Rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores complica a La Moneda e inquieta a los partidos oficialistas - La Tercera
calendar_today 22.10.2026 - person - timer ~8 Minutos
La rebaja de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad abrió un nuevo flanco para el gobierno del Presidente José Antonio Kast.
La decisión del Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, instaló una controversia que combina una discusión jurídica sobre la aplicación de la ley con el costo político de conceder un beneficio a condenados por delitos de esa naturaleza.
El ministro abordó el tema el miércoles desde el Congreso Nacional, donde defendió el criterio aplicado por su cartera y sostuvo que la decisión responde a la jurisprudencia de la Corte Suprema.
“A partir del año 2022 se modificó la ley y se prohíben beneficios a quienes cometen esos delitos (...). La Corte Suprema acogió recursos de amparo de todas esas personas y, por lo tanto, lo que hizo el ministerio, incluso en la resolución respectiva se cita cada uno de esos fallos, fue establecer la doctrina que la propia Corte Suprema estableció por la vía de dichos recursos”, explicó Rabat.
Consultado sobre si el gobierno compartía ese criterio jurisprudencial, respondió: “El gobierno no comenta los fallos judiciales”.
La controversia tiene su origen en la modificación legal que entró en vigencia en febrero de 2022 y que excluyó del beneficio de reducción de condena a quienes hubieran sido condenados por determinados delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. El problema se produjo con quienes recibieron sus sentencias antes de ese cambio y alegaban que debían regirse por la normativa anterior, sin que se les aplicara retroactivamente la nueva restricción.
Durante el gobierno anterior, el Ministerio de Justicia rechazó solicitudes de este tipo, sosteniendo que los condenados no cumplían los requisitos para acceder al beneficio. Sin embargo, los reos recurrieron de amparo y la Corte Suprema acogió presentaciones, ordenando otorgar las rebajas en esos casos.
Al asumir Rabat, la cartera mantuvo inicialmente esa línea de rechazo, pero, ante los pronunciamientos del máximo tribunal, optó por modificar el criterio administrativo. La decisión buscaba evitar que los procedimientos terminaran sistemáticamente en los tribunales y que el ministerio debiera conceder las rebajas después de perder los recursos judiciales.
Según fuentes de gobierno, la alternativa también apuntaba a no seguir recargando a los tribunales con litigios que, a juicio de la cartera, tenían un resultado previsible.
Sin embargo, la explicación de que Justicia actuó siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema enfrenta algunos matices.
En 2026, ya bajo la actual administración, el máximo tribunal paulatinamente ha vacilado en este tema y, en casi 10 fallos, ha sostenido que la reducción de condena no forma parte de la pena propiamente tal y que, por lo tanto, la prohibición incorporada en 2022 no vulnera el principio de irretroactividad de la ley penal.
En ese escenario, una de las críticas apunta a que el Ejecutivo no estaba necesariamente obligado a modificar su criterio administrativo.
La cartera podía mantener el rechazo de las solicitudes y permitir que los condenados recurrieran a los tribunales, como ocurrió durante el gobierno anterior. La existencia de fallos que acogieron recursos no impedía -dicen- que el ministerio sostuviera su interpretación jurídica y defendiera esa posición ante la justicia.
El debut del nuevo vocero, el subsecretario Gonzalo Arenas, también quedó marcado por la controversia. El miércoles, el vocero salió a respaldar la actuación de Justicia y descartó que se tratara de una decisión discrecional. “Este es un procedimiento establecido en la ley, no es arbitrario por parte de la autoridad”, afirmó.
“Aquí no estamos hablando de algo que si nos gusta o no nos gusta, sino que estamos hablando de algo que está establecido en la ley, es un derecho y no somos un gobierno arbitrario, somos un gobierno que cumple con la normativa y la normativa es clara”, agregó.
La defensa del Ejecutivo, sin embargo, no ha conseguido cerrar el flanco. Esto, porque entendidos en la materia plantean que el Ejecutivo no está obligado a visar los decretos, sino que puede dejar que resuelva la Corte Suprema si es que las personas presentan recursos.
En cuanto a si La Moneda estaba al tanto de la decisión antes de que se concedieran las rebajas, en el gobierno sostienen que se trataba de un procedimiento administrativo habitual del Ministerio de Justicia, que recibe diariamente solicitudes de beneficios penitenciarios. Por lo mismo, afirman que no era una materia que necesariamente debiera escalar al nivel central del gobierno.
Esta mañana, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, intentó reforzar la posición del gobierno y poner el foco en las medidas legislativas que impulsa el Ejecutivo en materia de protección de la infancia.
“Este gobierno trabaja por la protección de la infancia y así lo ha hecho desde el primer día. El Ministro de Justicia ya señaló que el gobierno está cumpliendo con la ley, pero nosotros siempre vamos a estar disponibles a evaluar mejoras legislativas”, señaló.
