«Es verdad que podría ser México, pero es Huelva... Y no queremos exagerar, pero la desprotección de quienes luchamos contra el narco aquí es enorme. Estamos bastante abandonados y al final esto se traduce, tristemente, en lo que ha pasado. Los medios nos prestaréis atención un rato, pero quienes estamos aquí doblando turno, haciendo patrullas solos y jugándonos el pellejo somos nosotros. E Interior invertirá lo que dice, pero la realidad es que no es suficiente».
La frase la repetía este lunes a EL MUNDO un guardia civil de la lucha antidroga después del tiroteo de la noche del pasado domingo, un ajuste de cuentas entre clanes que se llevó por delante la vida de tres personas -una embarazada de ocho meses, una mujer de 62 años y un menor que nada tenía que ver con el conflicto-, que quedaban tendidas en una calle de Isla Cristina y cuyas imágenes han dado la vuelta al mundo.
En pocas horas la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ponía el grito en el cielo, quejándose de la falta de medios de los agentes en la zona, y pidiendo que el Ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska recupere el órgano de coordinación OCON-Sur, que, según el sindicato, mantuvo «a raya» al narco en la zona durante sus años de existencia, de 2018 a 2022.
El triple asesinato, ejecutado desde una moto en pleno choque entre clanes -aunque todas las fuentes hablaban también de rencillas familiares-, llegó apenas cuatro días después de que la subdelegada del Gobierno, María José Rico, asegurara en una entrevista a Europa Press que el Gobierno central está realizando «una apuesta firme y decidida» para que «el narco no se asiente» en Huelva. Y desde Interior, este lunes, se repetían los datos a EL MUNDO: un 16% más de plantilla de Guardia Civil contra el narcotráfico, 38 millones en inversión en 2026... Aunque la fuente oficial admitía un punto de conexión clave con el testimonio del principio: «Se está invirtiendo mucho. ¿Que puede no ser suficiente? Pues quizás, a la vista de lo que estamos viendo. Pero la inversión está ahí, y es real».
Desde la AUGC, que aglutina a unos 800 agentes de los 1.500 que la Guardia Civil tiene desplegados en la provincia, se traslada un mensaje completamente alejado de las cifras ministeriales. El sindicato sostiene que se lucha contra el narco «con medios de la Segunda Guerra Mundial». Que algunos agentes se ven obligados a patrullar solos, y no en el clásico binomio, por falta de efectivos. Que, incluso, en ocasiones hay sólo dos agentes para proteger la propia Subdelegación del Gobierno y uno para la comandancia. Que la falta de embarcaciones es «total». Y que la presión al narcotráfico en Cádiz ha desplazado hacia Huelva, «con menos de la mitad de efectivos», a muchos grupos criminales.
«El problema», explica Lucas Lavilla, portavoz del sindicato en la provincia, «es que no podemos denunciar las cosas dando excesivos datos, porque luego los compañeros se quejan de que ayudamos a los malos, cuando la realidad es que lo poco que se ha conseguido es porque nosotros lo denunciamos, y lo digo yo, con mi nombre, dando la cara».
Su discurso es demoledor: «Subdelegación dice que somos los mejores, que Huelva es una balsa de aceite. Habla de una inversión de 38 millones de euros, que en realidad es para toda Andalucía. Con toda esa inversión que dicen que han hecho, no hay más embarcaciones, ni equipos, aunque no podemos dar datos concretos para no dar pistas a los malos, que tienen ya muchas. Al final lo que hay aquí son los compañeros de siempre, jugándose la vida y desatendiendo a sus familias, porque eso sí, aquí no se paga ni una hora extra. Sacan pecho de cifras a costa de que la gente que trabaja aquí no ve a su familia. Todo lo que se cuenta es un folletín. Ahora hemos sufrido un tiroteo, hace meses la muerte de dos compañeros. Son datos sistemáticamente falsos que dan para su parroquia. Nos llaman incluso jefes para decirnos que lo que está pasando es una vergüenza».
Lavilla, que representa a más de la mitad de los agentes de la provincia, se queja también de que el refuerzo de efectivos se produce «sólo los meses de verano» y con agentes en prácticas, «a los que no se les orienta ni se les da formación». AUGC, explica, no pone en duda los datos esgrimidos por Subdelegación del Gobierno, que asegura que Huelva tiene hasta tres puntos menos de criminalidad que la media española y es la segunda con menor peligrosidad de Andalucía tras Córdoba: 25.000 kilos de hachís y 5.000 de cocaína aprehendidos, y 87 detenciones en lo que va de año. «Lo que decimos es que esto se consigue sin medios, sin aumentar plantillas, y se vende algo inexistente», repite el representante sindical.
«La realidad», contestan desde Interior, «es que nunca se ha hecho una inversión tan grande contra el narcotráfico como la que se lleva haciendo desde 2018 con el Plan Gibraltar: son 240 millones en ocho años. ¿Que quizás no es suficiente? Pues es posible, pero nunca se ha invertido tanto, esto es así».
El asunto OCON-Sur es el otro caballo de batalla. Cuando Marlaska llegó a Interior se montó el órgano de coordinación como «medida temporal de choque», certifican a EL MUNDO fuentes de absoluta solvencia de la Benemérita. El grupo, muy caro por tratarse de unos 200 agentes en comisión de servicios, fue eficaz operativamente, pero estaba previsto que esos agentes fueran subsumidos por las distintas comandancias, como sucedió en 2022, y una investigación sobre su máximo responsable, David Oliva, ha acabado con él y varios de sus subordinados procesados por presunta connivencia con uno de los clanes.
Desde entonces, cada suceso en la zona se vincula a la desarticulación de OCON-Sur, y lo cierto es que nadie niega que la presión que el grupo imprimía en la lucha contra el narco era efectiva y real. «Lo que sucede», dice Lucas Lavilla, de AUGC, «es que sin OCON se ha perdido mucha flexibilidad: eran 200 agentes listos en cualquier momento, y pasaban de una provincia a otra rápidamente. Ahora, esos mismos agentes, en cada uno de los grupos, hacen un excelente trabajo de Policía Judicial, pero esa flexibilidad de respuesta rápida se ha perdido, y de aquellos polvos estos lodos».
Desde Interior, donde se desliza que las demandas sindicales tienen un interés económico detrás, responden: «OCON fue necesario un tiempo, pero estaba previsto que esos agentes pasaran a las unidades y las cifras de aprehensiones respaldan lo que se ha hecho», afirman.