En el primer tramo de su administración, la presidenta Sheinbaum mantuvo la cabeza fría e intentó mostrar voluntad de colaborar con la Casa Blanca. Empezó con los inéditos envíos masivos de líderes y operadores criminales a cárceles al norte de la frontera. Luego vino el operativo en el que fue abatido El Mencho. Hubo incluso algunos golpes contra personajes que operaban redes criminales desde el aparato del Estado (como Hernán Bermúdez Requena, Los Primos Farías Laguna y el alcalde de Tequila). Sheinbaum calculó que estas acciones tendrían que bastar para tener satisfechos a nuestros vecinos y optó por marcar un límite en el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Calculó mal. En las últimas semanas, la relación bilateral ha caído en picada. Varios funcionarios norteamericanos, incluyendo al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, no quitan el dedo del renglón: exigen la entrega inmediata de Rocha Moya y los otros sinaloenses acusados. La relación bilateral ya llegó a su punto más bajo desde que Sheinbaum rindió protesta y hay buenas razones para pensar que –al menos en parte– la decisión de no extender de forma automática el T-MEC fue una represalia de Washington derivada del affair Rocha Moya.
En Palacio Nacional hay un sentimiento de agravio. Domina la percepción de que, en su inmensa soberbia, ni Trump ni su equipo han sabido valorar el esfuerzo y la buena fe del gobierno mexicano. Dolió, sobre todo, que la solicitud de extradición contra Rocha Moya y compañía se presentara de forma sorpresiva, sin decir agua va. Con este sentimiento de agravio, la presidenta optó por lanzarse al ataque. La semana pasada ya se enganchó con el tema de la extracción de El Mayo Zambada, al grado de acusar a Estados Unidos de “aliarse” con una facción criminal (Los Chapitos) y de desatar la crisis de violencia en Sinaloa.
La atroz muerte de Lorenzo Salgado, migrante mexicano asesinado por un agente del ICE, en Houston, abrió un nuevo frente de confrontación. México anunció una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y demandas contra empresas privadas que operan centros de detención de migrantes. La protección de los mexicanos en Estados Unidos es una responsabilidad moral del gobierno. Sin embargo, las acciones planteadas en los últimos días parecen más orientadas al postureo mediático, dentro de la dinámica de confrontación con la Casa Blanca, que a buscar una verdadera defensa de nuestros connacionales. A pesar de los gestos de alto perfil, la realidad es que la red de protección consular sufrió enormes recortes en tiempos de AMLO y que, a la fecha, no tiene los recursos necesarios para brindar el apoyo que requieren los migrantes.
México lleva todas las de perder en el estira y afloja con Estados Unidos. En el mejor de los casos, Palacio Nacional terminará por rectificar y entregar a Rocha Moya en algunas semanas. En el peor, no podemos descartar el escenario que circuló la semana pasada, de un “operativo” de agencias estadounidenses para llevarse a la mala al exgobernador de Sinaloa, o a cualquier otro, dentro de la larga lista de políticos vinculados al crimen organizado.
En resumen, el gobierno ha elegido la batalla y el enemigo equivocados. La confrontación con Estados Unidos no solo nos lleva por una ruta peligrosa, también manda un mensaje equivocado al interior de la ‘4T’: que la presidenta y su círculo cercano no reconocen la necesidad de romper con el pasado y que todos, incluyendo a los personajes más cuestionables por su cercanía con los cárteles, son bienvenidos en el movimiento. En este contexto, es difícil pensar que Morena (a pesar de la aplicación de los “filtros” que anunció su presidenta) tome acciones creíbles para evitar que los criminales nuevamente coloquen a sus candidatos en las boletas para las elecciones de 2027.
Por último, vale la pena hacer notar que, al solapar a Rocha Moya y a los suyos, el gobierno no solo pone en riesgo la relación comercial y de seguridad con Estados Unidos. No solo es omiso ante el peligro existencial que la narcopolítica supone para Morena. También golpea la moral de decenas de miles de elementos y funcionarios, militares y civiles, que tienen la misión de reconstruir la paz en territorio. Estos elementos y funcionarios saben bien que, en la guerra contra los cárteles, el apoyo norteamericano es a veces crucial para no dar palos de ciego. También saben que el principal obstáculo son los narcogobernadores, los narcoalcaldes y toda la red de protección institucional que por años ha operado al servicio de los cárteles.