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Por
Iván Arenas
Especialista en minería e hidrocarburos
Actualizado el 06/10/2026, 06:33 a.m.

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Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.
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ColumnistasEl ganchillo (el de verdad, no el de la IA) siempre fue un pasatiempo de calma y tiempo libre. Salvo cuando un pueblo entero se junta y decide convertirlo en parte de la festividad. Si en tu pueblo la fiesta empieza con traca y cohetes, en Losacino de Alba, en la zamorana Tierra de Alba, la fiesta empezó con una aguja. Del 2 al 4 de octubre, por la Virgen del Rosario, sus calles se vistieron con 20 hilos, más de 150 metros de cuerda y unos 300 banderines de ganchillo, muchos de mandalas y espirales. Las vecinas los tejieron durante meses y los jóvenes los colgaron.
Cómo se teje una fiesta. La idea nació en 2025 de la Asociación Cultural El Ribote, con el apoyo de la tienda zamorana La Casa de las Labores. Aquel año, los banderines se concentraron en los puntos de más afluencia. En 2026 cubrieron prácticamente todo el pueblo. El municipio entero, con Muga de Alba, Vide de Alba y Castillo de Alba, suma 189 en 2025. Eso da para muchos banderines por persona.
El núcleo urbano ha ido perdiendo vecinos (por ejemplo, en 2004 eran 306 habitantes). Y este tipo de iniciativas impulsan, al menos durante unas semanas, la vida en sus calles y su memoria. Su joya es el Castillo de Alba, hoy una ruina declarada Bien de Interés Cultural. Se levantó en el siglo XII sobre un castro vetón y Alfonso IX lo devolvió a los Templarios en 1220. En 1459 se convirtió en sede del condado de Alba de Aliste.
Y la paleta de banderines homenajea a la tierra: la bandera de Zamora, la manta zamorana, la capa parda alistana y retales de las propias tejedoras. Cada banderín es completamente único y distinto.
Fiesta local. El abuelo de todo esto es el yarn bombing, el "grafiti de lana". Nació en 2005 en Houston, en una jornada floja en la boutique de Magda Sayeg. Sayeg tejió una funda azul y rosa para el pomo de la puerta y la bautizó "alpha", la pieza original. La reacción de los transeúntes la animó a seguir con señales de stop y antenas de coche. Cada pieza llevaba una etiqueta con el lema "knitta, please!", un juego de palabras que da nombre al colectivo Knitta Please, que fundó con una amiga conocida como AKrylik.
El movimiento también tenía sus propios antecedentes: Bill Davenport exponía objetos cubiertos de ganchillo en los noventa. Shanon Schollian tejía fundas para tocones talados en Oregón en 2002. Pero fue Sayeg quien lo convirtió en fenómeno. Sus piezas llegaron a un tramo de la Muralla China y a un autobús de Ciudad de México, y desde 2011 hay incluso un Día Internacional del Yarn Bombing, el 11 de junio.
Sayeg se identifica más con los grafiteros que con los tejedores: quería “ensuciar de ternura una ciudad dura”. Por eso el yarn bombing suele hacerse sin permiso. Un criminólogo lo describe como una intervención efímera que puede chocar con las leyes sobre allanamiento, daños o molestias. Tampoco está libre de críticas: la lana sobre los árboles puede restringir la savia y frenar su crecimiento. Pero en fin, los vecinos de Losacino invitan a quien quiera a recorrer las calles y fotografiarlas, así que aquí el objetivo difiere, pero no la intención: ternura colectiva.
El verdadero récord. Como referencia, Guinness registró 11,97 kilómetros de guirnalda de ganchillo, medidos en Enschede (Países Bajos) el 8 de julio de 2018 para el décimo aniversario de un centro de apoyo a personas con cáncer. Losacino necesitaría casi 80 veces su cuerda para acercarse a ese récord.
UN VISTAZO A...
Aunque esa marca ya tiene aspirante. En agosto, la ONG india Mahila Manovikas desplegó en Visakhapatnam una guirnalda de ganchillo con la bandera india. Una crónica habla de 14 kilómetros; otra, de 12,18. La ONG ya suma récords con 4.686 gorros (2022) y 2.719 ponchos (2023).
La cadena de ganchillo más larga, por cierto, mide 345,7 kilómetros: una escuela de Berlín la tejió en nueve meses entre alumnos, padres y docentes. La manta más grande cubre 17.188,57 metros cuadrados. Y la guirnalda de banderines más larga, de cualquier material, mide 17,6 kilómetros: la colgaron en 2013 los vecinos de la isla alemana de Poel.
