incendio. El informe de bomberos voluntarios y la pericia mecánica ratificaron la magnitud del daño, mientras que la pericia contable confirmó los términos y montos de la cobertura.
El fallo también analizó los plazos legales y la conducta de la aseguradora. Según la resolución, la denuncia del siniestro fue registrada en tiempo y forma, mientras que la aseguradora no emitió su requerimiento de información ni comunicó el rechazo de la cobertura dentro de los treinta días establecidos por la Ley de Seguros. Por este motivo, el tribunal determinó que correspondía considerar tácitamente aceptado el siniestro.
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Respecto al argumento de reticencia esgrimido por la aseguradora, el juzgado concluyó que no quedó demostrado que el vehículo se utilizara habitualmente en una zona distinta a la declarada. Las constancias de infracciones de tránsito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solo probaron la circulación ocasional, sin acreditar el centro habitual de uso o radicación.
La resolución reconoció la procedencia de los principales rubros reclamados. Con relación a la suma asegurada, se ordenó que la aseguradora abone el valor actualizado que utiliza para asegurar vehículos similares, a determinarse en la etapa de ejecución de sentencia. Además, la demandante deberá cumplir con los requisitos de la póliza referidos a la entrega del bien siniestrado.
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El tribunal también admitió la compensación por privación de uso, fijando una suma de 2.500.000 pesos ante la imposibilidad de contar con el vehículo y la consecuente necesidad de recurrir a medios alternativos de transporte. El monto fue estimado considerando la extensión temporal del perjuicio y la falta de pago oportuno.
En cuanto al daño moral, el juzgado reconoció la existencia de un padecimiento espiritual derivado de la incertidumbre y molestias sufridas por la demora injustificada en el pago de la indemnización. Por este concepto, se estableció una suma de 5.000.000 de pesos, considerando las circunstancias del caso y la conducta de la aseguradora.
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El fallo abordó también el pedido de daño punitivo, previsto por la Ley de Defensa del Consumidor, que faculta al juez a imponer una multa civil a favor del consumidor cuando la empresa incumple sus obligaciones legales o contractuales. En este caso, la sentencia fijó una suma de 4.000.000 de pesos en concepto de multa civil, destacando su carácter disuasorio y sancionatorio.
En total, la condena ascendió a 11.500.000 pesos, más el valor actualizado del bien asegurado y los intereses correspondientes. El plazo para el cumplimiento de la condena se fijó en diez días desde que la sentencia quede firme, con el pago de intereses calculados a una tasa del 6% anual desde la fecha del siniestro hasta la sentencia, y luego la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
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El fallo resolvió que las costas del proceso sean soportadas por la compañía aseguradora, en virtud del principio objetivo de la derrota. La regulación de honorarios profesionales quedó diferida para la etapa procesal correspondiente.
La resolución judicial se fundamentó en la protección de los derechos de los consumidores y en la obligación de las aseguradoras de cumplir en tiempo y forma con los compromisos asumidos en los contratos de seguro.
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Este caso pone de relieve los alcances de la legislación de defensa del consumidor en los contratos de seguro y la importancia de respetar los plazos legales para la tramitación y resolución de reclamos. El tribunal subrayó que la omisión de la aseguradora en pronunciarse en tiempo sobre el siniestro determinó la aceptación tácita de la cobertura y la improcedencia de posteriores defensas basadas en circunstancias no acreditadas oportunamente.
Un nieto fue a la Justicia para reclamar la nulidad del casamiento de su abuela y un tribunal le dio la razón
calendar_today 09.09.2026 - person - timer ~5 Minutos
Un juzgado civil de San Isidro declaró la inexistencia de un matrimonio celebrado en 2021 entre un hombre y una mujer internada, ambos residentes de la provincia de Buenos Aires. La sentencia resolvió que no existió consentimiento matrimonial válido por parte de la mujer, quien se encontraba bajo tratamiento médico y en estado de vulnerabilidad al momento de la ceremonia.
De acuerdo con la resolución, el proceso judicial se inició tras la demanda presentada por un nieto de la mujer, quien solicitó que se declarara nulo el matrimonio. El reclamante argumentó que su abuela, de 81 años, no se hallaba en condiciones de prestar un consentimiento libre y consciente cuando contrajo matrimonio con su pareja en una clínica privada. Los fundamentos presentados incluyeron que la mujer se encontraba internada y bajo la administración de diversos medicamentos, incluidos opioides, benzodiacepinas y morfina, que podían afectar de forma significativa su estado mental.
