6 de agosto, 2026 - 06h30
La estructura social, tanto pública como privada, cuenta, en las instancias de gobierno central y local y en las empresas, con personas que la gestionan: funcionarios o gerentes. El sistema normalmente exige de ellos adhesión a sus objetivos y procedimientos. Esto es legítimo porque apunta a la consecución de lo propuesto con el apoyo de todos sus integrantes. Sin embargo, el compromiso no significa –sobre todo cuando se toman decisiones– que los funcionarios no puedan aportar su propio enfoque para mejorar el sistema e incluso transformarlo, si es el caso, dentro del marco mismo del ordenamiento.
Quienes así proceden están imbuidos de confianza en sí mismos y de responsabilidad con el mejoramiento de las cosas. Inclusive los más notables entre ellos pueden conseguir que sus visiones personales, enmarcadas en el escenario institucional, alcancen transformaciones trascendentales, tanto en el servicio a la comunidad dentro del ámbito público como en el cumplimiento de los objetivos particulares de empresas siempre conectadas con el entorno si se asume cabalmente el concepto de responsabilidad social.
La adhesión, cuando los funcionarios se ven a sí mismos como meros cumplidores de lo establecido, representa una penosa realidad. Esto ocurre cuando no consideran que pueden aportar para el cambio y el mejoramiento del resultado de su trabajo, lo que fortalece una burocracia que cuida de sí misma y desatiende los objetivos y la razón de ser de sus espacios laborales.
Por otro lado, quienes contratan, tanto en lo público como en lo privado, pueden hacerlo exigiendo lealtad irreflexiva al modelo establecido, pero también pueden pensar en la incorporación de ciudadanos que, cumpliendo con los estándares y las normas del sistema, apunten a su mejoramiento. En el caso de lo público, entre nosotros, los aspectos a perfeccionar son muchos. La designación de un funcionario, especialmente en niveles de toma de decisiones, así como en todos los otros, no puede representar una adhesión irreflexiva al sistema implementado, que no funciona adecuadamente en diversos ámbitos.
Tampoco puede ser que quienes permiten la incorporación de personal al sistema tengan como objetivo únicamente contar con colaboradores pasivos y no deliberantes frente a las tareas encomendadas. En el ámbito privado, es posible que la libertad de acción de gerentes o colaboradores sea una declaración de principios en ciertas instituciones.
Por lo dicho, el orgullo de ser designados como funcionarios públicos o ejecutivos privados, más allá del nombramiento, carece de mérito real si dicha elección solo pretende sumisión irreflexiva y obediencia ciega a las exigencias circunstanciales del poder, según sea la naturaleza de cada sector. Esta distorsión es más grave en lo público, cuando se prefiere la docilidad a los objetivos superiores de servicio a la gente. La trascendencia, que puede ser un objetivo para algunos funcionarios o gerentes, se alcanza con la huella positiva que se deje en los sistemas concebidos para el servicio de la comunidad o el mejoramiento de los productos o prestaciones privadas que se ofrecen. (O)