Quien sí fue a por el récord con ganchillo callejero fue Etzatlán (Jalisco). Según Xataka México, 199 artesanas y un artesano invirtieron 24.744 horas en ocho meses y cubrieron sus calles con 2.832 metros cuadrados en 2019. Pesan 824 kilos, y el proyecto seguía creciendo hacia los 12.000.
Gancho en otros pueblos. Losacino no está solo, claro. En Valverde de la Vera (Cáceres), la arquitecta Marina Fernández Ramos, vecina del pueblo, lanzó Tejiendo la Calle. Desde 2013, cada verano viste el cielo con cientos de metros de parasoles de ganchillo con plástico reciclado. Es una pasada, de verdad. En Alhaurín de la Torre (Málaga), unas 40 tejedoras cubren con crochet una calle de 60 metros y 500 metros cuadrados. El proyecto empezó cuando el Ayuntamiento buscó una sombra más ecológica.
Y hay más: Castaño del Robledo (Huelva) decora su Navidad con ganchillo desde hace diez años. La idea nació en un centro Guadalinfo y saltó a Alájar, Fuenteheridos y otros pueblos serranos. En San Martín de Unx (Navarra), quince mujeres de 60 a 94 años tejieron un árbol de Navidad de dos metros y medio con unas 300 piezas. Una de ellas, de 89 años, no cogía el ganchillo desde los siete. Y Aldealseñor (Soria) estrenó banderines de ganchillo en agosto de 2025, por iniciativa del Ayuntamiento. Faltó tiempo y solo se cubrieron algunas calles.
Imágenes | Instagram
En Xataka | Hay un pueblo que fabrica los vestidos de novia de media España. El mayor enemigo de Fuente Palmera se llama Shein
El precio de la memoria RAM, del almacenamiento y de las tarjetas gráficas hace que no sea el mejor momento para comprar un PC gaming. Ahora bien, si buscamos, podemos encontrar algún equipo completo con un precio competitivo si tenemos en cuenta el escenario en el que estamos en este 2026. Tenemos un buen ejemplo con este Asus ROG Strix: está rebajado a 1.519 euros, su mejor precio durante todo el 2026.
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Antes de hablar de los componentes del mismo, vamos a hablar de su precio. Ha estado más barato (concretamente, 1.360 euros), pero no durante este año. Si tenemos en cuenta el precio que tienen ahora los componentes, lo cierto es que estamos ante un buen momento de compra, puesto que el equipo apenas ha bajado de los 1.600 euros en los últimos meses.
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La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó por partida doble al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.
Primero, por asegurar que elementos de la Guardia Costera de ese país fueron objeto de disparos desde territorio mexicano en Tamaulipas y, después, por participar en Querétaro en la colocación de la primera piedra para una academia de capacitación policial sin que se invitara a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ni al gabinete de seguridad federal.
En conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, la Mandataria aseguró que las Fuerzas Armadas mexicanas no cuentan con evidencia de que se hayan registrado los disparos denunciados la noche de este domingo por el diplomático estadounidense en la frontera común.
“Mencionaron, hablaron, incluso lo mandaron por escrito, que había habido disparos desde la frontera mexicana hacia Estados Unidos. Nosotros hemos pedido todas las evidencias de que esto fue así, porque no tenemos evidencias”, aseguró la Jefa del Ejecutivo federal.
Sheinbaum Pardo explicó que ni elementos de la Guardia Nacional ni de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y Marina han detectado disparos desde territorio mexicano hacia Estados Unidos.
La declaración de la Presidenta se produjo al ser interrogada sobre las declaraciones del embajador en redes sociales. Johnson informó que elementos de la Guardia Costera estadounidense habían sido objeto de disparos en la zona fronteriza de Tamaulipas, donde inició la denominada Operación Concurrente u Operación Espejo.
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Ronald Johnson sostuvo, además, que cualquier amenaza proveniente de organizaciones criminales o terroristas en cualquiera de los dos lados de la frontera sería atendida rápidamente y planteó la realización de patrullajes coordinados para proteger a las comunidades de ambos países.
Ante ello, Sheinbaum explicó que México planteó realizar operaciones espejo a lo largo del río Bravo, con presencia de elementos de la Guardia Nacional y la Defensa, en coordinación con integrantes del Comando Norte y la Guardia Costera de Estados Unidos.
“Para evitar cualquier situación de estas, lo que les planteó el general secretario, el almirante secretario, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de manera directa al Comando Norte y a la Guardia Costera, pues es que se hicieran operaciones espejo para que no hubiera ningún problema”, indicó la presidenta Sheinbaum.
