“Ley de nietos” y la votación del 29-N: la polémica con el voto de los nuevos españoles - La Tercera
calendar_today 13.10.2026 - person - timer ~6 Minutos
De una ley de reparación por los crímenes del franquismo, hoy la “ley de nietos” está volviéndose el insumo de la última polémica en la política española, a menos de dos meses de las próximas elecciones. Cerca de 400 mil españoles nacionalizados recientemente, con pasaporte y todo tipo de derechos que vienen con ello, no podrán votar en los comicios generales de este 29 de noviembre. Esto, luego de que el Tribunal Supremo decidiera mantener “la suspensión del derecho al voto” a los naturalizados como descendientes de exiliados.
Esto, en pocas palabras, porque cientos de miles de personas se han nacionalizado por esta causa en los últimos años, considerando que sus padres o abuelos habían abandonado España entre 1936 y 1955. Aún cuando estas personas ya obtuvieron la nacionalidad, lo que alegan ahora desde el partido de extrema derecha Vox y el Tribunal Supremo confirma, es que no todas esas salidas fueron motivadas políticamente.
Con esto, el Tribunal Supremo decide que se suspenderá el derecho a voto, a menos que el reciente nacionalizado pueda demostrar que sus ancestros huyeron de la Guerra Civil o de la dictadura de Franco por razones políticas u orientación sexual.
En este contexto, los opositores Partido Popular (PP) y Vox celebran esta decisión, en medio de una campaña puesta en marcha por ambas colectividades para sembrar las dudas sobre la posibilidad de fraude electoral. Desde el oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE), critican la decisión y la consideran “gravísima”.
La historia de la “ley de nietos” parte en 2022, con la Ley de Memoria Democrática, en la que se encontraba la disposición de que podrían obtener la nacionalidad los nacidos fuera de España “cuyo padre, madre, abuelo o abuela hubiera sido español de origen y hubiera renunciado a la nacionalidad tras exiliarse por motivos políticos, ideológicos o de orientación sexual”. Esto también incluía a los hijos de las españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
Se instauró entonces un plazo hasta octubre de 2025, en el que los descendientes de españoles podrían reclamar la nacionalidad dentro de esos casos. En ese entonces una instrucción del Ministerio de Justicia dio por exiliados a todos los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En esta imprecisión empieza la polémica: muchas personas habrían adquirido la nacionalidad española, sin que necesariamente sus padres o abuelos hayan escapado de la guerra, sino solo yéndose de España a otra parte.
De esta imprecisión se tomaron Iustitia Europa, un partido español pequeño, y Vox, para alegar que la presunción abrió la nacionalidad a personas sin motivo suficiente. Y como se trata de demasiados casos como para estudiarlos uno por uno, el Tribunal Supremo decidió que las personas que figuraban en estos casos “pierden sus efectos electorales”.
La única excepción es si el registro certifica que el ascendiente del español sufrió exilio por las razones que recoge la ley y perdió o renunció a la nacionalidad. A grandes rasgos, las personas beneficiadas por la “ley de nietos” mantendrán su nacionalidad, su pasaporte, pero no podrán votar a menos que vayan y demuestren el motivo de partida de sus ancestros. Y esto, a 6 semanas de las elecciones.
Al respecto, el abogado José Cohen explicó a Euronews que quien se nacionalizó por ley de nietos “sigue siendo español a todos los efectos”, conservando pasaporte y la posibilidad de transmitir nacionalidad a sus hijos. Sin embargo, nota que en la práctica hay “españoles de primera y de segunda a efectos electorales”, una situación que, según él, “jurídicamente es muy delicado”.
Con la situación actual, entonces, solo votarán quienes acrediten el exilio de su antepasado, y eso exige una prueba documental que “muchas familias no conservan”. Con esto, su impresión es que serán una minoría los que vayan a acreditar el exilio del antepasado, y sobre todo en miras a las generales del 29 de noviembre.
La oposición, desde hace tiempo, viene atacando al gobierno de Pedro Sánchez diciendo que esta ley estaría pensada para “modificar el censo electoral”. “Lo que han intentado claramente es alterar el censo electoral en España. Hemos llegado a tiempo al recurrir y al poner esto en manos de la justicia”, dijo el líder del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal.
Esta decisión afecta particularmente a los descendientes de españoles nacidos en América Latina. Argentina lidera el ranking de solicitudes de nacionalidad bajo ley de nietos, con 870 mil personas, más de la mitad de todos los que hicieron su solicitud.
Para Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, “no hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo”. En una entrevista con esRadio celebró la decisión del Supremo, calificando de “algo elemental” la posición del alto tribunal, al señalar que no tiene nada en contra de la nacionalidad para “los nietos de los exiliados, como dice la ley”, pero ha añadido que no se puede dar el documento ni “regalar pasaportes”.
Desde el PSOE alegan que Vox y el PP están intentando, a toda costa, instalar las dudas sobre las próximas votaciones. “Es gravísimo intentar introducir el concepto de pucherazo en un sistema electoral tan garantista como el español”, indicó la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, refiriéndose a un término de la cultura política española que se refiere al fraude electoral.
De todos modos, señaló que “ el Gobierno siempre acata las resoluciones”, pero ha advertido que se trata de “una situación de una extraordinaria gravedad”, ya que se “restringe uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, que es el derecho al voto”.
“¿Los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí?. Para Feijóo y Abascal no fue suficiente el daño que les provocó la dictadura, sino que quieren seguir castigando a los descendientes de los españoles que tuvieron que huir de España para salvar sus vidas”, señalaron desde el PSOE, tras calificar de “atropello” la decisión del Supremo.
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