Desde alcaldes a parlamentarios, incluyendo algunos de oposición, concurrieron este lunes en la mañana a una ceremonia en el Salón Montt-Varas de La Moneda, donde el Presidente de la República, José Antonio Kast, firmó una reforma constitucional, que ingresará la próxima semana al Congreso, que regula el carácter obligatorio de los test de drogas para un conjunto de autoridades.
A días que el exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, diera positivo en un examen periódico y fuera removido del cargo, La Moneda resolvió salir jugando y materializar una medida que ya había sido esbozada en la campaña.
La iniciativa -que hace propia un conjunto de mociones parlamentarias para regular este tema, en el ánimo de poner una valla entre el narcotráfico y la política-, va más allá e incorpora causales de cesación de cargo para aquellos altos dignatarios públicos, como ministros, subsecretarios, senadores, diputados, delegados presidenciales, alcaldes y concejales, a quienes se les detecte un consumo no acreditado de sustancias ilícitas.
Sin embargo, la reforma que fue firmada por el Presidente y los ministros Claudio Alvarado (UDI) y José García Ruminot (RN), no incluye por el momento las mismas obligaciones al Presidente de la República, ni a jueces del Poder Judicial, fiscales ni autoridades de Contraloría.
Una de las explicaciones sería de carácter jurídico, ya que el primer mandatario, del punto de vista como está redactada la Carta Fundamental, no cesa en el cargo al igual que los parlamentarios. En su caso solo operan las acusaciones constitucionales o bien la declaración de inhabilidad por razones físicas o mentales. En ambas hipótesis, el Senado es el que tiene la última palabra.
Sin embargo, según la minuta distribuida esta mañana y la información aportada por los oradores de la ceremonia de esta mañana, el test obligatorio tampoco se le aplicaría al Jefe de Estado.
“La medida será aplicable a ministros de Estado, subsecretarios, senadores, diputados, delegados presidenciales regionales y provinciales, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales”, dice el comunicado de La Moneda.
Al cierre de esta edición el texto final del proyecto de ley aún no se conocía, pero en el oficialismo admitían que en la primera versión no estaba el gobernante, pero que posiblemente sería incorporado al menos como sujeto obligado para someterse al examen preventivo.
Si bien en su alocución, el Presidente Kast valoró el debate iniciado por diversos parlamentarios que han presentado mociones para alertar este tema y se abrió a recibir esos aportes, desde que la bancada de diputados de la UDI logró que se aprobaran los test obligatorios en La Ley de Presupuestos siempre incluyeron al Jefe de Estado.
“El Presidente de la República, su ministro de Estado y subsecretarios deberán someterse semestralmente a un control de consumo de sustancias o drogas, estos pacientes o psicotrópicas ilegales”, dice la glosa de la UDI que ha perdurado en la partida de la Presidencia. Una norma similar idearon los diputados gremialistas para la Cámara.
Un objetivo parecido tenían las mociones de las exdiputadas Paula Labra (indep. RN), Yovana Ahumada (socialcristiana) y la todavía diputada Pamela Jiles (PDG), cuyas iniciativas refundidas para darle un carácter obligatorio en la legislación, incluso, ya fueron aprobadas por la Cámara y hoy están en manos del Senado.
“No podrá ser candidato a Presidente de la República, senador, diputado, gobernador regional, consejero regional, alcalde ni concejal el que tenga dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico”, dice el proyecto de las parlamentarias, que además establece inhabilidades para el ejercicio del cargo.
Y agrega: “Dicho examen deberá realizarse en base a una muestra de cabello en un laboratorio que cuente con la autorización del Ministerio de Salud y que cumpla con los estándares internacionales pertinentes”.
Sin embargo, existen dudas de la constitucionalidad de esta iniciativa de mociones fusionadas, ya que no es una reforma a la Carta Fundamental y solo modifica normas como la Ley de Drogas, la Ley Orgánica del Congreso y la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.