Los sindicatos exigen al Gobierno una subida del salario mínimo del 7% en 2027, hasta los 1.306,5 euros
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Laboral
CCOO y UGT justifican la convocatoria de la huelga general por la vivienda: "No hay convenio que resista el impacto de los precios sobre el coste de la vida"
Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, en rueda de prensa para dar los detalles de la convocatoria de huelga general el 11 de noviembre.EFE
Actualizado Martes, 13 octubre 2026 - 12:08
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Los sindicatos han marcado el camino al Gobierno para la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI). En una rueda de prensa conjunta, los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han fijado su exigencia en el 7%, lo que elevaría el sueldo mínimo legal en España hasta los 1.306,5 euros mensuales en 2027, desde los 1.221 actuales.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz,ha acelerado el proceso para activar cuanto antes la subida del SMI y poder aprobarla en Consejo de Ministros antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Y los líderes sindicales han querido adelantarse a las conclusiones del Comité Asesor (el grupo de expertos que tiene encomendado recomendar el incremento para 2027 antes del 2 de noviembre) anunciando desde ya su propuesta.
Los sindicatos argumentan que la escalada de la inflación en lo que va de año ha provocado ya un desfase de en torno al 2% respecto a la subida del SMI en 2026, que fue del 3,1%. Y para compensarlo y evitar la pérdida de poder adquisitivo, según sus cálculos, el salario mínimo debería subir al menos ese 7%. Una reclamación ambiciosa, ya que el mantenimiento de la capacidad de compra es uno de los mandatos que tiene el comité de expertos de Díaz, si bien las previsiones apuntan a un IPC medio de entre el 3,6% y el 3,9% en 2026, por lo que la demanda sindical está en estos momentos muy por encima de esas proyecciones.
Sordo y Álvarez han fijado esta exigencia en la rueda de prensa que han ofrecido este martes para dar los detalles de la convocatoria de huelga general para el próximo 11 de noviembre. Los sindicatos buscan vincular la movilización por la vivienda con las demandas salariales para justificar el encaje laboral de la convocatoria después de que se haya cuestionado su legalidad. Y no solo con el SMI, sino también con la negociación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), bloqueada desde hace un año, según los sindicatos, por la negativa de la CEOE a sentarse a hablar sobre subidas salariales.
"No hay convenio que resista el impacto que tiene sobre el coste de la vida el precio de la vivienda", ha denunciado Álvarez. "Por eso está más que justificado que las organizaciones sindicales vayamos a esta convocatoria de lucha", ha afirmado el líder de UGT. Sordo, por su parte, ha reconocido que los sindicatos son "conscientes" de que están llevando a cabo una convocatoria de huelga "heterodoxa", pero ha argumentado que la movilización "tiene una vertiente salarial clarísima". En este sentido, el secretario general de CCOO ha fijado que no solo el SMI tiene que subir un 7% sino que los sueldos en convenio deben aumentar entre un 4% y un 7% en función del sector.
Continuando con la justificación de la convocatoria, Álvarez ha asegurado que "la presencia sindical" en el problema de la vivienda "viene de largo", y ha recordado que ha sido una de las reivindicaciones tanto del Primero de Mayo como en el propio AENC. Además, ha afirmado que los sindicatos se estaban planteando convocar una huelga general antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase el adelanto electoral. En este sentido, y preguntandos sobre si se han sentido arrastrados a la convoctoria por el Sindicato de Inquilinas, ambos han negado haberse movido por esa presión.
Respecto al destinatario de la protesta, Sordo y Álvarez han insistido en señalar tanto a las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en materia de vivienda, como al Gobierno central y a los grupos políticos que han votado en contra de los decretos. "En la política de vivienda en España no se puede eximir de responsabilidad a ninguna administración pública", ha sentenciado el secretario general de CCOO. A juicio de los sindicatos, el problema de la vivienda es consecuencia de décadas de mala gestión, y para solucionarlo han planteado medidas como la inversión en vivienda pública a precios asequibles, una regulación más "restrictiva" de los pisos turísticos y la prohibición de la compra y acumulación de vivienda por parte de los fondos buitre. "Hay que echarlos a gorrazos", ha reclamado Unai Sordo.