La jueza federal Deborah Boardman rechazó este viernes bloquear de forma inmediata la nueva orden impulsada por Donald Trump para restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos, aunque habilitó un trámite acelerado para que los demandantes reformulen su presentación y vuelvan a pedir una suspensión.
En la audiencia, la magistrada cuestionó la base legal del decreto y dejó constancia de que, a su juicio, busca recortar excepciones “con un simple trazo de pluma”.
El planteo llegó a su despacho en Greenbelt, en el estado de Maryland, a través de una solicitud de orden de restricción temporal presentada por organizaciones que defienden los derechos de inmigrantes.
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Boardman explicó que no podía conceder esa medida de urgencia porque la demanda, tal como estaba redactada, no mencionaba la directiva firmada este año, lo que impedía frenar su aplicación en ese tramo inicial del proceso.
Aun con esa negativa, la jueza autorizó a los grupos a complementar la queja y estableció un calendario abreviado para una nueva impugnación.
También citó, como parte de sus reparos, que el decreto “no tiene precedentes”.
La agencia Reuters informó que el nuevo texto fue emitido después de un revés judicial en la Corte Suprema.
El 30 de junio, el máximo tribunal descartó el primer intento de la administración Trump de limitar la ciudadanía automática para hijos de padres que no fueran ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes legales y esa decisión impactó en la estrategia del Ejecutivo.
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De acuerdo con la misma agencia, la Corte Suprema analizó el intento anterior a la luz de la cláusula de ciudadanía de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Ese punto quedó en el centro del debate: los demandantes lo invocan para sostener que la ciudadanía por nacimiento no puede ser restringida por orden ejecutiva, mientras que la Casa Blanca reformuló el texto para sostener su posición.
La directiva actual está fechada el 6 de agosto y, en el texto citado por Reuters, dirige parte de su argumento al llamado “turismo de maternidad”. El decreto describe esa práctica como los viajes de mujeres a Estados Unidos para dar a luz y procurar que el bebé obtenga la ciudadanía automática.
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La orden también prevé negar la ciudadanía a hijos de padres que trabajen para gobiernos extranjeros en territorio estadounidense, a casos vinculados a fraude para obtener ese estatus y a personas clasificadas como “enemigos extranjeros”, categorías mencionadas en la redacción reportada por la agencia.
Reuters recordó que la disputa judicial ya tuvo un capítulo anterior en el mismo tribunal: la primera orden ejecutiva de Trump fue frenada en un fallo previo de Boardman, obtenido el año pasado por los mismos defensores, lo que impidió la aplicación de la versión inicial de 2025.
En esta nueva etapa, los abogados que habían promovido una demanda colectiva en nombre de bebés que —afirman— perderían la ciudadanía bajo la directiva anterior buscaron extender el bloqueo a la versión reformulada, con el objetivo de que la ciudadanía de sus clientes siguiera siendo reconocida mientras avanzaba el litigio.
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Por su parte, los abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos rechazaron el planteo. Señalaron que las agencias federales todavía no habían emitido las directrices públicas necesarias para explicar cómo se aplicará la orden presidencial, un paso que se espera antes del 5 de septiembre, según lo expuesto ante la jueza.
Boardman mostró escepticismo ante la idea de aguardar hasta esa fecha. En palabras atribuidas por Reuters, cuestionó en qué parte del fallo de la Corte Suprema aparece “alguna referencia” a una excepción a la ciudadanía por derecho de nacimiento en el caso del turismo de nacimiento.
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Con la autorización para enmendar la demanda y un calendario acelerado, el tribunal volverá a evaluar el pedido con un expediente actualizado.