Kate del Castillo y “El Chapo”: FGR impugna amparo que la reconoce como víctima
calendar_today 16.10.2026 - person - timer ~10 Minutos
La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el 14 de octubre de 2026 un amparo que reconoce a la actriz Kate del Castillo como víctima en una investigación derivada de su encuentro con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.
De acuerdo con la información revelada por ZETA, el recurso de revisión, presentado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, busca revertir la orden que obliga a la FGR a reconocer a la actriz y a su empresa (Kate del Castillo Productions, Inc.) dentro de la carpeta FED/FEAI/FEAI-CDMX/0000318/2025.
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Un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal deberá resolver ahora si confirma, modifica o revoca la protección constitucional que un juez federal le concedió a Del Castillo apenas unos días antes.
El caso se suma a una lista de litigios que la actriz mantiene contra el Estado mexicano desde hace casi una década, todos derivados del mismo episodio: su reunión con el narcotraficante en 2015.
Un recurso de revisión es el mecanismo legal que permite pedir a un tribunal superior que revise una sentencia de amparo antes de que quede firme. En este caso, el agente del Ministerio Público adscrito al juzgado de distrito formuló agravios contra el fallo que benefició a Del Castillo y a su productora.
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El trámite que ahora se impugna comenzó el 1 de abril de 2025, cuando el apoderado legal de la actriz presentó una denuncia ante la Oficialía de Partes de la FGR. El escrito señalaba a personas servidoras y exservidoras públicas que participaron en investigaciones anteriores contra Del Castillo, a quienes atribuyó actuaciones y omisiones que podrían constituir delitos contra la administración de justicia.
El 12 de mayo de 2025, la defensa pidió que se le reconociera como víctima dentro de esa nueva carpeta. Meses después, ante la falta de respuesta y el bloqueo para consultar el expediente, Del Castillo presentó una demanda de amparo el 25 de septiembre de 2025, admitida bajo el número 858/2025.
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El juez de Distrito Julio César Molina García le dio la razón a la actriz. Consideró que la fiscalía se equivocó al pedirle pruebas de que había sufrido un daño antes de reconocerla como víctima. Para el juez, bastaba con que los hechos denunciados tuvieran que ver directamente con ella y con su empresa. Por eso ordenó anular el acuerdo que les negaba ese reconocimiento, y mandó que la fiscalía emitiera uno nuevo en el que sí las reconociera como víctimas.
Esa negativa que el juez acaba de anular se había dado meses antes, mientras el amparo todavía estaba en trámite. El 29 de octubre de 2025, una agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos firmó un documento en el que decidió no reconocer a Del Castillo ni a su empresa como víctimas.
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La fiscalía argumentó que la actriz y su productora eran solo denunciantes, y que no habían comprobado haber sufrido un daño directo. Por eso no les dio acceso al expediente. Esa decisión fue autorizada por Adrián Téllez Martínez, fiscal en jefe de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos.
La diferencia entre ser denunciante y ser víctima no es menor. Una víctima reconocida tiene derecho a consultar los registros de la investigación, a que le notifiquen cada actuación procesal y a participar activamente en el proceso. Un denunciante, en cambio, queda fuera de ese seguimiento una vez presentada su queja.
Al quedarse sin ese reconocimiento, la defensa de Del Castillo no pudo revisar la carpeta ni dar seguimiento a las diligencias. Esa negativa fue justamente lo que motivó que la actriz ampliara su demanda de amparo el 5 de diciembre de 2025, impugnando de forma directa el acuerdo de la fiscalía.
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El conflicto actual no es inédito. Tres años antes, en febrero de 2023, el juez Augusto Octavio Mejía Ojeda, también del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, ya había resuelto un caso casi idéntico a favor de la actriz.
En aquella ocasión, el juez concedió un amparo que ordenaba a la FGR reconocer a Del Castillo como víctima en otra carpeta relacionada con su caso, y le dio un plazo de 90 días al Ministerio Público Federal para determinar si existían delitos que perseguir contra los funcionarios y exfuncionarios señalados por la actriz. Esas personas estaban siendo investigadas, igual que ahora, por delitos contra la administración de justicia.
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En esa denuncia, Del Castillo acusó a las autoridades de dos cosas. Primero, de haber filtrado información de la investigación que tenían abierta en su contra, mientras ésta todavía seguía activa; y dos, de haberla citado oficialmente como “testigo”, cuando en realidad la estaban tratando como sospechosa del delito. Esto, según la actriz, le impidió defenderse correctamente.
También señaló que se le negó el acceso a la investigación y quedó “marcada socialmente con el signo de la culpabilidad” pese a no haber cometido los delitos que se le imputaban.
En su expediente mencionó específicamente declaraciones hechas por la entonces procuradora Arely Gómez González y por el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ante distintos medios de comunicación, entre ellas una entrevista de la titular de la PGR con el periodista Joaquín López-Dóriga en la que —de acuerdo con la denuncia— se dio a conocer información de la indagatoria e incluso se insinuó que la actriz sostenía una relación sentimental con el narcotraficante.
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En una entrevista posterior con Noticias Telemundo, Del Castillo fue directa sobre el papel de la exprocuradora en todo esto: “Ella me persiguió, hizo todas las cosas, filtrando información de forma totalmente ilegal, exhibiéndome públicamente todos los días”.
