Los cinco desafíos económicos que enfrentará Lula da Silva en su cuarto mandato como presidente de Brasil
calendar_today 26.10.2026 - person - timer ~6 Minutos
El presidente reelecto de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, enfrentará cinco grandes desafíos económicos en su cuarto mandato, que comenzará en enero, entre ellos el aumento de la deuda pública, las elevadas tasas de interés, el endeudamiento de los hogares y las empresas, las dificultades para impulsar reformas en un Congreso conservador y las incertidumbres sobre la implementación de los cambios tributarios.
La economía brasileña superó las expectativas en los últimos años, pero el incremento de las obligaciones fiscales y los problemas estructurales amenazan con complicar la agenda del dirigente izquierdista. Aunque Lula derrotó el domingo al senador derechista Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta presidencial, el resultado de las elecciones legislativas anticipa obstáculos para la aprobación de sus principales iniciativas, según un análisis de Reuters.
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La deuda pública de Brasil aumentó más de diez puntos porcentuales durante el actual mandato de Lula y superó el 82% del producto interno bruto (PBI). El incremento elevó los costos de financiamiento del país y redujo el margen de maniobra del Gobierno para impulsar nuevas medidas económicas.
El problema responde, en gran parte, al crecimiento sostenido del gasto obligatorio durante varios años. Como consecuencia, menos del 8% del presupuesto federal queda disponible para ajustes, una restricción que limita la capacidad de la administración para reasignar recursos.
Lula transmitió señales contradictorias sobre la situación fiscal. En algunas ocasiones desestimó las preocupaciones por la deuda al calificarlas de “tonterías”, mientras sostuvo que un crecimiento económico sólido permitiría resolver el problema.
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Su equipo se comprometió a mantener las reglas presupuestarias vigentes, que limitan el crecimiento del gasto y establecen objetivos de equilibrio primario. Este indicador mide la diferencia entre los ingresos y los gastos públicos, sin incluir los intereses de la deuda. El Gobierno también insinuó que podría endurecer esas normas.
Sin embargo, alcanzar las metas fiscales será más difícil ante la promesa presidencial de aumentar el salario mínimo por encima de la inflación, una medida que también eleva los costos previsionales. A esto se suman los incrementos de las prestaciones sociales y los nuevos gastos anunciados por la administración.
El segundo desafío será reducir la inflación y los costos del crédito. Brasil mantiene una tasa de interés de referencia del 13,75%, mientras que la inflación interanual se ubica en el 4,6%, por encima del límite superior del rango de tolerancia del Banco Central, establecido en el 4,5%.
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La autoridad monetaria aplicó el mes pasado su quinto recorte consecutivo de tasas ante las crecientes señales de desaceleración económica. Pese a esa decisión, los mercados prevén que la inflación permanecerá por encima del objetivo oficial del 3% hasta 2029.
El programa de Lula promete una reducción de las tasas de interés mediante una mayor disciplina fiscal, sin recortes en los programas sociales. Sin embargo, la propuesta plantea una dificultad: los economistas consideran que una disminución más rápida de los costos del crédito dependerá de una reducción del gasto público.
El Gobierno deberá definir cómo compatibilizar sus compromisos sociales con las exigencias de disciplina presupuestaria. La evolución de las tasas también tendrá consecuencias sobre el financiamiento de las empresas y las familias, además de incidir en la actividad económica.
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El tercer problema afecta directamente a millones de brasileños. Según la agencia de información crediticia Serasa, casi 84 millones de personas y 9,3 millones de empresas acumulan atrasos en el pago de sus deudas, una cifra récord.
Las elevadas tasas de interés dificultan el cumplimiento de las obligaciones financieras y alimentan el descontento social, pese a indicadores favorables como el desempleo en mínimos históricos y un crecimiento de los salarios superior a la inflación.
Para aliviar esa situación, Lula prevé una nueva ronda de medidas de refinanciación. El plan contempla la compra de préstamos morosos de los hogares a los bancos con descuentos, además de la condonación de deudas tributarias para determinados propietarios de pequeñas empresas.
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Sin embargo, los analistas consideran que esas iniciativas ofrecerán un alivio temporal y no resolverán las causas estructurales del endeudamiento.
El Gobierno también mantuvo conversaciones con el Banco Central sobre posibles medidas para limitar el uso intensivo de instrumentos de crédito de fácil acceso, pero costosos, como las tarjetas de crédito y los préstamos personales sin garantías. Hasta el momento, la administración no detalló propuestas concretas en ese ámbito.
El cuarto desafío será reunir los apoyos legislativos necesarios para avanzar con la agenda económica. Aunque Lula consiguió la reelección frente a Flávio Bolsonaro, el Congreso tendrá la composición más conservadora desde el retorno de Brasil a la democracia en la década de 1980.
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El Partido Liberal de Bolsonaro y sus aliados controlarán ambas cámaras, una situación que anticipa dificultades para la aprobación de iniciativas presidenciales.
Los colaboradores de Lula señalaron que el Gobierno mantendrá sus esfuerzos para reducir las exenciones fiscales. Sin embargo, los legisladores rechazaron repetidamente medidas que implican un aumento de la carga tributaria efectiva.
Durante el mandato que termina, el presidente también tuvo dificultades para designar candidatos a puestos clave y conseguir la aprobación del Senado. Entre las instituciones afectadas figuran la Corte Suprema, el Banco Central, el organismo regulador del mercado de valores y la autoridad de defensa de la competencia.
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El giro conservador del Congreso podría complicar todavía más esas negociaciones durante el próximo período presidencial.
El último desafío está relacionado con la implementación de la reforma de los impuestos al consumo que Lula consiguió aprobar en 2023. El nuevo impuesto al valor agregado comenzará a regir en enero, pero, a menos de tres meses de su entrada en vigor, el Gobierno todavía no comunicó cuál será su tasa efectiva.
Los analistas independientes estiman que podría situarse en torno al 28%, aunque esa cifra no constituye todavía una tasa oficial anunciada por la administración.
Además, el Gobierno postergó el envío al Congreso de un proyecto de ley para regular un nuevo impuesto sobre productos considerados perjudiciales para la salud o el medioambiente, como los cigarrillos y las bebidas alcohólicas. La administración evitó presentar esa iniciativa durante la campaña electoral ante el temor a una reacción negativa de los votantes.
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El retraso podría postergar los ingresos previstos por ese gravamen y alimentó las críticas sobre la gestión de la política tributaria.
La aplicación del nuevo impuesto al valor agregado y la definición del gravamen adicional pondrán a prueba la capacidad del Gobierno para concretar los cambios fiscales aprobados y obtener respaldo político para las medidas pendientes.
(Con información de REUTERS)