La dictadura comunista que oprime a Cuba desde la década de los 50 podría estar llegando a su fin gracias a la voluntad del pueblo.
Fidel Alejandro Castro Ruz nació en Birán, en la provincia cubana llamada entonces Oriente, el 13 de agosto de 1926. Un siglo después de su nacimiento, su principal obra, la atroz dictadura comunista que oprime al pueblo de Cuba desde 1959, puede estar tocando a su fin.
La revolución cubana fue mentira desde su prehistoria, puesto que Fidel se pasó años insistiendo en que no era un comunista sino un defensor de la democracia y la libertad. Recordó Carlos Martínez en Econlib: "Prometió elecciones libres, libertad de prensa y el restablecimiento de la Constitución de 1940. Apenas dos años después de su entrada triunfal en La Habana y la huida del dictador Fulgencio Batista, Castro proclamó la revolución socialista. Y para 1968 el régimen había nacionalizado toda la economía cubana".
El comunismo tiene sistemáticamente dos resultados. En política, la dictadura. Y en economía, la miseria.
El famoso cantautor, Silvio Rodríguez, idolatrado por la izquierda caviar en Occidente, ha dicho que quiere un fusil para defender a Cuba de la agresión imperialista, la habitual excusa pseudo patriótica que han esgrimido siempre Castro y sus secuaces para tapar sus desmanes. Pero, como apuntó Carlos Malamud en el diario Clarinde Buenos Aires: "Resulta lamentable, incluso patético, que a sus casi 80 años Rodríguez, en lugar de empuñar su guitarra para reivindicar los derechos de unos jóvenes ahogados en años de gestión burocrática e ineficiente, pida un fusil para defender la gerontocracia revolucionaria".
La idealizada revolución fue en realidad una brutal represión y una generalizada pobreza en un país que encabezaba los indicadores de bienestar antes de 1959. Para ese deterioro, los sátrapas habaneros también tienen una explicación falaz: el embargo estadounidense. Pero, aunque no exista ningún bloqueo comercial, y aunque el embargo afecte a un porcentaje pequeño de la economía cubana, no cabe duda de que cualquier interferencia en el libre comercio es perjudicial.
Un reciente trabajo de Vincent Geloso, profesor de la Universidad George Mason, intentó cuantificar ese perjuicio. Su conclusión, que resumió en The Daily Economy, fue: "Lo que explica la práctica totalidad de la pobreza en Cuba es el socialismo, y no el embargo". Según sus cálculos, el embargo no es más que un chivo expiatorio, al ser responsable como máximo del 10% de la precariedad económica que padece el pueblo cubano.
Entre la represión y la miseria, dicho pueblo está empezando a reaccionar como nunca lo había hecho antes. Si el grito de la revolución comunista era "¡Patria o muerte!", en julio de 2021 miles de jóvenes cubanos tomaron las calles reclamando libertad al grito de "¡Patria y vida!". Dice Martínez: "El régimen respondió con una brutal represión. Pero esta vez la represión no acabó con el descontento, sino que desencadenó la mayor emigración de la historia del país. Entre 2022 y 2023 Cuba perdió el 20% de su población".
Según Gina Montaner, la novedad no es la voluntad de cambio del régimen castrista, sino que está al final de un callejón sin salida. Privado de ayuda exterior, primero de Rusia y después de Venezuela, y con casi el 90% de la población viviendo en la pobreza extrema, "el Estado parasitario cubano ya no tiene a quién vampirizar: hay cacerolazos en las noches a oscuras y hasta incendios provocados por un pueblo que no puede más", escribió en El Mundo.
Ian Vásquez resumió el panorama en El Comercio, de Lima: "Hay falta de comida, de agua y de electricidad; los apagones son extensos y cada vez más largos y a veces se dan a nivel nacional, impidiendo la conservación de alimentos, el comercio y el funcionamiento de una vida mínimamente moderna. Los servicios públicos, como el transporte, han colapsado. La basura no se recoge, se amontona en las calles, estimulando así un brote de enfermedades que el sistema de salud no tiene la capacidad de atender".
Cuba libre y capitalista, en vez de socialista y esclava. Ahora sí, en el centenario de Fidel Castro, puede ser verdad.
Ante la actual crisis de vivienda, Build Europe busca que la intervención política aporte un marco jurídico e impulse la construcción masiva de nuevos inmuebles.
"Esto es más que una crisis de la vivienda. Es una crisis social. Desgarra el tejido social de Europa, debilita nuestra cohesión y también amenaza nuestra competitividad". Ese fue el mensaje de Ursula von der Leyen en su intervención en el debate del Estado de la Unión Europea de septiembre del pasado año, cuando abordó la situación de la vivienda para adelantar la presentación de una nueva estrategia pocos meses después.
El Ejecutivo comunitario ha elevado el tono y la urgencia para enfrentar el encarecimiento de la vivienda, que achacan, entre otros motivos, a una escasez de oferta de inmuebles. Es la postura que también defiende Build Europe, la organización que agrupa a las federaciones nacionales de promotores y constructores de viviendas que, a su vez, representa a más de 30.000 compañías repartidas entre diez Estados miembros diferentes.
