
En Tamaulipas, autoridades federales incautaron animales, algunos en peligro de extinción, durante un megaoperativo que tenía como objetivo principal combatir el huachicol.
Infobae México pudo conocer que los cateos dirigidos contra el comercio ilícito de combustible se enfocaron en una célula de Los Rojos, vinculada al Cártel del Golfo. La operación generó una pérdida económica calculada en 33,955,145 pesos para la organización criminal.
El hallazgo incluyó tigres, jaguares, monos araña y otras especies resguardadas en condiciones irregulares, lo que abre una nueva línea de investigación sobre el tráfico y posesión de fauna protegida.

Durante acciones coordinadas entre la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se ejecutaron cinco cateos en inmuebles vinculados a la célula Rojos del Cártel del Golfo en los municipios de Tampico y Altamira, Tamaulipas.
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Las autoridades detuvieron a una persona y aseguraron aproximadamente 68 mil litros de diésel, además de vehículos, pipas, autotanques, frac tanks, bombas de presión, tanques de almacenamiento, reactores, motobombas, mangueras y equipo especializado para el manejo de combustible.
En uno de los predios inspeccionados localizaron 135 animales exóticos, 35 ejemplares correspondían a especies en peligro de extinción o sujetas a protección especial, además de especies cuyo comercio internacional está regulado por tratados como la CITES.

Entre los objetos asegurados se identificaron instalaciones y equipos para almacenamiento y manejo de hidrocarburos, con depósitos de hasta 60 mil litros de capacidad, así como vehículos y dispositivos de cómputo y comunicación.
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Infobae México accedió a la lista completa de los animales incautados:
De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, los animales hallados en el rancho que figuran en la categoría de “en peligro de extinción” (P) o “amenazadas” (A) son:

El Código Penal Federal, en su artículo 420, señala que capturar, poseer, transportar, acopiar, introducir o extraer ejemplares, productos o subproductos de especies de fauna silvestre consideradas endémicas, amenazadas, en peligro de extinción, sujetas a protección especial, incluidas en la NOM-059, o reguladas por tratados internacionales como la CITES, constituye delito contra la biodiversidad.

Las sanciones incluyen penas de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa. El artículo prevé agravantes: cuando las conductas ocurren en áreas naturales protegidas o con fines comerciales, la pena puede aumentar hasta tres años más de prisión y mil días multa adicionales.
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El código también tipifica como delito el daño, tráfico o recolección de estos animales y sus productos, así como el poner en riesgo la viabilidad biológica de una especie silvestre. Quienes incurran en estas prácticas pueden ser procesados penalmente y enfrentar la pérdida definitiva de los ejemplares y la clausura de instalaciones.
Después de varios años viviendo por su cuenta y pagando sus propias cuentas, la estadounidense Carly Rippeon tomó una decisión que no necesariamente coincidía con lo que había imaginado: regresar a la casa de sus padres. A los 27 años, la joven, quien labora en el sector de la educación, decidió dejar su departamento para reducir gastos y concentrarse en una meta mucho más grande: comprar una vivienda junto a su prometido.
Rippeon, de Pensilvania, destinaba aproximadamente $1,500 mensuales al alquiler y los servicios. En lugar de continuar gastando ese dinero, comenzó a preguntarse cuánto podría avanzar hacia su futuro si lo destinaba al ahorro.
“Una vez que había adquirido la independencia y la experiencia de vida que buscaba al vivir por mi cuenta, volver a vivir con mis padres me pareció la decisión financiera más inteligente que podía tomar”, contó la joven a la revista People. “Me permitió a mi prometido y a mí redirigir una cantidad significativa de dinero cada mes hacia mis ahorros en lugar de destinarlo al alquiler”.
Rippeon, quien comparte parte de su vida en TikTok con el nombre @lifewith.carly, terminó viviendo con sus padres durante poco menos de dos años. Durante ese tiempo, ella y su prometido se enfocaron en reunir el dinero necesario para comprar una casa, aunque su objetivo iba más allá de simplemente conseguir la cantidad suficiente para obtener una hipoteca.
La pareja también quería contar con un colchón financiero que les permitiera afrontar los gastos que continuarían después de convertirse en propietarios; sin embargo, regresar a la vivienda familiar no siempre fue sencillo.
Después de haber construido sus propias rutinas y tener un hogar independiente, adaptarse nuevamente a la dinámica familiar implicó cambios para todos.
“Uno de los mayores desafíos fue acostumbrarnos nuevamente a estar en un hogar familiar y equilibrar nuestras propias rutinas, y definitivamente no me sentía tan ‘establecida’ como esperaba estar en ese momento de mi vida”, explica.
Con el tiempo, Rippeon, su prometido y sus padres encontraron incluso una manera divertida de llevar la situación y comenzaron a llamarse en broma “compañeros de cuarto”.

