El Gobierno de Pedro Sánchez ha abierto otro debate a nivel europeo que tiene muy complicado ganar: ahora el Ejecutivo quiere condicionar la ampliación de la UE a que el catalán, el gallego y el euskera sean incorporadas como lenguas oficiales del bloque comunitario. No lo dicen abiertamente, pero sí lo dejan caer. "Esperamos que ese reconocimiento pueda producirse antes que otras lenguas se puedan incorporar al listado de lenguas oficiales de la Unión Europea, simplemente porque es hora, 40 años después de la adhesión de España a la UE, de acabar con esa discriminación que sufren 20 millones de españoles, 20 millones de europeos, que viven en territorios con más de una lengua oficial, en comparación a otros europeos que tienen más de una lengua oficial", expresó por ejemplo esta semana el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro.
Pero en Bruselas y en muchas capitales piden, como poco, cautela. El debate no avanza y algunos socios ya han expresado su enfado con España por querer "vincular" ambos asuntos. La realidad es que el tema no es una prioridad en la Unión y se vio en el Consejo de Asuntos Generales del lunes en la capital comunitaria: 10 minutos de conversación sobre las lenguas cooficiales. Nada más.
Esa estrategia de asociar ampliación y oficialidad es nueva, y es también la más peligrosa, reconocen algunas fuentes diplomáticas a 20minutos, porque no solo corre el riesgo de estancar el debate, sino también de que el Gobierno se granjee nuevas oposiciones por el enfoque político que se le dé al asunto. Las dudas de muchos socios, repiten las fuentes, no tienen que ver tanto con el reclamo de España en sí, que consideran legítimo; van más por el encaje financiero y legal que tendría, dicen, sumar tres lenguas más a las ya existentes a nivel comunitario (un total de 24).
La legislatura, con todo, camina hacia su final y el Gobierno de Sánchez quiere cumplir con uno de los reclamos de los independentistas catalanes; la oficialidad del catalán (y del gallego y el euskera) fue parte del acuerdo de investidura en 2023, pero apenas ha habido avances. Así que el Ejecutivo ha decidido tensar la cuerda con los socios comunitarios. Moncloa lleva más de tres años con esta petición, que todavía cuenta con el veto de Estados miembros clave como Francia o Italia y que no avanzará, parece, bajo la presidencia irlandesa del Consejo de la UE. De momento, en palabras precisamente del Ejecutivo irlandés "no hay ninguna posibilidad" de que prospere el reclamo en el corto plazo.
En ese contexto, algunos países avisan a España ya de que el camino que ha escogido en último término para abordar el asunto no es el correcto. Alemania lidera ese bloque de quejas y algunos socios como Lituania han asegurado que es "inaceptable" condicionar la ampliación de la Unión a este debate. "Quiero dejar muy claro que una cosa es la ampliación y otra distinta es el debate sobre otras lenguas", coincidió la ministra sueca de Asuntos Europeos, Jessica Rosencrantz. Estocolmo considera que son dos cuestiones "que no se pueden mezclar".
"No es un debate nuevo como tal. Como ya hemos dicho en anteriores ocasiones en las que hemos abordado esta cuestión, al igual que con otros asuntos, necesitamos llevar a cabo un proceso serio. Me refiero a analizar, a nivel de grupo de trabajo, qué implica realmente esta propuesta en lo que respecta a la introducción de más lenguas", añadió la dirigente sueca, en una posición similar a la que tiene también Alemania; su ministro para Asuntos Europeos pidió "no bilateralizar" la integración europea, al tiempo que reiteró las dudas jurídicas de algunos países.
La complejidad reside en que la incorporación de nuevas lenguas, en general, exige la reforma de los Tratados y por tanto unanimidad entre los 27, pero hay caminos intermedios, y por ellos ha abogado Sampedro estos días. "Se pueden añadir más lenguas al listado de lenguas oficiales de la Unión sin modificar los Tratados, porque lo que España no está pidiendo es que sean lenguas auténticas de los Tratados, para eso sí que sería necesaria una reforma. Eso pasa con naturalidad en Naciones Unidas, donde el árabe es lengua oficial y de trabajo de Naciones Unidas y no es una lengua auténtica de la Carta de Naciones Unidas, y en Europa no tendría por qué producir ningún problema", ejemplificó el secretario de Estado.
El problema nace con la veda que el Gobierno ha abierto ahora: asociar la oficialidad de las lenguas a una cuestión que, desde hace casi cinco años -sobre todo con la invasión rusa de Ucrania- se ha vuelto existencial para la UE. La ampliación mira a la propia Ucrania, pero también a Montenegro, que está cerca de entrar en el bloque, o a Albania y Macedonia del Norte, que podrían ser los siguientes. Por eso las fuentes consultadas inciden en que las dudas legales, técnicas o económicas que pueden tener algunos socios respecto a la incorporación del catalán, el gallego y el euskera al catálogo lingüístico no se resuelven con órdagos a ese nivel.
Con todo, fuentes de Exteriores reiteraron esta semana que, de momento, ningún Estado miembro ha dado argumentos para justificar que se pudieran incorporar otras lenguas oficiales sin haber incluido antes las lenguas oficiales españolas. Pero públicamente muchos de los socios ya avisan a Sánchez: la ampliación de la UE es una cosa, el reconocimiento de las lenguas oficiales, otra bien diferente. Mezclar ambos debates no es buena receta.