Quedan ya menos de 24 horas para uno de los Consejos de Ministros más decisivos de la legislatura y la izquierda hace máxima presión sobre el PSOE para que el real decreto ley de medidas de vivienda no se quede en un "parche". Empoderados por la acampada en la Puerta del Sol de Madrid, impulsado por el Sindicato de Inquilinas, y con un clima social muy caliente y sensibilizado por la crudeza del desahucio de Maricarmen, Sumar y los socios parlamentarios de Pedro Sánchez juegan sus cartas para doblar el brazo el sector socialista para que asuma medidas más drásticas en protección de desahucios, contratos de alquiler o regulación de los pisos turísticos y de temporada. Ahí se está librando la batalla.
Sumar, que es parte minoritaria del Gobierno, y los principales socios de izquierdas de Sánchez, como ERC, EH Bildu, Podemos, Compromís y BNG, han querido unir fuerzas y trasladar una inusual imagen de unidad en una acción conjunta en la que han exigido aprobar íntegramente el "decreto Maricarmen", donde el Sindicato de Inquilinas condensa sus principales reivindicaciones. La foto y la presión del conjunto son el mensaje.
Delante del hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde sigue ingresada la anciana de 87 años, han posado con carteles dos ministras, Mónica García (Sanidad) y Sira Rego (Juventud e Infancia), así como representantes de IU, Movimiento Sumar, Más Madrid, Comunes, ERC, EH Bildu, Podemos, Compromís y BNG. Su objetivo es arrastrar al PSOE a un paquete de medidas "contra la especulación" y frenar la influencia que está teniendo Junts en los últimos días de negociaciones. Y es que, Sánchez está atrapado por los votos, a su izquierda (los de la foto) pero también a su derecha (que no están en ella). El PSOE necesita a los independentistas catalanes, igual que al PNV para convalidar el real decreto ley que apruebe este martes en el Consejo. Pero al mismo tiempo a la izquierda no le vale cualquier cosa y exige que haya "ambición" y medidas contundentes.
El primero en apretar está siendo el sector Sumar del Gobierno para que antes de nada haya acuerdo en el propio seno de la coalición. La negociación la está liderando el Ministerio de Derechos Sociales de Pablo Bustinduy, aunque con el ramillete de ministros y partidos de la alianza muy implicados. ¿Y cómo va la negociación? El mensaje es que todavía se está "lejos" de haber acuerdo con el PSOE porque los acercamientos están siendo "poco a poco".
En declaraciones a los medios, el ministra Mónica García ha asegurado que Sumar va a "presionar" para que la propuesta del decreto Maricarmen se apruebe "íntegra", porque exigen que sea un texto lo suficientemente "ambicioso" y "valiente" como "para poner fin al problema de la vivienda".
Fuentes del socio minoritario subrayan que el problema en este último día de plazo se concentra en estos puntos: una "protección completa frente a desahucios," la regulación de temporada y habitaciones y pisos turísticos, y la renovación de los contratos del alquiler.
Es precisamente en este último punto, de la prórroga de los contratos de alquiler, donde se está librando una de las batalla más duras de la negociación. Sumar quiere que se renueven automáticamente los contratos que vencen en los próximos dos años, sin embargo, todavía el PSOE se resiste. "Ésta es la medida que para nosotros es irrenunciable e imprescindible", ha sentenciado la ministra de Sanidad.
"Necesitamos esas prórrogas y esa renovación automática porque es lo que limita la especulación. Las familias no pueden estar pendientes de si a los cinco años te echan de tu alquiler o si te suben 200, 400 o 500 euros", ha defendido García. "Basta ya, no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente".
Para saber más
"Nos plantamos en un Consejo de Ministros u nos vamos a plantar nuevamente si ese real decreto no lleva todas las medidas íntegras. No queremos medias tintas, ni eslóganes vacíos y ni soluciones a la vivienda que sabemos que no han funcionado. La regulación de la fiscalidad y la construcción de vivienda no han funcionado. Lo que ahora necesitamos son medidas valientes, ambiciosas, que pongan coto a la especulación. Y es que ahora ya es un punto de inflexión. O se está con los especuladores o se está con las familias, no hay más", ha zanjado.
Sumar se emplaza a las horas de trabajo que aún quedan durante todo el día para mover al PSOE a sus posiciones y juegan la carta de plantarse. Tanto en el Consejo de Ministros como en una futura votación en el Congreso. "No vamos a validar un texto que no esté a la altura del momento que exige la ciudadanía", señalan fuentes oficiales, "el decreto debe escuchar el clamor de la calle".
En cuanto a la expropiación de la vivienda en la que vivía Maricarmen, fuentes del sector Sumar explican que no va a ir mañana al Consejo de Ministros y que es un asunto que se ha desgajado del debate para abordarlo más adelante.
Por su parte, Podemos, que es uno de los actores del Congreso que más está complicando las negociaciones al Gobierno y cuyos votos son decisivos para la convalidación, se está atrincherando en sus posiciones de máximos. El partido morado advierte al PSOE de que el objetivo del texto tiene que ser "acabar con la especulación" y le aprieta para que "no intente hacer un trágala" a los grupos parlamentarios.
"Si el Gobierno pretende llegar a un decreto de mínimos que no ataje la especulación se volverá a equivocar", ha señalado el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, quien ha remarcado que Sánchez tiene que aprobar un decreto que aborde el problema de la vivienda y no uno que "arregle la imagen" o "lave la cara" del Ejecutivo.
En este sentido, Podemos se planta: el texto no puede llevar, como se pretendía hace unas semanas, la Ley del Suelo, porque favorece, dice, la especulación. Además, para el partido morado la manera de que el decreto "no sea un parche" es que recoja medidas tales como: "bajar por ley" el precio de los alquileres, prohibir la compra de vivienda "que no sea para vivir", la "expropiación" de viviendas de fondos buitre (que cifra en más de 650.000) y prohibir los desahucios sin alternativa habitacional.
Para Podemos, las propuestas que se han conocido en las últimas horas por parte del Ministerio de Vivienda son "del todo insuficientes" porque no "acabarían con la especulación" ni impedirían que la vivienda siga siendo un "negocio". Fernández ha explicado en rueda de prensa que su partido está dispuesto a "escuchar" pero que el Gobierno tiene que entender que tiene que estar "a la altura" y, lo que está ofreciendo ahora, no va en la línea que quieren.
Junts ha reaccionado de inmediato al ejercicio de presión realizado desde el conglomerado de izquierdas. Su portavoz, Josep Rius, ha llamado a "alcanzar un mínimo común denominador" y "abandonar las trincheras". Y ha advertido de que "si desde alguna formación se prioriza la ideología a las soluciones, se dificultará el acuerdo".
Rius ha querido alertar al Gobierno de que no caiga en la tentación de intentar elaborar un decreto demasiado amplio para contentar a todos sus socios. "No puede pasar como con el decreto ómnibus de las pensiones. Reclamamos a Sánchez que se centre en la emergencia habitacional y no incorpore otras cuestiones que no tienen relación", ha insistido Rius.
Tal y como ha adelantado este diario en su edición impresa de hoy, y han confirmado esta mañana fuentes del Gobierno, el Ejecutivo pretende incluir las principales reclamaciones de Junts en el decreto de vivienda. Ha enumerado ya "la prohibición de la compra especulativa a los fondos buitre" y "las bonificaciones fiscales para los inquilinos". Junts reclama, concretamente, la deducción del alquiler en el IRPF por un valor máximo 11.630 euros anuales.