La jueza Marta Pascual acumuló tres pedidos de juicio político en su contra. Las solicitudes para que la titular del juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, de Lomas de Zamora, sea enjuiciada fueron presentadas por Alfredo Drocchi, que se desempeñó como juez en un tribunal oral de La Matanza y abogado especialista en Derecho Penal y Manuel Passaglia, exintendente de San Nicolás, actualmente diputado provincial y referente del espacio político Hechos.
A última hora ingresó una denuncia elaborada por Guillermo Montenegro, diputado provincial bonaerense por el Pro y exintendente de Mar del Plata.
Las presentaciones fueron realizadas en la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Ulises Giménez.
Los pedidos para que la jueza Pascual sea sometida a un Jury de Enjuiciamiento fueron motivados por la resolución dictada por la magistrada para suspender la aplicación de la ley nacional 27.801 que estableció la baja de la edad de punibilidad de los menores que cometen delitos en 14 años.
Los denunciantes consideraron que la jueza se habría extralimitado en su función jurisdiccional al aceptar un habeas corpus colectivo que reclamó la suspensión de la norma dictada el 27 de febrero pasado porque no estaban dadas las condiciones mínimas humanitarias en los centros de detención de Lomas de Zamora para alojar a los menores.
Drocchi pidió que el Jurado de Enjuiciamiento y la destitución de la magistrada por el presunto abuso de autoridad.
“La magistrada provincial dictó una resolución contraria a la carta magna y a la ley nacional por lo tanto su conducta queda encapsulada en el delito de presunto abuso de autoridad previsto y penado por el artículo 248 del Código Penal”, expresó el exjuez del tribunal oral de La Matanza.
En las próximas horas podría sumarse otro pedido de juicio político contra la magistrada Pascual, el diputado nacional (LLA) Sebastián Pareja anunció que se está elaborando una denuncia contra la jueza.
“Es evidente que si hay un conflicto entre la Nación y la Provincia debe ser competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, está confesa en omisión de denuncia contra las autoridades provinciales si no se cumplen desde hace tiempo las reglas mínimas por ella invocadas”, concluyó el exjuez.