Proyectaron la casa soñada, pero la obra terminó con graves fallas estructurales: ratificaron una condena de $70 millones
calendar_today 13.09.2026 - person - timer ~7 Minutos
La construcción de una vivienda familiar en La Plata culminó con graves fallas estructurales que pusieron en riesgo la estabilidad del inmueble, según determinó un peritaje incorporado al expediente. La Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial confirmó la condena de 70 millones de pesos contra el profesional responsable de la obra, luego de que los informes técnicos advirtieran deficiencias en vigas, columnas y losas, y señalaran que, sin estudios complementarios, no podía garantizarse el correcto desempeño futuro de la estructura.
Según consta en la resolución judicial, la demanda fue presentada por una pareja —actualmente él de 55 años y ella de 50— que buscaba la reparación de los perjuicios ocasionados por el mal desempeño de los encargados de la obra. El contrato suscripto tenía por objeto levantar una casa destinada a ser el hogar familiar, pero el proyecto quedó marcado por retrasos, defectos estructurales y una ejecución que, de acuerdo con las pericias, no cumplió los estándares mínimos de seguridad.
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El fallo de primera instancia desestimó las defensas de los demandados, quienes habían planteado la falta de legitimación tanto de la reclamante, por no haber firmado el contrato, como de la esposa del profesional, por no ser parte formal del acuerdo. El juez consideró acreditada la intervención de ambas, basándose en pruebas documentales y bancarias que reflejaron la participación económica y la gestión conjunta en la obra.
La resolución inicial ordenó el pago de 70 millones de pesos en concepto de indemnización por daño emergente y daño moral. El monto fijado se sustentó en informes periciales de arquitectos e ingenieros, quienes describieron una serie de fallas graves. Entre ellas, se señalaron problemas en la estructura de hormigón armado, columnas mal ejecutadas, deformaciones en vigas, armaduras expuestas y cubiertas incompletas. Además, se detectaron filtraciones, mampostería deficiente y falta de terminaciones esenciales.
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Uno de los aspectos centrales del debate judicial giró en torno a la extensión de la responsabilidad. Los demandados argumentaron que la reclamante no podía exigir reparación porque no firmó el contrato, y que la esposa del profesional solo recibió transferencias bancarias sin intervenir en la ejecución. La Cámara rechazó estos planteos, señalando que el daño recaía sobre el patrimonio común del matrimonio contratante, y que la recepción de fondos por parte de la codemandada evidenciaba una unidad de gestión profesional.
En su análisis, el tribunal consideró que el incumplimiento contractual afecta tanto a quien firma como a quienes resultan perjudicados en su proyecto de vida familiar. Citó el artículo 1716 del Código Civil y Comercial, que obliga a reparar el daño causado por la violación del deber general de no dañar, y subrayó que el objeto del contrato era la vivienda familiar, lo que justifica la legitimación de la reclamante.
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La Cámara también valoró la prueba indiciaria y la conducta procesal de los demandados. Se destacó que no ofrecieron explicaciones sobre los pagos recibidos ni aportaron evidencia que contradijera las transferencias registradas. Según se desprende del fallo, la codemandada no solo participó en la administración financiera sino que se benefició económicamente de los fondos destinados a la obra.
En cuanto a la responsabilidad solidaria, la sentencia invocó el artículo 461 del Código Civil y Comercial, que presume que las ganancias y pérdidas en el matrimonio derivan de actividades para el sostenimiento del hogar y la educación de los hijos. En este caso, la construcción de la vivienda se vinculó directamente a esa finalidad.
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El tribunal rechazó la idea de que el profesional quedara eximido de responsabilidad por el solo vencimiento del plazo contractual. La Cámara remarcó que los contratos deben ejecutarse de buena fe y que no puede interpretarse que el comitente asuma todos los riesgos y obligaciones mientras el constructor quede liberado sin haber cumplido con la entrega de la obra pactada.
Las pericias resultaron determinantes en la confirmación de los daños. La arquitecta y el ingeniero designados detallaron que la ejecución mostró deficiencias técnicas, falta de planificación y ausencia de estudios previos fundamentales. La estructura, señalaron, presentaba numerosas patologías, desde fundaciones alteradas hasta cubiertas mal resueltas y escaleras que debían reconstruirse por completo.
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Los informes técnicos concluyeron que la vivienda era inhabitable y que parte de los arreglos sugeridos podían resultar antieconómicos frente a la necesidad de reconstrucción total de los sectores afectados. Entre las tareas recomendadas figuraron la protección de armaduras, reparación de elementos estructurales cortados, ejecución de dinteles y finalización de todos los rubros inconclusos.
Los jueces analizaron también las críticas de la defensa a las pericias. Los demandados alegaron que los expertos no realizaron estudios de alta complejidad y que la falta de colapso estructural eximía de responsabilidad. El tribunal desestimó estos argumentos, indicando que la ausencia de riesgo inminente no elimina la obligación de entregar una obra en condiciones óptimas.
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En el plano jurídico, la sentencia recalcó la importancia de la carga dinámica de la prueba. Se sostuvo que quien recibe los fondos y administra la obra debe aportar elementos que aclaren el destino y la correcta aplicación de los recursos, más aún cuando existen indicios sólidos de deficiencias y de un manejo conjunto.
La Cámara destacó que la interpretación de los contratos debe atender la intención común de las partes y el principio de buena fe. En este caso, se consideró impropio que la parte contratante asumiera todos los costos y responsabilidades mientras el profesional se liberaba solo por el paso del tiempo.
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La decisión también abordó la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor y el rechazo de los rubros de lucro cesante y daño punitivo por falta de prueba suficiente. El tribunal respaldó la cuantificación del daño emergente y moral, fijando los montos conforme a los valores sugeridos por los peritos.
Con relación a la conducta procesal, el fallo valoró la falta de colaboración de los demandados en la producción de prueba y la ausencia de explicaciones alternativas respecto de los hechos controvertidos. Esta actitud fue considerada relevante para rechazar las defensas planteadas.
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El tribunal concluyó que la suma fijada por daño emergente y moral resultaba adecuada de acuerdo con la gravedad de las deficiencias y el impacto en el proyecto familiar de la parte reclamante. La Cámara confirmó la condena solidaria y ordenó el pago de intereses desde la fecha de la sentencia.