La medida le permitió dejar de destinar unos $1,500 mensuales al alquiler y los servicios y redirigir ese dinero hacia sus ahorros. (Foto: @carly_ripp / Instagram)
La experiencia terminó dándole algo que Rippeon no había considerado inicialmente entre los beneficios de regresar a casa: más tiempo junto a su familia. Al mirar atrás, considera que esa cercanía fue una de las mejores partes de aquellos casi dos años y reconoce que, de haber sabido cómo terminaría todo, probablemente habría vuelto a casa incluso antes.
“Con el beneficio de la retrospectiva, y sabiendo lo que sé ahora, probablemente habría regresado a casa justo después de la universidad”, afirma Rippeon. “Me permitió ahorrar dinero, pero también me dio la oportunidad de pasar más tiempo de calidad con mi familia, lo cual fue una verdadera bendición”.
Cuando finalmente comenzó a buscar una vivienda junto a su prometido, todo lo aprendido durante ese período de ahorro influyó en la manera en que evaluaron las propiedades. Ambos fueron claros sobre sus ingresos, préstamos estudiantiles y pagos del automóvil, mientras que las visitas a diferentes casas les ayudaron a definir cuánto estaban realmente dispuestos a pagar.
En algunas ocasiones consideraban que una propiedad podía justificar pagar $30,000 adicionales, mientras que en otras pensaban que el precio estaba inflado por una cantidad similar.
“Tienes que estar dispuesto a alejarte cuando algo no tiene sentido desde el punto de vista financiero y no conformarte con una casa solo para avanzar más rápido”, señala Rippeon.
La búsqueda terminó teniendo un giro inesperado: la pareja compró su casa en una subasta. Para Rippeon, esa decisión reforzó la importancia de mantener una actitud flexible, incluso después de pasar casi dos años preparándose para comprar una vivienda.
“Animaría a cualquiera que esté atravesando este proceso a mantener la mente abierta, porque la historia de cómo compras la casa de tus sueños podría ser completamente diferente de lo que imaginabas”, indica.
Ahora, Rippeon ya no ve aquellos casi dos años como un paso atrás, sino como una decisión temporal que le permitió acercarse a su objetivo.
“En muchos sentidos, sentí que estaba volando de regreso al nido por una temporada”, dice la joven, “y realmente no me arrepiento”.

