El Gobierno de Javier Milei volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la agenda y, a partir de las tensiones con el Reino Unido, impulsó en el Congreso un proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional que propone cambios de alcance más amplio. La iniciativa crea un Consejo de Seguridad Nacional, amplía el concepto de amenazas externas y establece que las Fuerzas Armadas deberán estar preparadas para participar en operaciones militares convencionales y no convencionales.
El giro sobre Malvinas se produjo en un contexto político interno atravesado por el debate económico y la imagen del Gobierno. La estrategia oficial ganó fuerza luego de las señales de Donald Trump y tras el impacto que tuvo la bandera que mostró la Selección Nacional de fútbol al vencer a Inglaterra en el pasado Mundial.
El Gobierno dice que con este proyecto pretende desalentar actividades petroleras en las Islas y sancionar a empresas, operadores y proveedores que operen ilegalmente.
Sin embargo, el contenido de la iniciativa excede ampliamente la cuestión Malvinas. Según especialistas, solo una parte del texto está directamente vinculada con las Islas, mientras que el resto establece un nuevo esquema de seguridad nacional. Entre sus disposiciones aparecen mayores atribuciones para los organismos de inteligencia, restricciones a campañas financiadas desde el exterior y sanciones frente a supuestas “campañas de desinformación masiva”, una expresión que genera cuestionamientos por su falta de precisión.
“Bajo el manto de Malvinas, metieron el Caballo de Troya”, criticaron en la oposición.
También existe preocupación por la posibilidad de que periodistas, dirigentes políticos u otros actores puedan quedar bajo investigación de inteligencia si sus actividades son consideradas vinculadas con intereses de seguridad nacional.
Mientras, en las Fuerzas Armadas, hay quienes consideran positivo que el Estado vuelva a discutir qué sistema de defensa necesita el país. Pero advierten que el proyecto no resuelve problemas centrales del sector: salarios bajos, presupuesto insuficiente y una deuda de unos $160.000 millones de la obra social militar.
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