El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) implementó el Formulario de Integridad del Proveedor, un nuevo requisito para quienes participen en los procedimientos de contratación pública, como parte de las reformas al Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, vigentes desde el 30 de julio de 2026.
La medida busca fortalecer los mecanismos de integridad, transparencia y prevención de conflictos de interés en los procesos mediante los cuales el Estado adquiere bienes y servicios.
De acuerdo con el Sercop, los proveedores deberán completar el Formulario de Integridad del Proveedor al momento de presentar sus ofertas dentro de los procedimientos de contratación pública.
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En caso de que un proveedor resulte adjudicado, deberá presentar además una declaración juramentada, que será un documento habilitante para la suscripción del contrato con la entidad estatal correspondiente.
Ambos documentos están disponibles en el portal institucional del Sercop.
La implementación de estos requisitos forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno nacional para fortalecer la integridad en la contratación pública y se enmarca en la Política Nacional de Integridad Pública (PNIP).
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El objetivo, según el organismo, es promover actuaciones basadas en principios de honestidad, legalidad y probidad, además de incorporar mecanismos para prevenir posibles conflictos de interés durante los procesos de contratación.
El Sercop también hizo énfasis en la responsabilidad de los proveedores respecto de la información que entreguen mediante estos documentos.
La entidad recordó que los datos registrados tanto en el formulario como en la declaración juramentada deben ser veraces.
La presentación de información falsa o inexacta podrá generar las responsabilidades administrativas, civiles y penales establecidas en la legislación vigente.
La medida se suma a los controles que el Sercop viene implementando para verificar el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores del Estado y fortalecer la transparencia en el uso de recursos públicos. (I)