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Según el expediente, el demandante, de 31 años, también sostuvo que la mujer siempre había manifestado su decisión de no casarse, aunque mantenía una unión convivencial con su pareja y le había otorgado testamento solo por la porción disponible de sus bienes. La demanda acusó al contrayente de buscar un beneficio patrimonial y de restringir el acceso del familiar a la internada durante el periodo crítico.
El demandado, en tanto, negó los hechos alegados y afirmó que la convivencia con la mujer se mantuvo durante más de dos décadas. Según su defensa, la decisión de casarse fue de la propia mujer, quien habría solicitado formalizar la unión cuando su estado de salud se agravó. El acusado aportó documentación sobre la relación convivencial, el acta de matrimonio y la partida de defunción, y sostuvo que el acto se realizó cumpliendo con la normativa para matrimonios en circunstancias excepcionales, como lo prevé el artículo 421 del Código Civil y Comercial de la Nación.
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La magistrada, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 10 de San Isidro, abordó el caso desde la distinción entre nulidad e inexistencia del matrimonio, una diferencia central en el derecho civil argentino. El fallo subrayó que la inexistencia jurídica se configura cuando falta un elemento esencial del acto, como el consentimiento, lo que impide que el matrimonio produzca efectos civiles.
La resolución analizó la pericia médica incorporada en el expediente. La experta designada describió el cuadro clínico de la mujer en los días previos y posteriores a la celebración del matrimonio. Se consignó que la paciente presentaba deterioro progresivo del sensorio, somnolencia y pérdida de lucidez, agravadas por la administración de fármacos sedativos y analgésicos potentes. La perito concluyó que no se encontraba en condiciones de comprender ni de autodeterminarse válidamente respecto de un acto tan complejo como el matrimonio.
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El tribunal también incorporó una pericia caligráfica sobre la firma de la mujer en el acta de matrimonio. El especialista designado dictaminó que la rúbrica consignada no correspondía al modelo caligráfico habitual de la mujer, y que no había sido ejecutada por su propia mano. Esta conclusión reforzó la hipótesis de que la mujer no participó de manera personal y consciente en la celebración del acto.
Durante el análisis, la sentencia señaló la importancia que el Código Civil y Comercial atribuye al consentimiento matrimonial, y citó doctrina nacional y extranjera sobre la diferencia conceptual entre nulidad e inexistencia del acto jurídico. Según el fallo, la mera existencia formal de un acta de matrimonio no basta para dar por configurado el consentimiento requerido, cuando existen pruebas graves de que el mismo no fue dado de manera válida.
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Asimismo, la sentencia destacó que la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume aun en casos de internación, pero aclaró que en este caso se trataba de analizar si las circunstancias concretas permitían afirmar la existencia de consentimiento nupcial. La magistrada valoró como indicios relevantes que las decisiones médicas y terapéuticas durante la internación fueron comunicadas únicamente al conviviente, sin constancia de haber informado a la paciente, y que la propia firma del consentimiento de internación no fue realizada por la mujer.
El fallo también hizo referencia a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, remarcando el deber estatal de prevenir y sancionar prácticas que vulneren la autonomía y el consentimiento informado de las personas en situación de especial vulnerabilidad.
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Entre los fundamentos, la jueza indicó que la inexistencia del acto jurídico puede ser declarada en cualquier momento y a pedido de cualquier interesado. Esta categoría, explicó, no resulta susceptible de prescripción ni puede ser convalidada ni confirmada posteriormente.
El tribunal ordenó la inscripción de la sentencia respecto del acta de matrimonio en el registro correspondiente y dispuso remitir las actuaciones al fuero penal competente para su evaluación.
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Asimismo, la jueza impuso las costas del proceso al demandado y diferió la regulación de honorarios de los abogados intervinientes.