Tras casi dos años de preparación, ella y su prometido terminaron comprando una vivienda en una subasta. (Foto: @carly_ripp / Instagram)
En un mercado donde los autos eléctricos siguen ganando popularidad, Olinia busca ser una alternativa accesible para los mexicanos, con modelos pensados para diferentes tipos de necesidades como la movilidad cotidiana o el transporte de mercancías.
Actualmente, el fabricante cuenta con dos proyectos, pero ¿qué ofrece cada uno? Hoy en Autopistas te los presentamos junto con sus respectivos precios.
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El Olinia Uno integra un motor eléctrico silencioso que le confieren una potencia de 13kW; pero además, cuenta con una batería química LFP (litio-ferrofosfato) de 14.7kWh, prometiendo ser más segura y duradera.
Este vehículo alcanza una velocidad máxima de 50 km/h, ofrece más de 100 km de autonomía y un tiempo de recarga desde cero que va de 4 a 8 horas, dependiendo del cargador:
En promedio, el fabricante sugiere un ahorro de entre $408 y $1,140 mensuales, conduciendo 20 km por día.
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Sobre los interiores, el auto eléctrico ha sido diseñado con una capacidad de seis pasajeros, añadiendo espacios para transportar a personas con silla de ruedas.
Y por si fuera poco, integra una pantalla central de 7", conexión Bluetooth 5.0, puertos de carga USB/USB-C, 2 bocinas de audio estéreo, aire acondicionado y vidrios con seguros eléctricos.
Finalmente, el Olinia Uno viene equipado con elementos como:
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Olinia Uno cuenta con espacio para personas en silla de ruedas. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL
Por otra parte, el Olinia Carga fue presentado el pasado 20 de agosto durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Según informó el Gobierno de México, se trata de un vehículo eléctrico diseñado para transportar mercancías, teniendo una capacidad de hasta 650 kg. Asimismo, cuenta con un motor eléctrico silencioso que le confiere una potencia de 13kW y alcanza una velocidad máxima de 50 km/h.
Otro de sus atributos es que tiene una batería química LFP (litio-ferrofosfato) de 14.7kWh, con una autonomía de más de 120 km en uso urbano mixto. Y aproximadamente, su tiempo de recarga desde cero va de las 4 a 8 horas.
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Al ser un modelo de carga, la cabina sólo ofrece capacidad para el operador y un acompañante, mientras que la parte trasera ocupa gran parte del espacio.
Y, además de poseer las mismas características de conectividad que el Olinia Uno, otros de sus elementos destacados son:
Es importante mencionar que el Olinia Carga estará disponible en tres versiones adaptadas a distintos tipos de negocios:
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La capacidad del Olinia Carga es de hasta 650 kg. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL
La producción de estos autos eléctricos de Olinia comenzará en verano de 2027 y es posible registrarse en la página del fabricante para recibir actualizaciones e información sobre pedidos.
De momento, se sabe que el Olinia Uno tendrá un precio inicial de $150,000 (IVA incluido); mientras que el Olinia Carga no cuenta con un precio oficial, pero se estima que rondará la misma cantidad.
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La modernización del transporte público incorpora una nueva flota con la llegada de 30 buses de 12 metros equipados con tecnología de gas natural vehicular (GNV). Los vehículos pertenecen a ETUL 4 S. A. y serán destinados a la ruta 1054, servicio que une San Juan de Lurigancho con Chorrillos y conecta importantes zonas de la capital.
La presentación de estos automotores contó con la presencia del presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández; el ministro del Interior, César Astudillo; el gerente general de la compañía de transportes., Wilfredo Cruz, además de representantes de compañías del rubro y conductores.
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Durante la actividad se resaltó la importancia de generar condiciones que permitan a los operadores formales acceder a financiamiento para renovar sus unidades.
Hernández explicó que los títulos habilitantes promovidos desde 2025 proporcionan estabilidad jurídica a las empresas del sector. De acuerdo con el funcionario, esa condición facilita la planificación de inversiones y permite sustentar proyectos ante entidades financieras para conseguir recursos destinados a la adquisición de vehículos modernos.

Con esta adquisición, la capital supera los 700 buses nuevos incorporados durante el proceso de renovación impulsado por la autoridad. La estrategia contempla sustituir progresivamente aquellos automotores antiguos o con menor capacidad por alternativas capaces de responder de mejor manera a las necesidades de los pasajeros.
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Cada ejemplar presentado cuenta con sistema GNV y validadores electrónicos para el pago de pasajes. La implementación de estos dispositivos forma parte de la transformación tecnológica del transporte urbano y apunta a facilitar mecanismos más modernos para efectuar las transacciones dentro del servicio.
El recorrido 1054 tendrá como principales puntos de conexión a San Juan de Lurigancho y Chorrillos, dos sectores con una importante generación y atracción de desplazamientos diarios. La incorporación de esta flota permitirá fortalecer la operación de dicho trayecto y ampliar la presencia de vehículos con mejores condiciones para atender a los usuarios.

