Gobierno de Perú plantea una Política Nacional Minera ante oportunidad por minerales críticos

calendar_today 10.09.2026 - person  - timer ~5 Minutos

La mayor demanda mundial por minerales críticos impulsada por la transición energética genera un panorama favorable para la minería. Sin embargo, los extensos tiempos y los complejos permisos limitan su avance en el Perú.

Ante esta situación, durante una presentación en ExpoMina 2026, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y expertos del sector plantean avanzar hacia procesos más ágiles, coordinados y predecibles para los inversionistas.

Michael Acosta, Director General de Promoción y Sostenibilidad Minera del Minem, destacó que el Estado ya avanza en la formulación de una Política Nacional Minera orientada al aprovechamiento de los minerales críticos.

“Un tema bastante importante que hay que tomar en consideración es que tenemos que trabajar en función a una política nacional minera. El cobre, los minerales críticos, hay una transición energética muy importante (…) Eso se está desarrollando en promoción y sostenibilidad, estas políticas no son tan sencillas de desarrollar, pero sí necesitamos avanzar de forma competitiva”, comentó durante su participación.

Aunque el país cuenta con una cartera minera de alrededor de US$ 64,000 millones, Acosta reconoció que esto se enfrenta una problemática por la tramitología y los retrasos en los permisos.

Por ello, señala que se plantean definir términos claros con las entidades opinantes para evitar observaciones desmedidas y controlar plazos, así como la necesidad de centralizar la permisología en una sola plataforma para permitir que se realicen evaluaciones en paralelo.

Un análisis de Apoyo Consultoría estima que actualmente existen cerca de 230 procedimientos administrativos, sujetos a unas 470 normas y con la participación de unas 30 entidades públicas.

Iván Portocarrero, socio de Apoyo Consultoría, señaló que el tiempo destinado a los permisos representa una parte significativa del desarrollo de una operación minera.

“Para un proyecto minero entre el cateo y que comience a producir, más o menos pasa en promedio 35 o 40 años, dependiendo de cómo venga el estimado. En términos de permisos, más o menos en promedio pasa 13 años. O sea, un tercio de ese proceso es lo equivalente en términos de permisos. Debemos apuntar a que ese número baje a la mitad”, sostuvo.

En tanto, Gonzalo Quijandría, presidente del Comité Sectorial Minero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) recordó que en 2001 se requerían 12 procesos administrativos, pero para 2018 la cifra subió a 265 procesos y 407 regulaciones en 29 instituciones.

“No hemos hecho nada en esos 8 años para cambiarlo o hemos intentado. Lo cierto es que si no nos ponemos como objetivo atacar ese tema (…) en 10 años se nos va a pasar el boom, los precios no van a ser los mismos”, señaló.

Portocarrero sostuvo que una oportunidad para recortar el plazo que toma a una minera comenzar a operar es eliminar la secuencialidad. Según recordó, existen trámites -como el de consulta previa o el permiso de explotación- que deben esperar a que concluya otro, aun cuando no necesariamente hay una razón técnica para ello.

“La regla general, primero, debería ser que todo trámite puede iniciar y puede evaluarse en algún momento sin necesidad de esperar a otro a menos que haya un tema técnico significativo que realmente amerite un tema entero. Ese es como un punto central en temas urgentes y creemos que ahí puede haber una ganancia bastante rápida”, dijo.

Pero el problema no está solo en la permisología, sino también está en la falta de articulación entre las instituciones que participan en el proceso, indicó Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico.

“Tenemos que hacer una revisión desde que inicia un proyecto o inicia la exploración hasta que empieza la construcción o la producción, debemos tenerlo todo claramente determinado. Y eso implica también trabajar con el Estado (...) hay distintos sistemas administrativos que intervienen y que entre ellos no coordinan”, señaló Casas.

Casas sostuvo que mejorar esa coordinación puede ser determinante para aprovechar la oportunidad que existe actualmente. Teniendo en cuenta que tenemos una competencia muy grande entre distintos países para atraer inversión minera, el especialista advirtió que “sino nos volvemos más competitivos podemos perder inversión minera”.

En ese sentido, el agua constituye otro de los principales cuellos de botella. Portocarrero cuestionó que un proyecto tenga que atravesar varias autorizaciones para estudiar el recurso, acreditar su disponibilidad, ejecutar una obra y obtener finalmente una licencia.

Por ello, el Minem señaló que se busca mejorar la coordinación con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y otras entidades opinantes.

“Estamos desarrollando un web service con ANA para tener una fluidez en la comunicación y no estarnos enviando tantos documentos para que todos sean muy rápidos y ágiles”, dijo Acosta del Minem.

A su vez, Quijandría agregó que también resulta necesario avanzar en infraestructura, manejar la conflictividad social y enfrentar la minería ilegal para que los proyectos puedan desarrollarse.

Mientras tanto, el representante del Minem resaltó que el país necesita generar nuevos proyectos que permitan sostener la producción futura, por lo que planteó revisar las condiciones regulatorias para esta etapa, tomando como referencia experiencias de otros países.

SOBRE EL AUTOR

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.