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La Operación Concurrente comenzó el 4 de octubre en la frontera común de Tamaulipas como parte de la coordinación entre autoridades militares de México y EU.
De acuerdo con la Defensa y la SRE, México desplegó 500 efectivos del Ejército y la Guardia Nacional, además de dos helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea, drones y equipos antidrones móviles y semifijos, con el objetivo de combatir el tráfico de drogas y personas.
Pero el cuestionamiento de la Titular del Ejecutivo federal a Ronald Johnson no se limitó a la denuncia de los supuestos disparos.
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La Presidenta también llamó la atención sobre la participación del embajador en Querétaro, donde fue invitado por el gobernador Mauricio Kuri a colocar la primera piedra de una academia internacional de capacitación policial.
Lo anterior, al ser interrogada sobre las críticas que el expresidente Andrés Manuel López Obrador hizo contra Johnson en su nuevo libro Pueblo, donde lo señala por asumir, a su juicio, una actitud más propia de un policía que de un diplomático.
Sheinbaum Pardo consideró relevante que el acto se haya realizado sin la participación de la SRE, la Defensa o el gabinete de seguridad federal, pese a que se trata de un proyecto relacionado con seguridad y delincuencia organizada, materias que corresponden a la competencia federal.
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“Es muy importante exhibirlo y decirlo, porque si no se hace algo normal y no es normal”, sostuvo.
La Mandataria aclaró que no considera que Kuri haya cometido necesariamente un delito, pero advirtió que existen canales institucionales que deben respetarse cuando se trata de cooperación internacional en materia de seguridad.
“En el caso de motivaciones de seguridad tiene que pasar necesariamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores y por la Ley de Seguridad Nacional”, afirmó.
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Incluso señaló que el propio Ronald Johnson conoce los mecanismos que deben seguirse para este tipo de cooperación.
“También el embajador sabe que debe ser a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, reprochó la Presidenta.
Informó que solicitó al canciller que se comunique tanto con el embajador Johnson como con el gobernador de Querétaro para revisar el caso.
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La presidenta Sheinbaum destacó que mantiene una buena relación con Kuri y que el gobernador tiene comunicación con integrantes del gabinete federal de seguridad, por lo que dijo no entender por qué el acto se realizó al margen de esas instancias.
“Se ha apoyado en todo al gobernador, no hay mala relación con él. Tiene buena relación con los generales, comandantes de zona militar, de región militar, con Omar, con la fiscal. Entonces, no se entiende”, expresó.
La Mandataria federal precisó que Querétaro puede recibir capacitación de Estados Unidos, pero aclaró que eso es por medio de procesos con la SRE y la opinión del gabinete federal.
“¿Mauricio Kuri estaría incurriendo en la misma situación que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos [con la entrada de agentes de la CIA], es decir, violó la ley?, se le preguntó.
“No, hasta ahora no, pero hay que nombrarlo y decirlo, para que cumpla con los requisitos, además de que es esta academia internacional de capacitación... vamos a esperar”, indicó.
El episodio se suma a otros momentos en los que Sheinbaum ha marcado distancia frente a declaraciones o actuaciones del embajador estadounidense.
Uno de los primeros desencuentros ocurrió cuando la Presidenta cuestionó públicamente a Johnson por sus señalamientos relacionados con la situación de seguridad en Sinaloa, en un contexto de críticas del diplomático sobre la violencia y la estrategia mexicana contra el crimen organizado.
Ahora, frente a la denuncia de disparos en Tamaulipas y la participación del embajador en un acto de seguridad en Querétaro, Sheinbaum volvió a remarcar los límites de la actuación de un representante diplomático estadounidense en territorio mexicano.
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6 de octubre, 2026 - 06h30
Después de la presente crisis eléctrica vendrá otra. Y luego de esa otra vendrá una nueva crisis. A la que le sucederá una nueva. Y así por el estilo, en un corsi e ricorsi, a menos que desde ya se adopten medidas radicales. Medidas que no verán sus frutos sino luego de uno o dos años. Ninguna crisis como la que atraviesa el sector eléctrico del país podrá ser superada en el corto tiempo. Habrá que buscar soluciones coyunturales; pero no puede el país depender de ellas. Nos podemos dedicar a señalar culpables, pero de poco nos va a servir para superar la crisis. Una medida que es esencial es la promulgación de una nueva ley. Sin un nuevo marco jurídico de rango legislativo con objetivos claros y definitivos, con reglas precisas y un cronograma viable, no habrá solución seria.