Una discusión en la ruta, un ataque con arma blanca y una demanda civil: un camionero y su empleador deberán pagar $15 millones
calendar_today 09.09.2026 - person - timer ~5 Minutos
La Justicia bonaerense resolvió el reclamo presentado por un hombre que sufrió heridas de arma blanca durante un conflicto vial en la autopista Zárate Brazo Largo en agosto de 2015. La sentencia, dictada por el Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 4 de Campana, condenó a un conductor de camiones y a la empresa para la que trabajaba a abonar una indemnización total de 14.900.000 pesos al reclamante, más intereses y actualización, por los daños sufridos.
El hecho motivo del expediente ocurrió cerca de las 16.30, cuando el reclamante, de 42 años, circulaba por la autopista en sentido hacia Entre Ríos, a metros del peaje. Según la presentación judicial, tras un intercambio verbal con un chofer de camiones, este último le asestó varias heridas utilizando un cuchillo de pequeñas dimensiones, provocando lesiones de consideración en la zona abdominal y el brazo.
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Los detalles reunidos por el tribunal indican que el damnificado debió ser trasladado de urgencia primero a un hospital de la zona y luego a otro nosocomio de la Ciudad de Buenos Aires, donde recibió intervenciones médicas y quirúrgicas. Durante la recuperación, la víctima enfrentó complicaciones físicas y molestias persistentes que, según alegó en la demanda, afectaron su calidad de vida y le impidieron concretar oportunidades laborales.
La parte demandada, en su respuesta, negó la versión de los hechos y sostuvo que el incidente no se originó en una discusión vial, sino que el reclamante habría iniciado una agresión física mientras el chofer de camiones se hallaba detenido para abonar el peaje. Según esta versión, el cuchillo utilizado habría sido empuñado por el conductor —de 51 años en ese momento— solo para defenderse durante el altercado, ya que estaba utilizándolo para cortar una manzana.
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El tribunal examinó las pruebas reunidas en el expediente penal vinculado, así como actas de constatación de la Gendarmería Nacional, que consignaron la presencia de los dos vehículos involucrados y la incautación del cuchillo con rastros de sangre en poder del conductor del camión. Los agentes constataron las lesiones sufridas por el reclamante, quien presentaba un corte profundo en la zona abdominal y otra herida en el brazo, mientras que el otro protagonista también debió recibir atención médica por golpes.
La sentencia, a la que tuvo acceso Infobae, subrayó que el hecho lesivo quedó acreditado gracias a la documentación médica y policial incorporada al expediente. El juez evaluó que la versión ofrecida por la defensa no fue respaldada por pruebas suficientes que permitieran configurar una legítima defensa.
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En cuanto a la parte jurídica, el fallo explicó que la suspensión del proceso penal concedida previamente al conductor del camión no implicaba una admisión de culpabilidad, y que el juez civil podía analizar el caso en función de las pruebas reunidas en el expediente. Así, se concluyó que el deber de no dañar a otro resultó vulnerado y correspondía la reparación integral del daño.
El monto indemnizatorio fijado por el tribunal comprende catorce millones de pesos en concepto de daño extrapatrimonial, cifra que incluye tanto el daño estético por las cicatrices como el trauma psicológico y las molestias derivadas del ataque. Además, la sentencia reconoció trescientos mil pesos por gastos médicos, traslados y medicamentos, y se ordenó abonar seiscientos mil pesos para cubrir parte del tratamiento psicológico que, según la pericia, resultaba necesario por la situación traumática vivida.
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El juez aclaró que si bien el damnificado presentó secuelas físicas —cicatrices de 12 y 4 centímetros—, estas no produjeron una incapacidad física funcional ni limitaron su actividad laboral ni deportiva. La pericia médica determinó una incapacidad genérica del 10%, pero el magistrado sostuvo que la afectación era de orden estético y psicológica, sin impacto patrimonial comprobado.
Por otra parte, la sentencia analizó el reclamo de lucro cesante, rechazándolo por falta de pruebas que acreditaran una pérdida económica concreta derivada del incidente, ya que el demandante no contaba con autorización para desempeñar funciones ajenas a la actividad pública que ocupaba al momentos de los hechos.
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Respecto al tratamiento psicológico, el tribunal valoró la pericia presentada por una especialista, quien diagnosticó un cuadro de estrés postraumático con sintomatología de ansiedad, dificultades para dormir, temor y alteraciones en la vida cotidiana. El fallo precisó que la indemnización solo cubre la porción del tratamiento directamente vinculada al hecho, excluyendo patologías previas o no relacionadas con el incidente.
