
El abogado Mariano Benítez de Lugo intervino este jueves 1 de octubre en La Revuelta, el programa de David Broncano, donde cuestionó la respuesta institucional al desahucio de Maricarmen Abascal y reclamó que los lanzamientos de personas vulnerables quedaran suspendidos hasta que dispusieran de una alternativa habitacional.
Durante la entrevista, criticó la aplicación judicial de los artículos 47 y 60 de la Constitución, referidos al derecho a la vivienda y a la protección de la tercera edad. Benítez de Lugo, de 85 años y licenciado en Derecho en 1963, centró su intervención en el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, quien fue desalojada de la vivienda de alquiler con renta antigua en la que había vivido toda su vida.
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El abogado madrileño intervino después de que el espacio modificara la planificación que contemplaba entrevistar a la atleta olímpica Ana Peleteiro y al cirujano Diego González Rivas. La producción solicitó público adicional para grabar la conversación en el Teatro Albéniz de Madrid.
La propuesta de Mariano Benítez de Lugo para impedir desahucios de personas vulnerables consiste en prohibir el lanzamiento judicial hasta que exista una alternativa habitacional. El letrado formuló esta exigencia al valorar el conocido como Decreto Maricarmen, publicado en el Boletín Oficial del Estado como respuesta institucional al caso.
El abogado sostuvo que la fórmula legal necesaria era más directa que la recogida en el decreto. “Hubiera bastado con poner que no habrá lanzamiento mientras no haya alternativa habitacional”, afirmó. Su planteamiento impediría el desahucio de una persona vulnerable que careciera de otro lugar al que acudir.
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Benítez de Lugo vinculó esa falta de protección con la aplicación judicial del artículo 47 de la Constitución. “La mayoría de jueces españoles no cumplen con el artículo 47 de la Constitución, que habla del derecho de disfrutar de la vivienda, que es permanecer o adquirir. Este artículo es ignorado total”, declaró durante la entrevista.
El artículo constitucional citado establece el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada e indica que los poderes públicos deben promover las condiciones y normas necesarias para hacerlo efectivo. También les encomienda regular el uso del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
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El letrado extendió su reproche al artículo 60, referido a la tercera edad. “Ocurre lo mismo con el 60, que se refiere a la tercera edad, y dice que los poderes públicos deben velar por la salud y la vivienda de la tercera edad. La mayoría de la judicatura española es conservadora, tiene preconcepciones. Son muchos políticos con toga, como dijo un magistrado americano”, declaró.
La intervención de Benítez de Lugo se produjo antes de que el Congreso rechazara, el viernes 2 de octubre, los dos reales decretos-ley sobre vivienda aprobados por el Gobierno tras el caso de Maricarmen Abascal.
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El primero, que incluía medidas de protección frente a los desahucios, recibió 172 votos a favor y 178 en contra. El segundo, centrado en la estabilidad de los contratos de arrendamiento, obtuvo 166 votos a favor y 184 en contra. Por tanto, ambas normas quedaron derogadas.
Los decretos habían introducido obligaciones para los propietarios que pretendieran desahuciar a inquilinos vulnerables y habían prorrogado los plazos de desalojo. El texto no impedía por completo los lanzamientos cuando no existiera una solución habitacional disponible, según los análisis jurídicos.
Diversos colectivos de propietarios rechazaron la norma por considerar que perjudicaba sus intereses y dificultaba la gestión de los inmuebles. Las organizaciones de defensa del derecho a la vivienda compartieron la tesis de Benítez de Lugo de que la prohibición de desahuciar sin alternativa debería haberse formulado de manera expresa, en especial para personas de edad avanzada y familias con menores a cargo.
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El abogado fue el primero en denunciar la venta de propiedades a fondos buitre en España. Su trayectoria se ha centrado en la defensa de personas vulnerables en conflictos de vivienda y en la denuncia de la adquisición de miles de inmuebles por grandes fondos de inversión a precios reducidos para expulsar a inquilinos y revalorizarlos mediante alquileres elevados o reformas.
Benítez de Lugo describió un horizonte inmobiliario “precario” y “peligrosísimo” para los próximos años. “La vivienda es un bien de mercado y ese bien lo tienen los capitalistas salvajes. Frenar eso con una mayoría parlamentaria precaria es imposible”, sentenció.
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