La ley que se dictó en 1996, Ley del Régimen del Sector Eléctrico, con unos pocos ajustes debería servir de modelo para la nueva legislación. No hay que desgastarse en cavilar un nuevo proyecto, esa ley fue lo suficientemente buena para transformar el modelo que hoy nos rige, que en buena parte es igual o peor al que existía antes de 1996. La referida legislación fue preparada y consensuada durante el gobierno de Durán-Ballén bajo la égida del hoy desaparecido Consejo de Modernización del Estado, y finalmente aprobada en la administración de Alarcón. En los gobiernos de Mahuad y Noboa se dictaron una serie de reglamentos que complementaron las normas legislativas. La ley del 96 tuvo como referente el enfoque vigente en Gran Bretaña, y que luego fue adoptado en muchos de los países de América Latina. Me refiero a la segmentación de la industria en sus tres componentes, generación, transmisión y distribución, desarrollando para cada uno de ellos un régimen en consonancia con su rol en el proceso productivo y abierto a la participación de la inversión privada. La generación eléctrica a base de simples licencias y permisos, dependiendo del nivel de potencia, y la transmisión y distribución, mediante concesiones. Un ente regulador independiente y un despacho de carga eminentemente técnico, que participe como árbitro confiable del mercado. Este esquema es el adoptado en naciones como Colombia, Perú, Chile, Argentina, y otros. Solo al correísmo se le ocurrió derogar la ley del 96, e implantar el modelo estatizante que había estado en vigencia desde los años del boom petrolero. El resultado fue fatal para el país.
Con los ajustes que sean necesarios, la ley del 96 pasaría fácilmente el escrutinio de la Constitución de Montecristi. Uno de los sectores llamados estratégicos más importantes es el de las telecomunicaciones. Así lo dice la referida Ley Suprema. Y, sin embargo, ese sector hoy en día está en manos básicamente de empresas privadas que brindan un servicio público, y lo hacen mediante el sistema de concesiones reguladas. Y los ejemplos pueden sumarse: minería, puertos, petróleo, aeropuertos, agua potable etc. Todas estas actividades supuestamente no deberían haberlas asumido empresas privadas. Pero lo han hecho, por una vía o por la otra. Lo sucedido con el sector eléctrico tiene sus peculiaridades, pero lo importante es salir de la presente crisis apostando por un cambio radical. (O)
El debate sobre la vivienda ha bajado este martes de la tribuna del Parlament a la bancada del público. Mientras la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), y el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, se cruzaban acusaciones en torno a los desahucios y el papel de los fondos buitre, entre el público se encontraba Pilar López, una mujer de 65 años desahuciada de la vivienda en la que residía desde 2012 y que este verano tuvo que dormir durante dos meses en su coche, cuyo caso contó elDiario.es.
“Usted dijo que los fondos buitre no influyen en Balears, pero me gustaría que mirara a la izquierda y se lo dijera a Pilar”, le ha espetado Negueruela a Prohens durante el debate. “Estuvo 40 años trabajando en hostelería para que ahora usted le diga que su desahucio no tiene nada que ver con los fondos buitre, aunque no ha movido un dedo. No tiene empatía con ella y elige a los fondos buitre, se sienta con ellos y pacta con ellos. Pero nunca se sentará con sus víctimas”, ha añadido.
Prohens ha respondido que “los desahucios son lamentables”, pero ha desplazado la responsabilidad hacia el Ejecutivo central. “Se producen porque sus leyes así lo permiten”, ha afirmado. La presidenta ha acusado además al PSIB de utilizar el término “fondos buitre” porque “queda muy bien” y de “instrumentalizar el dolor de cualquier persona”.
El momento de mayor tensión se ha producido después del intercambio parlamentario. Prohens se ha acercado a la zona del público y ha abrazado a López. La escena ha provocado un revuelo en el salón de plenos, con un diputado socialista tratando de acompañar fuera a la mujer, mientras desde la bancada del PP se le recriminaba su actitud. López ha terminado abandonando el salón entre lágrimas, acompañada por integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca. Poco después ha regresado al Parlament para atender a los medios junto a la portavoz de la plataforma, Ángela Pons.
“Esto no va de ideas políticas”, ha explicado López al referirse a su encuentro con Prohens. “Yo no estoy siendo utilizada. Tengo 65 años, trabajo desde los 14. Soy una madre soltera sacando adelante a una hija que tiene 33 años y tampoco tiene oportunidad de tener una vivienda”, ha señalado. La mujer ha cuestionado además que las políticas de vivienda del Govern se centren fundamentalmente en la población joven y dejen fuera a personas mayores que también sufren las consecuencias de la crisis residencial. “Los que nos hemos currado y cotizado este país no somos nada”, ha lamentado.