Apoyado en el impulso generado por el debate político, el lobby busca que su voz se escuche en Bruselas más que nunca en sus casi 70 años de historia a nivel comunitario. Ahora cuenta con oídos en lo más alto de la Comisión Europea, pues este segundo mandato de Von der Leyen es el primero en contar con un comisario dedicado específicamente a la vivienda: Dan Jørgensen.

Según los datos manejados por Bruselas, en la Unión Europea se necesita construir 650.000 viviendas adicionales al año durante la próxima década (un total de unos 10 millones de nuevas casas) para paliar la crisis de accesibilidad. Esta cifra se debe sumar a los 1,6 millones de inmuebles que ya se edifican anualmente en territorio europeo y que, según sostiene el Ejecutivo comunitario, no son suficientes para presionar y contener las alzas del precio de la vivienda que hacen que sean poco accesibles.
Para paliar esa situación, la Comisión Europea pretende movilizar 150.000 millones de euros entre inversiones públicas y privadas para disparar la construcción. "El paquete de medidas de la Comisión Europea sobre vivienda sitúa a estas en un lugar destacado de la agenda política europea en un momento en que la asequibilidad y la disponibilidad se han convertido en desafíos críticos en toda la UE", aseguran los expertos de Build Europe, que destacan que "el plan refleja un reconocimiento importante de que la crisis de la vivienda en Europa está impulsada por una insuficiencia estructural de la oferta, el aumento de los costes de construcción y la disminución de la productividad".

Build Europe valora especialmente el énfasis que pone la Comisión Europea en aumentar la oferta de vivienda, reducir la burocracia y agilizar los procedimientos de concesión de permisos, así como el llamamiento a movilizar inversión privada junto con la financiación pública. La asociación empresarial seguirá volcada en estos objetivos, considerados prioritarios para las compañías que la integran.
Al frente de la campaña estarán Filiep Loosveldt, director general de Build Europe. El lobby está compuesto por diferentes órganos: la presidencia, la asamblea general y el Consejo de Administración. Estos tres órganos cuentan con la asistencia del Comité Conjunto en el desempeño de sus actividades. Andreas Ibel ocupa la presidencia de la asociación desde mediados de 2023.
Build Europe tiene su sede en el distrito europeo de Bruselas, en el número 20 de la Avenida de las Artes. Allí trabajan sus apenas tres profesionales, que, sin embargo, se apoyan en la estructura de las asociaciones nacionales a las que representan en la capital europea. Entre ellas, se encuentran dos españolas: la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) y la Asociación Provincial de Constructores Promotores de Zaragoza (ACPZ), representados por Xavier Vilajoana y José Luis Roca Castillo, respectivamente.
La oficina de Build Europe se encuentra a 20 minutos caminando del Parlamento Europeo y algo más cerca incluso de la sede de la Comisión Europea, donde se dirimen las políticas que pueden marcar en gran parte la actividad de las empresas a las que dan servicio como grupo de presión de referencia para este sector.
En septiembre, la Comisión Europea retomará las propuestas en esta materia con su propuesta de Ley de Vivienda Asequible, una iniciativa que lanzará la española Teresa Ribera, vicepresidenta del Ejecutivo comunitario. Tiene como objetivo dotar a los Estados miembros y ayuntamientos de un marco jurídico que frene la presión de los precios y el alquiler turístico. Así, ofrecerá herramientas legales a regiones y municipios para intervenir en zonas con alta tensión en el mercado del alquiler.
Desde Build Europe, sin embargo, dedican su fuerza como lobby a que el impulso político para abordar la crisis de la vivienda se dedique a la mejora de la oferta a través de la construcción de nuevos inmuebles en masa. Para la asociación empresarial, algunas de las propuestas son contra los inversores o establecen restricciones. "Determinadas políticas de vivienda, pese a estar planteadas con objetivos positivos, pueden generar efectos contraproducentes al restringir aún más la oferta. Entre ellas señaló medidas relacionadas con zonificaciones rígidas o exigencias excesivas a nivel de proyecto, que pueden ralentizar la construcción en lugar de acelerarla", indicó recientemente Ibel. "Europa no carece ni de demanda ni de capacidad para construir: carece de un marco político que permita construir a gran escala", afirmó el presidente de Build Europe.
El principal problema para las instituciones europeas es que la vivienda es una materia en la que las competencias dependen de los Estados miembros por lo que, en muchos casos, desde Bruselas únicamente se puede dar herramientas legales o recomendaciones a los países para que actúen. Este mismo año se ha advertido al Ejecutivo comunitario que no deberían extralimitarse en sus funciones.
Como el resto de lobbies, Build Europe está inscrito en el registro de transparencia de la Unión Europea, una plataforma que sirve para que se pueda identificar qué intereses están representados por cada asociación y en nombre de quién así como los recursos que dedican a estas actividades. En su caso, el código de identificación es el 80003592094-64.
