El Gobierno de España aprobó el martes de nuevo un paquete de medidas urgentes para hacer frente a la crisis de la vivienda, después de que el pleno del Congreso rechazara la semana pasada esas mismas medidas y el presidente Pedro Sánchez convocara elecciones anticipadas. El Ejecutivo intentará ahora sacarlas adelante mediante una votación en la Diputación Permanente del Congreso.
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La decisión llega en medio de una creciente presión por la crisis de la vivienda, después de que decenas de miles de personas salieran a las calles durante el fin de semana para reclamar soluciones y de que una protesta en Barcelona derivara el lunes en enfrentamientos entre grupos de manifestantes y la Policía.
El Consejo de Ministros volvió a aprobar las 21 medidas tras la derrota parlamentaria de la semana pasada, cuando los partidos de la oposición de derechas rechazaron los decretos del Gobierno. Con el Congreso disuelto tras la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre, será la Diputación Permanente la encargada de decidir si las medidas siguen adelante.
Las protestas comenzaron tras el desahucio, el mes pasado, de María del Carmen Abascal, de 87 años, de su vivienda en Madrid.
Las 21 medidas aprobadas incluyen iniciativas para facilitar el alquiler o la compra de una vivienda, ampliar la protección frente a los desahucios de personas vulnerables, regular el alquiler de habitaciones, imponer un nuevo impuesto a los alquileres de temporada, prohibir las compras inmobiliarias con fines especulativos y conceder ventajas fiscales a propietarios e inquilinos que cumplan puntualmente con sus obligaciones.
"No vamos a permitir más desahucios como el que sufrió Maricarmen ni como los que se han producido desde que se derogaron los decretos", declaró Sánchez ante los periodistas en el Palacio de La Moncloa.
El Gobierno también pondrá en marcha un fondo de 10.000 millones de euros para conceder préstamos de hasta 50.000 euros destinados a la compra de la primera vivienda, además de subvenciones para la construcción, añadió el jefe del Ejecutivo español.
Las medidas deberán ser ratificadas por una cámara provisional en lugar del Parlamento, que quedó disuelto tras la convocatoria de elecciones anticipadas. Esta cámara está formada por 69 miembros, frente a los 350 diputados del Parlamento ordinario. La coalición de Sánchez necesitará solo 35 votos para sacar adelante las medidas.
Aun así, el presidente del Gobierno pidió el apoyo de sus adversarios y afirmó: "No estamos hablando de una cuestión ideológica, sino de sentido común".
"Muchos españoles están esperando soluciones, no solo quienes se reúnen en las plazas ni los miles de manifestantes que han salido a las calles. Me refiero a millones de ciudadanos que esperan que sus representantes tengan el valor de plantar cara a los poderosos, en lugar de someterse a ellos", añadió.
En Barcelona, la segunda ciudad más grande de España, una alerta por condiciones meteorológicas adversas durante el fin de semana obligó a los organizadores a aplazar la protesta hasta el lunes. Lo que comenzó como una multitudinaria marcha pacífica derivó en episodios de violencia cuando cientos de activistas se enfrentaron a la Policía, lanzaron piedras y prendieron fuego a contenedores de basura.
Alejandro Quiroga, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, sostuvo que la aprobación de los decretos por parte de la cámara provisional es constitucional, pero también una decisión políticamente necesaria para Sánchez.
"No creo que Sánchez tuviera alternativa", afirmó Quiroga. "Si convocas elecciones anticipadas para mantener la atención pública centrada en la vivienda, no puedes simplemente quedarte de brazos cruzados y no hacer nada al respecto. No habría sido una decisión inteligente".
El aumento de los costes y la escasez de vivienda están dejando a muchos españoles fuera del mercado inmobiliario, pese al fuerte crecimiento económico del país, la cuarta economía de Europa. Los manifestantes llevan tiempo reclamando una mayor protección para los inquilinos, medidas contra el fraude y la prohibición de los desahucios cuando no exista una alternativa habitacional disponible.