La mujer ha cuestionado además que las políticas de vivienda del Govern se centren fundamentalmente en la población joven y dejen fuera a personas mayores que también sufren las consecuencias de la crisis residencial. López ha explicado que depende económicamente de su hija, pero que ambas no pueden convivir. Su hija paga actualmente 1.250 euros por un apartamento en el que, según ha relatado, no puede vivir con ella por las condiciones establecidas en el contrato.
La situación se agravó después del desahucio. López asegura que pasó “dos meses en la calle” porque el Ayuntamiento no podía asumir el coste de una habitación en un hostal y terminó durmiendo en su coche durante julio y agosto, en plena ola de calor. “Yo no he sido asistida por los servicios sociales ni ha habido preocupación de las administraciones”, ha denunciado.
El caso de López se ha convertido estas semanas en uno de los rostros de la emergencia habitacional en Palma. Después de perder la vivienda en la que llevaba más de una década residiendo, relató, en declaraciones recientes a los medios en el Ayuntamiento de Palma, que había pasado de trabajar durante décadas en el sector de la hostelería a no tener un lugar donde vivir.
Este martes ha reclamado a los responsables políticos que salgan de las instituciones para comprobar la dimensión de la crisis. “Que se pateen las calles”, ha pedido, porque Palma “no son solo yates y urbanizaciones”. También hay, ha denunciado, “gente trabajadora viviendo debajo de lonas”. “No son vagos, son gente trabajadora y son españoles. Trabajadores de la hostelería, taxistas, que necesitan una vivienda asequible”, ha reivindicado.
La portavoz de la PAH Mallorca, Ángela Pons, ha aprovechado la presencia de López en el Parlament para reclamar a los grupos que respalden la proposición de ley presentada por el PSIB para permitir que los ayuntamientos puedan declarar zonas tensionadas y aplicar los mecanismos de regulación del alquiler previstos en la legislación estatal.
El Govern de Prohens se ha opuesto hasta ahora a declarar Balears zona tensionada, una de las principales reivindicaciones de las organizaciones sociales y de los partidos de la izquierda para contener el incremento de los alquileres.
El choque de este martes se produce, además, en plena escalada de los precios de la vivienda en las Islas y después de que PP y Vox hayan rechazado precisamente la declaración de Balears como zona tensionada. La discusión sobre los mecanismos para intervenir el mercado inmobiliario ha vuelto así a enfrentar al Govern y a la oposición, pero esta vez con una mujer afectada directamente por un desahucio como protagonista involuntaria de la disputa.
Al término de la sesión, López ha resumido su reclamación con una frase que pretende situar el debate más allá del enfrentamiento partidista: “Necesitamos una ideología en la que quepa todo el mundo y no solo unos cuantos”.
Nueva jornada de bloqueos y protestas en los institutos de Francia, en la que los estudiantes reclaman mayores recursos para la educación y denuncian el deterioro de los centros escolares y la falta de profesores, especialmente en los barrios más desfavorecidos.
Según informa Reuters, en las ciudades de Lyon y Estrasburgo se han producido enfrentamientos entre manifestantes y la policía antidisturbios, algunos de cuyos agentes lanzaron gases lacrimógenos. No está claro exactamente quiénes han participado en los disturbios.
Las clases han sido suspendidas, total o parcialmente, en 891 de los 3.700 institutos de Francia este martes, según el Ministerio de Educación. Por la mañana, 86.000 personas se han manifestado en el marco de la movilización, excepto en la región parisina, según las cifras facilitadas por el Ministerio del Interior. Esta última jornada de protestas ha sido presentada por el Sindicato de Estudiantes de Secundaria como el “Acto III” de la movilización y cuenta con el apoyo de varios sindicatos.
Las protestas han comenzado desde primeras horas de este martes en varios institutos de Francia, entre ellos los de París. Así, se han registrado bloqueos incluso en centros de barrios exclusivos como los institutos Hélène-Boucher y Louis-le-Grand, mientras que estudiantes se han concentrado también frente a otros establecimientos.
Según informa France Info, padres y madres de alumnos del instituto Hélène-Boucher, en el distrito 12 de París, han formado una cadena humana frente a la policía antidisturbios para evitar enfrentamientos. El choque con las fuerzas del orden ha derivado en algunos altercados.
En Burdeos también se han formado cadenas humanas de profesores y padres para “proteger a los niños del ejército de Macron”, según informa Libération.
Decenas de miles de estudiantes de secundaria están llamados a movilizarse este martes en distintas ciudades. Las autoridades han desplegado un importante dispositivo policial ante el temor a nuevos incidentes, después de varios días de bloqueos y enfrentamientos que han causado numerosos heridos, algunos de carácter grave.
