1 de octubre, 2026 - 12h04
Superadas las dificultades para conformar el Tribunal de Juicio del caso Vocales, el presidente de la Sala, el conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Rodrigo Sarango, define para el 19 de octubre próximo la fecha para instalar la etapa de juzgamiento por el delito de tráfico de influencias contra los exvocales del Consejo de la Judicatura (CJ) Maribel Barreno y Juan José Morillo, además del exjuez de Pichincha Vladimir Jhayya.
Este se transforma en el quinto señalamiento hecho solo en lo que va del 2026, el cual no se concreta por alguna situación relacionada con los jueces, la Fiscalía o las defensas de los procesados.
El 14 de septiembre pasado, al no estar debidamente integrada la Sala de Juzgamiento y ante la excusa presentada por la conjueza ponente Mercy Alvarado, quien reemplazó a Sarango, no se instaló en la Corte Nacional la diligencia.
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Respecto a la excusa planteada por Alvarado, Sarango, al retomar la presidencia del Tribunal, explicó que al haber fenecido el tiempo de su licencia y reincorporarse nuevamente él a la titularidad de su despacho, el encargo a la conjueza ha quedado sin efecto y al no encontrarse actuando en la presente causa, por carecer de objeto, no corresponde resolver la excusa planteada.
Junto a Sarango, el Tribunal de Juicio lo conforman el juez Felipe Córdova y la conjueza María Cristina Terán.
Más de cuatro años han pasado desde que se abrió el proceso penal conocido como caso Vocales. Este proceso penal se originó el 2 de junio de 2022, cuando dos de los involucrados siendo vocales titulares del CJ y un juez de Pichincha se reunieron en una oficina privada con más funcionarios judiciales, entre ellos la jueza Maritza Romero, quien los grabó y aseguró haber entregado el audio al entonces presidente de la CNJ, Iván Saquicela.
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En el audio filtrado se escucharía la voz del entonces vocal Morillo, quien en presencia de la también a ese momento vocal Barreno, pedía aparentemente el apoyo al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejo, ante una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, y así salvarla de su destitución y mantenerla en el cargo.
En esa línea, en el audio se escucharía decir al entonces vocal Juan José Morillo: “Les voy a ser frontal y sincero, porque son de confianza. El presidente de la República (Guillermo Lasso) personalmente me ha llamado el día de ayer y me ha pedido que, si es posible apoyar, que se apoye en relación a este tema. (...) Ustedes también tienen una confianza y agradezco por esa relación, igual Mary. Entonces, hay un pedido formal para que se apoye esa circunstancia. Yo quisiera que usted le analice el tema, le analice cómo está la circunstancia y pueda resolver en el menor tiempo posible”.
De esos hechos se desprende la teoría del caso de Fiscalía, la cual ratifica que el 2 de junio de 2022, los entonces vocales del CJ Juan José Morillo, en la calidad de presidente del CJ encargado, y Maribel Barreno, junto con el juez provincial Vladimir Jhayya y otras personas, se habrían reunido en un edificio particular, ubicado en el norte de Quito.
En esa reunión se habrían tratado detalles de la apelación a la sentencia de acción de protección planteada por la expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, ante la Corte de Justicia de Pichincha. Esta causa llegó a conocimiento del Tribunal Tercero de Sala de la Familia de esa Corte, en el que uno de los jueces integrantes era Gustavo Osejo, en esos días presidente de la Corte de Pichincha.
Los vocales Morillo y Barreno habrían convocado a los jueces a mantener esta reunión fuera de las dependencias de la Judicatura y solicitaron directamente a Gustavo Osejo, magistrado provincial que debía conocer la apelación de la acción de protección, “resuelva favorablemente el recurso y en el menor tiempo posible”.
En estas acciones, el juez Jhayya habría dado las indicaciones de cómo llegar al lugar de la reunión, afirmando que se trata de una oficina del vocal Juan José Morillo y quien incluso aportó con argumentos que se podrían señalar en la motivación del fallo, de acuerdo al pedido de las autoridades del Consejo de la Judicatura. (I)
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