El listado, que es de conocimiento público, de exfuncionarios gubernamentales del Ecuador calificados como inelegibles para ingresar a los Estados Unidos creció a catorce, en medio del endurecimiento de sanciones de ese país como parte de una política contra el crimen organizado y el terrorismo.
Casi dos años después de la sentencia por delincuencia organizada que dictó la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en el caso Metástasis, llegó una suerte de condena migratoria y “moral” impuesta por los Estados Unidos en contra de exjueces y actores políticos que será perpetua: “Jamás podrán entrar o volver a entrar a los Estados Unidos”, precisó el catedrático y diplomático guayaquileño Carlos Estarellas.
La explicación se da a propósito de la decisión del Gobierno de Donald Trump, a través del Departamento de Estado de ese país, de declarar inelegibles a siete personas que fueron sentenciadas por delincuencia organizada y que se suman a otras siete, entre ellos expresidentes de la República de Ecuador, cuyos registros se hicieron públicos.
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No obstante, esta medida viene tomándose tiempo atrás. En enero de 2022, la Embajada de Estados Unidos en Quito informó que estaba revocando las visas de no inmigrante de varios jueces ecuatorianos y otros individuos que trabajan en los sectores legal y judicial.
Ya en ese momento, el Gobierno norteamericano que lideraba Joe Biden advirtió que estaban “revisando cuidadosamente las visas otorgadas y las nuevas solicitudes para avanzar en los esfuerzos anticorrupción y combatir el crimen organizado”.
Esta política migratoria tiene efectos que se extienden a los familiares de los inelegibles, según la ley norteamericana de Asignaciones para Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados.
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Esta norma tiene una sección titulada Anticleptocracia, Derechos Humanos e Inelegibilidad y dispone que “los funcionarios de gobiernos extranjeros y sus familiares directos respecto de quienes el secretario de Estado disponga de información fidedigna de que han estado involucrados, directa o indirectamente, en actos de corrupción significativa —incluida la corrupción relacionada con la extracción de recursos naturales— o en violaciones graves de los derechos humanos —incluida la detención arbitraria de personal contratado localmente por una misión diplomática de los Estados Unidos, o de un ciudadano estadounidense—, no serán elegibles para ingresar a los Estados Unidos”.
A esta se suma la sanción económica con el bloqueo de activos, ya que el expediente se remite a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro para que determine “si procede aplicar las facultades sancionadoras, de conformidad con la legislación de los Estados Unidos, a fin de bloquear la transferencia de bienes e intereses sobre bienes, así como todas las transacciones financieras en los Estados Unidos, que involucren a cualquier persona descrita”.
Por último, y para dejar en firme la resolución, el secretario de Estado “designa e identifica pública o privadamente a los funcionarios de gobiernos extranjeros y a sus familiares directos sobre quienes disponga de dicha información fidedigna, independientemente de si la persona ha solicitado una visa”, y los declara inelegibles.
Esto lo hizo el secretario de Estado, Marco Rubio, luego de su paso por Ecuador el miércoles último para reunirse con el presidente de la República, Daniel Noboa, y evaluar los avances en las acciones y políticas conjuntas en el combate al crimen organizado.
Así, Rubio declaró inelegibles a Pablo Ramírez Erazo, exdirector del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).
Wilman Terán Carrillo, exmagistrado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ); Ronaldo Guerrero Cruz y Johann Marfetán Medina, exjueces de la Corte Provincial de Justicia del Guayas; su excolega Fabiola Gallardo Ramia, expresidenta de la Corte mencionada, y quien fue su relacionadora pública, Mayra Salazar Merchán.
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También será inadmitido Pablo Muentes Alarcón, exasambleísta de la Asamblea Nacional. Todos ellos, sentenciados en el caso Metástasis.
La consecuencia inmediata es que los siete sentenciados “jamás podrán volver a los Estados Unidos”, recalcó Estarellas; y, en el caso de sus familiares, el “solo el hecho de que, por ejemplo, un padre sea declarado inelegible significa que los Estados Unidos pueda negar la visa a sus hijos o/y esposa”, puntualizó.
Esto es “terrible, es una sanción migratoria y moral muy fuerte”, agregó el diplomático, quien aclaró que a aquellos ciudadanos que hayan tenido visa norteamericana vigente se las pueden revocar o cancelar.
El abogado y exdiputado ecuatoriano Ricardo Noboa Bejarano reflexionó sobre esta resolución como una “nueva sentencia”.
“El motivo es lapidario: ayudar a organizaciones terroristas como Los Choneros y el cartel de Sinaloa y participar en coimas y actos de corrupción. Los ecuatorianos debemos aprender que la justicia no se toca. Se la deja actuar libremente para dar a cada uno lo suyo. Pues bien, el Departamento de Estado ha decidido hacer lo que a veces la justicia ecuatoriana no hace, o lo hace tarde o lo hace de forma incompleta: ha dado “a cada uno lo suyo”. Hay una proscripción para ingresar a suelo americano", posteó Ricardo Noboa en la red social X.
Para el Departamento de Estado, los siete inelegibles “abusaron gravemente de sus cargos al aceptar sobornos de bandas vinculadas a organizaciones narcoterroristas e interfirieron en procesos judiciales, electorales y públicos para favorecer a Los Lobos y Los Choneros, que están vinculados a los carteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa”, estos dos últimos oriundos de México.
Estados Unidos utilizará todos los medios a su alcance para proteger a sus ciudadanos y negará la entrada a “narcoterroristas, sus cómplices corruptos y sus familiares directos. A cualquier funcionario extranjero que abuse corruptamente de su cargo público para beneficio económico personal: Estados Unidos lo encontrará y lo expondrá”, advirtió el Departamento de Estado en una comunicación oficial difundida el 9 de septiembre de 2026.
A la lista de los procesados por Metástasis, el Departamento de Estado de los Estados Unidos declaró inelegibles a Rafael Correa Delgado, expresidente de Ecuador (2007-2017), y a Jorge Glas Espinel, exvicepresidente de Ecuador y exministro en el correísmo, por su “implicación en casos significativos de corrupción durante su tiempo como funcionarios públicos”, se detalló en un comunicado oficial de 2024.
Esto debido a que Correa y Glas fueron sentenciados por cohecho pasivo agravado dentro del caso Sobornos 2012-2016.
Dos años antes, el 9 de marzo de 2022, el Departamento informó también que calificó como inelegible al exmandatario Abdalá Bucaram Ortiz (1996-1997) porque participó en “actos significativos de corrupción, incluida la apropiación indebida de fondos públicos, la aceptación de sobornos y la interferencia en procesos públicos”.
Se argumentó que Bucaram, como presidente de Ecuador, se involucró en “múltiples actos de corrupción, como malversación de fondos y sobornos, y que no ha rendido cuentas por su traición a la confianza pública”.
Aunque este 9 de septiembre de 2026, Abdalá Bucaram fue sentenciado por primera vez por un tribunal penal de Pichincha en primera instancia a nueve años de prisión por el delito de delincuencia organizada en el caso llamado Pruebas COVID-19.
Esta sanción en su contra alcanzó también a sus familiares inmediatos, como su esposa, María Rosa Pulley Vergara, y sus hijos Jacobo, Abdalá Jaime (Dalo) y Michel Bucaram Pulley. (I)