Por Paula Daza24 JULIO 2026
A 90 días del anuncio de la alerta oncológica, el gobierno informó una buena noticia: el 99,9% de los casos fueron gestionados. Ese resultado merece ser valorado. Pero, precisamente porque la emergencia comienza a quedar atrás, surge una pregunta inevitable: ¿cuál será la agenda sanitaria para el mediano y largo plazo? Poco se conoce sobre las prioridades que marcarán esta nueva etapa, pese a que los desafíos que enfrenta la salud en Chile siguen siendo enormes.
La discusión sanitaria suele plantearse como una disyuntiva entre responder a las necesidades inmediatas de las personas o impulsar reformas al sistema. En realidad, ambas dimensiones son inseparables. Las personas necesitan soluciones concretas, pero esas respuestas solo serán sostenibles si el sistema cambia para ofrecerlas de manera oportuna y permanente.
El primer desafío es consolidar los avances en cáncer. La alerta oncológica fue una herramienta importante para enfrentar una situación crítica, pero no puede transformarse en la estrategia de largo plazo. Es indispensable fortalecer la integración entre prestadores públicos y privados y avanzar, de una vez por todas, en la implementación del Registro Nacional del Cáncer. Contar con información completa y oportuna permitirá planificar mejor las políticas públicas, fortalecer la prevención, facilitar el acceso a tratamientos y mejorar los resultados en salud.
Al mismo tiempo, es urgente contar con una atención primaria más resolutiva y asegurar una derivación oportuna hacia la atención especializada. Cuando una persona espera meses para acceder a un diagnóstico o tratamiento, el problema no es solo clínico; es la evidencia de un sistema que no está respondiendo a tiempo. Resolver esa brecha requiere una mejor gestión de los recursos, con mayor productividad de la red asistencial, horarios extendidos, mejor utilización de pabellones y una colaboración más efectiva entre el sector público y el privado.
La protección financiera también debe ocupar un lugar prioritario. Para muchas familias, una enfermedad no solo significa enfrentar un problema de salud, sino también una carga económica difícil de sostener. Reducir el gasto de bolsillo, ampliar la cobertura de exámenes, medicamentos y ofrecer mayor certeza sobre las prestaciones disponibles son medidas que impactan directamente en la calidad de vida de las personas.
Sin embargo, ninguna de estas prioridades será suficiente si el país continúa postergando las reformas estructurales. Fonasa debe evolucionar hacia un asegurador moderno, capaz de comprar prestaciones donde sean más eficientes, gestionar el riesgo y garantizar coberturas y tiempos de respuesta exigibles para sus beneficiarios. Paralelamente, el sistema de Isapres necesita una reforma que asegure su estabilidad financiera y elimine las discriminaciones por edad, sexo y preexistencias mediante mecanismos adecuados de compensación de riesgos.
Al final, las personas no distinguen entre gestión, financiamiento o reformas institucionales. Lo que esperan es algo mucho más simple: acceder a un diagnóstico oportuno, recibir tratamiento a tiempo, encontrar los medicamentos que necesitan y no ver comprometida la economía de su familia por una enfermedad. Ese debe ser el verdadero criterio para definir las prioridades sanitarias del país. Superada la urgencia de la alerta oncológica, llegó el momento de avanzar hacia una agenda de salud que combine buena gestión con reformas de fondo, para que las respuestas no dependan de medidas excepcionales, sino de un sistema capaz de cumplir de manera permanente con las personas.
Por Paula Daza, Directora ejecutiva de CIPS UDD, Facultad de Gobierno
Universidad del Desarrollo
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