El desahucio de una mujer con cáncer terminal y dependiente de ayudas públicas previsto para este viernes en Granadilla, Tenerife, ha sido paralizado, según ha confirmado este mediodía a Europa Press el Ayuntamiento. El lanzamiento, programado inicialmente a las 10.00 horas de este viernes en una vivienda en la calle José Ventura, por falta de pago, había sido tramitado ante el juzgado correspondiente por falta de pago.
Ante esta situación, el Sindicato de Inquilinas en Tenerife exigió al Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de Granadilla de Abona movilizar "de manera inmediata" todos los recursos necesarios para evitar el desahucio de esta vecina y garantizarle una alternativa habitacional "digna y adecuada".
La organización había detallado en una nota que la vecina, de 54 años, depende actualmente de ayudas públicas como fuente de ingresos y no dispone de nómina ni contrato de trabajo. Además, tiene reconocida una dependencia de grado 2 y cuenta con el apoyo y los cuidados de un joven que se hace cargo de ella.
Según se le ha trasladado al sindicato, esta situación le está impidiendo acceder a una vivienda de alquiler ya que incluso para alquilar una habitación se le exige acreditar unos ingresos laborales que no tiene. "Dejé de pagar después de la pandemia porque no me alcanzaba el dinero, tuve que dejar de pagar, porque me entraron a robar y se llevaron todo lo que tenía de valor, el dueño se desentendió y no me quiso ayudar", explica. A su situación económica se suma que padece un cáncer terminal, con afectación cerebral y metástasis en los pulmones y los ovarios y se encuentra actualmente en tratamiento de quimioterapia.
Así, los colectivos por la vivienda en Canarias, con el apoyo de más de 70 organizaciones, habían presentado un Plan de Emergencia Habitacional, con 13 medidas, entre ellas la suspensión de los desahucios cuando no exista una alternativa habitacional garantizada, la eliminación de criterios excluyentes en el acceso a vivienda pública y el aumento y blindaje del parque público de vivienda.
Fuentes de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias confirmaron este jueves a Europa Press que, desde que se tuvo conocimiento del caso, se estableció coordinación con el Ayuntamiento. Así, el departamento regional procedió mediante escrito a solicitar la paralización del desahucio para estudiar medidas ante este caso, una decisión que finalmente ha tomado el juzgado correspondiente.