Existen más de 15.000 asociaciones registradas en esta base de datos, niveles máximos históricos, con más de cien de ellas ubicadas en España. La inscripción en el registro de transparencia de la Unión Europea obliga a adoptar y firmar un código de conducta sobre las relaciones entre el lobby y las instituciones. Desde finales de 2014, cuando comienzan los registros, Build Europe ha mantenido apenas ocho reuniones con los diferentes miembros de la Comisión Europea, lo que refleja el hecho de que gran parte de los asuntos en materia de vivienda se dirimen a nivel nacional. Sin embargo, sus esfuerzos han crecido conforme aumentaba el apetito político en Europa por intervenir en este ámbito, algo que queda patente por el hecho de que más de la mitad de esos encuentros se han producido en 2025.
Esas reuniones se celebraron para aportar su visión antes de que la Comisión presentara su estrategia para vivienda al término del pasado año.
La compañía estatal establece un presupuesto de 20 millones para adaptar las unidades de las Series 106 y 107 fabricados por Talgo con rodadura desplazable.
Renfe ha puesto en marcha la maquinaria para homologar sus trenes de alta velocidad en Portugal con el objetivo de operar en el país vecino tras los traspiés sufridos en Francia. Se trata de 30 unidades, una parte relevante de la flota fabricada por Talgo que conforman las Series 106 y 107 que llevarán rodadura desplazable para adaptarse al ancho portugués.
Así lo aseguró ayer el ministro de Transportes, Óscar Puente, al confirmar que el operador estatal español ha comenzado los trámites para homologar sus trenes de las Series 106 y 107 de Talgo para entrar en Portugal, tal y como adelantó EXPANSIÓN el pasado 11 de julio. "Son modelos muy adaptables al entorno portugués, que en parte es de ancho ibérico como España y estamos intentando homologarlos para poder trabajar allí", indicó el ministro en una entrevista de Europa Press.
Según fuentes próximas a la operación, Renfe desplazará al proyecto portugués el plan de homologación que tenía previsto realizar en Francia con 10 unidades. Ahora serán 30 trenes de rodadura desplazable a los que habrá que instalar la tecnología de señalización y seguridad para adaptarse a la red ferroviaria portuguesa, un trabajo que requerirá, al menos, inversiones en flota por valor de 20 millones de euros.
Se trata de trabajos que ya están planificados y que se extenderán durante los próximos 44 meses con el objetivo de que Renfe esté en disposición de operar en Portugal a partir de 2030, fecha en la que se celebrará el Mundial de Fútbol con sedes en ambos países, además de Marruecos.
Las rutas elegidas son los dos grandes corredores internacionales con Portugal: la conexión Vigo-Oporto y la línea entre Lisboa y Badajoz hasta Madrid. Portugal, que ha optado por el ancho ibérico (España opera en ancho UIC), se encuentra trabajando sobre la conexión Lisboa-Oporto. En su agenda, está previsto comenzar a operar entre las dos grandes ciudades lusas a partir de 2032. Ese mismo año debería entrar en operación la conexión de Oporto hasta Vigo, mientras que el enlace con la frontera española por Extremadura no estará listo hasta 2034.
La infraestructura más importante de la tercera fase es la construcción de un tercer puente sobre el Río Tajo, que permitirá reducir los tiempos de viaje hacia el sur y frontera de España en 30 minutos y que facilitará que la conexión entre Madrid y Lisboa se pueda realizar en tres horas, frente a las ocho actuales. Entre los obstáculos figura la financiación y los requerimientos de impacto ambiental.
Puente indicó ayer que se trata de un cambio de enfoque en el plan de internacionalización de Renfe, ya que su objetivo era crecer en Francia, donde está presente solo en el sur. Las trabas regulatorias han retrasado su llegada a destinos clave como París.
"Hay que analizar la realidad y no empecinarse en cosas que parecen difíciles, por lo que estamos cambiando nuestras ideas, enfocándonos más hacia Portugal, que está en vísperas de desarrollar su red de alta velocidad y es un territorio en el que vamos a trabajar mucho más cómodos y vamos a tener una entrada más sencilla", explicó. "Los dos países tenemos el objetivo de estar vinculados a través de la red ferroviaria, pero, en el caso de Francia, la presión realizada en Europa para que impulse sus conexiones con España ha servido de poco".
Puente reiteró el compromiso del Gobierno de tener listas ambas conexiones transfronterizas en 2030, a la espera de que los otros dos países desarrollen la infraestructura dentro de sus fronteras. De hecho, con los trenes de las Series 106 y 107, que pueden circular por distintos tipos de vías, se podrá poner el servicio en marcha progresivamente.
Renfe sigue esperando que Talgo le entregue la Serie 107 con dos años ya de retraso, después de que el operador le impusiera una multa de 116 millones de euros al fabricante por los retrasos en los Avril.
Puente evitó hablar de nuevas sanciones y esperará a recibir la Serie 107 y a analizar las circunstancias antes de cualquier multa. "Estamos centrados en el proceso de evaluación y vamos a ver finalmente cuándo se produce la entrega para tener en cuenta las circunstancias", añadió.
