Oaxaca: denuncian despojo de terrenos y “extorsión institucionalizada” en Santo Domingo Teojomulco
calendar_today 26.09.2026 - person - timer ~5 Minutos
Autoridades de San Pedro El Alto acusaron a los gobernantes de Santo Domingo Teojomulco de aplicar, desde hace 20 años, una estrategia de invasión de tierras para obtener recursos federales. Luciano Pérez Zárate, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, y el asesor jurídico Alejandro Morales Díaz presentaron la denuncia en la Cámara de Diputados.
Los representantes explicaron que las autoridades municipales de Teojomulco, electas mediante usos y costumbres, ocupan terrenos con el respaldo de civiles armados. Después inician mesas de negociación, aceptan retirarse y cobran apoyos del gobierno federal por el conflicto.
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Los denunciantes responsabilizaron al gobierno de Salomón Jara de ignorar la petición de auxilio de más de 200 familias desplazadas. Advirtieron además que otras comunidades ya replican ese método, al que llamaron “extorsión institucionalizada”.
El esquema de invasiones arrancó en 2006, según el relato de los comuneros ante los diputados. Desde entonces, los pobladores de Teojomulco han tomado terrenos de localidades vecinas de la Sierra Sur, entre ellas San Lorenzo Texmelucan y Santiago Sochiltepec.
En 2014, un primer grupo armado ingresó a las rancherías de Río Cacho, Río Durazno y Llano Manteca. Aquella incursión dejó una veintena de familias desplazadas y la usurpación de miles de hectáreas, según registros periodísticos previos sobre el conflicto.
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El mismo patrón se repitió en 2023 y 2024 contra rancherías de San Pedro El Alto, entre ellas El Tlacuache y La Cofradía. Los denunciantes detallaron que, en total, Santo Domingo Teojomulco ha usurpado unas 17 mil hectáreas de su territorio.
Como consecuencia de esas incursiones, 210 familias de San Pedro El Alto resultaron desplazadas. Los afectados exigieron ante los legisladores el regreso seguro de esas personas a sus hogares.
¿Qué acusan las autoridades de Oaxaca? Comuneros de San Pedro El Alto denunciaron ante la Cámara de Diputados que Santo Domingo Teojomulco invade tierras vecinas desde 2006 con apoyo de civiles armados, negocia su retiro y cobra recursos federales por el conflicto, en un patrón que ya calificaron de extorsión institucionalizada y que dejó 210 familias desplazadas.
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El modus operandi: desalojos armados al amanecer
Los denunciantes describieron el mecanismo que se repite en cada invasión. Varios cientos de hombres con armas de alto poder, sin identificación de policía, llegan en las primeras horas del día para desalojar a los pobladores.
Pérez Zárate y Morales Díaz explicaron ante los legisladores que el objetivo real de los invasores no es la posesión permanente de la tierra. Buscan, según su denuncia, acceder a los recursos del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural, que opera la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
“Ellos saben que si invaden tierras, se llevan el caso a juicio, y aunque la autoridad ordene la restitución, en algunos casos los agresores acceden a programas federales donde se intercambia tierra por recursos”, denunciaron los representantes de San Pedro El Alto ante los diputados.
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Los comuneros agregaron ante la Cámara: “Tan es así que ya lo hicieron en ocasiones anteriores y parte de ese dinero lo utilizan para armarse”. Esa acusación vincula directamente los subsidios estatales con la compra de armamento por parte del grupo invasor.
Un tribunal agrario ya había reconocido en fallos previos que las tierras disputadas pertenecen legítimamente a San Pedro El Alto. Pese a esa resolución, los denunciantes afirmaron que la ocupación armada continuó sin que las instituciones ejecutaran la restitución.
Un juez federal también concedió un amparo a la comunidad afectada ante la omisión de garantizar su seguridad. La resolución ordenó proteger de manera completa y permanente a los pobladores y mantener el diálogo entre ambas comunidades.
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Los representantes de San Pedro El Alto alertaron que la táctica de invasión con fines de negociación ya fue copiada por otras localidades. Mencionaron específicamente a Santa María Lachixio como una comunidad que replicó el esquema.
Esa expansión del método, según los denunciantes, confirma el riesgo de que la impunidad en el caso de Teojomulco se convierta en un incentivo para nuevos despojos en la Sierra Sur de Oaxaca. Los comuneros insistieron en que la falta de sanciones alimenta la repetición del delito.
Ante los diputados, los pobladores exigieron la intervención directa del gobierno federal para resolver el conflicto. Pidieron el regreso seguro de las familias desplazadas a sus rancherías de origen.
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También solicitaron garantías de seguridad permanentes para los habitantes de la zona. El tercer reclamo formal fue la reintegración de la posesión legal de los predios usurpados a sus propietarios originales.
Los denunciantes reiteraron que el gobierno estatal de Salomón Jara ha desatendido las alertas presentadas durante años. La denuncia ante la Cámara de Diputados representa, según los propios afectados, un intento de escalar el caso a instancias federales ante el estancamiento en Oaxaca.