6 de octubre, 2026 - 06h30
Después de la presente crisis eléctrica vendrá otra. Y luego de esa otra vendrá una nueva crisis. A la que le sucederá una nueva. Y así por el estilo, en un corsi e ricorsi, a menos que desde ya se adopten medidas radicales. Medidas que no verán sus frutos sino luego de uno o dos años. Ninguna crisis como la que atraviesa el sector eléctrico del país podrá ser superada en el corto tiempo. Habrá que buscar soluciones coyunturales; pero no puede el país depender de ellas. Nos podemos dedicar a señalar culpables, pero de poco nos va a servir para superar la crisis. Una medida que es esencial es la promulgación de una nueva ley. Sin un nuevo marco jurídico de rango legislativo con objetivos claros y definitivos, con reglas precisas y un cronograma viable, no habrá solución seria.
La ley que se dictó en 1996, Ley del Régimen del Sector Eléctrico, con unos pocos ajustes debería servir de modelo para la nueva legislación. No hay que desgastarse en cavilar un nuevo proyecto, esa ley fue lo suficientemente buena para transformar el modelo que hoy nos rige, que en buena parte es igual o peor al que existía antes de 1996. La referida legislación fue preparada y consensuada durante el gobierno de Durán-Ballén bajo la égida del hoy desaparecido Consejo de Modernización del Estado, y finalmente aprobada en la administración de Alarcón. En los gobiernos de Mahuad y Noboa se dictaron una serie de reglamentos que complementaron las normas legislativas. La ley del 96 tuvo como referente el enfoque vigente en Gran Bretaña, y que luego fue adoptado en muchos de los países de América Latina. Me refiero a la segmentación de la industria en sus tres componentes, generación, transmisión y distribución, desarrollando para cada uno de ellos un régimen en consonancia con su rol en el proceso productivo y abierto a la participación de la inversión privada. La generación eléctrica a base de simples licencias y permisos, dependiendo del nivel de potencia, y la transmisión y distribución, mediante concesiones. Un ente regulador independiente y un despacho de carga eminentemente técnico, que participe como árbitro confiable del mercado. Este esquema es el adoptado en naciones como Colombia, Perú, Chile, Argentina, y otros. Solo al correísmo se le ocurrió derogar la ley del 96, e implantar el modelo estatizante que había estado en vigencia desde los años del boom petrolero. El resultado fue fatal para el país.
Con los ajustes que sean necesarios, la ley del 96 pasaría fácilmente el escrutinio de la Constitución de Montecristi. Uno de los sectores llamados estratégicos más importantes es el de las telecomunicaciones. Así lo dice la referida Ley Suprema. Y, sin embargo, ese sector hoy en día está en manos básicamente de empresas privadas que brindan un servicio público, y lo hacen mediante el sistema de concesiones reguladas. Y los ejemplos pueden sumarse: minería, puertos, petróleo, aeropuertos, agua potable etc. Todas estas actividades supuestamente no deberían haberlas asumido empresas privadas. Pero lo han hecho, por una vía o por la otra. Lo sucedido con el sector eléctrico tiene sus peculiaridades, pero lo importante es salir de la presente crisis apostando por un cambio radical. (O)