Según el Gobierno, 215 estudiantes han resultado heridos desde el inicio de las movilizaciones. El ministro de Interior, Laurent Nuñez, ha asegurado en France Inter que la inmensa mayoría de los casos se produjeron en accidentes o por la intervención de personas ajenas al movimiento, en episodios de “violencia urbana” y “de extrema tensión” en los que justifica el uso de antidisturbios.
La jornada de movilización de este martes llega después de varios episodios graves: un adolescente de 15 años sufrió la amputación de una mano la víspera en Lens (norte) tras la explosión de una granada, mientras que en Tours (centro), un estudiante de 16 años perdió la visión de un ojo durante un bloqueo la semana pasada.
Mientras que el suceso de Lens está bajo investigación para establecer las circunstancias de los hechos, en el de Tours la Fiscalía indicó que las lesiones del menor eran compatibles con el impacto de un proyectil disparado por un lanzador de balas de defensa (LBD), utilizado por las fuerzas del orden francesas. Se ha abierto una investigación en Metz sobre las acusaciones de agresión sexual cometida por un agente de policía durante la detención de una joven.
Amnistía Internacional ha condenado “el uso desproporcionado de la fuerza” contra las protestas estudiantiles, remarcando que muchos de los menores son adolescentes.
La portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, también ha defendido este martes en France 2 la actuación de las fuerzas de seguridad, aunque ha reconocido que las lesiones sufridas por algunos jóvenes son “un drama en cualquier circunstancia” y seáña que se han abierto investigaciones de la IGPN, la llamada “policías de policías”. Nuñez ha puntualizado que hay “una decena” de casos bajo su lupa.
Ha asegurado que el Ejecutivo quiere “escuchar y acompañar” las reivindicaciones de los estudiantes, pero ha rechazado cualquier legitimación de la violencia y ha subrayado que “715 policías y gendarmes han resultado heridos” hasta la fecha. “Nada justifica eso”, ha dicho.
Los manifestantes reclaman, entre otras medidas, inversiones para mejorar las condiciones materiales de los centros, más personal educativo y sanitario y cambios en el acceso a la enseñanza superior, que juzgan poco transparente y consideran que favorecen a alumnos de centros privilegiados.
El movimiento estudiantil en los institutos ha comenzado a coordinarse con los universitarios, ya que según el sindicato la Unión de Estudiantes, 18 universidades estaban bloqueadas el lunes en ciudades como Estrasburgo, Reims, Caen, París, Burdeos o Aix-en-Provence.
Las organizaciones estudiantiles han presentado una plataforma de diez medidas que pretende servir de base para negociar con el Gobierno durante la elaboración de los presupuestos de 2027, en cuyo proyecto de ley denuncian recortes o congelaciones en distintas ayudas sociales.
Entre sus propuestas figuran un plan urgente de renovación de centros escolares y universitarios, la contratación de personal sanitario y de orientación y la creación de 150.000 plazas adicionales en la enseñanza superior.
También reclaman modificar las reglas de selección para acceder a las universidades y a los másteres, la plataforma llamada Parcoursup, algo que ha descartado la portavoz del Gobierno, aunque admitió la posibilidad de introducir mejoras. “Parcoursup no será eliminado”, ha mantenido Bregeon.
Por su parte, el ministro de Enseñanza Superior, Philippe Baptiste, tiene previsto reunirse este miércoles con representantes estudiantiles ante la amenaza de que podrían convocar bloqueos universitarios si no obtienen compromisos concretos del Ejecutivo.
Empezó como una movilización social alentada desde el poder político, siguió con un acto de desobediencia civil que desbordó a los partidos, y continuó con una fase de represión judicial para terminar con un pacto inédito para una amnistía a cambio de frenar una nueva intentona secesionista.
El proceso soberanista catalán ha durado más de una década y ha tenido episodios variados. El último ha sido la decisión del Tribunal Constitucional de este martes de corregir la negativa del Tribunal Supremo a amnistiar al expresident Carles Puigdemont y a los exconsellers. El fallo del tribunal de garantías abre la puerta a la vuelta definitiva a España del líder de Junts, que permanece en Bélgica desde 2017. El juez Llarena ha retirado este mismo martes la orden de detención vigente desde hace nueve años. Estos han sido los principales hitos del procés:
El referéndum y las cargas del 1 de octubre de 2017: pese a los avisos del Constitucional, el Govern de Puigdemont siguió adelante con la votación. La movilización de la ciudadanía en los colegios superó todas las previsiones del Ejecutivo catalán. La jornada estuvo marcada por las cargas policiales que dejaron un millar de heridos. Puigdemont emplazó a una última negociación con el Gobierno de Mariano Rajoy, que, como las anteriores, fracasó.
