Por el úlimo paro, Capital Humano abrió un expediente contra CTERA al considerar que no se garantizó la prestación mínima en las aulas
calendar_today 12.08.2026 - person - timer ~2 Minutos
El Ministerio de Capital Humano inició un expediente administrativo para evaluar el grado de acatamiento del servicio mínimo durante la huelga nacional docente que se realizó el 3 de agosto tras la convocatoria de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
Según la verificación preliminar del Gobierno, no se cumplió con el piso legal del 75% de prestación del servicio educativo, porcentaje estipulado por la normativa vigente para garantizar el dictado de clases durante medidas de fuerza.
De este modo, la cartera que conduce Sandra Pettovello inició una fiscalización para determinar el acatamiento de la huelga en las provincias y definir eventuales responsabilidades del gremio.
Previo a la protesta docente, el Gobierno había anunciado la realización de controles para supervisar la presencia de personal docente en los establecimientos y asegurar el funcionamiento de las instituciones de nivel inicial, primario y secundario.
Desde la cartera de Capital Humano precisaron que los datos recabados reflejan un escenario heterogéneo a nivel nacional. Sin embargo, todavía no se ha presentado un registro sobre el porcentaje exacto de acatamiento de la medida de fuerza.
El foco de la investigación se centra en determinar la responsabilidad de CTERA y evaluar una posible sanción. La Secretaría de Trabajo analiza si la organización garantizó o no las pautas de prestación mínima al momento de emitir la convocatoria al paro.
De acuerdo al régimen de servicios esenciales que figura en el artículo 24 de la Ley 25.877 de Ordenamiento Laboral, se disponen regulaciones sobre el ejercicio del derecho a huelga en actividades vinculadas a áreas sensibles del sector público y privado.
La norma establece que, ante un conflicto colectivo de trabajo que afecte a un servicio calificado como esencial, las partes involucradas deben garantizar una prestación mínima que no resulte inferior al 75% del funcionamiento habitual.
La legislación vigente comprende dentro de la categoría de servicios esenciales a la enseñanza en los niveles inicial, primario, secundario y la modalidad de educación especial, supeditando las protestas sindicales a guardias y presencia mínima de personal en las aulas.