PAN busca hasta 140 años de cárcel para políticos ligados al crimen organizado: “Se acabó la impunidad”
calendar_today 03.09.2026 - person - timer ~7 Minutos
Elías Lixa propone hasta 140 años de cárcel para funcionarios ligados al crimen organizado.
El Partido Acción Nacional (PAN) presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para endurecer las sanciones contra servidores públicos que establezcan vínculos o colaboren con integrantes del crimen organizado.
La propuesta plantea penas de entre 80 y 140 años de prisión, multas de hasta 24 mil días y que este tipo de delitos no prescriban.
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La iniciativa, denominada en materia de colusión de servidores públicos con miembros del crimen organizado, contempla reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
De acuerdo con los planteamientos presentados por la bancada panista, las sanciones alcanzarían a funcionarios que utilicen las estructuras del Estado para favorecer o proteger actividades criminales.
El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, aseguró que el proyecto será una de las principales prioridades de su bancada durante el actual periodo legislativo y vinculó la discusión con los recientes señalamientos contra funcionarios de Sinaloa.
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Durante la presentación de la propuesta, Lixa sostuvo que el objetivo es establecer sanciones que impidan que los funcionarios declarados responsables recuperen su libertad.
“Si de verdad Morena y el gobierno no quieren proteger a los narcopolíticos, pongamos sanciones claras”, expresó el legislador, al insistir en que la iniciativa busca establecer penas que equivalgan a una condena de por vida.
La propuesta fue presentada por el diputado federal José Manuel Hinojosa Pérez y plantea investigar y sancionar los casos en los que servidores públicos mantengan acuerdos o relaciones de colaboración con integrantes de organizaciones criminales.
De acuerdo con la iniciativa, las conductas podrían ser sancionadas con penas de 80 a 140 años de prisión, además de multas de hasta 24 mil días. El proyecto también propone que estos delitos sean imprescriptibles.
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La intención, según lo expuesto por los legisladores panistas, es que las personas que sean encontradas responsables de utilizar cargos públicos para beneficiar a grupos criminales enfrenten la sanción máxima contemplada en la reforma.
Hinojosa Pérez explicó que el planteamiento contempla a titulares e integrantes de distintas instituciones y poderes públicos, incluidas autoridades de los tres poderes, fiscalías y áreas relacionadas con la seguridad pública.
El diputado señaló que las alianzas entre funcionarios y organizaciones criminales deben recibir una sanción equivalente a la gravedad de los delitos que se pretende combatir.
La propuesta también busca evitar que las estructuras gubernamentales sean utilizadas para proteger actividades delictivas o intervenir en procesos electorales.
Durante su mensaje, Elías Lixa hizo referencia directa al caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha sido objeto de señalamientos y acusaciones en Estados Unidos por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
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Rocha Moya ha rechazado las acusaciones en su contra. En México, compareció ante autoridades federales durante el periodo en que permaneció separado temporalmente de la gubernatura y, de acuerdo con la información proporcionada, la Fiscalía General de la República no encontró elementos suficientes para iniciar un proceso penal en su contra, aunque las investigaciones relacionadas con los señalamientos permanecen abiertas.
El gobernador solicitó licencia el 1 de mayo de 2026, días después de que autoridades estadounidenses hicieran públicas acusaciones en las que también fueron incluidos otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. Tras permanecer 112 días separado del cargo, retomó sus funciones el pasado 21 de agosto.
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Lixa consideró que las separaciones del cargo o los cambios dentro de los grupos parlamentarios no sustituyen una modificación legal que permita imponer sanciones más severas en casos de colusión entre autoridades y organizaciones criminales.
“Que no pueda existir narcogobernante en libertad”, señaló el coordinador panista al presentar la postura de su bancada.
- Penas de entre 80 y 140 años de prisión para servidores públicos coludidos con integrantes del crimen organizado.
- Multas de hasta 24 mil días.
- Que los delitos relacionados con estas conductas sean imprescriptibles.
- Reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
- Investigación y sanción a funcionarios de distintos niveles y poderes públicos.
El objetivo de impedir que las estructuras gubernamentales sean utilizadas para proteger, facilitar o favorecer actividades de organizaciones criminales.
El endurecimiento de las penas contra funcionarios vinculados con organizaciones criminales forma parte de una serie de propuestas que el PAN ha presentado durante los últimos meses.
El 28 de junio, el dirigente nacional del partido, Jorge Romero Herrera, anunció que Acción Nacional buscaría impulsar la cadena perpetua para funcionarios que colaboraran con grupos delictivos, así como la construcción de una prisión de máxima seguridad destinada a mantener aislados a líderes criminales.
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La propuesta fue incluida dentro de las denominadas 111 Soluciones para México, un conjunto de planteamientos con los que el partido busca presentar iniciativas en distintos ámbitos.
Posteriormente, el 26 de agosto, Elías Lixa adelantó que la bancada panista insistiría durante el nuevo periodo ordinario de sesiones en establecer las penas máximas contra los denominados “narcopolíticos”.
En ese momento, también señaló que la iniciativa formaría parte de las prioridades legislativas de Acción Nacional.
Además de esta propuesta, el PAN anunció que buscará impulsar otros temas, entre ellos una reducción del Impuesto al Valor Agregado del 16 al 10% a nivel nacional, medidas relacionadas con el derecho al agua y compensaciones económicas por afectaciones derivadas de interrupciones en el suministro de energía eléctrica.
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La iniciativa del PAN surge en un contexto en el que distintos funcionarios y exfuncionarios mexicanos han sido señalados, investigados o condenados por delitos relacionados con organizaciones criminales.
Uno de los casos más conocidos es el de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.
Fue declarado culpable en Estados Unidos en 2023 por cargos relacionados con narcotráfico y sobornos del Cártel de Sinaloa, y posteriormente recibió una condena de 38 años de prisión.
Otros exfuncionarios han enfrentado acusaciones en México o en Estados Unidos. Entre ellos se encuentran los exgobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores, así como el exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid.
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En el caso de Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, fue detenido en Estados Unidos en 2020 por acusaciones relacionadas con narcotráfico y lavado de dinero. Posteriormente, las autoridades estadounidenses retiraron los cargos y el exfuncionario fue repatriado a México, donde las autoridades mexicanas informaron que no encontraron elementos para proceder penalmente en su contra.
Más recientemente, Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, fue detenido en Paraguay en septiembre de 2025 y extraditado a México bajo acusaciones relacionadas con asociación ilícita, extorsión y secuestro, además de señalamientos que lo vinculan con una célula conocida como La Barredora.
Con la iniciativa presentada este 2 de septiembre en la Cámara de Diputados, el PAN busca llevar al terreno legislativo la propuesta de imponer las sanciones más elevadas contra funcionarios que colaboren con el crimen organizado.
Para la bancada panista, la iniciativa deberá ser discutida durante el periodo legislativo como una de sus prioridades.
El proyecto tendrá que seguir el proceso parlamentario correspondiente y, en caso de avanzar, requerirá del respaldo necesario en el Congreso para concretar las modificaciones planteadas al Código Penal Federal y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
La propuesta se presenta mientras continúan abiertos diversos debates y procesos relacionados con presuntos vínculos entre autoridades y organizaciones criminales en distintas entidades del país.
En el caso de Rubén Rocha Moya, las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses han sido rechazadas por el gobernador, mientras que en México no se ha iniciado un proceso penal en su contra con la información disponible.
Su regreso al gobierno de Sinaloa, después de 112 días de licencia, también se produjo mientras permanecen abiertas investigaciones relacionadas con los señalamientos.
En ese contexto, el PAN colocó nuevamente sobre la mesa su propuesta de establecer penas de hasta 140 años de prisión para los servidores públicos que sean encontrados responsables de coludirse con el crimen organizado, una iniciativa que ahora buscará impulsar como una de sus principales apuestas durante el actual periodo de sesiones.