Declaración unilateral y 155: aunque tenía pensado adelantar elecciones para evitar la intervención de la Generalitat, la presión independentista terminó empujando a Puigdemont a promover la declaración unilateral de independencia. Las discrepancias entre ERC y los posconvergentes se mostraron como nunca.
Tras la DUI, no se arrió ninguna bandera española de las dependencias oficiales, y la Generalitat fue intervenida por primera vez en aplicación del artículo 155 de la Constitución, aprobado en el Senado por los votos de PP y PSOE (el expresident José Montilla se abstuvo). Parte del Govern, con Puigdemont a la cabeza, partió hacia Bélgica el 28 de octubre de 2017. Otros, como Junqueras, se quedaron. Pese a compartir Govern, ERC y Junts siguieron a la greña durante años para mantener el poder.
Encarcelamiento y exilio: el 155 sirvió para poner fin a la aventura unilateral, pero a partir de entonces apareció un nuevo protagonista que irrumpió con toda la fuerza: la alta magistratura abrió una causa por rebelión, delito pensado para los golpes de estado violentos, contra todo el Govern. Los primeros en ingresar en prisión preventiva fueron los líderes de Òmnium y ANC, y después siguieron los exconsellers que permanecieron en España. Las manifestaciones que llenaban las plazas catalanas para mantener la independencia reclamaban ahora la libertad de los presos.
Desde Bélgica, Puigdemont intentó mantener el procés desde el exilio, pero rápidamente se constató que era inviable una presidencia simbólica en el exterior y un president real, Quim Torra investido por el Parlament, en Barcelona. En las elecciones de 2017, Puigdemont prometió que volvería si ganaba. Fue la primera promesa incumplida de su retorno, que tuvo como episodio destacado su arenga en el Arc de Triomf de Barcelona antes de la investidura de Illa, para después huir de los Mossos hacia Bélgica.
Alemania, primera detención: el expresident fue detenido en Alemania el 25 de marzo de 2018. El Supremo cantaba victoria, pero se dio de bruces con una respuesta contundente de los jueces alemanes: en el procés no había la violencia que precisa el delito de rebelión. Una posición que en España unas pocas decenas de juristas y magistrados defendieron ante la ovación general a la dureza del Supremo. Todos los intentos posteriores del juez Llarena para extraditar a Puigdemont fracasaron.
El juicio y la sentencia del procés: tras casi dos años en prisión preventiva, Junqueras, los exconsellers que se quedaron en España y los líderes de Òmnium y ANC se sentaron en el banquillo del salón de plenos del Supremo en un juicio histórico. Se enfrentaban a penas de más de 20 años por rebelión por parte de la Fiscalía, pero el tribunal presidido por el magistrado Manuel Marchena terminó condenando por sedición y malversación (a penas duras, de hasta 13 años de cárcel) al definir el procés como una “ensoñación” sin capacidad real para materializar la secesión.
A la sentencia le siguió una semana de disturbios graves en Catalunya organizados por la plataforma Tsunami Democràtic. La sentencia del Supremo fue confirmada por el Constitucional, con la excepción de dos magistrados, que la consideraron desproporcionada y que restringía de forma indebida los derechos de reunión y manifestación.
Los indultos y la derogación de la sedición: tras el protagonismo de las togas, cogió el testigo la política y la aritmética parlamentaria que, desde la moción de censura de 2018, condicionaba el Gobierno de Pedro Sánchez al apoyo de ERC. Los republicanos forzaron un cambio de posición del presidente, que había abogado en un primer momento por el cumplimiento “íntegro” de la sentencia, y lograron los indultos y la derogación de la sedición a cambio del apoyo parlamentario y de no volver a promover la secesión unilateral. Los presos del procés salieron en libertad el 23 de junio de 2021.
El 23J de 2023 y la irrupción de Junts: sin apenas visibilidad en la anterior legislatura, las urnas dieron a Junts un papel clave tras las elecciones de julio de 2023. La amnistía fue la condición de los de Puigdemont para apoyar la investidura de Sánchez tras unas arduas negociaciones. La ley, tras otra tortuosa negociación parlamentaria se aprobó en 2024, pero el Supremo frenó su aplicación a Puigdemont y los exconsellers y varios tribunales acudieron a la Justicia europea. El Constitucional ha corregido al Supremo y este martes el juez Llarena ha retirado la orden de detención contra el expresident, vigente desde 2017. La vuelta de Puigdemont, pendiente de concretar el día tras despejarse los obstáculos jurídicos, cierra el círculo del procés.