Óscar Puente cree que los problemas de capacidad industrial que han llevado a Talgo a entregar sus trenes con retraso son algo generalizado en la industria europea, en empresas como Alstom, Siemens o Stadler.
"No es de recibo que los tiempos medios de producción y puesta a disposición y certificación de un tren estén en torno a los seis años en este momento. Llegará un momento en el que si la industria no es capaz de fabricar a unos precios y plazos razonables, los chinos entrarán. Europa tiene que tomar medidas para que no pase lo que ha pasado en la industria automovilística", dijo Puente.
El operador español ya descuenta que no dispondrá de su nueva Serie 107 encargada a Talgo hasta 2027, con cerca de dos años de retraso. Además, el fabricante controlado por un consorcio público-privado vasco todavía no ha completado la entrega de los 30 Avril encargados por Renfe en 2016. También acumula retrasos el macropedido de cercanías encargado a Alstom, CAF y Stadler (400 trenes con un presupuesto de inversión de 5.000 millones de euros). Este contrato lleva aparejado, además, diferencias económicas por valor de cerca de 1.000 millones debido a los sobrecostes por el encarecimiento del acero.
Grietas profundas, varillas de hierro expuestas y movimiento son algunos de los daños visibles en la parte inferior del puente del Anillo Periférico sobre la calzada Aguilar Batres. Pese a estas condiciones, las autoridades aún no definen las acciones que se tomarán y esperan evaluaciones técnicas para determinar el estado de una de las estructuras más importantes para el comercio nacional.
Personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y de Obras de la Municipalidad de Guatemala inspeccionó este martes 18 de agosto el puente para verificar sus condiciones y establecer el tipo de evaluación especializada que requiere.
La infraestructura estaría a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV); sin embargo, las autoridades aún evalúan a qué institución corresponde la jurisdicción.
Una inspección visual de la Conred evidencia posibles daños en elementos estructurales ubicados en la parte inferior del puente.
Por el lugar pasan cada día entre 150 mil y 200 mil vehículos. Es una de las principales rutas de interconexión entre el área sur, desde la calzada Aguilar Batres, y el norte del país. Más del 95% de los vehículos de transporte pesado y de carga lo utiliza para conectarse con el Anillo Periférico.
En el sector señalado se observan grietas de considerable profundidad en la zona de unión entre las vigas longitudinales o principales y las transversales.
El puente cuenta con nueve vigas longitudinales que conectan con las transversales. Una de estas presenta fisuras que aparentan atravesar la estructura. La misma condición se observa en dos áreas; sin embargo, según las autoridades, será necesaria una evaluación especializada para determinar si los daños comprometen la capacidad de la estructura.
En imágenes captadas por Guatevisión y Prensa Libre se observa un movimiento localizado en ese punto cuando circulan vehículos sobre el puente.
La estructura presenta vibración y un aparente desplazamiento concentrados en la zona donde también se identifican las grietas y hay varillas de hierro expuestas.
Las vigas longitudinales y transversales forman parte de la superestructura y trabajan en conjunto para recibir y distribuir las cargas que soporta el puente. Por ello, cualquier fisura profunda, separación o desplazamiento en sus conexiones debe ser evaluado por especialistas.
Según las autoridades, la existencia de grietas y movimiento no permite, por sí sola, determinar la gravedad del daño ni establecer que exista riesgo de colapso. Sin embargo, los hallazgos hacen necesaria una inspección estructural detallada para establecer el origen de las fisuras, verificar el estado de las conexiones y determinar si se requieren medidas preventivas para garantizar la seguridad de quienes utilizan la infraestructura.
Pese a los daños visibles, las autoridades aún no han definido qué acciones se tomarán. Personal de la Municipalidad de Guatemala y de las instituciones involucradas deberá establecerlas a partir de los resultados de las evaluaciones técnicas.
El CIV señaló que no ha recibido ningún informe de la Conred. Cuando lo reciba, analizará las acciones correspondientes para determinar el tipo de intervención que requieran los daños que presente la estructura.
Por su parte, la Municipalidad de Guatemala indicó que el puente no forma parte del inventario municipal y que sería propiedad del CIV. Aunque el Departamento de Obras de la comuna efectuó una verificación en el lugar, la Conred deberá remitir las recomendaciones para determinar las medidas que correspondan.
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Mobico vende el negocio UK Bus a la autoridad local de West Midlands. Alsa gana cada vez más peso en la estructura del operador británico.
Mobico, el operador de movilidad británico participado por la familia Cosmen (25%), avanza en su plan de desinversiones para generar caja y reducir deuda en un momento en el que el equipo español de Alsa está asumiendo un mayor protagonismo en la toma de decisiones de la empresa, que ayer cerró en la Bolsa de Londres con un valor de unos 188 millones de euros.
Mobico se ha desprendido de la división UK Bus, que prestaba servicio a través de la franquicia West Midlands, en una operación que ha generado ingresos por valor de 24 millones de libras (unos 28 millones de euros).
