¿Transición a la autocracia?

calendar_today 17.08.2026 - person  - timer ~3 Minutos

Reflexiones sobre el deber ser

La alternancia no aseguró la gobernabilidad democrática.

En 2025, el régimen de gobierno guatemalteco, en el marco del Índice de la Democracia, que es una medición de la calidad de la democracia liberal que lleva a cabo The Economist Intelligence Unit (EIU), fue calificado nuevamente como un régimen híbrido, esta vez más alejado de la categoría de “democracia imperfecta” (disfuncional) y más cerca de la de “régimen autoritario”. El EIU basa los registros en 60 indicadores que se agrupan en cinco diferentes categorías: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación y cultura política. En suma, 167 países son clasificados como democracia plena, democracia imperfecta, régimen híbrido o régimen autoritario.

El régimen híbrido, también conocido como “anocracia”, es un sistema político situado entre la democracia y la autocracia, bajo el cual, si bien se celebran aparentes elecciones competitivas, no se cuenta con una autoridad electoral neutral al juego político partidista, ni con una justicia oficial independiente y eficaz, que proteja los derechos y libertades fundamentales.

Por lo tanto, en una anocracia los vicios electorales son comunes; rigen la politización de la justicia y la judicialización de la política; se reprime y criminaliza a la oposición y la disidencia; imperan la intolerancia, el clientelismo y la demagogia; la rendición de cuentas es nula; la participación y el pluralismo son bajos, así como la institucionalidad democrática es débil.

Los países que son registrados por el EIU como democracia plena son punteados en el rango de 8.01 a 10; como democracia imperfecta, en el rango de 6.1 a 8; como régimen híbrido, en el rango de 4.1 a 5.99; y como régimen autoritario, en el rango de 0 a 4. El desgobierno guatemalteco, en 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, fue punteado con 4.62, 4.68, 4.47, 4.55 y 4.65, respectivamente, o sea, fue calificado como una anocracia, con una inequívoca deriva autoritaria.

A estas alturas, para ninguno es un secreto que la camarilla que mal gobernó durante el período 2020-4 consolidó una caquistocracia (gobierno de los peores) y una partidocracia ruin, que, además de orquestar una grotesca cleptocracia, alentó el envilecimiento de las instituciones estatales, así como implementó un avieso plan para perpetuarse en el poder, a través de la postulación de candidaturas vinculadas a dicha camarilla, financiadas con dinero público y sucio, lo que le aseguró una mayoría legislativa y edilicia. Además, mediante una descarnada concentración de poder, avasalló a la justicia oficial, que, bajo una apariencia de legalidad, inhabilitó candidaturas opositoras y criminalizó a críticos e indeseables. No obstante, la represión y el obsceno clientelismo no evitaron que la fórmula alternativa de Bernardo Arévalo, en rigor, ganara las presidenciables.

Empero, la alternancia no aseguró una gobernabilidad democrática, debido a que la partidocracia, enferma de abuso de poder y codicia, ha minado el campo institucional. Sus ejecutores, que controlan el Congreso y la justicia oficial, han enervado la gestión de Arévalo, quien, por otro lado, es cuestionado por rehuir el poder y no impulsar una renovación institucional.

Respecto del proceso electoral 2027, preocupa que la politización de la autoridad electoral y la justicia oficial, la financiación (Q20 millardos) en paralelo (Codedes y demás) del clientelismo partidista, así como el abstencionismo y el voto nulo, pongan en jaque a la democracia y viabilicen el advenimiento del despotismo, que, de entrada, impondría una brutal e indefinida suspensión de derechos y garantías.

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