En el plano legal, la sentencia citó artículos del Código Civil y Comercial de la Nación que establecen la responsabilidad objetiva del empleador por los daños causados por sus dependientes en el ejercicio de sus funciones. De este modo, la condena se extendió a la empresa titular del camión, al no haberse demostrado que el hecho estuviera desvinculado de las tareas laborales.
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Los intereses sobre las sumas reconocidas se calcularán al 6% anual desde la fecha del hecho hasta el pago efectivo, con actualización por el índice de precios al consumidor si no se abona dentro de los diez días de notificada la sentencia. El fallo también dispuso la imposición de costas a los demandados vencidos.
Supermiércoles en el Senado: Banco Central, Inocencia Fiscal II, inversiones y obra pública
calendar_today 09.09.2026 - person - timer ~4 Minutos
A pesar de que un sector de la oposición le pidió no organizar jornadas tan apretadas, con legisladores que saltan de un salón a otro, el oficialismo organizó un Supermiércoles de comisiones para las próximas horas en el Senado, donde se discutirán la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal II -libertarios buscarían dictaminar ambas o, al menos, una-, iniciativas relacionadas con la obra pública, y se reanudará el debate de un texto de radicales sobre beneficios para inversiones por más de USD 12 millones.
En medio de todo esto se realizará -14- la cumbre de Labor Parlamentaria, que comandará la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, para definir una casi segura sesión de cara a mañana. Ayer, la bancada mileísta, que lidera Patricia Bullrich (Capital Federal), mantuvo un encuentro informal con aliados y cerró una agenda que incluye cambios en cortes de biocombustibles y más transferencias de competencias penales de Nación a la Ciudad.
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A partir de las 10.30, las comisiones de Economía Nacional e Inversión; y de Presupuesto y Hacienda escucharán las exposiciones del titular y vice del Banco Central, Santiago Bausili y Vladimir Werning, respectivamente, sobre la norma para reformar la Carta Orgánica, que ya fue avalada por Diputados y da marcha atrás con la que empujó el cristinismo en 2012, cuando se ampliaron los mandatos de la institución y se incluyeron cuatro nuevos objetivos: promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
Si el Gobierno lograra la sanción en el Senado, el único fin será preservar el valor de la moneda. También se destaca un cambio en los mecanismos para remover al presidente de la entidad y a los integrantes del directorio, para lo cual se necesitará acreditar una “causal grave” y la aprobación con mayoría de dos tercios en ambas Cámaras.
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Una hora más tarde -11.30-, la comisión de Infraestructura analizará un combo de propuestas. Allí aparece una del libertario Enzo Fullone (Río Negro) que sigue de cerca Balcarce 50 e impone un Régimen Excepcional para la Regularización de la Obra Pública, para darle un cierre definitivo a contratos de proyectos paralizados desde hace largos años.
Ya por la tarde -15-, las de Presupuesto y Hacienda; Legislación General; y Economías Regionales intentarán avanzar con la iniciativa de radicales que promueve un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que apunta a planes desde los USD 12 millones para grandes empresas. Por un lado, la amortización en Ganancias estaría direccionada, “para inversiones en bienes muebles amortizables”, en “dos cuotas anuales, iguales y consecutivas”.
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En tanto, en cuanto a obras, será “como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil reducida, al sesenta por ciento (60%) de la estimada”; y en “equipos de riego agrícola y/o equipos de alta eficiencia energética, una cuota”, al igual que en “bienes semovientes amortizables” y “mallas anti granizo”. También se contempla la devolución de créditos fiscales en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
La pregunta a hacerse aquí es si guiño a esto ablandaría la resistencia para obtener un despacho relacionado con el RIGI que desea la Casa Rosada, que habla de inversiones -e importantes beneficios, como pago del 15% en Ganancias- por más de USD 1.000 millones en sectores que el Ejecutivo considera “industrias del futuro”. Hasta anoche, nadie visualizaba un sendero de intercambio.