West Midlands hace referencia al sistema y las operaciones de transporte de autobuses en el condado metropolitano de West Midlands (Inglaterra), el cual abarca grandes ciudades del país como Birmingham, Coventry y Wolverhampton.
Mobico ha vendido el negocio a la autoridad de transporte local West Midlands Combined Authority (WMCA). El valor de los activos cedidos asciende a 102 millones de libras.
Comprende las cocheras de autobuses de Reino Unido y la flota de autobuses diésel. Además, se reservan 6,5 millones de libras en efectivo para fines operativos. La operación representa una reducción de deuda por valor de 78 millones de libras por la transferencia de los pasivos de UK Bus (fondo de pensiones y transferencia de los contratos de vehículos eléctricos). En la venta, se ha acordado un pago adicional aplazado de 5,5 millones de libras.
"Esta transacción reduce significativamente el riesgo de que Mobico pierda cuota de mercado en el próximo proceso de concursos (franquicias) y materializa el valor de sus activos en la actualidad", indicó ayer la compañía participada por los fundadores de Alsa. En mayo de 2025, la región de West Midlands aprobó el paso de un servicio de autobuses desregulado a un modelo de franquicias en la zona, con un período de transición que culminará con la implementación completa a finales de 2029, lo que generó una gran incertidumbre sobre el futuro a largo plazo del sector de autobuses en Reino Unido.
Mobico reconoció ayer los malos resultados de este servicio. "En los últimos años, los costes de funcionamiento del negocio han aumentado sustancialmente y, en un entorno de financiación limitada, ha provocado que el negocio haya operado prácticamente sin alcanzar el punto de equilibrio durante años, además de depender en gran medida de la financiación de la red de las autoridades locales".
En el último año, UK Bus generó ingresos de 338 millones de libras, un ebitda ajustado de 23 millones y un beneficio operativo ajustado de dos millones de libras gracias a las plusvalías obtenidas por la venta de depósitos de combustible.
El contribuyente medio trabajará este año 231 días para cumplir con Hacienda, hasta el 20 de agosto, lo que representa casi dos meses más de carga fiscal que el 27 de junio de 2019.
El esfuerzo fiscal exigido a los ciudadanos españoles ha experimentado un exponencial aumento en los últimos años. Según el informe Día de la Liberación Fiscal 2026, elaborado por el Centro de Análisis de la Sostenibilidad del Modelo Económico (CASME) de la Fundación Civismo, el contribuyente medio en España tendrá que trabajar en 2026 hasta el 20 de agosto para cumplir con sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. Esta fecha equivale a aproximadamente 231 días de esfuerzo fiscal acumulado, lo que representa un retraso de dos días respecto a la edición de 2025.
Sin embargo, la perspectiva temporal resulta aún más reveladora si se compara con los datos de 2019, ejercicio en el que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno de forma plena. En aquel año, el Día de la Liberación Fiscal se situó en el 27 de junio. La comparación entre ambos ejercicios evidencia que, en un periodo de siete años, los españoles han visto cómo el periodo del año dedicado íntegramente a financiar al Estado se ha incrementado en 53 días, pasando de finales de junio a finales de agosto.
Este incremento sostenido se refleja directamente en la evolución reciente de los ingresos tributarios gestionados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). En 2019, la recaudación fiscal total en España se situaba en 212.808 millones de euros. Desde entonces, la cifra ha registrado una tendencia alcista constante. Ascendió a 255.463 millones en 2022, a 271.935 millones en 2023, a 294.734 millones en 2024, y alcanzó los 325.356 millones de euros en 2025. Este comportamiento supone que, entre 2019 y 2025, los ingresos tributarios se incrementaron en 112.548 millones de euros, lo que representa un crecimiento acumulado de aproximadamente el 52,9%.
Este incremento de la presión fiscal se produce, además, en un contexto presupuestario singular. España afronta el ejercicio de 2026 con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados por tercer año. No obstante, el informe advierte de que la falta de nuevas cuentas públicas no ha supuesto una congelación del esfuerzo fiscal real de los hogares. Por el contrario, el sistema tributario ha seguido incrementando su capacidad de recaudación a través de mecanismos automáticos y de lo que los analistas de la institución denominan inercia fiscal.

En términos agregados, la divergencia entre el crecimiento de la economía y la recaudación es perceptible. Mientras que el PIB nominal de España creció un 5,8% en 2025, los ingresos de la Agencia Tributaria aumentaron a un ritmo del 10,4%. Según el informe, esta diferencia de más de cuatro puntos porcentuales sugiere que el incremento de la recaudación no responde únicamente al dinamismo económico general, sino a una mayor intensidad del aparato recaudatorio sobre las rentas de los hogares.
