Entre la salida del franquismo y su ingreso pleno a la Comunidad Económica Europea (CEE), España protagonizó uno de los procesos económicos más estudiados del mundo por lo exitoso. Es la llamada Transición, que va del 20 de noviembre de 1975, con la muerte de Francisco Franco, al 1° de enero de 1986, cuando el país se incorporó a la CEE: unos once años. En ese período gobernaron, junto al rey Juan Carlos, cuatro presidentes del Gobierno: Carlos Arias Navarro (1974-1976), Adolfo Suárez (1976-1981), Leopoldo Calvo-Sotelo (1981-1982) y Felipe González (1982-1996), con quien España entró a la Comunidad.
Fue con González que el Estado decidió abandonar el aislacionismo y adaptar a las reglas europeas una economía anquilosada, proteccionista y extremadamente desconfiada, imposible de sostener en el nuevo escenario. La apuesta, además de ordenar los números macro, exigía un sacrificio enorme a la economía real: grandes actores de ayer debían desaparecer, incluidas varias “vacas sagradas” del empresariado prebendario. Había que refundar una economía, sacrificando empresarios y trabajadores.
Frente a ese dilema, el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) aplicó un esquema que se conoció como la “muerte dulce” o la “buena muerte”. La expresión se usó durante la reconversión industrial, en especial en la minería, la siderurgia y la construcción naval. La idea era cerrar o reducir gradualmente empresas y sectores inviables, amortiguando el impacto con dinero público, prejubilaciones, indemnizaciones y ayudas, en lugar de permitir una quiebra abrupta y temeraria.
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No fue una imposición para entrar a la CEE: el proceso había comenzado antes, tras las crisis del petróleo y la pérdida de competitividad de buena parte de la industria. Pero la incorporación a Europa lo aceleró, porque España debía competir en un mercado más abierto y ajustarse a las reglas comunitarias, incluidos los límites a las ayudas estatales.
La lógica era sencilla. Había empresas con pérdidas acumuladas, exceso de personal, tecnología atrasada y costos muy superiores a los internacionales. El Estado tenía dos alternativas: dejarlas quebrar, con miles de despidos simultáneos, o financiar una salida ordenada. Eligió la segunda. Eso incluyó prejubilaciones a edades muy inferiores a las del retiro ordinario, indemnizaciones importantes, bajas voluntarias, subsidios, absorción de pérdidas, reducción progresiva de plantillas y ayudas a las regiones afectadas, junto con promesas de reindustrialización. La empresa desaparecía, pero los trabajadores recibían una protección que reducía la conflictividad social.
No se trataba solo de cerrar lo que no podía competir. La reconversión alcanzó a la siderurgia, los astilleros, la minería, los electrodomésticos y el textil, y su objetivo declarado era hacer competitiva la industria que quedara en pie: cerrar instalaciones obsoletas, concentrar la producción, modernizar las plantas supervivientes, reducir la capacidad excedente y pensar en la exportación.
¿Quién pagó el recambio? En su mayor parte, el Estado español, con ayuda financiera europea. El costo de cerrar no recayó solo sobre accionistas, acreedores y trabajadores: una parte se socializó a través del presupuesto. Las prejubilaciones permitían retirar personal sin convertirlo en desempleado. En algunas cuencas mineras aparecieron incluso los “jubilados de oro”, trabajadores relativamente jóvenes con condiciones de retiro muy superiores a las del trabajador medio.
Ahí está la diferencia con una quiebra tradicional, en la que la empresa deja de pagar, interviene la Justicia, los acreedores verifican sus créditos, se liquidan los activos y los trabajadores intentan cobrar según las prioridades legales. En la “muerte dulce”, el Estado reconoce que una empresa o un sector entero difícilmente sobrevivirá y organiza la transición: pone dinero, negocia con los sindicatos y reduce la producción de a poco. No salva a la empresa; financia una forma socialmente tolerable de dejarla morir. Un cierre con “Estado presente”. Y, en lo posible, honesto.
El caso más elocuente es el de la siderurgia. El plan de 1983 decidió modernizar Asturias y Vizcaya y sacrificar la cabecera de Altos Hornos del Mediterráneo (AHM), en Sagunto. En febrero de ese año, su presidente, José María de Lucía, había dicho que ya no tenía sentido seguir administrando “morfina a un enfermo” y que había que practicar la “eutanasia”. Los altos hornos se apagaron en 1984: el cierre alcanzó a unos 2.000 de los cerca de 4.300 trabajadores, cuyos ingresos sostuvo un Fondo de Promoción de Empleo, y costó unos 54.250 millones de pesetas de la época. Ensidesa y Altos Hornos de Vizcaya, en cambio, atravesaron sucesivos saneamientos, se fusionaron y, tras pasar por CSI y Aceralia, terminaron en Arcelor y luego en ArcelorMittal. El Estado absorbió durante años el costo de achicarlas hasta volver viable lo que sobrevivió.
En la minería asturiana, Hunosa redujo explotaciones y plantillas mediante prejubilaciones, bajas incentivadas y planes para las comarcas: el trabajador salía de la nómina, pero no quedaba sin ingresos. Los historiadores describen este modelo como una forma de comprar paz social mientras caían la producción y el empleo. En los astilleros (Astano en Ferrol, AESA y la militar Bazán, que terminaría en la actual Navantia), el ajuste fue de los más conflictivos, porque de ellos dependían ciudades enteras. Y SEAT, saneada por el Estado, terminó en manos de Volkswagen.
Hubo críticas y fracasos. Asturias es el ejemplo más claro: las enormes transferencias públicas amortiguaron la desaparición de la minería, pero no generaron suficiente actividad privada alternativa. El resultado fue pérdida de población joven, envejecimiento y mayor dependencia del Estado. Aun así, el concepto sobrevivió: la reforma europea del azúcar de 2006 redujo cerca de la mitad la producción española y llevó al cierre escalonado de siete fábricas hasta 2010, también con ayudas y medidas de reconversión.
La enseñanza española no es simplemente “dejar quebrar empresas”. Es algo más profundo: determinar qué actividades pueden sobrevivir, cerrar o achicar las que no, usar al Estado para financiar el costo social de la salida y tratar de reconvertir las regiones afectadas. A veces funcionó; otras, dejó territorios dependientes de jubilaciones, subsidios y empleo público durante décadas. Pero hubo, al menos, un paliativo social para un proceso de reconversión necesario y, con el tiempo, exitoso.
No es la idea del momento en la Argentina de hoy.