Prolongada deuda de una ley de aguas
calendar_today 17.08.2026 - person - timer ~3 Minutos
Editorial
Unos 20 intentos previos en décadas recientes han ido a parar engavetados por falta de consensos.
Este mes se presentó, dos años después de lo previsto, una iniciativa de ley de aguas. La enésima que llega al Legislativo. Unos 20 intentos previos en décadas recientes han ido a parar engavetados por falta de consensos, incapacidad de sumar voluntades, conflictos de interés y el usual desinterés de diputados por temas trascendentales que no implican ganancia populista. Se avizora una ronda de audiencias para discutir los alcances de la posible normativa, que ya lleva más de cuatro décadas de atraso. Y si se duda del lapso de dicho rezago, basta ver cuántos ríos otrora pristinos hoy son desagües pestilentes, cuántos manantiales se han perdido y cuántos alcaldes lucran distribuyendo agua en pipas que adquieren a empresas con las cuales tienen obvios nexos.
Ahora bien, Guatemala necesita con urgencia una legislación que ordene el uso y la protección del agua, pero no otra norma que termine atrapada en disputas de competencias, recursos legales o desacuerdos que hagan imposible su aplicación. Por aparte, se requiere de una ley integral que abarque diversos factores que afectan el ciclo del agua: desde la conservación de manantiales y cuencas hasta el tratamiento de aguas servidas y el uso de cauces como basureros, por mencionar algunas situaciones.
La propuesta llega tras un proceso de consulta que recogió decenas de planteamientos de comunidades, pueblos indígenas, organizaciones sociales, academia, municipalidades y sectores productivos. El Ministerio de Ambiente reportó 120 documentos recibidos, Sin embargo, el sector privado organizado señala que sus aportes no fueron incorporados al escrito que llegó al Legislativo y solicitan una discusión técnica con los diputados. Ese reclamo no debería interpretarse como una oposición, sino como un aporte.
Hace dos años, cuando esta conversación comenzó, en este mismo espacio se mencionó la necesidad de que el país cuente con una normativa para el cuidado y manejo del líquido vital. Sin embargo, hace poco más de dos años también, la propia Corte de Constitucionalidad vetó incisos del reglamento para el tratamiento de aguas residuales, que obligaba a las municipalidades a entregar informes sobre el avance de la construcción de plantas de tratamiento: un requerimiento necesario y obvio que se quedó varado gracias a un subterfugio legal interpuesto por la Asociación Nacional de Municipalidades.
Se menciona este caso porque una ley de aguas debe anticipar esta clase de objeciones en favor del bien común. Existe la oportunidad de convertir en consenso la necesidad de cuidar el agua, un bien cada vez más escaso y a la vez cada vez más demandado. Alcaldes y aspirantes a ese cargo lo ofrecen en cada campaña como si tuvieran el poder mágico de crear manantiales, pero no se ocupan de los tiraderos clandestinos ni de controlar los desagües que caen en las cuencas de ríos de los cuales se aprovisionan pueblos corriente abajo.
La propuesta busca priorizar el uso del agua para consumo doméstico, agrícola e industrial, planteando tasas de uso que no deberían convertirse en valladares a la productividad; se traza la creación de una nueva superintendencia, con participación de varias carteras de gobierno; el riesgo es que se convierta en otra entidad burocrática babélica e inoperante, máxime si queda atada de origen a presiones politiqueras. Guatemala necesita capacidad institucional estratégica para conocer sus recursos hídricos, establecer criterios técnicos de aprovechamiento sostenible y propiciar su sostenibilidad en tiempos ecológicamente desafiantes.