La compra constituye también una muestra del impacto que pueden generar los títulos habilitantes otorgados por la ATU. Al contar con un horizonte de operación de mayor duración, las compañías disponen de mejores argumentos para presentar sus proyectos ante bancos y otras instituciones crediticias.
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Esta previsibilidad permite que los operadores formales planifiquen desembolsos destinados a renovar gradualmente sus parques automotores. El propósito es que más empresas puedan acceder a mecanismos de financiamiento y continuar sustituyendo unidades antiguas por alternativas que respondan a las exigencias actuales de movilidad urbana.
Desde la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se informó que continuarán las acciones orientadas a incentivar la renovación vehicular y la inversión privada. La meta es avanzar hacia un sistema más moderno, seguro y eficiente, con mejores condiciones para quienes utilizan diariamente el transporte público en Lima y Callao.
Por David Nogales27 AGOSTO 2026
La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, manifestó este jueves la necesidad de subir las tasas de interés en Estados Unidos, al sostener que los datos recientes de inflación muestran que el banco central sigue demasiado lejos de su objetivo.
“No quiero prejuzgar nada. Pero creo que ahora es el momento de actuar”, dijo en una entrevista con CNBC desde el simposio anual que la Fed realiza en Jackson Hole, Wyoming, en el que también participa la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa.
Las declaraciones se producen luego que ayer la Oficina de Análisis Económico (BEA, por su sigla en inglés) revelera que el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) excluyendo alimentos y energía, la medida de inflación que sigue de cerca la Reserva Federal, subió 3,3% en los doce meses terminados en julio, el mismo registro informado para junio.
El índice PCE total también repitió su lectura previa y anotó un alza de 3,7% a doce meses. En la comparación mensual, ambas mediciones subieron 0,2% respecto de junio.
Aunque las variaciones mensuales de precios se han moderado en los últimos meses, Hammack sostuvo que la Fed debería endurecer su política monetaria.
“Creo que llevamos más de cinco años en una situación inflacionaria. Ha estado corriendo muy por encima de nuestra meta. No veo ninguna restricción en la política cuando miro las condiciones financieras y cuando hablo con participantes del mercado”.
Las declaraciones están en línea con otras que Hammack ha formulado recientemente. En la reunión de julio del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), instancia en la que este año tiene derecho a voto, fue una de las tres disidencias frente a la decisión de mantener la tasa de política monetaria en un rango de 3,5% a 3,75%.
Ese grupo prefería en cambio un alza de un cuarto de punto porcentual.
Hammack afirmó que sigue pensando que la Fed necesita tomar medidas contra una inflación que está presionando los presupuestos de los hogares.
“Mientras más tiempo la inflación permanezca por encima de nuestro objetivo, más difícil será para nosotros bajarla, y más dolor van a experimentar las personas y las empresas”, planteó. “Para mí, el problema real de haber incumplido nuestro objetivo de inflación por tanto tiempo es el riesgo de que una mentalidad inflacionaria empiece a instalarse en el público”.
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El mercado laboral de empleadas domésticas, en casas particulares, cuenta con un sendero de previsibilidad salarial, para lo que resta del 2026.
A través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Capital Humano oficializó el esquema de aumentos para empleadas domésticas, acordado en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), fijando incrementos mensuales decrecientes hasta diciembre 2026 calculados sobre la base fija de julio.
Para septiembre 2026, los salarios de empleadas domésticas registrarán una suba del 1,8% que se complementará con un factor técnico clave: la incorporación al sueldo básico del primer tramo (25%) de la suma no remunerativa abonada en agosto 2026.
En las provincias de Río Negro y Neuquén, este reajuste impacta de lleno en la liquidación formal debido a la aplicación obligatoria de los adicionales de ley.
La grilla homologada por la CNTCP establece los importes mínimos que deben percibir las trabajadoras, en todo el país.
Al aplicar el ajuste del 1,8% sobre los valores conformados de julio, los salarios de empleadas domésticas para septiembre 2026 quedan determinados de la siguiente manera:
A estos valores de referencia resta adicionarles en el recibo de haberes la integración del 25% de la suma no remunerativa de agosto 2026, transformándose en un concepto remunerativo formal sujeto a aportes previsionales y cargas sociales.
Para confeccionar el recibo digital a través del portal de ARCA, los empleadores deben observar las modalidades de contratación previstas en la Ley 26.844.
Las jornadas menores a 24 horas semanales para un mismo empleador se liquidan bajo el esquema por hora, mientras que las de 24 horas o más deben abonarse en forma proporcional al salario mensualizado.
En casos de multifunción, como limpieza y cuidado de niños, corresponde abonar el monto de la categoría de mayor valor.
En la región patagónica (Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego y el partido de Patagones), rige de manera obligatoria el plus por zona desfavorable del 31% sobre las remuneraciones mínimas.
A este adicional se suma el 1% por cada año de antigüedad acumulado, desde septiembre 2020 en adelante. Ambos conceptos deben figurar desglosados en el comprobante electrónico, para garantizar la regularidad del vínculo laboral.

El gerente del Banco de la República Leonardo Villar admitió que la autoridad monetaria tiene un margen de acción muy reducido frente a la revaluación del peso colombiano ante el dólar, un fenómeno que ya afecta la competitividad de la producción nacional y que, según explicó, no puede corregirse de forma sostenida con intervención cambiaria ni con una política monetaria más expansiva.
La tasa de cambio real alcanzó su máximo en el segundo semestre de 2022 y desde entonces ha caído cerca de 33%, hasta ubicarse en julio en niveles similares a los mínimos históricos de hace 15 años.
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“Desafortunadamente, no es mucho lo que puede hacer el Banco de la República para evitar estos fenómenos e influir de manera sostenida sobre el comportamiento de un precio relativo, como lo es la tasa de cambio real”, dijo Villar durante su intervención en el Congreso de Asobancaria que se lleva a cabo en Cartagena.
Esa referencia fue expuesta por Villar durante la Convención 60 de Asobancaria, en la que situó la discusión en factores de la economía real más que en movimientos externos del dólar.

