La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que la investigación por presunto lavado de activos vinculada a una lujosa propiedad de Pilar debe continuar en la Justicia Federal y ordenó que el expediente regrese al juzgado de Campana a cargo de Adrián González Charvay.
La causa investiga si una casaquinta ubicada en Villa Rosa, Pilar, valuada en unos 17 millones de dólares, fue adquirida por supuestos testaferros de dirigentes de la AFA. El expediente había sido derivado al fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires, pero ahora Casación determinó que debe volver a la jurisdicción federal correspondiente al lugar donde está ubicada la propiedad.
La resolución fue adoptada por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, con la disidencia de Alejandro Slokar. El tribunal ordenó enviar el expediente a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para que, “sin dilaciones”, lo remita al juzgado federal que tuvo la intervención previa, es decir, el de Campana.
Los magistrados consideraron que, por la naturaleza de los hechos investigados, se configura en principio el delito de lavado de activos, previsto en el artículo 303 del Código Penal, cuya investigación corresponde a la Justicia Federal y no al fuero Penal Económico.
Borinsky y Barroetaveña señalaron que el fuero Penal Económico tiene una competencia especializada establecida por ley y que no puede extenderse a delitos que no le fueron atribuidos expresamente. En ese sentido, remarcaron que no existe una norma que le otorgue competencia para investigar el lavado de activos.
La decisión también destacó la necesidad de respetar la garantía constitucional del “juez natural” y de asegurar una “buena y pronta administración de justicia”. A la vez, los jueces aclararon que el cambio de fuero no implica retrotraer la investigación, invalidar medidas de prueba ni desvirtuar lo actuado hasta el momento.
La resolución surgió luego de una audiencia realizada el miércoles pasado, en la que Mariano Morán, abogado de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, reclamó que la causa regresara a Campana por una cuestión territorial. Ambos son señalados como supuestos testaferros y figuran vinculados a la sociedad Real Central, compradora de la propiedad.
La fiscalía a cargo de Mario Villar se había opuesto al planteo al considerar que la investigación también comprende hechos que podrían haber ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires.
El mes pasado, por decisión de la Cámara en lo Penal Económico, el expediente había sido enviado al Juzgado en lo Penal Económico N° 10 de la Capital Federal, subrogado por Verónica Straccia. La magistrada había delegado la investigación en la fiscalía de Claudio Navas Rial. Ahora, por orden de Casación, el expediente deberá recorrer nuevamente el camino hacia Campana.
Una discusión previa sobre la competencia
La Cámara Federal de Casación ya había intervenido en esta causa el 15 de mayo pasado, aunque en aquella oportunidad no había resuelto cuál era el fuero competente para investigar los hechos.
Con una integración parcialmente diferente, el tribunal había dejado sin efecto una resolución por cuestiones formales relacionadas con la Cámara de Apelaciones que debía intervenir en un trámite de inhibitoria.
Ahora, por primera vez, Casación analizó el fondo de la controversia y determinó qué jurisdicción debe llevar adelante la investigación. En ese marco, convalidó lo actuado hasta el momento y ordenó continuar con las medidas necesarias para esclarecer los hechos.
Slokar, en cambio, sostuvo que el recurso debía ser declarado inadmisible por cuestiones formales, debido a que no se trataba de una sentencia definitiva ni de una resolución equiparable. De todos modos, coincidió con sus colegas en que el presunto lavado de activos corresponde al ámbito de la Justicia Federal.
Cómo comenzó la investigación
La causa se inició en diciembre de 2025 a partir de una denuncia contra Pantano y Conte, vinculados a Real Central, la sociedad que adquirió la casaquinta de Villa Rosa.
La denuncia planteó la necesidad de investigar el origen de los fondos utilizados para la compra, ante una posible falta de correspondencia entre el valor de los bienes adquiridos, los perfiles fiscales y los ingresos declarados por los involucrados.
El primer juez que intervino fue el federal Daniel Rafecas, quien remitió el expediente al fuero Penal Económico. Sin embargo, allí rechazaron la competencia y sostuvieron que la especialización en delitos económicos no alcanzaba para asumir una investigación por lavado de activos, ya que no existe una norma que atribuya específicamente ese delito a ese fuero.
Con el fallo de Casación, la causa volverá ahora al juzgado federal de Campana, que deberá continuar con la investigación sobre la propiedad de Pilar y los demás bienes que forman parte del expediente.
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