La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, aseguró que su declaración patrimonial ya se encuentra disponible para consulta pública, luego de que surgieran cuestionamientos por la falta de acceso al documento.
La mandataria atribuyó la situación a problemas de seguridad en el servidor del sistema estatal, aunque una investigación periodística señaló inconsistencias en la justificación utilizada por la Contraloría General del Estado (CGE).
Durante una conferencia de prensa, Nahle sostuvo que no tiene bienes que ocultar y afirmó que tanto ella como su esposo han trabajado durante décadas.
Recordó que ha ocupado distintos cargos públicos, entre ellos diputada federal, senadora y secretaria de Energía, antes de asumir la gubernatura de Veracruz.

La gobernadora explicó que, al percatarse de que su información no podía consultarse, solicitó una explicación al Órgano Interno de Control.
Según su versión, se le informó que las declaraciones ya habían sido cargadas, pero que existía un inconveniente relacionado con la seguridad del servidor.
“Yo no tengo nada que ocultar”, señaló, al tiempo que aseguró que su declaración quedó nuevamente disponible entre el viernes y sábado.
Nahle también afirmó que desde hace años presenta públicamente su información patrimonial y recordó que su esposo, jubilado de Petróleos Mexicanos (Pemex), comenzó a realizar declaraciones desde 1994, cuando todavía era trabajador de la empresa.
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De acuerdo con la explicación de la gobernadora, el problema no habría involucrado únicamente su información, pues otros funcionarios estatales también enfrentaron dificultades para consultar sus declaraciones.

Entre los puntos mencionados durante la conferencia destacan:
El caso tomó otra dimensión a partir de una investigación publicada por EMEEQUIS, que revisó documentación relacionada con una solicitud de acceso a las declaraciones patrimoniales de Nahle correspondientes a 2023, 2024 y 2025.
Según ese análisis, la Contraloría General del Estado respondió mediante el oficio CGE/UT/522/2026 y negó el acceso a la información al considerar que estaba clasificada como confidencial.
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La investigación sostiene que el acuerdo de clasificación utilizado como fundamento correspondía a otra solicitud de información.
Además, el análisis señala una diferencia en las fechas: el acuerdo citado habría sido aprobado el 1 de julio, mientras que la solicitud relacionada con la declaración de Nahle fue turnada al área responsable el 3 de agosto.
La investigación periodística también cuestiona que la dependencia haya clasificado la información de manera íntegra, en lugar de generar una versión pública que permitiera conocer los datos de interés ciudadano y, al mismo tiempo, proteger información personal como domicilios o cuentas bancarias.
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Estos señalamientos deberán distinguirse de la explicación ofrecida públicamente por la gobernadora, quien atribuyó el problema inicial a cuestiones técnicas y aseguró que su declaración ya estaba abierta.

El debate se centra así en dos aspectos: la disponibilidad efectiva de la información patrimonial y el procedimiento utilizado por las autoridades para determinar qué datos deben ser públicos y cuáles deben permanecer protegidos.
Al ser cuestionada sobre las declaraciones de los integrantes de su gabinete, Nahle señaló que no hablará en nombre de otros funcionarios, aunque dijo que los exhortará a transparentar la información que legalmente pueda hacerse pública.
Mencionó a Ricardo Ahued, Ernesto Pérez Astorga y Rodrigo Calderón Salas como funcionarios con antecedentes empresariales, y sostuvo que en esos casos deberán informar aquello que corresponda conforme a las disposiciones vigentes.
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Por ahora, la gobernadora mantiene que su declaración patrimonial puede ser consultada públicamente.
Paralelamente, los cuestionamientos sobre la actuación de la Contraloría y el fundamento utilizado para restringir previamente el acceso mantienen abierto el debate sobre transparencia, protección de datos personales y rendición de cuentas en Veracruz.