Miguel Ángel Vázquez, presidente de los economistas: “El problema de la vivienda requiere un pacto de Estado, no podemos seguir poniendo parches cada año”
calendar_today 18.10.2026 - person - timer ~7 Minutos
La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas económicos y sociales de España. La escasez de oferta, las dificultades de acceso para los jóvenes y el esfuerzo que supone pagar un alquiler o una hipoteca han situado a la vivienda en el centro del debate público. En este contexto, Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente del Consejo General de Economistas de España, reclama una estrategia a largo plazo que implique a todas las administraciones y permita aumentar la construcción de vivienda. Considera que las medidas urgentes, como el decreto aprobado por el Gobierno, pueden aliviar parte de la presión, pero advierte de que no bastan para resolver un déficit estructural que exige planificación, inversión y estabilidad regulatoria.
-Pregunta: El acceso a la vivienda es hoy uno de los principales problemas de los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, por delante de la inmigración o la política. ¿Cómo valora el real decreto aprobado en esta materia? ¿Contribuirá a mejorar el acceso a la vivienda?
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-Respuesta: La vivienda es un problema económico importante para España porque condiciona el crecimiento y la productividad. Si los trabajadores no pueden desplazarse allí donde las empresas los necesitan, se limita la actividad económica. A esto se suma la dimensión humana: muchas familias tienen dificultades para llegar a fin de mes por el coste de la vivienda y muchos jóvenes no pueden emanciparse. Estamos, por tanto, ante un problema económico y social de primer orden.
Lo que está claro es que no vamos a resolverlo a corto plazo, porque faltan muchas viviendas. El Banco de España estima que existe un déficit acumulado de unas 750.000. Hasta que se construyan las necesarias, pueden adoptarse medidas transitorias, pero debemos pensar, sobre todo, en el medio y largo plazo. No podemos permitir que dentro de cinco o diez años sigamos hablando del mismo problema.
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Es cierto que hay que tomar medidas inmediatas, como algunas de las incluidas en el decreto, para facilitar el acceso a la vivienda y establecer determinadas garantías. Pero debemos encontrar un equilibrio porque la protección social no puede recaer exclusivamente sobre los propietarios; el Gobierno también tiene mucho que hacer. Lo fundamental es empezar a trabajar con una perspectiva de largo plazo para aumentar la construcción. Y aquí nos encontramos con un primer obstáculo derivado de que las competencias están repartidas entre la Administración central, las comunidades autónomas, responsables también del parque público, y los ayuntamientos, que tienen competencias urbanísticas y de desarrollo.
En este escenario, la vivienda debe salir del debate partidista, especialmente en un contexto como el actual, con elecciones a la vista. Necesitamos un pacto de Estado. No podemos limitarnos a poner parches ni aprobar nuevos decretos cada año para responder a las urgencias. Hay distintos niveles de la Administración implicados y, con independencia del color político de cada uno, debemos acordar una hoja de ruta que permita construir viviendas lo antes posible.
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-P: ¿Cuáles son los principales obstáculos para conseguirlo?
-R: El mayor problema es que la anterior crisis inmobiliaria destruyó una parte importante del sector de la construcción. En este momento, aunque todas las administraciones estuvieran de acuerdo, hubiera suelo disponible y se concedieran las licencias necesarias, no tendríamos suficiente personal especializado para construir todas las viviendas que hacen falta.
Por eso, también debemos reconstruir el sector de la construcción para que, cuando las administraciones alcancen un acuerdo, exista capacidad para empezar a levantar viviendas. En cuanto al decreto, es cierto que incluye algunas medidas positivas, pero debemos trabajar con una perspectiva de medio y largo plazo.
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-P: ¿Qué medidas deberían adoptar el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos en materia de vivienda? ¿Hay solución a corto o medio plazo?
