Regreso de Rocha Moya a Sinaloa: así sería el proceso de la desaparición de poderes en el estado si el gobernador no se retracta
calendar_today 22.08.2026 - person - timer ~4 Minutos
El regreso de Rubén Rocha Moya a Sinaloa, anunciado a través de sus redes sociales la mañana del pasado 21 de agosto, no ha dejado de generar disgusto y reproches en la política mexicana. Por un lado, Morena y aliados se han desmarcado de la decisión, asegurando que se trata de una acción “personal”. Por el otro, la oposición pugna por la “desaparición de poderes” y abrir un “juicio político” en contra del mandatario estatal.
La posible desaparición de poderes en el estado de Sinaloa se encuentra al centro de la discusión pública, luego de que la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, asegurara que al no haber el respaldo del Gobierno Federal, se podría contemplar el inicio de este proceso. Así lo expresó en redes sociales:
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“El rechazo unánime al regreso de Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa pone en una encrucijada a la República. Si el Gobernador no da marcha atrás de inmediato es necesario activar todos los mecanismos legales y parlamentarios que contempla nuestro marco normativo para declarar la desaparición de los poderes en el Estado. Es una decisión trascendente, pero necesaria”.
En el video, el gobernador acusado de presuntos nexos con Los Chapitos afirmó que asume nuevamente la responsabilidad de gobernar y trabajar por Sinaloa y su gente. Crédito: @rochamoya_
Cabe recordar que hasta el día de hoy, 22 de agosto de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación en contra de 10 personas de Sinaloa, incluido el gobernador, la cual dio inicio tras las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde aseguran que los acusados habrían permitido la operación de la facción de “Los Chapitos” a cambio de favores durante 2021.
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La situación anterior llevó a que Rubén Rocha Moya pidiera licencia el pasado 1 de mayo, pero casi cuatro meses después anunció su regreso al cargo en un momento clave para Morena, por lo que la oposición ya lo señala como símbolo de la “impunidad” que permea en el país. El Partido Acción Nacional (PAN) podría plantear iniciar el proceso de desaparición de poderes en el estado, el cual se caracteriza por la extinción de la facultad para ejercer el poder político por parte de las autoridades estatales.
La desaparición de poderes implica que los titulares del Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la entidad dejan de ejercer sus funciones. La Constitución otorga al Senado de la República la atribución exclusiva de determinar si se ha configurado este escenario en un Estado y, en su caso, emitir la declaratoria para nombrar a un gobernador provisional.
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Existen varios supuestos para que proceda la desaparición de poderes, entre ellos:
- La violación a los principios del régimen federal, el abandono del cargo sin causa de fuerza mayor;
- La imposibilidad física de los titulares para ejercer sus funciones que afecte la vida institucional del Estado;
- La prórroga indebida de su periodo;
- Y la adopción de formas de gobierno distintas a las establecidas en la Constitución.
El propósito de la declaratoria no es eliminar los poderes estatales, sino restablecer el funcionamiento constitucional de la entidad a través del nombramiento de nuevas autoridades que garanticen la continuidad del orden legal.
Otro de los temas controversiales, es la inmunidad procesal, “fuero”, al que Rubén Rocha Moya se hace acreedor al volver a tomar el cargo como titular del Ejecutivo Estatal, ya que según el Artículo 111 Constitucional, cualquier proceso penal federal en su contra queda sujeto a un mecanismo de protección institucional que, en la práctica, blinda al funcionario mientras permanezca en el poder.
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El mecanismo opera así: antes de que cualquier autoridad pueda actuar penalmente contra un gobernador, la Cámara de Diputados debe votar, por mayoría absoluta, si procede o no la acusación. Si la respuesta es negativa, el proceso se congela. No desaparece, pero tampoco avanza mientras el inculpado siga en funciones.
Solo cuando el gobernador deje el cargo, la imputación puede retomar su curso. El propio artículo aclara que la negativa de la Cámara no prejuzga el fondo del asunto, pero el efecto práctico es claro: Rocha Moya tendría garantizado un periodo sin persecución penal activa en su contra, al menos en el ámbito federal hasta 2027.
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Si la Cámara de Diputados llegara a declarar procedente la acusación, el gobernador quedaría separado del cargo de inmediato y puesto a disposición de las autoridades competentes. Una sentencia absolutoria le permitiría retomar la gubernatura; una condenatoria, por delitos cometidos durante el ejercicio del cargo, le cerraría incluso la posibilidad del indulto.