El 83.9% de la población considera que la corrupción es frecuente en los partidos políticos y sólo 23.9% confía en ellos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025 del INEGI.
Estas cifras forman parte del diagnóstico con el que la Red por la Rendición de Cuentas convocó a examinar los riesgos del proceso electoral de 2027.
La desconfianza alcanza también a las instituciones electorales: 59.9% de la población percibe corrupción frecuente en ellas, aunque 48.1% dice tenerles mucha o alguna confianza, según los datos citados por la Red.
A ese panorama se suma el costo de la corrupción en trámites, pagos y contactos con autoridades. En 2025 ascendió a 17 mil 707 millones de pesos, 48.7 por ciento más que en 2023, de acuerdo con el INEGI.
Mauricio Merino Huerta, exconsejero electoral del IFE y académico de la Universidad de Guadalajara, advirtió que el país llega a la contienda de 2027 con un sistema electoral “muy, muy maltrecho”.
Entre los riesgos que señaló están el adelanto de las actividades partidistas, la posible intervención del crimen organizado, el ingreso de recursos ilícitos y la actuación de las autoridades encargadas de garantizar una competencia equitativa.
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Merino planteó que la corrupción electoral puede extenderse más allá de las campañas y la jornada de votación. Parte de los acuerdos, explicó, se concreta después: “el intercambio es por puestos públicos, presupuestos, contratos, privilegios que se van otorgando después en los gobiernos”.
Por ello, llamó a vigilar el financiamiento, el uso de recursos públicos, la fiscalización y las decisiones que se tomen una vez concluidos los comicios. También destacó el papel de la observación ciudadana: “La elección es de la gente, no es de los partidos, no es del gobierno”.
La Red por la Rendición de Cuentas analizará estos riesgos en su XV Seminario, “Las amenazas de la corrupción en el proceso electoral”, previsto para el 15 de octubre en el CUCEA de la Universidad de Guadalajara.
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El encuentro reunirá a especialistas, integrantes de organizaciones civiles y autoridades para discutir propuestas de prevención y vigilancia ciudadana.
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