-R: Los ayuntamientos deben agilizar la concesión de licencias y buscar suelo que puedan poner a disposición de las comunidades autónomas y del Gobierno para construir vivienda pública. Es necesario estudiar cómo reducir los plazos, garantizando siempre la seguridad jurídica.
Las comunidades autónomas, por su parte, tienen competencias en materia de vivienda y una responsabilidad importante en el parque público. Deben estudiar cómo facilitar la construcción de viviendas, tanto para la venta como para el alquiler asequible, de manera que las familias con menos recursos puedan acceder a ellas en condiciones más favorables.
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El Gobierno también debe contribuir con medidas que impulsen la inversión y refuercen el tejido productivo necesario para construir viviendas. Por todo ello, insisto en que la vivienda requiere un pacto de Estado que coordine las actuaciones de las tres administraciones.
-P: ¿Cree que lograrán ponerse de acuerdo y respaldar ese pacto de Estado?
-R: Sería lo ideal, pero lo veo complicado con la situación política actual. Incluso después de las elecciones, independientemente del resultado, considero difícil que los partidos alcancen un acuerdo. En cualquier caso, desde el Consejo General de Economistas nos ofrecemos a las tres administraciones para ayudar a buscar consensos. La vivienda tiene una importancia económica y social vital y merece un esfuerzo compartido.
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-P: Las grandes empresas de sectores como la energía o la banca han obtenido beneficios récord en los últimos años. ¿Por qué ese aumento no se está traduciendo en una mejora de los salarios?
-R: Es cierto que los beneficios han aumentado en algunos sectores, pero también hay empresas que han atravesado dificultades. La situación geopolítica ha encarecido la energía, lo que afecta a numerosas actividades y se refleja en las cuentas de resultados y, posteriormente, en la evolución de los salarios. El incremento de los beneficios no ha sido homogéneo.
A muchas empresas les ha ido bien en los últimos años, pero para subir los salarios de forma sostenida es necesario aumentar la productividad. A menudo nos fijamos en las grandes compañías energéticas, eléctricas o financieras, cuando la mayor parte del tejido empresarial español está formado por pequeñas y medianas empresas. Su gran reto es ser más productivas. Una mayor productividad permite pagar mejores salarios y, al mismo tiempo, ganar competitividad tanto en el mercado nacional como en los internacionales.
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-P: La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere volver a subir el salario mínimo interprofesional antes de las elecciones. ¿Cómo valora la propuesta?
-R: Hay que reconocer que el salario mínimo interprofesional ha aumentado sustancialmente en los últimos años, y eso es positivo. Sin embargo, estas subidas deben ir acompañadas de mejoras en la productividad. El salario, en cierta medida, debe reflejar el valor que aporta el trabajador a la empresa.
Si se actúa únicamente sobre una palanca —la subida salarial— sin mejorar las condiciones que permiten a los trabajadores aportar más valor, pueden surgir problemas. Debemos actuar en ambos frentes: proteger a los trabajadores y, al mismo tiempo, ayudarles a ser más productivos para que las empresas puedan pagarles mejores salarios.
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-P: ¿Qué balance hace de la reforma laboral aprobada en 2022? ¿Qué efectos ha tenido sobre el empleo y el mercado de trabajo?
-R: No creo que el crecimiento del empleo en España se explique únicamente por la reforma laboral, sino también por las condiciones que se han dado para generar nuevos puestos de trabajo. En cualquier caso, la evolución del empleo ha sido muy positiva y hay que reconocerlo. La creación de puestos de trabajo ha permitido que muchas familias dispongan de más capacidad económica para consumir, aunque siguen afrontando dificultades relacionadas con la vivienda y la inflación.
Ahora debemos centrarnos en cómo crear empleo de mayor calidad, que proporcione más estabilidad y productividad. Ese es el reto, sin dejar de avanzar también en la creación de puestos de trabajo. En definitiva, la reforma laboral ha contribuido a la generación de empleo y ha mejorado algunas condiciones laborales, pero tenemos que seguir trabajando para elevar su calidad.