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Desde las 17.30, un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y Presupuesto y Hacienda discutirán la ampliación de la Inocencia Fiscal vigente, a partir de la eliminación de los topes de ingresos -$1.000 millones- y patrimonio -$10.000 millones- que, hasta ahora, limitaban el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias administrado por ARCA. A través de esto, cualquier contribuyente con residencia fiscal en Argentina podrá adherirse al esquema, que reemplaza la declaración jurada tradicional por un mecanismo de presentación reducida.
El Vaticano reunirá a sindicatos, empresas y movimientos populares en una nueva cumbre con León XIV
calendar_today 09.09.2026 - person - timer ~8 Minutos
A casi 12 años del primer Encuentro Mundial de Movimientos Populares, el Vaticano será sede del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: diálogo socio-ambiental Norte-Sur, que reunirá en Roma a representantes sindicales, empresariales, eclesiales, comunitarios y de organismos internacionales. El papa León XIV recibirá a los participantes en una audiencia privada el 12 de septiembre, en el Palacio Apostólico.
La reunión se desarrollará entre el 10 y el 12 de septiembre en la Casa Generalizia de La Salle, sobre la Vía Aurelia 476. La convocatoria propone una agenda de cooperación entre actores del Norte y el Sur del continente americano, con debates sobre inteligencia artificial, empleo, cuidados, adicciones, transición energética y protección de los territorios.
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La delegación argentina contará, entre otros dirigentes, con el secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Alejandro “Peluca” Gramajo. También participará Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA); secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación General del Trabajo (CGT) y miembro titular del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por el grupo de los trabajadores.
El nuevo encuentro se inscribe en una línea de diálogo que el papa Francisco inició el 28 de octubre de 2014, cuando recibió en el Aula del Sínodo a referentes de movimientos populares de los cinco continentes. Aquella cita puso en el centro la consigna de las tres T: tierra, techo y trabajo. Para Francisco esa no era una consigna más.
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• Tierra: el acceso a un territorio para vivir y producir, con especial atención a campesinos, pueblos originarios y comunidades afectadas por el despojo o la degradación ambiental.
• Techo: el derecho a una vivienda digna y a condiciones adecuadas de hábitat, servicios e integración urbana.
• Trabajo: empleo con salario justo, derechos laborales y protección social, como vía para sostener a las familias y participar plenamente en la vida comunitaria.
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En septiembre de 2024, durante la conmemoración por el décimo aniversario de ese primer encuentro, Francisco definió esos principios como “derechos sagrados” y sostuvo que los sectores populares tenían un papel central en la construcción comunitaria y en la demanda de justicia social.
El pontífice argentino vinculó esa agenda con la desigualdad, la precarización laboral, el acceso a la vivienda, el endeudamiento, los efectos de la tecnología y la crisis ambiental. También pidió a los movimientos que actuaran dentro de la no violencia y que sostuvieran formas de organización capaces de responder a las necesidades de sus comunidades.
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La conmemoración de 2024 incluyó un simposio promovido por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y el Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Allí participaron referentes sociales y eclesiales que repasaron el recorrido iniciado una década antes.
La continuidad de esa agenda quedó expuesta en el V Encuentro Mundial de Movimientos Populares, que se realizó en Roma entre el 21 y el 24 de octubre de 2025. Fue la primera reunión mundial de esas organizaciones con León XIV, luego de la muerte de Francisco el 21 de abril de 2025.
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En la audiencia del 23 de octubre, León XIV afirmó que eligió su nombre en referencia a la encíclica Rerum Novarum, de León XIII, —la encíclica se publicó el 15 de mayo de 1891, su título en latín significa “De las cosas nuevas”— y propuso analizar las “cosas nuevas” desde las periferias. Ante los participantes, sostuvo que la tierra, el techo y el trabajo eran derechos por los cuales “vale la pena luchar”.
El Papa también expresó su respaldo a las organizaciones de base y señaló que su tarea no se limita al reclamo, sino que incluye respuestas concretas ante la pobreza, el desempleo, la falta de vivienda y la exclusión. “Estoy dentro, estoy con ustedes”, manifestó ante representantes de distintos continentes.
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La declaración final de aquel V Encuentro reclamó el respeto de los derechos vinculados con las tres T y planteó demandas sobre trabajo digno, justicia ecológica, derechos de los migrantes, igualdad de género, paz y soberanía sobre los bienes comunes. El documento también advirtió sobre el impacto de los conflictos armados, la desigualdad económica, la precariedad laboral y la degradación ambiental.
El IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti reunirá a centrales sindicales como la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), la AFL-CIO, el Congreso Canadiense del Trabajo (CLC), el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y la UTEP.
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También asistirán representantes de organizaciones empresariales, entre ellas la Organización Internacional de Empleadores (OIE), la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresas (Uniapac).
La lista incluye a la OIT, la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), redes eclesiales, universidades, fundaciones y empresas como Microsoft.
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Los organizadores, entre ellos la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL), el CELAM, la USCCB y la OEI, buscarán presentar acuerdos y acciones en seis áreas. La agenda contempla inteligencia artificial y dignidad humana, formación para el diálogo socioambiental, organización comunitaria y cuidados, juventudes y adicciones, inteligencia artificial y amistad social, y transición energética con protección de los territorios.
El papa León XIV plantea que la inteligencia artificial debe estar subordinada a la persona, la dignidad humana y el bien común. Sus principales conceptos son los siguientes:
• La inteligencia artificial es una herramienta, no un reemplazo de las personas. Puede colaborar con tareas complejas y aportar beneficios sociales, pero no debe reducir, sustituir ni despojar a las personas de su identidad, sus libertades fundamentales o su trabajo.
• La tecnología no equivale a inteligencia ni a sabiduría. El acceso a enormes volúmenes de datos no reemplaza la capacidad humana de discernir, buscar la verdad, establecer vínculos y dar sentido a la vida.
• La evaluación debe ser integral. León XIV sostiene que el impacto de la inteligencia artificial debe medirse según el desarrollo integral de la persona y de la sociedad: bienestar material, intelectual y espiritual, junto con el respeto por la diversidad cultural de los pueblos.
• La decisión moral no puede automatizarse. Los sistemas pueden simular razonamientos y tomar decisiones técnicas, pero no poseen conciencia, discernimiento ético ni capacidad de construir relaciones auténticas.
• Hace falta regulación local y global. El Pontífice reclama marcos de gobernanza que superen los criterios de utilidad, velocidad o eficiencia, y que se basen en la dignidad inherente y las libertades fundamentales de cada persona.
• Advierte sobre la desigualdad y la concentración de poder. La inteligencia artificial puede favorecer la igualdad, pero también puede utilizarse para beneficios particulares, concentración de riqueza, conflictos y agresiones. La pregunta central es quién controla la tecnología y con qué fines.
• Manifiesta preocupación por niños y jóvenes. León XIV alertó sobre las posibles consecuencias de estas herramientas en el desarrollo intelectual y neurológico de las nuevas generaciones. Considera que deben ayudar a la maduración y a la responsabilidad, no obstaculizarlas.
• Vincula la inteligencia artificial con una nueva revolución industrial. En sus primeras intervenciones como Papa, la ubicó entre los desafíos contemporáneos para la defensa de la dignidad, la justicia y el trabajo, en una referencia directa a la tradición social inaugurada por Rerum Novarum.
La encíclica Rerum Novarum es considerada como uno de los textos fundacionales de la doctrina social de la Iglesia. Abordó las consecuencias de la industrialización sobre los trabajadores, como los bajos salarios, las jornadas extensas, la precariedad y la falta de protección social.
En este texto, León XIII defendió varios principios: el derecho de los trabajadores a organizarse en asociaciones o sindicatos; el derecho a un salario justo; la protección de las familias trabajadoras; la propiedad privada, junto con su función social; la responsabilidad del Estado de proteger a los sectores más vulnerables; y la necesidad de cooperación entre trabajadores y empleadores para evitar los conflictos sociales.
La audiencia del 12 de septiembre cerrará tres días de reuniones en Roma, donde la agenda social de los movimientos populares coincidirá con representantes del trabajo organizado, el sector privado, organismos multilaterales y la Iglesia.
El encuentro tendrá una conferencia de prensa el viernes 11 de septiembre, a las 13 horas, en la Sala Stampa de la Santa Sede. Estarán el cardenal Jaime Spengler, presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM); la presidenta de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), Liz Shuler; el vicepresidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), monseñor Daniel Flores; el cardenal Leonardo Steiner y monseñor Reginaldo Andrietta.