Buenos Aires comenzó octubre con dos agendas que se superponen, aunque no siempre se encuentran. Una está marcada por los recursos que faltan, el empleo que retrocede y las escuelas que reclaman protección frente a la violencia. La otra avanza entre candidaturas, reuniones empresarias y negociaciones partidarias para definir quién conducirá la Provincia después de Axel Kicillof. La semana dejó expuesta esa tensión: mientras las demandas de la gestión requieren respuestas inmediatas, buena parte de la dirigencia organiza su futuro.
La discusión por los fondos ofrece una medida concreta de las dificultades bonaerenses. Según el informe de agosto de la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos del Senado, Buenos Aires concentra el 38,19% de la población, pero recibió el 22,69% de las transferencias consideradas, que incluyen coparticipación, regímenes especiales y compensaciones. Encabeza los montos totales por su tamaño, aunque queda última entre las provincias cuando el reparto se calcula por habitante: cada bonaerense recibió un 40,6% menos que el promedio de las jurisdicciones.
La asimetría precede al actual gobierno nacional y remite a una estructura de distribución que las compensaciones alivian sin corregir. Tiene, además, una proyección hacia adelante. El análisis del gasto territorializado del proyecto de Presupuesto Nacional 2027 muestra que Buenos Aires recibiría alrededor de $80 por habitante por cada $100 del promedio nacional. Son mediciones diferentes, que no deben sumarse, pero ambas dejan a la Provincia por debajo de su peso demográfico. Las brechas en educación e infraestructura vuelven tangible una discusión que, expresada únicamente en billones, puede parecer lejana.
Ese condicionamiento adquiere otra dimensión cuando se observa la economía. El informe de la Uipba muestra una recuperación industrial del 3% entre enero y mayo respecto del mismo período de 2025, pero con crecimiento en apenas cuatro de las once ramas relevadas. El repunte convive con pérdida de empleo: en mayo, el sector privado registrado bonaerense tuvo 5.046 puestos menos que en abril. El dato industrial disponible, correspondiente al último trimestre de 2025, también registra una caída interanual.
La explicación sectorial importa. Las actividades que mejoran no necesariamente requieren tanto personal como aquellas que retroceden. Por eso, la recuperación de un índice no alcanza para describir lo que ocurre en los hogares. La debilidad del empleo y del consumo puede limitar la recaudación propia y aumentar las demandas de asistencia. Para la Provincia, el riesgo es una presión simultánea sobre sus ingresos y sobre los servicios que debe sostener.
El paro docente agregó una urgencia distinta. La protesta respondió a las agresiones contra trabajadores de la educación y puso en primer plano el temor con el que se desarrolla la actividad escolar, más allá que de fondo está latente el tema salarial. Los gremios informaron adhesiones superiores al 95% y reclamaron acciones provinciales concretas.
En ese contexto, la controversia por el caso “Chocolate” Rigau introduce una pregunta inevitable sobre la administración del dinero público. La denuncia del juez Guillermo Atencio por una posible obstrucción a la investigación y la respuesta de Diputados abrieron una disputa institucional. La Cámara sostiene que el archivo de actuaciones fue anterior al requerimiento judicial invocado y defiende la protección constitucional de los votos legislativos. La existencia de un delito deberá esclarecerse en la Justicia.
La dimensión política, sin embargo, ya está planteada. Autoridades y jefes de bloque de distintos partidos coincidieron en la defensa de la Cámara. Esa unidad contrasta con las divisiones que atraviesan casi todos los demás asuntos. La autonomía legislativa merece protección; también la investigación sobre las contrataciones y el circuito de cobro de salarios que expuso Rigau. El reclamo bonaerense por un reparto más justo conserva su legitimidad, pero vuelve más exigente la obligación de explicar cómo se utilizan los recursos disponibles.
Mientras tanto, Kicillof busca ampliar sus interlocutores. Su foto con José Luis Manzano llamó la atención por la trayectoria política del empresario y sus intereses en sectores regulados y servicios públicos. El encuentro no demuestra por sí mismo una alianza ni un acuerdo comercial. Sí abre una discusión sobre los vínculos que el gobernador construye en una etapa en la que combina necesidades de gestión con aspiraciones nacionales.
Ese movimiento convive con la presión del cristinismo. La afirmación de Máximo Kirchner sobre la voluntad de su madre de volver a ser candidata tiene efectos internos aun con el obstáculo de su inhabilitación. Mantiene a Cristina en el centro de la escena y discute, de manera indirecta, la posibilidad de que Kicillof ordene al peronismo detrás de su proyecto. La viabilidad jurídica y la eficacia política de ese anuncio son cuestiones diferentes.
La oposición tampoco tiene resuelta su construcción. Las conversaciones entre La Libertad Avanza y el PRO exhiben la distancia entre acompañar al Gobierno en el Congreso y acordar una oferta electoral bonaerense. El macrismo busca preservar identidad y participación; el armado libertario pretende conducir la alianza. La eventual candidatura de Diego Santilli se inscribe en esa tensión.
El radicalismo intenta intervenir desde otro lugar. El reclamo para que Diputados trate y rechace el DNU 70/23, reactivado por la controversia sobre la Ley de Tierras, expresa una búsqueda de posición institucional frente al Gobierno. También expone la dificultad de transformar esa postura en una acción común dentro de una fuerza fragmentada. El expediente promovido por el CECIM de La Plata conecta esa discusión nacional con una iniciativa nacida en la capital bonaerense.
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