Entre los factores determinantes de este proceso destaca la denominada "progresividad fría" del IRPF. Ante la falta de una deflactación generalizada de la tarifa del impuesto en consonancia con la inflación, los incrementos salariales nominales -que a menudo solo buscan mitigar la pérdida de poder adquisitivo del trabajador- acaban empujando a los contribuyentes a tramos impositivos superiores. De este modo, el tipo efectivo aplicado aumenta de forma automática sin necesidad de que se apruebe una reforma fiscal explícita en las Cortes Generales. Un ejemplo de esta inercia se observó en 2025, cuando la recaudación por IRPF creció un 10,1%, superando al aumento de las rentas brutas de los hogares, que se situó en el 7,2%.
A este efecto se añade la progresiva normalización de los tipos del IVA. La retirada paulatina de las medidas temporales de alivio fiscal sobre la electricidad, el gas y determinados alimentos básicos ha devuelto a este impuesto indirecto su capacidad de recaudación ordinaria. En 2025, la recaudación por IVA se incrementó un 9,9%, incidiendo especialmente sobre las rentas bajas y medias, que dedican una mayor proporción de sus ingresos al consumo inmediato.
Por último, el aumento de las cotizaciones sociales también ha afectado en el retraso del Día de la Liberación Fiscal. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), diseñado para apuntalar la sostenibilidad del sistema de pensiones, eleva su tipo de cotización en 2026 al 0,90% de la base por contingencias comunes, distribuyéndose en un 0,75% a cargo de la empresa y un 0,15% a cargo del trabajador.
Para un trabajador medio con un salario bruto anual de 32.446 euros, el coste laboral total para el empleador asciende a 42.390,70 euros, una vez incorporadas las cotizaciones patronales (9.944,70 euros). De este coste total, el asalariado percibe un salario neto estimado de 24.724,91 euros, mientras que los restantes 17.665,79 euros se destinan a cotizaciones sociales e IRPF. Esto sitúa la cuña fiscal en el 41,7%. Por cada 100 euros pagados por la empresa, 58,3 llegan al trabajador como renta disponible.
La carga varía entre CCAA. En el extremo más favorable para el contribuyente se sitúan el País Vasco y la Comunidad de Madrid, donde el 'Día de la Liberación Fiscal' se alcanza el 14 y el 15 de agosto, respectivamente, favorecidos por tipos efectivos estimados del IRPF más bajos (15% y 16,55%). En el lado opuesto se encuentran Extremadura y Cataluña, donde los ciudadanos deben trabajar hasta el 26 de agosto para cubrir sus cargas fiscales, debido a tipos efectivos estimados que rondan el 17,5%.
La presión fiscal que soportan los hogares españoles no se limita a los grandes impuestos estatales como el IRPF o el IVA. El informe destaca una segunda capa de "tributación silenciosa" local y autonómica que representa un coste anual estimado de 4.110 euros para el trabajador medio, el equivalente a 60,7 días de su sueldo neto.
Dentro de este bloque se incluyen tributos consolidados como el IBI (700 euros de media) o el Impuesto de Vehículos (160 euros).

Emiratos Árabes Unidos suspendió hasta nuevo aviso todas sus relaciones comerciales, los intercambios mercantiles y las transacciones financieras con Irán, después de denunciar el lanzamiento de dos misiles balísticos desde territorio iraní hacia su espacio marítimo. El episodio agravó la crisis regional y elevó la presión sobre el estrecho de Ormuz.
La decisión fue comunicada este martes por la directora del Departamento de Comunicaciones Estratégicas del Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí, Afra Al Hameli, quien vinculó la medida al deterioro de la seguridad regional e internacional. El anuncio llegó después de que el Ministerio de Defensa de Emiratos informara que sus sistemas detectaron dos proyectiles disparados desde Irán.
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“A la luz de las tensiones regionales que socavan la paz y la seguridad regionales e internacionales, se han suspendido hasta nuevo aviso todos los intercambios comerciales y las transacciones financieras con Irán”, aseguró la funcionaria.
Un misil cayó fuera de las aguas territoriales del país y el otro impactó dentro de ellas, sin que las autoridades reportaran víctimas ni daños materiales.
El Gobierno emiratí sostuvo, tras las evaluaciones iniciales, que los misiles tenían como objetivo el tráfico marítimo. La información oficial no precisó qué embarcaciones podían encontrarse en la zona ni detalló el punto exacto de impacto, aunque el señalamiento reforzó la preocupación de Abu Dabi por la seguridad de una de las rutas energéticas más sensibles del mundo.
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Antes de confirmar el origen y la trayectoria de los proyectiles, las autoridades activaron una alerta urgente a la población ante una posible amenaza de misiles y pidieron a los residentes que buscaran refugio en edificios protegidos. El aviso fue difundido por teléfono y marcó el primer episodio de este tipo desde julio, cuando también se había emitido una advertencia por un posible ataque que finalmente no alcanzó el territorio emiratí.
Tras el lanzamiento, el Ministerio de Defensa afirmó que mantenía un estado de alerta y plena capacidad para responder a cualquier amenaza contra la seguridad del país. También aseguró que actuaría con firmeza frente a cualquier intento de afectar la soberanía, la estabilidad y los intereses nacionales de Emiratos.