El funcionario explicó que la tasa de cambio real mide la relación entre los precios de los bienes y servicios no transables y los transables internacionalmente. Según detalló, la reducción de esa tasa ha estado influida por presiones inflacionarias sobre los no transables, asociadas a la expansión fiscal o al aumento del salario mínimo.
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En ese entorno, la cotización del dólar en Colombia cerró la jornada del miércoles 26 de agosto con un promedio de $3.118, una caída superior al 18% frente a los niveles de comienzos de año. Villar señaló que, a diferencia de lo ocurrido en 2025, la apreciación actual del peso no obedece a una depreciación generalizada del dólar frente a otras divisas.

La posición del banco central fue directa: no dispone de herramientas suficientes para alterar de manera persistente ese precio relativo. En palabras de Villar: “El Banco de la República no puede evitar estos fenómenos ni influir de manera sostenida sobre el comportamiento de un precio relativo, como lo es la tasa de cambio real”.
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Ese planteamiento responde a una pregunta central del debate económico en Colombia: qué puede hacer la autoridad monetaria ante el encarecimiento del peso. La respuesta del gerente fue que una política monetaria expansiva no resolvería la pérdida de competitividad y, por el contrario, generaría más inflación y una nueva reducción de la tasa de cambio real.
“El punto que quiero resaltar es que el problema de la apreciación real del peso y la pérdida de competitividad de la producción colombiana frente al exterior no se arreglaría mediante políticas de expansión monetaria que facilitaran una mayor inflación. Ello solo agravaría las cosas. Una mayor inflación haría que la tasa de cambio real se redujera aún más”, añadió el gerente del Banco de la República.
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Villar defendió por eso el esquema de inflación objetivo y flotación cambiaria como el más adecuado para la economía colombiana. El directivo insistió en la necesidad de mantener medidas cautelosas para asegurar la convergencia de la inflación hacia la meta establecida.

Durante la misma convención, el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina CAF Sergio Díaz-Granados advirtió que la devaluación del dólar en Colombia tendrá efectos sobre el sector exportador y la agroindustria.
Su señal de alerta apuntó a dos ramas especialmente expuestas a una menor cotización de la divisa en una economía con fuerte dependencia de actividades primarias.
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Díaz-Granados sostuvo que esos sectores deberán prepararse para los retos derivados de la pérdida de valor del dólar. La advertencia coincidió con el diagnóstico expuesto por Villar sobre el deterioro de la competitividad, en un escenario en el que el ajuste no pasa por relajar la política monetaria sino por preservar la estabilidad de precios.

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, confirmó en sus redes sociales que un “capo de la cocaína” de República Dominicana fue extraditado el miércoles 26 de agosto de 2026 desde Colombia a Puerto Rico para quedar bajo custodia y enfrentar cargos federales, tras una investigación de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional.
El alto funcionario no entregó la identidad del capturado, pero afirmó que el hombre es señalado como líder de una organización internacional de tráfico de drogas, por lo que deberá responder por los delitos de narcotráfico y lavado de activos.
“Ayer, tras una investigación de Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF por sus siglas en inglés), un capo de la cocaína de la República Dominicana y líder de una organización internacional de tráfico de drogas con sede en la R.D. fue extraditado desde Colombia a Puerto Rico y se encuentra bajo custodia para enfrentar cargos por tráfico de narcóticos presentados en dos acusaciones separadas en Puerto Rico, así como cargos por lavado de dinero en Nueva Jersey”, escribió en su cuenta de X.
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En su mensaje, Blanche sostuvo que, durante la pesquisa, las fuerzas del orden encontraron millones de dólares en cocaína y ganancias de narcóticos vinculadas a la red investigada. A la par, confirmó que varios miembros de la organización fueron judicializados en Estados Unidos y están pagando condena.
“Durante la investigación de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional, las fuerzas del orden incautaron millones de dólares en cocaína y ganancias de narcóticos de su organización de tráfico de drogas. Numerosos otros miembros de la organización ya han sido condenados”, expuso.
Al referirse al alcance del operativo, el fiscal general sostuvo: “Bajo esta administración, las fuerzas del orden federales cuentan con las herramientas para encontrar a estos señores de la droga de alto perfil y desmantelar sus organizaciones en cualquier parte del mundo, porque tenemos un líder en el presidente Donald Trump que unificó una fuerza de tarea interinstitucional permanente en todos los 52 estados y territorios de Estados Unidos”.
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Carmen Evelio Castillo Carrillo, Giovanny Andrés Rojas y Willington Henao Gutiérrez serán extraditados a Estados Unidos tras haber sido vinculados a los acercamientos de la política de “Paz Total”, una decisión que revierte el freno que había impuesto el gobierno de Gustavo Petro pese a que los tres ya tenían concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia, según informó El Tiempo.
Los tres cabecillas enfrentan procesos por homicidio, narcotráfico, extorsión, concierto para delinquir y lavado de activos. En uno de los expedientes, las autoridades atribuyen a la estructura de alias ‘Muñeca’ el envío de entre 50 y 60 toneladas de cocaína al año hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.
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Su traslado había sido suspendido por su papel como negociadores o interlocutores en procesos de diálogo con el Gobierno anterior. Esa protección política dejó de operar y ahora los tres serán reclamados por tribunales estadounidenses.

Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca, fue capturado el 4 de junio de 2024 en Pereira, Risaralda, durante un operativo realizado cuando, de acuerdo con las autoridades, iba a ingresar a una clínica de cirugía estética. La investigación sostiene que pretendía modificar su fisonomía para evadir a las autoridades.
Castillo Carrillo entró a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada hace casi 20 años. Luego asumió el mando de la organización tras la captura en España, en 2022, de su hermano alias Pinocho.
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Desde 2020 quedó al frente de Los Pachenca, estructura con presencia en Magdalena, La Guajira y Cesar. Bajo su mando, reportaron las autoridades, el grupo dejó de tener un control estrictamente local y pasó a participar en operaciones de narcotráfico con alcance internacional.

Giovanny Andrés Rojas, alias Araña, fue capturado el 12 de febrero de 2025 en el hotel Marriott Courtyard de Bogotá al terminar una reunión del tercer ciclo de negociaciones entre el Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. En ese momento era señalado como máximo cabecilla de esa organización.
La captura se produjo en medio de los diálogos que buscaban una salida negociada al conflicto armado e involucraban a estructuras como los llamados Comandos de la Frontera, una organización residual de las disidencias de la Segunda Marquetalia. En abril de 2024 se habían suspendido órdenes de captura contra algunos participantes en esos acercamientos, entre ellos Rojas.
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Rojas había sido capturado en 2010 por su presunta pertenencia a la extinta guerrilla de las Farc y por delitos ligados a rentas ilícitas, entre ellos extorsión y narcotráfico. Recuperó la libertad en 2017, después de la firma del acuerdo de paz, pero luego habría incumplido esos compromisos y regresado a la insurgencia.
Mientras participaba en la mesa como cabecilla de la Coordinadora del Ejército Bolivariano, habría seguido vinculado al envío de droga hacia Estados Unidos. Por esa razón es requerido por la Corte del Distrito Sur de California.

