Varias bancadas presentan ante el Senado solicitud de remoción contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez
calendar_today 17.09.2026 - person - timer ~3 Minutos
La petición es impulsada por cuatro grupos parlamentarios y entre los argumentos principales se citan las expresiones de Josué Gutiérrez Cóndor sobre una posible disolución del Congreso y diversas presuntas irregularidades en la contratación de personal dentro de la Defensoría del Pueblo.
Las bancadas del Senado de la República Juntos por el Perú, Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras presentaron una solicitud de remoción por falta grave contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor.
El recurso, presentado ante el presidente del Senado, Miguel Torres Morales, se fundamenta en la causal de presunta actuación negligente en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo, prevista en el artículo 4, inciso 4, de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.
Para concretar la remoción y declarar la vacancia del cargo, los denunciantes señalan que se requiere la votación favorable de dos tercios del número legal de miembros de la Cámara Alta, lo que equivale a 40 votos de los 60 senadores que integran el periodo parlamentario 2026-2031.
El escrito sustenta la falta grave en dos hechos principales. El primero corresponde a las declaraciones emitidas por Gutiérrez el 27 de agosto de 2026, en las que señaló que la presidenta de la República, Keiko Fujimori, podría incrementar su aprobación si decidiera cerrar el Congreso.
"La declaración no se limita a describir un escenario hipotético. Su estructura argumentativa asocia la disolución del Congreso de la República a un rendimiento cuantificado en aprobación ciudadana y a un ahorro presupuestal, y remata con una advertencia dirigida a la Cámara de Diputados sobre la conveniencia de moderar su actuación. El titular de un organismo constitucional autónomo cuya función es defender los derechos fundamentales y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal introdujo, de ese modo, en el debate público, un cálculo de conveniencia política sobre la interrupción del funcionamiento de un poder del Estado", dice el documento.
El segundo hecho imputado abarca presuntas irregularidades en la contratación y designación de personal, denunciadas el 6 de septiembre en un reportaje del programa Cuarto Poder, con base en un informe de control de la Contraloría General de la República. Según el dominical, varias personas sin experiencia en el sector público lograron acceder a contratos estatales y puestos en planilla en la Defensoría del Pueblo tras sostener reuniones directas con Gutiérrez Cóndor. Además, se habrían modificado registros de tiempo de servicio y ajustado perfiles profesionales para beneficiar a otras personas en altos cargos.
En cuanto al trámite legislativo, los grupos parlamentarios requieren al presidente del Senado derivar la solicitud a la Comisión de Procedimientos Especiales, la cual dispondrá de un plazo de 30 días hábiles para evaluar las pruebas, requerir descargos y emitir su informe. Antes de la deliberación y votación en el pleno del Senado, el titular de la Defensoría o su abogado defensor tendrán derecho a ser oídos en audiencia para presentar sus alegatos.
"Señor presidente del Senado de la República, solicitamos admitir a trámite la presente solicitud de remoción, convocar a sesión de la Junta de Portavoces y disponer su remisión a la Comisión de Procedimientos Especiales, para que, cumplido el procedimiento del artículo 204 del Reglamento del Senado, emita el informe que el pleno deberá deliberar y votar", se añade en el texto.
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