La Cámara de Diputados bonaerense convirtió en ley distintas iniciativas durante su sexta sesión ordinaria del año. Entre ellas, habilitó a los municipios a disponer libremente de la primera cuota del Fondo Municipal y a reasignar recursos del Impuesto Inmobiliario Rural para obras hídricas. Además, sancionó la Ley Ema, que establece medidas para prevenir la violencia digital, y una regulación para el uso de celulares en las escuelas secundarias.
Uno de los proyectos aprobados modifica el esquema de distribución del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM) y permite que los intendentes dispongan libremente del 100% de la primera cuota, que contempla $50.000 millones para los 135 municipios bonaerenses.
La iniciativa, impulsada por el diputado radical Diego Garciarena, de UCR + Cambio Federal, obtuvo el respaldo del oficialismo y parte de la oposición, tras un acuerdo alcanzado en la reunión de Labor Parlamentaria. De esta manera, los jefes comunales podrán destinar esos recursos también a gastos corrientes, como el mantenimiento de los servicios públicos y el pago a proveedores.
Hasta ahora, el esquema establecía que el 70% de los fondos se distribuyera según el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante debía ejecutarse mediante programas provinciales vinculados con infraestructura, transporte y cultura.
Con la modificación, las cuatro cuotas restantes mantendrán por ahora ese mecanismo mixto, aunque la modalidad podrá revisarse en los próximos meses. Durante el debate, Garciarena también cuestionó los incumplimientos vinculados con la Ley 15.561, que fijó el fondo en $250.000 millones, y apuntó contra el Senado bonaerense por la demora en designar a los integrantes de la comisión bicameral de control.
En la misma sesión, Diputados convirtió en ley un proyecto del senador de Unión y Libertad, Sergio Vargas, que autoriza a los 135 municipios a reasignar durante seis meses hasta el 100% de los fondos coparticipados del Impuesto Inmobiliario Rural destinados al mantenimiento de la red vial rural.
La medida busca ampliar las herramientas de los intendentes para ejecutar obras de drenaje pluvial e infraestructura hídrica ante la posible llegada del fenómeno climático de El Niño, asociado a lluvias intensas e inundaciones en distintas regiones.
Entre las intervenciones contempladas se encuentran el dragado de canales, la reparación de alcantarillas y la adquisición de equipamiento hídrico. El proyecto fue presentado por Vargas con el acompañamiento de su compañera de bancada, Silvana Ventura.
Actualmente, la distribución de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural establece que el 65% corresponde al Ejecutivo provincial, el 12% se destina al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, el 3% al Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales y Saneamiento Ambiental y el 20% a los municipios por la administración del tributo.
Durante el debate, el diputado peronista y exintendente de Daireaux, Alejandro Acerbo, destacó la iniciativa como una herramienta de asistencia para los gobiernos locales y cuestionó al Gobierno nacional de Javier Milei por no haber girado a los municipios los fondos correspondientes al Fondo Hídrico.
Otro de los proyectos que obtuvo sanción definitiva fue la denominada Ley Ema, una normativa orientada a prevenir y abordar la violencia digital en los ámbitos educativos. La iniciativa surgió a partir del caso de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años de Longchamps que se suicidó en agosto de 2024, luego de que un video íntimo suyo fuera difundido sin consentimiento entre sus compañeros.
Su madre, Laura Sánchez, impulsó una propuesta para evitar que se repitan situaciones similares. El trabajo comenzó con la Guía Ema y avanzó luego hacia un proyecto de ley elaborado junto con colectivos y especialistas.
La norma, presentada en la Legislatura por la diputada Mayra Mendoza, incorpora contenidos obligatorios sobre ciudadanía digital segura, consentimiento, privacidad, uso crítico de la tecnología y derechos digitales. También establece capacitación docente obligatoria y la actualización de los protocolos de actuación ante situaciones de acoso en las escuelas.
Además, amplía el abordaje de la violencia digital para contemplar la difusión no consentida de material íntimo, la sextorsión, la llamada pornovenganza, el ciberbullying, el hostigamiento y los discursos de odio misóginos en entornos virtuales.
Tras la sanción, Mendoza destacó el trabajo de Laura Sánchez y sostuvo que la iniciativa permitirá contar con herramientas para que los jóvenes puedan formarse en entornos digitales más seguros. La aprobación se produjo en un contexto de preocupación por la circulación de imágenes manipuladas mediante inteligencia artificial, incluidas aquellas que involucran a alumnas de establecimientos educativos.
La Cámara baja también convirtió en ley un proyecto del diputado Martín Rozas que regula el uso de pantallas, especialmente de teléfonos celulares, en las escuelas secundarias de la provincia.
La normativa permite que los estudiantes lleven sus dispositivos a los establecimientos, pero establece que no podrán utilizarlos durante las horas de clase, salvo en situaciones contempladas por la ley.
Las excepciones incluyen actividades con una finalidad pedagógica expresa y autorizada por el docente, así como situaciones específicas vinculadas con la salud del estudiante.
Con esta sanción, el nivel secundario se incorpora al marco establecido por la Ley provincial 15.534, que ya regulaba el uso de dispositivos en las escuelas primarias. De esta manera, se busca unificar los criterios para ambos niveles educativos y promover un uso responsable de la tecnología dentro de las aulas.
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