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En paralelo con la suspensión de los vínculos económicos y financieros, Al Hameli reiteró que Emiratos mantiene su compromiso con el diálogo, la cooperación y la integración regional como vías para promover la paz, la estabilidad y la prosperidad. La funcionaria añadió que el país sostiene su compromiso con la protección de la integridad del sistema financiero internacional y con el cumplimiento del derecho y de los estándares internacionales.
El episodio se produjo después de varias semanas de creciente tensión entre Abu Dabi y Teherán. Emiratos ya había denunciado ataques contra buques de la petrolera estatal ADNOC que navegaban por el estrecho de Ormuz, aunque en esos casos no había informado impactos directos contra su territorio.
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A esa serie de incidentes se sumaron amenazas atribuidas por las autoridades emiratíes a milicias iraquíes alineadas con el régimen de Irán, a las que también señalaron como un factor de riesgo para la seguridad nacional.
El nuevo choque coincidió además con un momento de bloqueo diplomático entre Washington y Teherán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes que no existían conversaciones en curso ni reuniones programadas con Irán. Sus palabras llegaron un día después del vencimiento del plazo de 60 días previsto en el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio entre ambos países con la intención de avanzar hacia la paz.
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“No hay conversaciones ni negociaciones en curso ni programadas con la República Islámica de Irán. El bloqueo naval se mantiene en plena vigencia. El estrecho de Ormuz está abierto y operativo. Todas las minas acuáticas han sido retiradas o detonadas”, indicó el mandatario en su cuenta en la red Truth Social.
La jornada incluyó también un contacto entre el presidente de Emiratos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y Trump. Según informó la agencia estatal WAM, ambos hablaron por teléfono sobre la cooperación bilateral, la situación en Oriente Medio y las iniciativas vinculadas con la crisis regional.
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(Con información de EFE)
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, sostuvo una reunión bilateral con el ministro de relaciones exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, donde abordaron temas de interés común.
La Cancillería explicó que, además, comenzaron la planeación y organización de la próxima reunión plenaria de la Comisión Binacional México-Guatemala.
Detalló que en la reunión, ambos cancilleres dialogaron acerca de temas de seguridad, asuntos fronterizos, relaciones económicas, migración y energía.
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Además, precisó que coincidieron en la relevancia del Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya entre México, Guatemala y Belice, el cual busca fortalecer la cooperación ambiental de esta región.
Velasco Álvarez afirmó que sostuvieron un productivo diálogo con la intención de seguir estrechando lazos, “porque somos naciones hermanas, herederas de una misma raíz maya: fuimos una sola civilización antes de tener fronteras, y hoy tenemos una frontera que no nos separa, nos une”.
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Asimismo, indicó que se acordó un plan binacional para 2027 que fijará el rumbo de la relación en seguridad, conectividad fronteriza, movilidad humana con dignidad, desarrollo y cooperación.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, y el ministro de relaciones exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez. Foto: X @SRE_mx
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Agregó que recorrieron una exposición del maestro Carlos Mérida, “orgullo de ambos países y testimonio de nuestras raíces comunes”.
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dft/bmc

Una presunta red de narcomenudeo que habría combinado ventas desde viviendas con entregas “express” solicitadas por teléfono fue golpeada este martes en Grecia, Costa Rica, donde agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron 11 allanamientos y detuvieron a nueve hombres vinculados, en apariencia, con la comercialización de marihuana, crack y cocaína.
El operativo comenzó alrededor de las 4 a. m. y movilizó a agentes judiciales hacia diferentes sectores del cantón de Grecia, donde se intervinieron viviendas ubicadas en Grecia Centro, Tacares, San Juan, San Roque, calle El Achiote, Santa Gertrudis Sur, La Arena y Rincón de Arias.
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Los detenidos fueron identificados con los apellidos Solís, de 53 años; Valverde, de 25; Alfaro, de 26; Murillo, de 36; Picado, de 26; Fonseca, de 25; Baquedano, de 18; Valverde, de 23, y Montero, de 35 años.
Todos figuran como sospechosos de infracción a la Ley sobre Psicotrópicos, bajo la modalidad de venta de droga al narcomenudeo.

La investigación que permitió llegar hasta estas viviendas se inició aproximadamente hace un año. Durante ese periodo, los agentes judiciales habrían recopilado información sobre la actividad que presuntamente desarrollaban los sospechosos y sobre la forma en que se distribuían los estupefacientes.
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Uno de los elementos que diferencia la operación investigada es la presunta utilización de dos modalidades de venta.
La primera consistía en recibir a los compradores directamente en las viviendas. De acuerdo con la investigación, las personas interesadas en adquirir droga aparentemente llegaban hasta los inmuebles para realizar las compras.
Pero la presunta estructura también habría utilizado un sistema de entrega “express”. En este caso, los compradores realizaban los pedidos por medio de llamadas telefónicas y posteriormente los sospechosos, aparentemente, se desplazaban hasta diferentes puntos para entregar la droga.

Esta modalidad habría permitido a los investigados movilizar los estupefacientes fuera de las viviendas que eran utilizadas como puntos de venta, ampliando de esta manera el radio en el que presuntamente realizaban sus actividades.
