No todo fue festejo para el gobierno luego de que el Senado despachara la megarreforma de reconstrucción y reactivación económica, el jueves a las 2:39 de la madrugada, tras una maratónica sesión.
Si bien la oposición fue derrotada en su plan original de rechazar la invariabilidad tributaria y las rebajas de impuestos, logró que el Ejecutivo atenuara algunas medidas por ejemplo en materia medioambiental y de la nueva política crédito del empleo.
No obstante, hubo cuatro espinas incómodas que el bloque opositor logró clavarle a la iniciativa gubernamental, gracias a algunos votos descolgados del propio oficialismo, que obligarán al Ejecutivo y en especial al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a alargar la tramitación del megaproyecto.
El plan original de La Moneda era que, tras el paso del Senado, la Cámara de Diputados, en tercer trámite, “despachara a ley” la iniciativa el próximo martes 21 de julio. Ese cronograma ideal ya no será posible.
En particular el ministro Quiroz, en la extensa sesión del Senado, hizo reserva de constitucionalidad en cuatro temas que fueron aprobados: el derecho al olvido financiero por deudas; el impedimento del anatocismo (cobros de intereses sobre intereses); los ajustes para garantizar el pago a 30 días paras las pymes; y restitución y prohibición de cortar de servicios básicos, por no pago, en zonas siniestradas en Valparaíso, Ñuble y El Biobío.
Ese reparo implica que el gobierno podría recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar vicios jurídicos de aquellas normas, al igual como lo hará la oposición, pero por otros artículos en materia tributaria (incluyendo la invariabilidad y contribuciones) y ante ciertos ajustes en procedimientos de calificación ambiental (por ejemplo, el derecho a indemnización).
La diferencia es que La Moneda tiene, además, otras herramientas legislativas como presentar vetos o apelar a que sus diputados rechacen en la Cámara un par de estos puntos para que sean derivados a una comisión mixta (que se conformaría entre diputados y senadores para resolver nudos). Sin embargo, en el caso de las disposiciones sobre anatocismo y servicios básicos de zonas siniestradas, que ya fueron visadas por la Cámara y el Senado, las únicas alternativas son el TC o el veto.
La norma que impide el cobro de intereses sobre intereses fue una idea del diputado Héctor Ulloa (independiente PPD), que fue aprobada por la Cámara.
“No se podrá estipular, en ningún caso, el pago de intereses sobre intereses, ni capitalizarlos en cada vencimiento o renovación. Los intereses capitalizados con infracción de lo dispuesto en el inciso anterior serán inoponibles al deudor y no tendrán efecto alguno”, dice el artículo nuevo del megaproyecto, que el jueves fue aprobado por la oposición con 26 votos a favor, gracias a los senadores independientes Karim Bianchi, Matías Walker (asociado a Evópoli) y Miguel Ángel Calisto (también ligado al comité Evópoli).
Con ello, quedó a un paso de convertirse en ley, salvo que el gobierno diga otra cosa.
En una situación similar quedó una indicación de la diputada Sofía González (PC), que, apoyada por su partido, el Frente Amplio y otras fuerzas opositoras que beneficia a afectados por los incendios
“Las empresas concesionarias de distribución eléctrica, de servicios sanitarios y de distribución de gas estarán obligadas a reconectar, de forma gratuita y sin condición previa de pago, a los usuarios residenciales y a las micro, pequeñas o medianas empresas (...), con domicilio en zonas declaradas en estado de catástrofe conforme a esta ley, que hubieren sido desconectados con anterioridad o durante la vigencia de dicha declaración por causales vinculadas al no pago de obligaciones dinerarias”, dice la norma convertida en un nuevo artículo 32 del megaproyecto
“Queda prohibido a las empresas concesionarias cobrar al usuario cargo alguno por concepto de reconexión, reposición, visita técnica, revisión de instalaciones u otro similar”, añade la disposición, que fue aprobada por 25 votos gracias al apoyo de toda la oposición y los senadores Bianchi y Walker.
En esta votación, Calisto sorpresivamente se restó, lo que le dio la mayoría al bloque opositor, en caso contrario se habría rechazado por un empate.
Además, una mayoría circunstancial de la Cámara Alta aprobó por 25 votos a favor una indicación de autoría de la senadora Daniella Cicardini (PS), que recogía una propuesta que ya había empujada como diputada junto a Daniel Manouchehri (PS) que establece “el derecho al olvido en materia financiera”.
“Los responsables del tratamiento de datos personales de carácter económico, financiero, bancario o comercial deberán eliminar de sus registros, internos o de comunicación a terceros, los datos personales relativos a información financiera de deudas impagas o extinguidas de personas naturales, cuando la deuda se hubiere hecho exigible o se hubiere extinguido”, dice el texto
Fue aprobado gracias al apoyo de la oposición y los senadores Bianchi y Calisto
Inesperadamente el senador Rojo Edwards (independiente de derecha asociado a RN) no votó y su par Rodolfo Carter (independiente republicano), quien había aprobado la indicación en la Comisión de Hacienda, ahora se abstuvo.
Los senadores Javier Macaya (UDI) y María José Gatica (RN) que se habían abstenido en la comisión, en esta instancia rechazaron.
En este caso, la ausencia repentina de Edwards y el voto a favor de Calisto fueron desequilibrantes. La abstención de Carter también habría incidido a favor, solo en el caso de que hubieran votado los 50 senadores.
Los senadores del Frente Amplio, Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez, si bien lograron que se acogieran algunas recomendaciones al texto, su principal logro fue la aprobación de una medida en favor de la pequeñas y medianas empresas
Se trataba de una indicación que buscaba endurecer las normas para el pago oportuno a las pymes en 30 días, dentro de la Ley 19.983 sobre facturas.
Esa enmienda tuvo un respaldo aplastante en la sala, de 29 a favor, 2 abstenciones y solo 19 en contra del oficialismo.
Además de los votos opositores, los senadores Carter, Walker, Calisto, Edwards, Gatica y Bianchi, apoyaron el texto.
Los senadores Ignacio Urrutia (republicano) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli) se abstuvieron.