El conflicto por la proliferación de las aplicaciones de viajes en La Plata sumó un nuevo capítulo de fuerte tensión política y gremial. Dirigentes de distintas organizaciones que representan a propietarios y conductores de taxis acudieron formalmente al Concejo Deliberante para exigir la intervención inmediata del cuerpo legislativo municipal, solicitando que se determine en forma explícita el estatus legal en el que operan plataformas como Uber y DiDi en la capital bonaerense.
El reclamo central fue presentado por el Centro de Ayuda al Taxista y Afines (CATA), encabezado por Raúl Caballero, mediante una nota dirigida al presidente del Deliberativo local, Marcelo Galland. Desde la entidad remarcaron que el servicio que prestan las aplicaciones carece por completo de respaldo normativo dentro del partido.
“Para nuestra Entidad la posición es sumamente clara y podemos enumerar que no existe un marco legal, no hay regulaciones vigentes o sea que no hay Ordenanza por lo tanto no pueden ajustarse a alguna Ordenanza como lo hace nuestro sector, operan en la ilegalidad absoluta y clandestina”, se expresó desde CATA.
En el escrito, que fundamenta una “denuncia administrativa” contra las firmas extranjeras, la entidad exigió intensificar las inspecciones e implementar “operativos de saturación” en la vía pública.
En esa línea, se puntualizó en la urgencia de aplicar “severas multas” e incautar las unidades.
“Disparidad de exigencias”
Asimismo, la entidad destacó la disparidad en las exigencias para ambos sectores: “En el marco de lo expuesto no cabe duda que esto ejerce una competencia desleal”, expresa la nota y agrega que esos vehículos “no pagan cargas impositivas, no tienen carnet profesional, no pagan tasas municipales, VTV, entre otras cosas”.
La reacción se da en un contexto económico sombrío para la actividad.
Según datos aportados por CATA, en La Plata existen 2.131 discos de taxis habilitados, pero en la actualidad solo se encuentran activos alrededor de 1.500 vehículos.
La merma responde al incremento en los costos de mantenimiento de las unidades, los insumos y la constante caída en el caudal de viajes.
Por su parte, conductores de Apps reunidos en una entidad del sector también protestaron en las calles platenses últimamente, con un pedido en contrario: exigen estado legal para el servicio y fin de los secuestros y multas.
Por otra parte, las presentaciones ante el Concejo Deliberante incluyeron cuestionamientos dirigidas a la labor legislativa. Representantes de CATA, la Unión de Propietarios de Autos Taxi (UPAT) y otras agrupaciones presentaron dos notas para repudiar expresiones del edil Juan Pablo Allan. Las organizaciones solicitaron formalmente declarar al concejal como “persona no grata para el sector” y pidieron su apartamento de la Comisión de Transporte.
Los taxistas cuestionan manifestaciones públicas del concejal, que habrían ido en contra de los procedimientos municipales de secuestro de vehículos vinculados a las aplicaciones de transporte.
Las entidades argumentaron que sus dichos “atentan y ofenden en su máxima expresión a la dignidad de nuestro trabajo”.
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