Durante el fin de semana, el fallecimiento del exmiembro del Movimiento Lautaro, Juan Aliste Vega, quien se encontraba condenado por delitos como el asesinato del cabo de Carabineros Luis Moyano, reactivó la presión en sectores del oficialismo para avanzar con los indultos presidenciales.
Dentro de ese grupo, el diputado del Partido Republicano, Enrique Bassaletti, busca retomar una iniciativa que junto a otros parlamentarios del sector ingresó en junio a la Cámara de Diputados para avanzar con la entrega del beneficio, al menos por razones humanitarias.
El proyecto -firmado también por los diputados Tomás Kast (Evópoli), Luis Pardo (RN), Mario Olavarría (UDI), Pier Karlezi (PNL), Gloria Naveillán (PNL), Chiara Barchiesi (republicanos) y Patricio Briones (PDG)- apunta a resolver casos justamente como el de Aliste Vega.
Y es que la situación del exlautarista fallecido por un cáncer volvió a complicar al gobierno del Presidente José Antonio Kast, quien al arribar a La Moneda se comprometió a revisar especialmente la entrega de indultos para los uniformados condenados por hechos en el marco del estallido social.
El proyecto de Bassaletti, eso sí, apunta más allá. Según se plantea en el texto, la iniciativa busca “regular la sustitución excepcional de la modalidad de cumplimiento de penas privativas de libertad por reclusión domiciliaria total respecto de personas condenadas que se encuentren en situaciones calificadas de vulnerabilidad derivadas de enfermedad terminal, dependencia severa o edad avanzada (mayores de 75 años)”.
Para ello, se plantea modificar el artículo 468 del Código Penal y establecer la “sustitución excepcional de la modalidad de cumplimiento de la pena privativa de libertad por razones humanitarias”, beneficio que solamente podría ser entregado por un “juez de garantía que ejerza competencia en el territorio donde la persona condenada cumpla la pena privativa de libertad”.
Eso sí, se plantean algunas condiciones para recibir el beneficio. Entre ellas, para que los mayores de 75 años accedan al indulto deben haber completado al menos un tercio de la pena, mientra que en casos de penas de crimen, al menos la mitad. Esas exigencias, eso sí, no están consideradas para quienes sufran de una enfermedad terminal que sea “irreversible”.
Entre otras condiciones, también debe existir un informe favorable de Gendarmería para la entrega del beneficio.
Al respecto, Bassaletti explicó que “esto está enmarcado dentro de un concepto humanitario y de piedad, que tiene que ver precisamente con personas (...). No tiene nada que ver con poner en tela de juicio el trabajo de los tribunales de Justicia, ni de los veredictos, esa es otra materia (...). Tampoco tiene que ver con los efectos que tiene el indulto o tiene la amnistía”.
En esa línea, recalcó que “”esto es solamente una mirada humanitaria y transversal”.
El proyecto actualmente se encuentra en la comisión de Constitución de la Cámara Baja, sin embargo, hasta al momento no ha iniciado su discusión. Entre los autores de la iniciativa, eso sí, creen que eso podría cambiar tras el caso de Aliste Vega y la presión por avanzar con indultos humanitarios en casos transversales.
Esta, en todo caso, no es la única iniciativa que busca presionar en materia de indultos. A principios de julio la senadora Vanessa Kaiser (PNL), frente a la demora de La Moneda por concretar la entrega del beneficio presidencial, presentó un proyecto que busca otorgar un indulto general a los uniformados y civiles que fueron condenados por hechos registrados durante el estallido social de 2019.
El texto también contó con las firmas de parlamentarios como el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella y el senador de esa colectividad Ignacio Urrutia.
En concreto, la moción de la senadora Kaiser se aleja del tema humanitario y apunta directamente al compromiso que asumió Kast. Según se lee en el texto, establece un artículo único para conceder el indulto a los funcionarios “que, en razón del cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, hubieren participado en acciones, operativos o procedimientos desarrollados a contar del día 18 de octubre de 2019 con motivo de la alteración del orden público”.
Actualmente, ese proyecto se encuentra en la comisión de Constitución del Senado, pero también sin ningún tipo de avances. La semana pasada, el Mandatario fue consultado por el tema en una reunión que sostuvo con la bancada y directiva de los libertarios en Cerro Castillo. En la ocasión, reiteró que evaluaría caso a caso y que no estaba dentro de los planes del gobierno impulsar la iniciativa.