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La exposición “Donación Patricia Phelps de Cisneros. Obras para el MALI”, que reúne diez piezas incorporadas a la colección del Museo de Arte de Lima.
Por Ángel Navarro Quevedo06/10/2026, 06:25 a.m.
Una obra de José Gil de Castro de 1834 comparte espacio con piezas de artistas nacidos casi dos siglos después. El retrato de Juan Francisco de Izcue y Sáez de Texada introduce así un salto temporal dentro de una muestra que reúne diez obras donadas al Museo de Arte de Lima (MALI) por la Colección Patricia Phelps de Cisneros (CPPC).
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Seat acabará este año con un refuerzo de su plantilla fija de 975 trabajadores, en un momento en el que el futuro de la marca dentro del grupo Volkswagen continúa pendiente de una decisión. La compañía ha acordado con UGT y CCOO que un nuevo grupo de 425 empleados temporales pasen a formar parte de la plantilla indefinida de Seat a partir del próximo 1 de diciembre.
Este movimiento se produce después de que la empresa haya mantenido un programa de salidas voluntarias pactado en el convenio colectivo, que ha permitido un recorte de 1.532 empleos desde 2021. Los sindicatos consideran que la situación actual es consecuencia de una previsión de excedente de plantilla que se realizó hace cuatro años y que posteriormente quedó desfasada por los cambios introducidos por la Unión Europea en la normativa de emisiones.
Cuando Seat y los sindicatos negociaron el actual convenio colectivo, en 2022, la normativa Euro 7 planteaba unos objetivos de descarbonización que, según UGT y CCOO, hacían prácticamente inviable mantener la producción de determinados coches pequeños de combustión, como Ibiza y Arona, por el coste de adaptación de sus motores. El escenario que manejaban entonces apuntaba a un importante excedente de trabajadores a partir de 2025.
Por este motivo, el convenio incluyó un programa de salidas socialmente responsable para los empleados que cumplieran 61 años durante su vigencia. Sin embargo, la Unión Europea terminó flexibilizando y retrasando en dos ocasiones la aplicación de Euro 7, lo que permitió prolongar la producción de vehículos pequeños de combustión y eliminó el escenario de reducción de plantilla que se había previsto inicialmente.
A pesar del cambio de escenario, las salidas pactadas en el convenio se mantuvieron. “Sin el convenio colectivo se habrían parado las salidas del plan social cuando se flexibilizó la normativa EU7”, señalan UGT y CCOO, que consideran que el acuerdo ha permitido ahora recuperar parte de ese empleo.
El último acuerdo contempla que 425 trabajadores pasen a ser indefinidos el 1 de diciembre, en lo que supone un nuevo paso en el proceso de consolidación de empleo en Seat. Los sindicatos aseguran que, como consecuencia de las decisiones adoptadas, durante este año ha sido posible “incrementar la plantilla en 975” personas.
La evolución de la plantilla básica de Seat refleja el ajuste acumulado de los últimos años. La compañía contaba con 14.590 trabajadores a cierre de 2021, cifra que bajó hasta 13.058 en 2025.
La incorporación de trabajadores indefinidos se produce además en un momento de incertidumbre para el conjunto del grupo Volkswagen. Por un lado, el grupo tiene que decidir si sacrifica la marca Seat para centrarse en Cupra a partir de 2030 tras advertir de la complejidad de seguir invirtiendo en la histórica enseña en un contexto de electrificación.
Los sindicatos advierten de que todavía no existen medidas concretas aprobadas para los centros de trabajo, aunque el grupo ha planteado una previsión de reducción de hasta 50.000 empleos que deberá concretarse y negociarse durante los próximos meses. “El impacto de la crisis Volkswagen en cada uno de los centros de trabajo es algo que no sabremos en meses”, explican UGT y CCOO. Ambos sindicatos consideran que la falta de concreción de las medidas del grupo ha permitido alcanzar el acuerdo actual, incluido el adelanto de parte de las incorporaciones de plantilla que estaban previstas inicialmente para principios de 2027.
El acuerdo laboral llega mientras sigue pendiente una de las decisiones industriales que los sindicatos consideran determinantes para el futuro de Seat: la adjudicación de una segunda plataforma 100% eléctrica de un segmento grande como el del Cupra Formentor. Tanto los sindicatos como el presidente de Seat, Markus Haupt, insisten en que darán la batalla dentro del grupo alemán por conseguir esa adjudicación, que se añadiría a los dos modelos eléctricos actuales del segmento urbano, el Cupra Raval y el Volkswagen ID. Polo que ya se han empezado a fabricar en la planta de Martorell.