El tercer caso es el de Willington Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo, señalado como cabecilla del frente 33 de las disidencias de “Calarcá”. La Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable para su extradición el 28 de junio de 2025.
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Henao Gutiérrez es requerido por la Corte Distrital para el Distrito Sur de Florida por concierto para delinquir, tráfico de drogas ilícitas y lavado de activos. La Fiscalía ya había expedido una orden de captura con fines de extradición el 25 de julio de 2023.
En medio de los acercamientos entre el frente 33 y el Gobierno y después de la crisis humanitaria del Catatumbo, “Mocho Olmedo” se entregó al Ejército. Esa estructura fue señalada como uno de los grupos protagonistas de esa crisis.
Después de la legalización de su captura por integrantes del CTI, no fue enviado a prisión. Quedó resguardado en un hotel de Chapinero, en el norte de Bogotá, bajo custodia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
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Bayern Múnich comienza la defensa del título de la Bundesliga, y Luis Díaz su segunda temporada en los “Gigantes de Baviera” (apodo del Bayern Múnich).
Tanto el “Guajiro” con el entrenador belga Vincent Kompany vendrán con la confianza en alto tras ganar el 22 de agosto de 2026 la Supercopa de Alemania ante el Borussia Dortmund, por lo que el juego será clave para determinar el rumbo deportivo.
El partido se jugará el 28 de agosto de 2026 en el estadio Allianz Arena a partir de la 1:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva a través de las pantallas de Disney Plus Premium.
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El juez central del partido será Sören Storks, mientras que en el VAR estará Tobías Welz.
Los “Gigantes de Baviera” derrotaron el 22 de agosto de 2026 por 2-1 al Borussia Dortmund en el estadio Signal Iduna Park por la final de la Supercopa de Alemania.
El defensor alemán Nathaniel Brown marcó el primer gol del juego al minuto 28 y el atacante francés Michael Olise marcó el 2-0 al 45+1.
El descuento para el cuadro negriamarillo fue del portugués Fábio Silva al 75 de partido.
Con este resultado, el equipo de Vincent Kompany sumó su sexta victoria en línea. A continuación, así vienen en sus últimos cinco partidos:
El Stuttgart por su parte debutó de forma oficial en la Copa de Alemania, el 21 de agosto de 2026, al derrotar por 4-0 al Rostock con el triplete de Dženan Pejčinović al minuto 18, 37 y 82 de partido, y la anotación de Tiago Tomás al 82 de partido.
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A continuación, así viene el cuadro visitante en sus últimos cinco juegos:
En lo que se refiere al último enfrentamiento, hay que ir al 23 de mayo de 2026 en el estadio Olímpico de Berlín por la final de la Copa Alemania, cuando el equipo de Kompany goleó a los Die Roten (Los Rojos en alemán).
La gran figura del partido fue Harry Kane al marcar triplete al minuto 55, 80 y 90+2 de tiro penal, permitiendo ganar al “Gigante de Baviera” llevarse su título 22 en esta competencia.
El más reciente duelo por la Bundesliga trae buenos recuerdos para Bayern Múnich, ya que el 19 de abril de 2026 goleó por 4-2 al Stuttgart, y con este resultado se llevó su título 35 de la Bundesliga.
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A continuación, así quedaron los últimos cinco duelos entre sí:
29 de agosto de 2026
Colonia vs. Hoffenheim
Elversberg vs. Bayer Leverkusen
Mainz vs. Paderborn
RB Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach
Unión Berlín vs. Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund vs. Hamburgo
30 de agosto de 2026
Friburgo vs. Werder Bremen
Augsburgo vs. Schalke 04
El ministro de Hacienda Miguel Gómez radicó el jueves 27 de agosto ante el Congreso el nuevo proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 por $634,9 billones, una cifra que amplía en $58 billones la propuesta inicial y que el Gobierno justificó por el terremoto y por un déficit fiscal mayor al previsto en la administración anterior.
El nuevo monto supera los $575,6 billones del borrador original que las comisiones económicas habían devuelto al gobierno Petro. El ministro tenía plazo hasta el 30 de agosto para presentar la reformulación y, desde ahora, el texto entrará en la etapa de análisis, ajustes y eventual sanción como ley en el Congreso.
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Según el texto oficial, el aumento responde a dos factores centrales: los efectos del terremoto y un faltante fiscal más alto de lo calculado. Ese cambio reconfiguró el tamaño del proyecto que el Ejecutivo volvió a presentar tras el rechazo del primer borrador.

La nueva iniciativa fue radicada luego de que las comisiones económicas devolvieran la versión anterior del presupuesto del gobierno de Gustavo Petro. La reformulación quedó a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público bajo la conducción de Miguel Gómez Martínez.
Gómez Martínez sostuvo que la presentación hace parte de “la primera fase del plan de rescate de la economía para enfrentar la inédita crisis heredada del gobierno anterior, agravada por los efectos del terremoto”. También afirmó que el Ejecutivo busca “recuperar la capacidad del Estado para cumplirles a los colombianos” y garantizar recursos para obligaciones esenciales.
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En su declaración, el ministro dijo que el Gobierno presentó “el presupuesto de la verdad, que corrige los errores e ilegalidades del presupuesto de las mentiras presentado por el gobierno Petro”. Aseguró que la propuesta anterior dejó desfinanciadas áreas como la salud, las pensiones, las universidades, las elecciones regionales y los subsidios de energía y gas.
El funcionario agregó que el nuevo proyecto incorpora recursos para cubrir esas obligaciones y contempla medidas de austeridad. En sus palabras, “los gastos de burocracia se ajustan a la inflación después de años de derroche”.
La radicación del presupuesto para 2027 no cierra el trámite. El proyecto pasa ahora al Congreso para su estudio, modificación y votación, paso necesario para que se convierta en ley.
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Gómez Martínez también anunció que el Gobierno presentará al Legislativo una ley de rescate. Según explicó, esa iniciativa incluirá medidas para contener en el corto plazo el crecimiento del gasto público y el aumento de la deuda.
En la misma intervención, el ministro señaló que “cada peso adicional de deuda que dejó el gobierno anterior tendrá que ser asumido por los colombianos de hoy o por las próximas generaciones”. Añadió que el ordenamiento de las finanzas públicas exigirá sacrificios, pero lo definió como una condición indispensable para proteger las necesidades actuales y futuras.

