Actualizado Lunes, 10 agosto 2026 - 01:33
Dos años después de su toma de posesión como presidente de la Generalitat, el 10 de agosto de 2024, Salvador Illa asegura que su Govern está sentando las bases para que Cataluña «lidere la próxima década». La región, según el triunfalista balance que hizo hace unos días el jefe del Ejecutivo, «vive el momento de mayor estabilidad» y se comporta como una «locomotora económica europea».
Lo cierto es que la reciente aprobación de los Presupuestos autonómicos ha supuesto un bálsamo para el líder del PSC en el ecuador de la legislatura. Los socialistas catalanes han tenido que sudar tinta hasta blandir sus primeras cuentas validadas en el Parlament, pero con ello ya dan prácticamente por asegurado el objetivo de agotar el mandato. Sería la primera vez desde la presidencia del también socialista José Montilla (2006-2010) que se cumplen los cuatro años pertinentes antes de la llamada a las urnas. Muy probablemente, estos Presupuestos serán los únicos en aprobarse en el cuatrienio, dado que el calendario electoral de 2027 (municipales y generales) y el de 2028 (catalanas) deja escaso margen para cesiones políticas y escenificaciones pactistas.
Pero el optimismo presidencial contrasta con el análisis del resto de fuerzas de la Cámara. Para hacerlo más evidente, la líder del principal grupo de la oposición, Mònica Sales (Junts), dio el viernes una inusual rueda de prensa veraniega frente al Palau del Parlament en la que no ahorró críticas al Ejecutivo de Illa: «Está hundiendo Cataluña, ha colapsado las infraestructuras, ha degradado los servicios públicos, ha asfixiado a la clase media y trabajadora con más impuestos, ha hecho retroceder el catalán y hasta ha deteriorado la convivencia».
Tras los años de polarización del procés, Illa tomó posesión de su cargo con la promesa de gobernar para todos y con la gestión como bandera. Su Ejecutivo ha logrado una imagen alejada del sectarismo y una estabilidad que a inicio de la legislatura se antojaba muy compleja, al depender en cada votación de Esquerra Republicana y Comuns para conseguir los 68 escaños que fijan la mayoría absoluta en la Cámara. Los juegos de equilibrio han permitido mantener la doble alianza de la investidura, que en rigor es la única que le sirve al PSC habida cuenta de la cerrazón de Junts a llegar a cualquier tipo de acuerdo con los socialistas. Son significativas las concesiones que tanto Illa como la consejera portavoz, Sílvia Paneque, suelen hacer en público al anterior Govern de Pere Aragonès (ERC) enfatizando que algunas de las actuales políticas retoman el trabajo labrado por los republicanos.
Paradójicamente, no son los asuntos más espinosos de los pactos firmados con esos dos partidos en 2024 lo que más quebraderos de cabeza ha dado al Ejecutivo. Pese a estar encalladas, ni la propuesta de un nuevo modelo de financiación autonómica ni la cesión del 100% del IRPF a la Generalitat, en el acuerdo con ERC, ni las exigencias en materia de vivienda de Comuns, mucho más a la izquierda que el PSC, han hecho tambalear al Gabinete de Illa. Es en el terreno de la gestión del día a día donde el Gobierno catalán ha perdido el equilibrio en diversas ocasiones. Junto al efecto contagio por los casos de corrupción que rodean al PSOE, este desgaste explica el retroceso del PSC en la intención de voto que detectan las encuestas, lo que pone en riesgo la mayoría parlamentaria.
En la primera mitad de 2026, distintas crisis han marcado la agenda del Govern y han puesto en la picota a varios consejeros, especialmente a la propia Paneque (Territorio), Esther Niubó (Educación) y Núria Parlon (Interior), todas ellas reprobadas en el Parlament. El anuncio a principios de año de la creación de la empresa mixta (participada por el Gobierno y la Generalitat) Rodalies de Catalunya, para acelerar el traspaso de Cercanías, quedó en pocos días en el olvido tras el accidente de un tren en Gelida (Barcelona), con un maquinista en prácticas muerto, por la caída de un muro de contención de la autopista sobre las vías. Las tradicionales deficiencias de la red ferroviaria catalana de corta y media distancia se multiplicaron desde ese día con la paralización del servicio para revisar las infraestructuras, lo que sumió en un absoluto caos la movilidad diaria de cientos de miles de personas.
Las huelgas de docentes convocadas desde febrero hasta final de curso amenazan con replicarse durante este otoño (el próximo curso arrancará con otra jornada de paro). El Govern no calibró bien las fuerzas al echar un pulso a los sindicatos mayoritarios llegando a un acuerdo en marzo únicamente con CCOO y UGT y, para cuando lo hizo con Ustec·Stes y Professors de Secundària (las dos principales organizaciones), la situación estaba tan enquistada que la consulta de Ustec entre los trabajadores recibió un claro no al pacto.
En la consejería de Niubó, además, llueve sobre mojado. Si, hace un año, un error en las adjudicaciones de las plazas de profesores obligó a reiniciar un proceso que afectó a decenas de miles de docentes, otra polémica ha tenido a Educación como protagonista este mes de julio. Cataluña quedará fuera del análisis comparativo del Informe PISA porque el número de alumnos exentos de las pruebas fue casi cinco veces superior al que fija la OCDE. Una incidencia agravada todavía más por la falta de transparencia a la hora de comunicarla.
Por otro lado, mientras Illa y Parlon presumen de una reducción en las cifras de delitos, más de una decena de muertes por arma blanca o de fuego en lo que va de año, varias de las cuales a plena luz del día, han acrecentado la sensación de inseguridad en la población. Además, la consellera ha tenido que responder en el Parlament por asuntos polémicos como la infiltración de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea de docentes que preparaba las movilizaciones del sector.
Otra reciente polémica compartida por Interior y Educación ha sido la del plan piloto de la Generalitat para desplegar policías de paisano y sin armas en centros de enseñanza. Un proyecto que, tal y como está planteado, parece abocado al fracaso.
En abril, el Govern ya tuvo que recular con otro plan, en este caso el de la consejera de Salud, Olga Pané, de vincular los fondos públicos que reciben los Centros de Atención Primaria (CAP) a la reducción del tiempo en las incapacidades temporales en casos de enfermedades de salud mental o lesiones osteomusculares y que computase en la retribución variable de las nóminas del personal sanitario. Con el controvertido proyecto a punto de ser retirado, la propia Pané tuvo que iniciar una baja médica de tres meses y medio por una fractura de peroné tras sufrir un accidente doméstico. Justo antes ya habían estado de baja Illa (un mes por una osteomielitis de la sínfisis púbica) y Niubó (dos meses por una operación por un cáncer de timo)
Con todo, en estos dos primeros años de la legislatura, el único retoque realizado por Illa en el Govern ha sido el reciente relevo de Mònica Martínez Bravo por Raúl Moreno al frente del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión, una consejería muy señalada por los escándalos de la antigua DGAIA, el servicio autonómico de atención a menores y jóvenes ex tutelados.