La secretaria de Estado también recordó que durante la administración anterior hubo rebajas de condena en casos de este tipo. “En el gobierno anterior también hubo 276 casos en los cuales hubo rebaja de condena, por lo cual, lo que quiere cumplir un gobierno es justamente la institucionalidad, la Constitución y estar abierto a las mejoras legislativas (...). Nosotros tenemos la disposición a mejorar las leyes, que es justamente el debate que se está impulsando en el Congreso”.
Sin embargo, autoridades de la administración anterior aseguraron que si bien hubo rebajas de penas, ninguna a casos de violaciones o abusos sexuales a menores. “Nosotros teníamos un criterio que era muy estricto. La ley se aprobó desde el 2022 y desde el 2022 nosotros rechazábamos. Si alguien quería recurrir, bueno, que lo resolviera la Corte, pero nuestro criterio era rechazar”, dijo que el exministro de Justicia Jaime Gajardo.
Rechazo oficialista
La controversia ha generado una inmensa preocupación en los partidos políticos que sustentan el gobierno de Kast. Sobre todo, reconocen, porque se trata de un tema sensible para la ciudadanía que estalla justo cuando la administración enfrenta su peor momento de popularidad en las encuestas.
En el bloque, además, admiten que la oposición ha sido hábil en usar el tema a su favor. La exministra vocera de gobierno Camila Vallejo publicó un vídeo en redes sociales -que fue compartido por el expresidente Gabriel Boric-, en que planteó “que este gobierno (...) haya decretado, sin orden de la Corte Suprema, la rebaja de condena a 56 abusadores sexuales y violadores de menores de edad es gravísimo”.
Para enfrentar la ofensiva de la izquierda, desde los distintos partidos del oficialismo se han encargado de hacer propuestas para intentar enmendar la medida.
Por ejemplo, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, adelantó que, en conjunto con los senadores Andrés Longton (RN), Iván Flores (DC), Karim Bianchi (independiente) y Pedro Araya (PPD) “hemos decidido presentar un proyecto de ley para asegurar la efectiva aplicación de la exclusión del beneficio de reducción de la pena a condenados por delitos sexuales contra menores de edad”.
“Esperamos se puedan sumar a esta iniciativa más parlamentarios representantes de todos los sectores políticos, para darle una rápida tramitación y el gobierno respalde la iniciativa con la máxima urgencia legislativa”, agregó el republicano.
Esta mañana, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, se reunió con el vocero de gobierno, Gonzalo Arenas. Tras la cita, la legisladora sostuvo que “lo primero que hay que hacer es dejar sin efecto esta excepción, este beneficio (...). Ingresamos un proyecto firmado de manera transversal, que también tuve la oportunidad de conversar con el vocero”.
La respuesta del gobierno, sobre que Justicia siguió una interpretación respaldada por la Corte Suprema, no deja satisfecho al oficialismo.
El senador republicano Ignacio Urrutia dijo a este medio: “Me parece inaceptable que el ministro de Justicia haya rebajado las penas a los violadores de niños. Yo he venido pidiendo incansablemente que se indulte a los viejitos que están muriéndose en las cárceles en Chile por salvar a Chile. Eso no han sido capaces de hacerlo. Pero no tienen escrúpulos para rebajar las condenas a quienes violaron y atentaron contra niños indefensos. Me parece inaceptable y estoy realmente indignado por lo que está sucediendo”.
El senador agregó que “esto de echarle la culpa a la Corte Suprema no es el camino, porque él (Rabat) es un poder independiente que puede tomar sus propias decisiones, no tiene que guiarse por la Corte Suprema con respecto a eso. No creo que esta sea la excusa. Está mal pelado el chancho cuando se rebajan penas para delitos de esta naturaleza, que afectan a niños, y no son capaces de hacer lo mismo con viejitos que se están muriendo en las cárceles, y así se lo he hecho saber al Presidente”.
Más allá fue el senador Rojo Edwards, de la bancada de senadores RN, quien se abrió incluso a interpelar al titular de Justicia.
“¿Rebajar condenas a violadores manteniendo presos a los carabineros perseguidos por el INDH? Yo estoy realmente confundido respecto a cuáles son las ideas que gobiernan a ese ministerio de Justicia. Importa poco cómo lo haga. Pero el ministerio debe revertir esta decisión y sacar la firma del Presidente, disculpándose por la pésima asesoría que se le dio. En este caso, creo que la interpelación podría ser hasta una herramienta razonable”, señaló.
Por su parte, la diputada Francesca Muñoz, del Partido Cristiano, anunció que recurrirá a Contraloría. “Lo ocurrido con la rebaja de condena a abusadores sexuales es muy grave y debe revertirse. Por eso recurriremos a Contraloría para que revise la legalidad de estos decretos”, planteó la parlamentaria.
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