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La investigación señala que entre las sustancias que aparentemente eran comercializadas se encontraban marihuana, crack y cocaína.
Durante los 11 allanamientos, los agentes judiciales localizaron y decomisaron dinero en efectivo, teléfonos celulares, marihuana y cocaína.
Los teléfonos celulares serán parte de los elementos que deberán ser analizados por los investigadores, ya que podrían contener información relacionada con los contactos, comunicaciones y movimientos de los sospechosos. Cualquier nuevo elemento obtenido a partir de estos dispositivos deberá ser incorporado al expediente y valorado por las autoridades correspondientes.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los agentes se produjo dentro de una de las viviendas allanadas.
En ese inmueble fue localizado un sector que, aparentemente, estaba acondicionado para elaborar, preparar y embalar la droga que posteriormente sería comercializada. El hallazgo hace presumir a los investigadores que, al menos en ese sitio, no solo se almacenaban o vendían los estupefacientes, sino que también se realizaban labores relacionadas con su preparación para la distribución.
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Los allanamientos permitieron además asegurar distintos elementos que podrían ayudar a los investigadores a establecer con mayor precisión cómo funcionaba la presunta estructura, quiénes participaban y cuál habría sido el papel de cada uno de los detenidos.
Los nueve hombres quedaron detenidos y fueron puestos a la orden del Ministerio Público, que deberá determinar las medidas cautelares y la situación jurídica que corresponde a cada uno.
El caso permanece bajo investigación del OIJ de Grecia, mientras los elementos decomisados durante los operativos son sometidos a los análisis correspondientes para determinar si permiten ampliar la información sobre la presunta organización y su forma de operar.
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El Gobierno de Bolivia pidió este martes esclarecer con rigor el ataque armado contra la abogada y analista política Nadia Beller y determinar si el argentino Fernando Cerimedo tuvo alguna participación en el hecho. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que la Policía recibió instrucciones para actuar de inmediato y remarcó que el caso quedó bajo investigación del Ministerio Público.
La reacción oficial se produjo después de que Cerimedo fuera detenido en el aeropuerto internacional Viru Viru, en Santa Cruz, cuando llegaba desde La Paz. El arresto se produjo horas después del ataque contra Beller y mientras las autoridades buscaban establecer las circunstancias del hecho y posibles vínculos entre los involucrados.
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Oviedo afirmó que expresó su “solidaridad” con la víctima y señaló que ordenó al comandante departamental de la Policía de Santa Cruz intervenir desde que tuvo conocimiento del episodio y de la “presunta participación del señor Fernando Cerimedo”.
El funcionario subrayó además que el detenido quedó a disposición de las autoridades judiciales. “Actualmente, el señor Cerimedo está a disposición de las autoridades competentes y hoy la investigación se encuentra bajo competencia del Ministerio Público”, declaró.
“En Bolivia nadie está por encima de la ley y pedimos una investigación seria y profunda de este tema”, agregó.
La declaración marca la posición del Ejecutivo ante un caso que involucra a una persona relacionada con el entorno político del presidente Rodrigo Paz. Cerimedo ha sido identificado como asesor del mandatario boliviano y había participado en tareas vinculadas con comunicación y estrategia política. Ahora permanece bajo custodia mientras la Fiscalía y la Policía intentan establecer si existe una conexión entre él y el ataque.
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El comandante departamental de la Policía, David Gómez, explicó que los investigadores conocían la existencia de un conflicto reciente entre Cerimedo y Beller. Según el jefe policial, ambos habían tenido “en días pasados un problema de carácter sentimental”, una de las circunstancias que llevó a los agentes a considerar la posible relación del argentino con el episodio.
Gómez indicó que, tras recibir información sobre la posible implicación de Cerimedo, se desplegó personal policial en Viru Viru. El argentino quedó posteriormente en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), donde deberá prestar declaración ante investigadores, acompañado por un fiscal y su abogado.
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La Policía busca determinar si tuvo “algún tipo de participación” en el ataque, sin que hasta el momento se haya establecido públicamente su responsabilidad. La investigación deberá establecer también quiénes fueron los autores materiales y cuál fue el motivo de la agresión.

Beller fue atacada durante la noche del lunes en Santa Cruz por dos hombres. Las imágenes de seguridad muestran a ambos aproximándose a ella mientras aparentaban ser repartidores de comida. Uno de los individuos efectuó varios disparos y el otro tomó sus pertenencias antes de escapar.
La víctima permanece bajo atención médica y las autoridades esperan que su estado permita recoger su testimonio. Su declaración será relevante para reconstruir lo ocurrido, determinar posibles antecedentes del ataque y contrastar las distintas hipótesis que maneja la investigación.
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Mientras avanzan las diligencias, el Gobierno boliviano evitó adelantar conclusiones sobre la responsabilidad de Cerimedo y dejó el caso en manos del Ministerio Público. Oviedo señaló que las autoridades proporcionarán nueva información conforme existan avances oficiales en las pesquisas.