La FDA busca cerrar una vieja brecha en la seguridad alimentaria y exigir más información a los fabricantes
calendar_today 10.08.2026 - person - timer ~5 Minutos
Las autoridades estadounidenses dieron un paso decisivo para reforzar el control sobre los aditivos y nuevos ingredientes en alimentos procesados.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) presentó este lunes una propuesta para exigir que los fabricantes notifiquen y documenten la seguridad de cualquier sustancia que deseen incorporar al sistema alimentario, un cambio frente a décadas de autoevaluación empresarial.
La propuesta respondió a una demanda sostenida por organizaciones de defensa del consumidor y expertos en nutrición.
Hasta hoy, las empresas podían introducir ingredientes bajo la etiqueta “generalmente reconocido como seguro” (GRAS) sin obligación de informar ni presentar pruebas a la FDA, lo que permitió la entrada de cientos de productos químicos sin revisión independiente.
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Con el nuevo esquema, las compañías deberían detallar los fundamentos científicos de su decisión e informar a la agencia antes de lanzar cualquier nuevo aditivo.
Este cambio surgió tras diversos incidentes, como el caso de la harina de tara utilizada en un crumble de puerros y lentejas, que llevó a la hospitalización de más de un centenar de personas.
La experiencia reforzó el reclamo de actualizar un sistema vigente desde 1958, cuando la FDA permitió que ingredientes de uso generalizado, como especias o vinagre, quedaran fuera de revisión formal.
Desde entonces, la industria amplió esa excepción hasta abarcar numerosos aditivos sintéticos y naturales, muchos de ellos presentes en alimentos ultraprocesados que hoy dominan la dieta estadounidense.
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A partir de la iniciativa, las empresas deberían presentar datos sobre la seguridad de cada nuevo ingrediente antes de su comercialización.
La FDA dispondría de 45 días para una revisión inicial y hasta 180 días para un análisis más profundo. Si surgieran dudas, la agencia podría pedir información adicional o solicitar el retraso en la introducción del producto.
Además, la propuesta contempló un periodo de 120 días para recibir comentarios públicos antes de avanzar hacia su implementación definitiva.
El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., defendió la medida como una herramienta para “cambiar la forma en que el gobierno federal supervisa lo que hay en nuestros alimentos”.
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Según Kennedy, la administración solicitaría al Congreso mayores facultades para que la FDA pudiera adaptarse a la evolución del suministro alimentario y proteger a la población de posibles riesgos.
La decisión no implicó que todos los ingredientes debieran pasar por una revisión obligatoria previa, pero sí exigió que las empresas comunicaran sus hallazgos y otorgaran mayor visibilidad sobre los criterios de seguridad.
El comisionado interino de la FDA, Kyle Diamantas, destacó que la notificación obligatoria “cierra una brecha de información de décadas” y le dio al organismo herramientas para investigar cuando se identifique un riesgo potencial.
Actualmente, cerca de 10.000 aditivos están permitidos en Estados Unidos, incluidos conservantes, colorantes y compuestos de envasado.
El sistema GRAS permitió hasta ahora que muchas sustancias llegaran al mercado sin una evaluación gubernamental estricta.
Diversos grupos, como el Center for Science in the Public Interest, criticaron la falta de transparencia y calificaron este mecanismo como una “laguna secreta” que debilita la seguridad alimentaria.
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El anuncio generó opiniones dispares. Para Melanie Benesh, del grupo activista Environmental Working Group, la medida “es el primer paso hacia una reforma significativa”, aunque insistió en la necesidad de establecer “normas de seguridad rigurosas y basadas en la ciencia, así como una revisión exhaustiva e independiente antes de autorizar sustancias químicas en los alimentos”.
Desde la industria alimentaria, algunos actores prefirieron que los cambios se adoptaran a través de legislación y no por regulación administrativa, porque temieron posibles demoras y reclamaron mayor financiación para la FDA.
La coalición Americans for Ingredient Transparency pidió al Congreso un marco uniforme y transparente a nivel nacional para la supervisión de los ingredientes.
Kennedy ilustró el problema con una imagen: “La industria se aprovechó de esa laguna legal y condujo un convoy de camiones cisterna cargados de productos químicos directamente a la cadena de suministro de alimentos estadounidense”, afirmó en rueda de prensa.
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En paralelo, la FDA también completó la primera definición federal de “alimento ultraprocesado”, una herramienta que podría abrir nuevas vías para la investigación y el control de productos vinculados a enfermedades crónicas.
Aunque el texto y los detalles no se divulgaron, la definición ya se envió a la Casa Blanca para revisión.
Los alimentos ultraprocesados, caracterizados por su elaboración industrial y la presencia de aditivos y conservantes poco habituales en cocinas domésticas, representan más de la mitad de la dieta estadounidense.
Diversos estudios vincularon su consumo a problemas de salud como obesidad, diabetes y afecciones cardíacas.
La propuesta de la FDA se sometería ahora a consulta pública durante 120 días, mientras la Casa Blanca evalúa la definición de ultraprocesados y prepara otras iniciativas relacionadas con la salud pública.
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El resultado de este proceso marcaría un punto de inflexión en la política alimentaria del país y abriría la puerta a una mayor transparencia y a controles más estrictos sobre los ingredientes que llegan a la mesa de los estadounidenses.