Tener trabajo en la Argentina dejó de ser un salvoconducto automático para esquivar la pobreza o garantizar el acceso a derechos sociales básicos. La creciente fragilidad del mercado de trabajo ha extendido modalidades de contratación informales, salarios deteriorados e intensas jornadas laborales que revelan un problema mucho más complejo que la simple tasa de desocupación abierta.
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Así lo demuestra el Boletín Estadístico Sociolaboral del Primer Trimestre de 2026, elaborado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) a partir del procesamiento de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC. El estudio —firmado por Claudio Lozano, Agustina Haimovich, Ana Rameri y Walter González— indica que el indicador de vulnerabilidad laboral alcanza al 52,7% de la fuerza de trabajo nacional.
Si bien la desocupación abierta se situó en el 7,8% en el primer trimestre, el informe advierte que esa cifra resulta insuficiente para medir la fragilidad de la población activa:
Subutilización de la fuerza de trabajo: Al sumar a las personas desempleadas con quienes trabajan menos horas de las que desearían (subempleo del 11,1%), la subutilización laboral asciende al 19,0% de la PEA.
Presión efectiva: Si a los desocupados se agregan las personas ocupadas que buscan activamente otro empleo (15,8%), la presión sobre el mercado laboral escala al 23,7%.
Disponibilidad efectiva: Al incorporar a los ocupados disponibles no demandantes (5,8%), el porcentaje de la fuerza de trabajo disponible trepa al 29,4%.
Desempleo estructural: En las filas del desempleo, 3 de cada 10 personas llevan más de un año buscando trabajosin conseguirlo.

La incapacidad del aparato productivo para crear puestos de trabajo de calidad se refleja en los elevados niveles de no registro. La informalidad laboral alcanza al 44,2% del total de los ocupados. Dentro del universo asalariado, la tasa de informalidad trepa al 37,9%, registrando sus picos más graves en el Servicio Doméstico (77,4%) y la Construcción (72,6%). Además, entre los trabajadores independientes (cuentapropistas), el 65,1% se encuentra en la informalidad.
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El deterioro del poder adquisitivo —con ingresos medios de $1.076.056 para la ocupación principal— empuja la necesidad de buscar múltiples ingresos. El pluriempleo alcanza al 10,4% de las personas ocupadas, con una presencia sustancialmente mayor entre las mujeres (13,7%) que entre los varones (7,9%).
La brecha socioeconómica también castiga con dureza a los sectores jóvenes. En la franja de 18 a 24 años, la vulnerabilidad laboral abarca al 77,6% de la fuerza de trabajo, impulsada por un desempleo del 19,5% y una tasa de informalidad entre los asalariados que llega al 63,9%.

El informe echa por tierra las miradas que vinculan la indigencia con la inactividad. El 88,9% de la población reside en hogares cuyos ingresos provienen total o parcialmente del trabajo. Sin embargo, el 17,5% de los ocupados percibe remuneraciones por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), proporción que escala al 24,4% en el caso de las mujeres.
Esta precariedad se traslada en forma directa a la canasta familiar: el 20,6% de las personas ocupadas vive en hogares pobres. Incluso en aquellos hogares donde aporta más de un trabajador, la incidencia de la pobreza alcanza al 17,1%. Sin contemplar el efecto estacional del aguinaldo, la tasa general de pobreza mostró un salto en el primer trimestre, ubicándose en el 32,5%.
Para subsistir en un marco de pauperización, las familias despliegan variadas estrategias. Mientras que las transferencias no contributivas (como la AUH y la Prestación Alimentar) benefician al 29,2% de la población y evitan que la indigencia trepe del 6,5% al 11,9%, los hogares recurren cada vez más al desahorro y al endeudamiento: un 40,3% debió utilizar sus ahorros para gastos cotidianos, un 18,7% pidió dinero prestado a familiares o amigos y un 17,3% recurrió a créditos bancarios o de financieras.