Para entender por qué Del Castillo sigue litigando contra el Estado mexicano una década después, hay que regresar al verano de 2015. El 11 de julio de ese año, Joaquín Guzmán Loera se fugó del penal federal del Altiplano a través de un túnel, un episodio que lo mantuvo prófugo durante meses.
El 25 de septiembre de 2015, la actriz viajó al poblado de La Tuna, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, para reunirse en persona con el narcotraficante. El objetivo del encuentro era explorar la posibilidad de producir una película biográfica sobre su vida, un proyecto que había comenzado a gestarse tres años antes, cuando Del Castillo publicó un mensaje en redes sociales criticando al gobierno mexicano y diciendo que confiaba más en Guzmán que en las autoridades.
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Ese mensaje llamó la atención del capo, quien a través de sus abogados estableció contacto con la actriz y le propuso que ella fuera la encargada de contar su historia. A la reunión en Sinaloa también asistió el actor estadounidense Sean Penn, quien meses después publicaría una crónica del encuentro en la revista Rolling Stone, lo que detonó la crisis judicial y mediática para Del Castillo.
Derivado de ese encuentro, la entonces Procuraduría General de la República abrió, el 14 de octubre de 2015, la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/523/2015. La actriz fue investigada durante 17 meses por cargos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento, sin que las pruebas reunidas por las autoridades resultaran suficientes para vincularla con el Cártel de Sinaloa.
Tras la recaptura de “El Chapo”, el 8 de enero de 2016, las autoridades ministeriales difundieron información sobre las reuniones y divulgaron fragmentos de comunicaciones privadas entre los involucrados, una filtración que la actriz ha señalado como el origen de todos los amparos y denuncias que ha promovido desde entonces. La averiguación original fue archivada el 21 de marzo de 2017, cuando la entonces PGR determinó el no ejercicio de la acción penal en su contra.
A lo largo de los años, Del Castillo ha repetido en distintas entrevistas que fue víctima de una persecución orquestada desde el gobierno mexicano.
En diciembre de 2018, a su regreso a México tras casi tres años radicando fuera del país, declaró: “Me difamaron. Me causaron y siguen causando afectaciones a mí y a mi familia. La ley establece que toda investigación debe mantenerse en secreto, la mía fue la excepción”.
En esa misma etapa, la actriz explicó que el proceso en su contra le impidió ejercer su derecho de defensa: “Se vulneró mi derecho de defensa. Estaba siendo investigada y no pude dar postura sobre la investigación. Ni mis abogados ni yo hemos tenido acceso a la investigación. Como testigo, no tengo derecho a ello. La PGR simuló mi calidad de testigo cuando era investigada”.
Años más tarde, en septiembre de 2025, Del Castillo reveló en entrevista con el creador de contenido Nayo Escobar que, mientras filmaba la serie Ingobernable en San Diego, la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos la mantuvo bajo vigilancia constante.
“Había momentos en que me decían ‘Es que viene la DEA’ y yo así, hablándole a mis abogados, vestida de la Ingobernable, así de ‘Oye, ¿salgo, o no salgo?’”, contó. En esa misma conversación, describió el desgaste emocional que le dejó el episodio: “Destruida, destruida. Pasaron muchas cosas”.
Un mes después, en octubre de 2025, la actriz habló con Jorge “El Burro” Van Rankin sobre la traición que sintió de parte de Sean Penn tras la publicación del artículo en Rolling Stone. “Obvio, yo fui, me utilizó de carnada literalmente”, dijo, y agregó que tras el encuentro con Guzmán sufrió un ataque de pánico: “Sales de ahí… hasta me entró un pánico cabrón, me eché un rivotril. Fue horrible, horrible, horrible”.
Pese a ello, fue tajante al señalar que no se arrepiente de su decisión: “Asumo las consecuencias de todo lo que pasó, porque fueron decisiones que yo tomé”.
La demanda civil por 60 millones de dólares sigue activa
Paralelamente a los amparos por su calidad de víctima, Del Castillo mantiene desde hace años una demanda distinta: una reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado, en la que exige una indemnización de 60 millones de dólares al gobierno mexicano.
De acuerdo con distintas fuentes, la demanda fue presentada entre 2017 y 2018 contra la entonces PGR y el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El fundamento de esa demanda es el mismo que el de los amparos: la actriz sostiene que la filtración ilegal de información dañó su honor, su reputación y sus actividades profesionales, al punto de que durante un periodo no pudo regresar a México por temor a ser detenida.
En agosto de 2025, durante una entrevista con el programa Ventaneando, Del Castillo confirmó que ese proceso seguía activo: “Va caminando, yo no tengo prisa ni mucho menos, ¿no? Pero va bien, poco a poco, y poco a poco se van sabiendo más cosas, y que nos dejen ver pues todo, porque nunca nos dejaron ver cuando sucedió todo eso, ni siquiera mis abogados sabían de qué me estaban defendiendo”.
En esa misma conversación, calificó su caso como una estrategia de distracción del gobierno: “Generaron una cortina que tenía como propósito distraer a los mexicanos de los verdaderos problemas. Me utilizaron como distractor. No cometí ningún delito. Fui víctima de persecución política. El Estado me persiguió y me atacó”.
Más de un año después, en septiembre de 2026, la actriz volvió a referirse al estado de la demanda ante medios de comunicación. Cuando le preguntaron si había desistido, respondió de forma tajante: “No lo quitaré”.