La administración anterior había radicado a finales de julio de 2026 un presupuesto por $575,6 billones, equivalente al 27% del PIB. Esa iniciativa preveía ingresos por $545,4 billones, de modo que dejaba abierta una brecha de $30,2 billones entre lo que se proyectaba recaudar y lo que se planeaba gastar.
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Ese proyecto destinaba $90 billones a inversión pública, $367,6 billones a funcionamiento y $118 billones al servicio de la deuda. Entre las mayores asignaciones figuraban deuda, educación, salud y trabajo.
Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el problema de fondo no fue solo el tamaño del gasto, sino que la caída de los ingresos proyectados fue mayor que el recorte propuesto. El informe recuerda que los ingresos aforados pasaron de $562,5 billones en 2026 a $545,5 billones en 2027, una reducción de $17 billones.
“Para 2027 la diferencia se aumentó hasta $30,2 billones, y aunque el gasto disminuyó, los ingresos aforados cayeron aún más, pasando de $562,5 billones en 2026 a $545,5 billones en 2027 (-$17,0 billones)”, dice en el análisis del Observatorio.
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La publicación académica señaló que el proyecto anterior “introdujo un cambio en la trayectoria del gasto, pero no cerró la brecha entre ingresos y gastos aforados, debido a que, frente a 2026, la reducción de ingresos fue superior a la de los gastos”. Esa es una de las variables que ahora se mirarán con más detalle cuando se conozca la nueva versión.
El documento también subraya un dato central en la discusión actual: frente al PGN 2026 vigente, el proyecto para 2027 sí planteaba una disminución real del gasto de $13,5 billones. Para el Observatorio, esa reducción demostró que existía margen para ajustar funcionamiento, pese a que durante los cuatro años anteriores el Gobierno había insistido en las llamadas inflexibilidades presupuestales.
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El análisis de la Universidad Javeriana muestra que, sin contar un aplazamiento de gasto que aún debía aplicarse en 2026, el componente de funcionamiento bajaba de $387,9 billones a $367,7 billones. Eso implicaba un recorte real de $20,2 billones o 5,2%.
La inversión también descendía, con una caída de $4,9 billones, mientras el servicio de la deuda aumentaba $11,6 billones. Esa combinación explicaba la reducción total del gasto propuesta para 2027.
Dentro del funcionamiento, el mayor ajuste recaía sobre transferencias, que pasaban de $290,1 billones a $277,2 billones, con una baja de $12,8 billones. El segundo recorte más importante estaba en bienes y servicios, que caían de $22 billones a $17,9 billones, mientras los gastos de personal disminuían $3,1 billones.
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Ese detalle es relevante para la discusión que abre el nuevo proyecto: el Observatorio sostiene que la reducción no provino principalmente de la nómina estatal, sino de otras transferencias y de compras de bienes y servicios. En paralelo, obligaciones más rígidas como el Sistema General de Participaciones y las pensiones siguieron aumentando.
En la distribución sectorial, Presidencia aparecía con la mayor reducción real, de 72,2%, debido sobre todo a la caída del presupuesto de la Ungrd. Después figuraban Minas y Energía, Deporte y Recreación, Información Estadística y Agricultura y Desarrollo Rural.
Frente al anteproyecto presentado en abril, uno de los recortes más notorios se había dado en infraestructura vial. La asignación para la Agencia Nacional de Infraestructura bajaba de $26,2 billones a $9,8 billones, mientras educación reducía $10 billones, trabajo $5,5 billones, Minas y Energía $5,2 billones y salud $2 billones.
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El Observatorio advirtió que ese patrón no debe repetirse en la nueva propuesta. “En medio de los ajustes fiscales que ha tenido que hacer el país, la inversión ha sido, con frecuencia, uno de los rubros más castigados, mientras otros componentes del gasto han mostrado una menor capacidad de ajuste”, indicó en su informe.
La presión sobre el nuevo presupuesto creció además por el terremoto del 10 de agosto. El texto fuente señala que las necesidades de reconstrucción y reactivación económica pueden exigir recursos frescos, lo que abre la discusión sobre si el ajuste del gasto deberá convivir con nuevas reasignaciones para atender esa emergencia.